BOLETÍN-1353 Declara la Permanente constitucional el derecho a la alimentación.
La Comisión Permanente declaró aprobada la reforma a la Constitución en materia de derecho a la alimentación.
Con el voto a favor de 17 congresos estatales, la Comisión Permanente declaró aprobado el decreto que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de derecho a la alimentación.
Al emitir el pronunciamiento correspondiente, el senador Manlio Fabio Beltrones, titular de ese órgano del Congreso, solicitó la publicación de las enmiendas a la Carta Magna en el Diario Oficial de la Federación.
En la sesión de este miércoles, la Permanente recibió los oficios aprobatorios de los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Se trata de los avales a la minuta proyecto de decreto por el que se adicionó un párrafo tercero al artículo 4, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución.
En el dictamen, aprobado por el Senado de la República el 14 de abril pasado, se establece que para garantizar ese derecho el Estado será el responsable de elaborar y llevar a cabo políticas públicas encauzadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral.
Se consideró que es un derecho que debe ser exigible ante el Estado, para que éste asegure, como condiciones básicas e indispensables, que la alimentación sea adecuada y que en el abastecimiento de ella a la población haya sostenibilidad.
Ello significa que el Estado habrá de garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.
También implica que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos permitan que sean accesibles a las generaciones futuras.
Lo anterior exige –de acuerdo al dictamen-- que el Estado se obligue a fortalecer las capacidades del país para desarrollar su soberanía alimentaria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la dotación de recursos naturales
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