BOLETÍN-1355 Estela de Luz, monumento a la corrupción e impunidad: Legisladores.
Durante la comparecencia de Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, senadores y diputados de la Comisión Permanente, manifestaron que el caso de la Estela de Luz es el “reflejo de una obra mal planeada” y “un monumento a la ineficiencia”, a la “corrupción” e “impunidad”.
Al respecto, el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez acusó a la Secretaría de la Función Pública de recibir, “desde 2007, de la Secretaría de Hacienda, diversos montos de dinero público sin estar autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Usted –le dijo el legislador al titular de la SFP-- desde esa fecha ha remitido parte o la totalidad de ese dinero al fideicomiso del Bicentenario.
Ante ello, manifestó que no hay facultades para “el envío ni para la recepción ni para el traslado de un fideicomiso, y no puede usted hacerse cómplice de maniobras para evitar que se cumpla el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados”.
A su vez, la senadora panista Minerva Hernández Ramos aseguró que el caso de Estela de Luz es reflejo de una obra “mal planeada, ejecutada con prisas y sin los controles adecuados, lo que incrementó su costo desproporcionadamente y que no se concluyó cuando estaba esperándose”.
Esta es una práctica inaceptable en el México democrático, porque los ciudadanos exigen rendición de cuentas y sanciones para los responsables, recalcó.
En este sentido, la legisladora cuestionó: ¿Cómo es posible que se haya aprobado en primer lugar un proyecto a todas luces deficiente basado en planos incompletos y que incluso se haya pagado por ello?
Por su parte, la diputada perredista Claudia Anaya Mota dijo que Estela de Luz “es un monumento a la ineficiencia de la Secretaría de la Función Pública”.
Consideró que es una muestra de discrecionalidad, de falta de controles y de impunidad que puede propiciar el derroche de recursos millonarios.
Por ello, se pronunció por no permitir que “este monumento a la corrupción sea la vergüenza de los mexicanos con la impunidad”.
En tanto, el diputado Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, expresó que “nunca se había visto un trabajo tan cuestionable en la Función Pública, un abandono e incluso un desprecio por el control interno, la transparencia, la rendición de cuentas, las mejores prácticas de gobierno y el combate a la corrupción en esta administración”.
Dijo que es altamente preocupante que la entidad encargada de vigilar que las operaciones del gobierno federal se lleven a cabo con pleno apego a la normatividad y privilegiando la transparencia para una efectiva rendición de cuentas, haya contribuido a un ejercicio vergonzoso que se caracteriza por la ausencia plena de transparencia.
El mensaje de impunidad de la SFP es clave para lo que puede considerarse como el efecto dominó dentro del gobierno federal y se aprecia que su ejemplo ya empezó a ser seguido por otras dependencias de éste, puntualizó.
Por su parte, el senador de Convergencia, Eugenio Govea Arcos, refirió que el movimiento de fondos públicos para financiar el fideicomiso del Bicentenario “constituye un asunto digno de la más amplia y profunda investigación”.
En este sentido, resaltó que evidentemente es el secretario de la Función Pública quien tiene la mayor responsabilidad “para darle cuentas al pueblo de México, a través de esta representación nacional”
Por otro lado, mencionó que la ASF determinó que en el proyecto de dicho monumento, se debieron considerar los riesgos de la obra antes de autorizar el contrato a la compañía III Servicios.
En su turno, el senador petista Ricardo Monreal Ávila afirmó que “la corrupción en nuestro país se ha institucionalizado” y junto con la impunidad “se han convertido en un vínculo indisoluble, en una característica propia de los últimos gobiernos”.
Incluso --añadió-- “los funcionarios lo ven como natural el corromperse, el actuar con impunidad y el no rendir cuentas”.
Lo que debió ser un monumento a nuestra independencia y libertad, un monumento a los 200 años que como nación celebramos, se ha convertido en un monumento a la corrupción, a la ineficacia, a la falta de transparencia y a la opacidad, apuntó.
Durante la segunda ronda, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez, cuestionó acerca del dinero entregado por la dependencia al fideicomiso del Bicentenario.
Señaló que Vega Casillas no combate la corrupción “porque ahora es propia, la han expropiado y mantienen la misma línea de no combatirla”.
En tanto, el diputado Agustín Castilla Marroquín, de Acción Nacional, se pronunció por la absoluta transparencia del caso, “porque es la única manera con la que se puede responder a un cuestionamiento de esta índole”.
Reiteró que es un reto histórico combatir la corrupción e impunidad, por lo que el funcionario federal deberá informar sobre los resultados de la fiscalización de gobiernos locales, “principalmente cuando el monto de inversión ascendió a 53 mil 900 millones de pesos de 2009 a 2010, lo que representó un incremento de más de 7 por ciento”.
Por último, el diputado priista Gerardo Sánchez García señaló que de acuerdo al índice de corrupción global de Transparencia Internacional, en México aumentó la corrupción de 2009 a 2010 y pasó del lugar de 89 a 98 de un total de 175 países.
Con relación a este organismo internacional la corrupción se ha desbordado en México en los últimos diez años, subrayó.
Al responder a los legisladores, Vega Casillas explicó que los recursos del fideicomiso provienen de “economías de las entidades” y la recepción se hace a través de “acuerdos de administración” como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Puntualizó que la Secretaría de Hacienda ha ministrado para el fideicomiso recursos por mil 122 millones 954 mil 542 pesos para el tema de Estela de Luz.
Agregó que las aportaciones son realizadas por los acuerdos de ministración que hacen con la SHCP y que suman tres mil 834 millones 600 mil pesos, de los cuales solamente 250 millones de pesos provienen de presupuesto.
En cuanto a las denuncias interpuestas ante la PGR contra funcionarios de III Servicios dijo que estas fueron por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y uso de siglas sin derecho.
Sin embargo, aclaró, “nosotros no somos quienes calificamos los delitos, es el Ministerio Público; es decir nosotros hemos presentado estas denuncias lo que a nuestro juicio creemos que se puede hacer”.
Sobre las revisiones que se realizan a la Estela de Luz, indicó que se seguirán efectuando hasta que se haya concluido y finiquitado, con la finalidad de “asegurarnos de que si existen desviaciones o errores que tengan consecuencias enfrenten la justicia”.
Respecto a auditorias en otras áreas, mencionó que en 2010 se practicaron 28 a dependencias como la Secretaría de Gobernación, Conaculta, Semarnat, Sagarpa, Salud, entre otras.
En el tema de denuncias penales, informó que del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de este año, se han presentado 241 directamente por la SFP o por particulares, a través del programa usuario simulado, que involucran a mil 58 personas con montos que superan los mil 800 millones de pesos.
Por otro lado reconoció que la ASF emitió a la SFP 43 recomendaciones de desempeño de las cuales 42 ya fueron solventadas.
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