Número-898
- Presenta iniciativa que establece obligatoriedad de consultar a comunidades sobre medidas que afecten sus derechos.
- Plantea que este mecanismo se considere como un derecho colectivo.
El senador Isidro Pedraza Chávez presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que pretende expedir la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es establecer la obligatoriedad del Estado para consultar a estas comunidades sobre la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos.
Explicó que su propuesta busca constituir un mecanismo de consulta que se celebre por el principio de “buena fe”, con carácter previo, informado, adecuado y accesible, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
Asimismo, considera a la consulta un derecho colectivo y fundamental que funcionará como un mecanismo democrático garante para la preservación de la unidad nacional en su composición pluricultural. Plantea que deberá ser informada, a fin de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad.
Es decir, se requiere que el Estado brinde información suficiente que implique una comunicación constante entre el Estado y los pueblos o comunidades indígenas.
En la iniciativa se señala que actualmente no existe un marco normativo que regule temas de gran impacto y repercusión directa sobre los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, lo que no es garante de igualdad entre los mexicanos.
Además, las comunidades indígenas se enfrentan constantemente a la voracidad de empresas nacionales y transnacionales que atentan contra los medios en los que se desenvuelven, dado que en muchas de sus regiones existen abundantes riquezas naturales, minerales y ecológicas.
Por ello, Pedraza Chávez dijo que el Estado mexicano debe dotar de un marco jurídico adecuado a la pluriculturalidad, sustentada principalmente en los pueblos y comunidades indígenas, a fin de generar los consensos entre autoridades y pueblos originarios involucrados en un tema que los afecte directamente.
El documento se envió a la Comisión de Asuntos Indígenas para su análisis y dictaminación correspondiente.
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