BOLETÍN-1274 Defensores de derechos humanos y comunicadores en situación de alta Vulnerabilidad: ONU y CNDH
Se reúnen legisaldores para conocer la situación actual de defensores de derechos humanos y periodistas, a fin de trabajar en un mecanismo para su protección.
Senadores de la República convocaron a una audiencia pública a representantes de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles para conocer la situación actual de defensores de derechos humanos y periodistas, a fin de trabajar en un mecanismo para su protección.
El senador panista Rubén Camarillo Ortega mencionó que uno de los objetivos fue facilitar un proceso de diálogo entre senadores, ongs y actores fundamentales sobre la necesidad de un mecanismo nacional de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
Aclaró que también se busca promover dentro del Senado un mayor conocimiento y comprensión sobre la labor y riesgos actuales de los individuos, grupos e instituciones dedicados a promover y defender el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Queremos conocer las recomendaciones de diferentes instancias internacionales y nacionales sobre la necesidad de implementar un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas que defienden los derechos humanos, explicó el también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales.
En su turno, el senador panista Ricardo García Cervantes expresó que la causa de los defensores de los derechos humanos y de los comunicadores es prioritaria para la construcción de una cultura democrática.
“No habrá democracia sin ciudadanos responsables de hacer valer los derechos fundamentales de los seres humanos”, asentó el vicepresidente de la Cámara de Senadores.
Por el PRI, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo manifestó que la libertad de expresión es indispensable para hacer realidad el derecho a la información, que sólo puede ser posible si se concreta la posibilidad de utilizar cualquier medio para hacerlo.
Por ello, celebró el encuentro para compartir puntos de vista sobre la necesidad de revisar la legislación e insistir si es en la ley donde se puede garantizar mayor libertad y seguridad a los periodistas.
En tanto, Javier Hernández Valencia, representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que los defensores de derechos humanos en México enfrentan una situación difícil.
De igual forma, dijo que las acciones de las autoridades para investigar y producir resultados en casos donde los defensores han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos son débiles e inexistes, “no hay respuesta eficaz”.
A comienzo de este año hemos tenido dramáticas y muy trágicos incidentes que nos recuerdan que la necesidad de protección no es un tema que no tenga costos enormes, ya que hoy esos costos son en vidas, enfatizó.
Son costos --agregó-- en la capacidad de los defensores en seguir con sus actividades, en relaciones de confianza y costos en la construcción del tejido social.
En este sentido, indicó que en el último cuarto de siglo México ha sido objeto de mil 500 recomendaciones emanadas de los órganos de los tratados que nuestro país ha firmado en la materia.
Por ello, informó que este organismo ha tomado la decisión de impulsar acciones para que las autoridades del Ejecutivo federal puedan iniciar un diálogo con las organizaciones de derechos humanos y trazar una ruta para implementar medidas de protección eficaz.
Por su parte, Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que cada atentado en perjuicio de un defensor o de un periodista es un atentado a la vigencia del Estado de derecho y a la vida democrática del país.
Señaló que de 2005 a 2011 se registraron en la CNDH un total de 523 expedientes de quejas con motivo de agresiones a defensores, “tan sólo en 2010 se presentaron más de 48 expedientes, lo que implica un incremento del 100 por ciento del número de quejas”.
Asimismo, destacó que desde 2005 han aumentado en 400 por ciento las solicitudes de medidas cautelares y se han emitido 33 recomendaciones.
Por este motivo, subrayó, los defensores de derechos humanos constituyen un grupo en especial situación de vulnerabilidad que recibe con frecuencia ataques tanto de agentes no estatales como de autoridades de los tres ordenes de gobierno.
Documentó que las instancias protectoras de los derechos humanos en las que se presentó un mayor número de quejas son Jalisco, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua.
En cuanto a los agravios a periodistas y comunicadores, dijo que desde 1999 a la fecha se han integrado 691 expedientes, de esos 510 se registraron de 2005 a 2011.
También, externó que en ese periodo se cometieron, 70 homicidios, “al menos esos son los que ha registrado la CNDH”, 13 desapariciones y 22 atentados contra medios de comunicación.
Aunado a ello, mencionó, se han emitido 32 recomendaciones y 69 medidas cautelares.
Señaló que las dependencias gubernamentales que más quejas reciben por violación a los derechos humanos de los comunicadores son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y las procuradurías de Veracruz y Oaxaca.
Ante este panorama, expuso que la CNDH ha puesto en marcha un programa específico dedicado a la atención a los agravios que sufren los profesionales de la comunicación.
Dicho programa, precisó, tiene diversos objetivos como el de dar seguimiento a los casos y atender las quejas correspondientes a través de un monitoreo continuo.
Los agravios más comunes en perjuicio de periodistas --refirió-- es el de aquellos casos en que servidores públicos amenazan o realizan actos de intimidación, lo que provoca la autocensura y la solicitud de medidas cautelares.
Sin embargo, expresó que lo más preocupante es que en los casos en que se privó de la vida a un comunicador, tan sólo el 15 por ciento de éstos se consignó ante una autoridad jurisdiccional y se dictó sentencia condenatoria.
Estamos hablando de un nivel de impunidad verdaderamente importante, puntualizó.
Participaron también en la reunión diversas organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y CENCOS.
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