Número-024
- Comisión de Vivienda aprobó dictámenes con proyectos de reformas a la ley en la materia que imponen responsabilidades a los intermediarios
- Los dictámenes proponen avalar garantías de vivienda digna a favor de personas con discapacidad o en situación de pobreza y/o marginación
La Comisión de Vivienda del Senado de la República aprobó dictámenes con proyectos de reformas a la ley en la materia para que contratistas e intermediarios serán responsables solidarios en el pago de cuotas al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
En reunión de trabajo, la Comisión aprobó también modificaciones y adiciones a la Ley de Vivienda, con el objetivo de garantizar acceso a una vivienda sin barreras a personas con discapacidad, además de fomentar el crédito a favor de quienes viven en la pobreza y marginación.
La presidenta de la Comisión, senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que estos dictámenes a presentarse ante el Pleno de la Cámara de Senadores, son el preámbulo del arduo trabajo que se realizará en el presente periodo de sesiones para alcanzar el objetivo de conformar una nueva Ley General de Vivienda, que permita abatir los rezagos en este sector.
El secretario de la Comisión, senador por el Partido Acción Nacional, Víctor Hermosillo y Celada, estableció que con las modificaciones habrá mayor responsabilidad para las empresas constructoras de vivienda, pero consideró necesario asumir los retos que se plantean para cumplir con las demandas de la población.
En este mismo sentido se pronunció el senador Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, al referir que hubo consenso en el Senado para dar garantías a los empleados, al considerar que actualmente existen diversos programas gubernamentales, en especial los de digitalización de trámites, que permitirá a las empresas la disminución de costos durante el cumplimiento a los derechos laborales.
El senador por el Partido de la Revolución Democrática, Adolfo Romero Lainas, coincidió en lo anterior, al subrayar que una de las principales obligaciones del Congreso es proporcionar las herramientas legales que permitan eliminar el gran pendiente que tiene el Estado, de dar acceso a una vivienda digna a todos los sectores de la población, en especial a los grupos vulnerables.
Angélica del Rosario Araujo Lara, senadora por el PRI, apuntó que en las modificaciones emprendidas se han considerado los puntos de vista de las instituciones involucradas, como el Infonavit, el cual señaló que no se establece carga adicional alguna a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones hacia los trabajadores.
En el primer dictamen, que establece la corresponsabilidad de los contratistas y/o intermediarios para el pago al Infonavit, se adiciona el artículo 29 BIS que establece también que deberán comunicar trimestralmente, ante la delegación de esta institución, los datos de recaudación correspondientes al domicilio del patrón o sujeto obligado.
En el segundo dictamen, se aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Vivienda para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad, por lo que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) deberá establecer criterios de rehabilitación y construcción que garanticen una vivienda sin barreras físicas.
En cuanto al acceso a vivienda para sectores en pobreza y marginación, se aprobaron diversas reformas a la Ley de Vivienda, que incluyen el fomento con las instituciones privadas financieras para otorgar créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.
Establece también que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.
Estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.
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