Número-025
- En este año legislativo se realizó la selección de magistrados electorales, ministros de la Corte, el ombudsman nacional y consejeros de la Judicatura Federal.
- Prácticamente, la totalidad de los temas se avalaron por unanimidad: Gil Zuarth.
Senadores integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República presentaron su segundo informe de labores ante representantes de los tres poderes de la Unión, miembros de la academia y organizaciones de la sociedad civil, donde destacaron la aprobación de 163 asuntos legislativos y el nombramiento o ratificación de 81 aspirantes a diversos cargos.
En la ceremonia, que se realizó en la vieja casona de Xicoténcatl, estuvieron presentes senadores y diputados federales de diversos grupos parlamentarios, así como los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero.
Asimismo, Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, y Ximena Fuente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, manifestó que ante la crisis de credibilidad por la que atraviesa el ejercicio del poder, todos los servidores públicos de los órganos del Estado Mexicano deben apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley.
Tenemos que actuar de manera diferente ante esta situación y con toda solvencia frente a la opinión de la sociedad, enfatizó.
En este sentido, Barbosa Huerta expresó que la Cámara de Senadores ha trazado su trabajo en tres ejes: austeridad, transparencia y productividad; medidas que acercase más a la opinión de la sociedad y a la autocrítica.
En tanto, el senador de Acción Nacional, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que se trató de un año intenso, donde en 43 reuniones de trabajo, se aprobaron 163 asuntos legislativos y se procesaron 81 nombramientos o ratificaciones. Prácticamente, agregó, la totalidad de los temas se avalaron por unanimidad y por la concurrencia de todas las fuerzas parlamentarias.
Sin embargo, reconoció que la reforma en materia de ejecución penal es la pieza faltante de la implementación legislativa del nuevo modelo de justicia, la cual ayudará a humanizar el sistema penitenciario. “Las cárceles de México deben dejar de ser calabozos de frustración o plazas anárquicas para el reclutamiento y la actividad criminal”, apuntó.
También, dijo, se encuentra pendiente la reforma constitucional en materia de desaparición forzada de personas, cuyo objetivo será evitar la dispersión normativa en la configuración del tipo penal de este delito y generar mayores eficacias en su combate. Otro tema a resolver, agregó, es el relativo a las tres vacantes que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, indicó que las iniciativas que el Presidente de la República ha planteado en materia de seguridad y justicia serán uno de los asuntos centrales de la agenda legislativa por venir; no obstante, subrayó, la discusión no debe “agotarse en la decisión sobre cuántas policías queremos como país o bajo qué mando político y administrativo deben operar”.
Hizo hincapié en que el nudo central del debate es qué tipo de policías necesitamos, bajo qué estándares de calidad deben funcionar y cuáles son las responsabilidades que corresponden a cada orden de gobierno, ya que el cambio de uniformes de una policía a otra, no es solución de largo plazo.
“Sustituir una mala policía municipal por una mala policía estatal o a la inversa, previsiblemente será causa de nuevos problemas”, enfatizó.
En su turno, la secretaria de la Comisión de Justicia, senadora Arely Gómez González destacó que entre los temas de agenda legislativa que fueron aprobados por este órgano de trabajo se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Justicia Militar, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, y la Ley General de Delitos Electorales.
Detalló que entre los asuntos desahogados está el proceso de selección de los magistrados electorales, ministros de la Suprema Corte, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consejeros de la Judicatura Federal. Desde el inicio de la Legislatura han sido aprobados 81 nombramientos, tomando en cuenta la idoneidad y profesionalismo de los candidatos, reiteró.
Comentó que las reformas están orientadas a las necesidades de la población, de lo contrario sólo serían hermosas obras de arte que quedarían intactas en las vitrinas de un museo. Una justicia así sólo alimenta la desigualdad y la discrecionalidad, a la corrupción y la impunidad, dijo.
Manifestó que los temas que serán abordados por dicha instancia legislativa destacan el de delincuencia organizada, justicia para adolescentes, tribunales para tratamiento de adicciones, defensoría pública, colegiación y certificación de profesionistas, iniciando estas últimas en una primera etapa para los abogados.
Además, agregó, de procesar lo relativo a la seguridad, con la que se darán herramientas al Estado para combatir el flagelo. En este asunto, dijo, ya se han dado los primeros avances, ya que fue en enero pasado cuando se llevaron a cabo las audiencias públicas para analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
A su vez, la también secretaria de la Comisión de Justicia, Angélica de la Peña Gómez, destacó los acuerdos que permitieron aprobar las modificaciones a las Leyes de Amparo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, General en materia de Delitos Electorales, ésta última de nueva creación, al Código Penal Federal, así como las reformas al Código de Justicia Militar.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresó su confianza en que en el periodo ordinario, de sesiones, que dio inicio el pasado 1 de febrero, “nos permita seguir correspondiendo a la responsabilidad parlamentaria porque el país lo está demandando”.
Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, este informe contribuye al enaltecimiento de la actividad legislativa y al desarrollo de las instituciones jurídicas que el país requiere para consolidar y fortalecer el Estado democrático de derecho.
Destacó los escrupulosos procesos de evaluación que la Comisión de Justicia llevó a cabo para examinar a casi seis centenares de aspirantes a cargos públicos, lo que dio como resultado la elección de más de ochenta funcionarios y juzgadores.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, consideró necesaria una reestructuración de las prácticas profesionales, éticas y políticas, ya que forman parte del nuevo modelo de justicia que deberá ser implementada en su totalidad en junio de 2016 en todo el país.
Aseguró que la impartición de justicia debe ser un compromiso en el que “debemos ir todos, sin excepciones, pues ésta debe ser transparente, abierta, efectiva y accesible” y considerada el eje central al que debe aspirar todo Estado de Derecho.
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