Número-219
- El defensor del pueblo de Colombia subraya que su obligación está con los grupos vulnerables.
- El dilema del país está en cómo generar justicia y gobernabilidad, equilibrando los derechos con un Estado efectivo: senador Roberto Gil.
El trabajo está en las comunidades, en las necesidades, en donde están las víctimas; tenemos que ponernos nuestro chaleco y buscar el contacto con la realidad, y no ser un “ejecutivo de corbata que desde la comodidad de sus instalaciones esté hablando de derechos humanos, esté opinando de víctimas, y esté hablando de vulneraciones de derechos humanos”, aseguró el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Otálora Gómez.
En reunión con la Comisión de Justicia, el funcionario subrayó que la defensoría del pueblo tiene una obligación con el débil, pues si un campesino no tiene con qué alimentarse no podrá sufragar un medio de transporte para solicitar el amparo a la defensoría.
El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión, subrayó que la clave del dilema actual del país está en cómo generar justicia y gobernabilidad, equilibrando los derechos con un Estado efectivo. Nos quedamos con la reflexión de cómo generar un mecanismo de acceso a la justicia mucho más sencillo y expedito, y cómo fortalecer la defensoría pública en el país, argumentó.
Destacó que la defensoría pública en México reside en el Poder Judicial de la Federación para efectos estrictamente penales, y por otra parte, resaltó la creación de una defensoría especializada para la atención a víctimas en un órgano sui generis: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Asimismo, precisó que el recurso de amparo es un mecanismo que no accesible para todos los mexicanos, por lo que no se permite generar dinámicas de cumplimiento de derechos humanos como en Colombia y enfatizó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene acciones constitucionales muy limitadas, por lo que se debe pensar en una transformación, para que sea una defensoría pública más acorde con las realidades de la atingencia en la defensa de los derechos humanos.
El senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión de Justicia, recalcó que en la legislatura actual se ha trabajado en la reingeniería de las instituciones públicas, por lo que es importante conocer las experiencias de Colombia.
Destacó que el defensor público --como lo entiende-- cuenta con atribuciones propias de un órgano fiscalizador y disciplinario, de vigilancia de la conducta de los servidores públicos y de la protección de los derechos humanos. Además de ser un auxiliar del Procurador general de su nación, pero no designado por éste sino por la Cámara de Representantes.
Recientemente en México, dijo, se aprobó una reforma con la que la Procuraduría General de la República se convertirá en un órgano autónomo que se denominará Fiscalía General de la República, y contará con un Fiscal General, que será designado mediante acuerdo en el que el Senado remitirá una lista de aspirantes al Ejecutivo federal, para que este forme una terna y la devuelva para hacer la elección correspondiente.
Esta Fiscalía, añadió, contará con dos fiscalías especializadas: una en materia de delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción, cuyos titulares no serán designados por el Fiscal sino por el Senado.
El senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, consideró que el defensor del pueblo representa una alternativa de voz para los ciudadanos, “que me parece que en este país no tenemos”.
Dijo que a pesar de tener en el país una Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros instrumentos, no se cuenta con un vínculo entre las deficiencias de atención a la sociedad mexicana y comunidades, con todo ese gran amparo de derechos que abriga la Constitución.
Por su parte, el defensor del pueblo de Colombia, Armando Otálora Gómez, aseguró que la norma como la creó el constituyente está bien, en la medida en que tengan funcionarios dispuestos, dedicados y capacitados.
Explicó que el defensor del pueblo es independiente y vigila al Estado, para garantizar y promocionar los derechos humanos. Entre sus funciones, están las relativas a derechos humanos, recepción de quejas del ciudadano, recursos y acciones judiciales y además, tiene la facultad de representar a cada ciudadano o colectivamente.
Subrayó que la Dirección de Asuntos Constitucionales puede demandar por inconstitucionales las normas consideradas como inconvenientes o de pedir acciones de tutela, conocidas como acciones de amparo en México. La defensoría puede acudir a la Corte para que ésta se pronuncie sobre temas importantes, como en el caso del reconocimiento de objeción de conciencia, detalló.
Otálora Gómez también destacó que los organismos de control con que se cuenta son la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. La solución no está en crear leyes, incrementar leyes o implementar nuevos tipos penales sino hacer vigente a la legislación, agregó.
Expuso también que se cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas, el cual trabaja a través de un defensor comunitario que se adentra en las comunidades y convive con ellas, en un afán de ser el puente que lleva salud a los ciudadanos y a través de este trato directo, se obtiene información privilegiada que tiene que ver con conflictos, con lo que se puede ayudar para prevenir diversas acciones.
Respecto al proceso de paz, señaló que el Estado decidió colocar en el centro de la negociación a las víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas tiene el registro único de víctimas, explicó. Oficialmente reconocidas por el Estado, existen más de siete millones de víctimas, casi un 14 por ciento de la población, de 1985 a los últimos años, de ellas seis millones son víctimas del desplazamiento por la violencia.
Finalmente, resaltó los cuatro pilares fundamentales para el proceso de paz, la víctima tiene acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y a la salud.
En tanto, Irma Alejandra Cárdenas Castañeda, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública de Colombia, destacó que la función de la Defensoría Pública es amplia, pues sus programas no se limitan al tema penal, también se cuenta con el Programa Penal Indígenas, en el que se lleva a cabo la representación de éstos.
Además, se tienen programas a nivel administrativo, en los que se representa al usuario que necesita un mecanismo de protección de derechos humanos.
Cárdenas Castañeda puntualizó que la defensoría del pueblo actúa directamente a través de la acción de tutela, pero cuando el usuario ve la necesidad de la protección de derechos acude al defensor público para que éste vele, a través de una demanda, la protección de su derecho.
Agregó que la defensoría cuenta con cuatro mil 100 defensores, pero se espera que para 2016 sean cinco mil. El presupuesto, compartió, es de cerca de 175 mil millones de pesos colombianos, es decir, 80 millones de dólares.
Finalmente, Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que México y Colombia tienen problemas parecidos en términos de violencia, por lo que al escuchar a los defensores considera que se puede lograr algo mejor.
Desde su punto de vista, en el momento político que se vive se ha perdido la capacidad de diálogo con los grupos más vulnerables, pues “la confianza en las instituciones está completamente carcomida” y es necesario reinventar un puente de comunicación.
Después de conocer la Defensoría, reflexionó, se puede establecer el diálogo con los ciudadanos para que se den cuenta que el Estado sí sirve y puede proveer un conjunto de servicios básicos.
La CNDH no ha sido un puente de diálogo, pero el país está en una posición donde el restablecimiento de la confianza entre ciudadanos y gobernadores es básico. Destacó que la Comisión tiene que promover amparos hacer una defensoría pública seria, porque es importante que el ciudadano pueda tener sus derechos como un lugar para poder desarrollar su potencialidad y sus habilidades.
A la reunión asistieron también los senadores del PRI, Enrique Burgos García y Jesús Casillas Romero.
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