Número-503
- Existe una relación directa entre índices de delitos de alto impacto y acoso entre estudiantes, coinciden funcionarios y especialistas.
- Armonización legislativa en esta materia debe considerar entorno social y familiar, pues son los primeros focos de violencia.
Los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Antonio Bucio Mújica, así como el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, destacaron la necesidad de que en las leyes de Educación y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se consideren las diferencias de la violencia en las diversas regiones del país.
Esto, apuntaron, porque existe una relación directa entre los índices de delitos de alto impacto, como el homicidio, y los niveles de acoso escolar que se registran en cada entidad federativa, lo que revela además el fenómeno de la “normalización” de la violencia en la vida cotidiana.
Durante las audiencias públicas "El derecho a una escuela libre de violencia", que organizó el Senado y la Unicef, funcionarios, especialistas y académicos apuntaron que para revertir este fenómeno es necesario legislar con la perspectiva de incidir y modificar los entornos familiar y social, pues son los primeros focos de agresión.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el gran reto es lograr una legislación integral, que atienda lo referente al entorno social y las problemáticas particulares de cada región, así como anteponer el derecho supremo de la niñez, por lo que se tienen que evitar estigmas y atender tanto al agresor como al agredido, sin criminalizar el acoso escolar.
Solicitó a autoridades, especialistas y representantes de organizaciones civiles que presenten sus propuestas sobre los aspectos prioritarios que deben contemplarse en este proceso de armonización parlamentaria, a fin de lograr el propósito de erradicar la violencia entre menores de edad.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, se comprometió a que el Senado atenderá las observaciones de autoridades y organizaciones sociales para impulsar una legislación que permita establecer claridad en las políticas públicas en el combate al acoso escolar.
Para ello, acotó, será de suma importancia que los legisladores tengan acceso a los estudios e investigaciones sobre el tema, así como todas las propuestas que atiendan las diversas fases de la violencia escolar, que de manera preocupante ha ido en aumento por el desconocimiento que se tiene sobre sus causas y formas de prevenir y revertir.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del PRI, reconoció que el factor crítico sobre este tema será una legislación plenamente concurrente con la Ley General de Educación, para garantizar a los menores una vida libre de violencia.
Para ello, dijo, es necesario que la sociedad y el Estado aseguren a niños y adolescentes “acceso a la felicidad” para que sean mejores estudiantes y, en el futuro, construyan una mejor ciudadanía.
La también senadora priista Mely Romero Celis se pronunció porque en la norma se incluya la asignación del presupuesto suficiente para la conformación de un modelo en el que se capacite e involucre a los propios estudiantes para brindar apoyo a sus compañeros que enfrenten problemas de violencia o acoso escolar.
Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, agregó que el Senado emprenderá una armonización legislativa, que respalde y capacite a maestros y directores, a quienes prácticamente se les exige que concretar la tarea de revertir la violencia en las escuelas.
Pero además, apuntó, se trabajará para revertir la violencia en todo el país, pues no es un problema exclusivo de los centros escolares, por lo que se requiere un cambio cultural para corregir esta problemática y restablecer la paz social.
Al inicio de las audiencias, la secretaria de Educación del Distrito Federal, Mara Robles Villaseñor, se pronunció porque en la nueva legislación se incluya una perspectiva garantista que establezca espacios permanentes en los que se enseñe a niños y adolescentes a dialogar y dirimir conflictos, así como para defender y respetar diferencias sin ningún sesgo de discriminación.
Úrsula Zurita Rivera, investigadora de la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales-México, coincidió en que la nueva legislación debe ser integral para poder alcanzar sus objetivos, pues las 27 leyes en la materia, emitidas de 2008 a 2014, se encuentran desarticuladas a factores sociales de la violencia y su prevención.
Incluso, acotó, la Reforma Educativa toca temas sobre violencia, pero no establece mecanismos que abra las puertas a la participación de los padres y de los propios alumnos en el planteamiento de soluciones, pese a existir acuerdos secretariales.
Roberto González Villarreal, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, apuntó que es necesario combatir y revertir los factores familiares y sociales que generan el clima de inseguridad y provoca el sentimiento de violencia dentro de las escuelas, como una amenaza constante.
Al presentar sus propuestas, el subsecretario Campa Cifrián calificó de indispensable que los senadores atiendan la perspectiva del entorno, pues la violencia en las escuelas es síntoma de lo que los menores viven en sus familias y contexto social.
Estadísticas, como la Tasa de Violencia Física, dijo, evidencian que en regiones con mayor índice de delitos de alto impacto, como el homicidio, se registran más casos de violencia física.
Sugirió que para establecer un modelo educativo eficaz contra el acoso se necesitan diversos programas para atender de manera especial a las escuelas que registren alto ausentismo, bajo nivel escolar y problemas de adicciones.
Además, propuso implementar normas de conducta, con la participación de padres de familia y estudiantes; construir un sistema de mediación entre el agresor y la víctima; desarrollar mecanismos de prevención en la formación de pandillas y violencia de género; así como impulsar a nivel nacional escuelas para padres, a fin de afianzar la corresponsabilidad social.
El ombudsman nacional, Raúl González Pérez, advirtió que dentro de la crisis de derechos humanos que enfrentan diversas regiones del país, la situación de las niñas, niños y adolescentes demanda una atención especial y urgente.
Dijo que es indispensable que el modelo educativo incluya herramientas para que los menores alcancen un equilibrio y autoestima que les permita afrontar conductas negativas que vayan en contra de su desarrollo emocional y social.
“Más allá de la contención de la violencia escolar, debemos aspirar a la generación de modelos de cultura de la paz” y llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, con base en el fomento y práctica de la convivencia armónica y pacífica, subrayó.
Germán Cervantes Ayala, director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP y Claudia Santizo Rodall, investigadora del Departamento de Estudios Institucionales en la UAM-Cuajimalpa, coincidieron en que se requieren esquemas de gestión con prioridades y metas claras acorde a la situación particular que enfrente cada escuela.
Por tanto, abundaron, se debe fortalecer la autonomía de gestión de los centros escolares para que se atiendan puntualmente sus problemáticas particulares, con claridad en sus prioridades y con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública.
El presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, advirtió que socialmente la violencia está “normalizándose” y se ve como parte de la vida cotidiana e incluso hechos de gran agresividad se minimizan en las noticias, por lo que exhortó a la población en general y particularmente a los medios de comunicación a realizar expresiones públicas de rechazo a actos que trasgredan la estabilidad social.
Se pronunció por que se promueva una cultura de la paz con base en los lineamientos emitidos por la Unesco y confrontar los actos de violencia con expresiones públicas de rechazo, promover contenidos educativos para la igualdad, dar mayor apertura a los espacios de debate, garantizar la inclusión educativa, proporcionar espacios de resolución de conflictos y sancionar los actos de violencia.
Silvia Luna Rodríguez, presidenta del Comité de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Nelia Elena Tello Peón, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, comentaron que es tan urgente armonizar las leyes de Educación y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como garantizar la implementación de su norma secundaria y aplicación en todo el país, pues de lo contrario no se logrará atender ni erradicar la violencia en las escuelas.
Finalmente, el subsecretario de la Secretaría de Educación en Guanajuato, David Hernández, hizo un llamado para evitar “tiros de escopeta” aislados, que en el fondo no dan solución al grave problema de la violencia entre estudiantes de primaria y secundaria.
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