El senador perredista José Luis Máximo García Zalvidea presentó una iniciativa que busca derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, con la finalidad de “eliminar definitivamente la medida del arraigo”.
El legislador explicó que con esta figura jurídica se pervierte el sentido mismo de la investigación por “el hecho de detener primero para investigar, en lugar de investigar para posteriormente detener”.
Señaló que dicha figura se utiliza para cubrir la ineficiencia por parte de los agentes del Ministerio Público en la investigación de los ilícitos, así como en el recabamiento de las probanzas en los procedimientos procesales y penales.
Por ello, lo calificó como “una auténtica vergüenza el hecho de que se haya incluido dentro de la Constitución esta figura tan polémica que ha causado mucha injusticia, dolor y sufrimiento a muchos mexicanos y mexicanas”.
En la práctica la figura del arraigo se ha convertido en una medida abusiva que de alguna manera contraviene a medidas constitucionales, enfatizó.
Refirió que tanto Naciones Unidas como diversas organizaciones internacionales se han pronunciado en contra de la aplicación de esta figura, debido a que la consideran como detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos, tales como tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En la iniciativa se específica que el arraigo viola los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país y vulnera el principio de progresividad y pro homine establecido en el derecho internacional.
Además, indica, es contrario a los principios que inspiran el nuevo sistema penal mexicano de carácter acusatorio.
García Zalvidea puntualizó que se trata de una “medida precautoria” que viola los derechos humanos, debido a la falta de control sobre la legalidad de la detención, la inexistencia de estándares probatorios para su puesta en práctica y la precariedad en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las personas arraigadas.
La iniciativa se turnó a la comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
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