BOLETÍN-1354 Se han interpuesto denuncias penales ante PGR por Estela de Luz: Vega Casillas.
La Secretaría de la Función Pública ha iniciado un procedimiento sancionatorio y ha interpuesto denuncia penal contra integrantes de la empresa III Servicios, encargada de la construcción de la Estela de Luz.
La Secretaría de la Función Pública ha iniciado un procedimiento sancionatorio a tres servidores públicos y ha interpuesto denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de cuatro más, todos integrantes de la empresa III Servicios encargada de la construcción del monumento Estela de Luz.
Así lo informó Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, al comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para explicar asuntos relacionados con dicho monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Previamente, el senador priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva, dio la bienvenida al funcionario, le expuso los motivos por los cuales fue citado y le recordó que se encontraba bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo establecido por el artículo 93 constitucional.
Vega Casillas explicó que el proceso sancionatorio va en contra de quienes “fungieron o fungen” como director general, gerente jurídico y gerente de administración y finanzas de dicha empresa.
Además --agregó-- hemos otorgado a la PGR los elementos que consideramos probatorios y que han sido integrados como producto de las auditorías, supervisiones e investigaciones que realizamos al proyecto.
En este sentido, indicó que en el caso Estela de Luz se han realizado tres auditorías y dos investigaciones, dos de éstas a III Servicios y la tercera a la participación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM) en dicho proyecto.
Subrayó que derivado de esas revisiones se determinaron 28 observaciones entre las que destacan que el INEHRM recibió el proyecto arquitectónico ejecutivo incompleto de parte del proyectista de la obra y autorizó su pago.
Asimismo, mencionó que la persona contratada por el Instituto como director del proyecto ejecutivo no presentó los informes estipulados en el contrato, ni dio el seguimiento y la supervisión necesaria a la obra.
De igual forma, acusó a la compañía III Servicios de efectuar los procesos de adjudicación y formalización del contrato de construcción sin contar con el proyecto ejecutivo completo
También, refirió que la adjudicación los contratos de la construcción y la supervisión de la obra no fueron motivadas y fundadas debidamente y se hizo “la improcedente contratación de una empresa para efectuar el análisis evaluación, comparativas y dictamen de las propuestas más viables para la construcción”.
Aunado a ello, manifestó, en la supervisión de la obra se documentó la falta de maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos, el residente de la obra no cumplió con el control necesario ni la empresa supervisora con su propósito.
Destacó que se realizó un incorrecto cálculo y aplicación de penas convencionales en estimaciones a la empresa encargada de la supervisión de la obra, así como se detectó la participación indebida de un particular como coordinador general del proyecto sin que fuera servidor público.
Por ello, aclaró, estas inconsistencias detectadas provocaron atrasos en la ejecución de la obra y modificaciones en los contratos, por lo que III Servicios estima que la obra será concluida en diciembre de este año.
Ante este panorama, el funcionario federal dejó claro que este asunto no está concluido en cuanto a investigaciones y responsabilidades se refiere, “ya que estos procedimientos siguen y se desarrollan”.
Explicó que se siguen líneas generales como la de verificar si el proceso fue llevado a cabo con estricto apego a la legalidad, revisar la participación de los residentes de obra en su labor de supervisión, la responsabilidad de funcionarios del INEHRM en cuanto a la aceptación del proyecto ejecutivo incompleto y en su momento se “vigilará de manera escrupulosa el proceso de finiquito de la obra”.
Recordó que de acuerdo con el contrato de construcción la obra debió terminarse en agosto de 2010 con un costo de 398 millones de pesos.
Acto seguido, se dio inicio a las dos rondas de intervenciones de los legisladores del PRI PAN, PRD, PVEM, Convergencia y PT de conformidad al formato aprobado para la comparecencia de Vega Casillas.
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