Número-505
- Senadores del PRI y PAN coincidieron en que la iniciativa garantiza un esquema de cooperación bilateral.
- El proyecto fue avalado por mayoría en las comisiones unidas de Defensa Nacional, Gobernación y de Estudios Legislativos.
Las comisiones unidas de Defensa Nacional, Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron por mayoría el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que servidores públicos extranjeros de migración o aduanas puedan portar su arma de cargo en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicano.
Al manifestar su postura en contra del dictamen, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, indicó que no se precisa si las disposiciones se establecen sólo con Estados Unidos o con otros países, ni se especifica la necesidad de armar a agentes aduanales o migratorios cuando este tipo de servicios ya se presta en el territorio nacional.
Desde su punto de vista, dijo, se vulneran las facultades del Senado, pues se habla de acuerdos interinstitucionales para la portación de armas, sin tomar en cuenta que está pendiente una minuta para reconocer la existencia de este tipo de acuerdos, pues podrían sustituir el establecimiento de tratados internacionales que deben ser ratificados por esta Cámara del Congreso.
El senador Héctor Larios Córdova, secretario de la Comisión de Gobernación, dijo que de haber reciprocidad, los convenios podrían establecerse con cualquier nación. El propósito de esta reforma, agregó, es la protección de jefes de Estado y diplomáticos, que no está contemplada en la Ley.
El también legislador de Acción Nacional dijo que el dictamen también tiene el objetivo de agilizar la inspección migratoria o aduanal.
Por su parte, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, reiteró que el principio de reciprocidad está claro en el dictamen.
Asimismo, precisó que la autorización de la portación de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas acreditados para las funciones establecidas, tendrán una vigencia de seis meses y podrán portar las que utilizan en su país de origen, con lo que se limita el tipo de armamento.
La iniciativa también busca armonizar el concepto de residente permanente en términos de la Ley de Migración, señaló.
En tanto, el senador Benjamín Robles Montoya, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que en el proyecto de dictamen no se estableció la prohibición de armas fuera de la instalación donde el agente realice su función.
Además, consideró importante mencionar que la portación de armas se observa desde un enfoque de eficiencia operativa y no desde una perspectiva de riesgo para los derechos humanos de las personas que cruzan la frontera y que serán sujetos a revisión por parte de agentes aduanales.
El senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo que en la iniciativa sí se establece que los funcionarios de aduanas extranjero no podrán portar armas fuera del lugar donde fue autorizado.
Del mismo modo, la autorización que emita la Secretaría de la Defensa Nacional determinará el local donde será válida la portación de armas. También propuso una adición al dictamen para que se atiendan las diferencias entre los estados del norte y sur del país, con la finalidad de mejorar sus capacidades de crecimiento económico.
En su oportunidad, el senador Salvador Vega Casillas, del PAN, acotó que la intención del proyecto es reglamentar una práctica que ya se lleva a cabo en cuanto a protección de funcionarios o mandatarios que visitan el país.
También dijo que es un proyecto de importancia para el comercio, sobre todo para las entidades federativas y los productores de perecederos que bajarán sus tiempos de introducción a Estados Unidos.
El senador Patricio Martínez García, del PRI, detalló que no es la portación de armas lo que mejorará los flujos comerciales, sino cumplir con los requisitos que establece el país con el que se haga el acuerdo específico.
Explicó que México tiene un intercambio comercial con Estados Unidos cercano a los 600 mil millones de dólares, 90 por ciento en cinco puertos mexicanos, por lo que el país necesita actualizar el sistema aduanero y de revisión de mercancías con el volumen y la intensificación del comercio en concordancia con el Tratado de Libre Comercio.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido de Trabajo, calificó como ridículos los argumentos para aprobar la iniciativa, porque el comercio y el flujo de turismo no tienen nada que ver con la portación de armas de fuego. Además señaló que una aprobación de este tipo es inconstitucional.
“Estamos viviendo un proceso de incorporación del territorio mexicano a las autoridades norteamericanas”, consideró. Recordó que hace poco se aprobó un régimen especial penal para el rubro petrolero para garantizar la protección de las empresas transnacionales de Estados Unidos.
Luego de la discusión, el proyecto fue avalado por mayoría por las comisiones unidas de Defensa Nacional, Gobernación y de Estudios Legislativos.
A la reunión de trabajo de las comisiones unidas también asistieron los senadores del PRI, Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Manuel Cavazos Lerma, Ricardo Urzúa Rivera, Gerardo Sánchez García, Omar Fayad Meneses y Graciela Ortiz González; del PRD, Armando Ríos Piter; y Luis Armando Melgar Bravo y Carlos Puente Salas, del PVEM.
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