BOLETÍN-1273 Ejecutvio no debe suscribir el ACTA, concluyen senadores.
El Senado debe exhortar al Ejecutivo federal a no suscribir ACTA ya que en el proceso de su negociación se violó la Ley sobre Aprobación de Tratados en materia Económica.
El grupo plural para dar seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA) concluyó que el Senado debe exhortar al Ejecutivo federal a no suscribir este instrumento internacional, ya que en el proceso de su negociación se violó la Ley sobre Aprobación de Tratados en materia Económica.
En opinión de los senadores, las previsiones del ACTA “no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes en dicha negociación, generando opacidad e impidiendo” a la Cámara de Senadores dar el adecuado seguimiento a ésta.
En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, resaltó el senador Eloy Cantú Segovia, algunas disposiciones del proyecto resultarían contrarías a preceptos del derecho nacional, entre ellos, a las garantías individuales contenidas en la Constitución.
Además, se vulneraría el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en nuestro sistema jurídico, dijo el también presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Al enumerar las razones por las que los integrantes del grupo rechazaron el ACTA, el legislador priista señaló que la ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto resultarían contraría a la seguridad y certeza jurídica de los mexicanos.
Subrayó que la implementación del Acuerdo podría constituirse en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet y a la imposibilidad de que el país se inserte en la sociedad de la información y del conocimiento, por lo que se ampliaría con ello la brecha digital.
Asimismo, derivaría en una censura a los contenidos de Internet, y en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.
Entre otras conclusiones, los legisladores estimaron que el Senado, en coordinación con la colegisladora, debe continuar e incrementar las actividades para actualizar y mejorar la legislación que proteja con eficacia los derechos de propiedad intelectual, de autor y conexos, en favor de la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la cultura.
Plantearon que la Cámara de Senadores haga un llamado al Ejecutivo federal para que en un futuro las secretarías de Estado y entidades negociadoras de tratados cumplan y respeten las disposiciones legales en materia de celebración de acuerdos comerciales de esta naturaleza.
La falta de comunicación, consulta y transparencia, se enfatiza en el documento, pueden obstaculizar el proceso de negociación y generar argumentos para aprobar o rechazar cualquier firma o ratificación.
Por su parte, el senador perredista Francisco Castellón Fonseca resaltó que el Internet es una herramienta trascendental para la información, la educación y el desarrollo social, económico, cultural y democrático.
En este sentido, agregó, la neutralidad de la red es uno de los principios sobre los que se ha construido Internet y se expresa en que todo lo que se realiza por este medio se hace sin discriminar ni distinguir el contenido, lo que supone aplicar a todos los datos el mismo tratamiento sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros.
Además, que no se impida a algunos circular, de tal forma que el acceso a la red sea siempre igualitario.
Por ello, enfatizó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, también se analizó la posibilidad de que, bajo el argumento justificable de la protección de los derechos a la propiedad intelectual, se pudieran crear normas que limiten dicha neutralidad y, en consecuencia, la libertad del Internet.
De esta manera, el grupo plural coincidió en que los derechos de propiedad intelectual, incluidos los de autor y conexos, son el mecanismos idóneo para incentivar la investigación, innovación, desarrollo tecnológico, creatividad y cultura, por lo que Internet es un nuevo escenario para su protección, pero se requiere de un marco jurídico específico.
Como se consecuencia, dijo Castellón Fonseca, para realizar una verdadera reforma al régimen de protección de estos derechos en el ámbito digital, se debe asumir que existe un proceso acelerado de reconversión del sector de los contenidos y su transmisión.
En el anuncio del grupo estuvieron los senadores Ludivina Menchaca Castellanos, del PVEM, y Carlos Sotelo García, del PRD, quienes destacaron la participación de la sociedad civil, académicos, artistas y especialistas en el seguimiento al ACTA.
El acuerdo Comercial Antifalsificaciones, se menciona en el documento, es una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observación de los derechos de propiedad intelectual ante el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados.
Los objetivos de este proyecto son incrementar la cooperación internacional en la materia, establecer mejores prácticas para la observación de los derechos de propiedad intelectual y proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y la falsificación en los países parte.
Este instrumento internacional comenzó a negociarse en 2007 por representantes de diversos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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