Número-666
- Senadores exponen sus inquietudes sobre los nuevos criterios que delinean funciones de Coneval.
- La creación de un Comité Técnico creará conflictos y un cargo oneroso a las finanzas, coinciden especialistas.
La minuta que envió la Cámara de Diputados para expedir La Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social debe ser modificada, pues no es del todo positiva para la integración y desarrollo de funciones del órgano encargado de evaluar las políticas públicas en la materia, coincidieron especialistas.
Al iniciar las audiencias públicas para analizar la minuta reglamentaria de la reforma al artículo 26 constitucional, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la evaluación que se realice desde el Consejo debe contar con un enfoque de género.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, integrante de la misma Comisión, consideró que los investigadores de Coneval, deben ajustar su trabajo en el Consejo y su participación en la academia, por lo que indicó que se debe revisar el apartado en el que señala que pueden ser investigadores de tiempo completo.
Los senadores Fernando Herrera Ávila y Ernesto Cordero Arroyo, del Partido Acción Nacional, cuestionaron a los especialistas sobre la pertinencia de que exista un Comité Técnico que auxilie al actual Consejo General y de cómo evaluar todos los programas sociales.
Su compañero de bancada, Jorge Luis Lavalle Maury, consideró que se debe revisar a detalle la ley para que las modificaciones que se realicen el organismo logren una coordinación entre las políticas públicas y los resultados de los programas sociales.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Rabindranath Salazar, indicó que si bien hay fallas en los programas sociales porque no han ayudado a reducir la pobreza, la ley será un instrumento que ayude a evaluar las políticas y mejorar el resultado en cifras de pobreza.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, reconoció los avances para dotar de autonomía técnica y personalidad jurídica propia al organismo.
Sin embargo, consideró que se redujo la exigencia para los candidatos al Consejo General, al abrir la posibilidad de que deban pertenecer o hayan pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores o bien, colaboren en una institución académica como parte de programas inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “Deben tener ambos de manera obligatoria para fortalecer el rigor técnico de los candidatos”, indicó.
Aseguró que el convenio que tiene que firmar el Consejo, con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, “atenta fuertemente” contra la autonomía del organismo, ya que se ordena al Coneval acordar los programas que debe evaluar con ambas secretarías.
Criticó la minuta al señalar que, ante la falta de autonomía presupuestal, el organismo podría quedar sin recursos para hacer evaluaciones, debido a que estará sujeto a la suficiencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
En cuanto al régimen laboral, el dictamen señala que el Coneval se regirá por el apartado B del artículo 123 de la Constitución; sin embargo, el organismo se ha regido por el apartado A del mismo artículo, desde su creación, por lo que debe quedar en el mismo apartado, a fin de proteger los derechos laborales del personal.
Respecto al Comité Técnico, la que se crea como un órgano consultivo auxiliar del Consejo General, dijo que crearía una “enorme confusión” al interior del mismo y un gasto mayor. Por ello, resaltó la necesidad de que sólo exista el Consejo General.
En referencia a la evaluación en estados y municipios, Hernández Licona consideró que el Coneval debe ser quien coordine la evaluación de programas y estrategias sociales a nivel local. No obstante, la responsabilidad de las evaluaciones debe ser de municipios y gobiernos; pues sería imposible que el Consejo evalúe todos los programas sociales de entidades federativas y municipios, porque no habría presupuesto que lo hiciera.
La representante adjunta del UNICEF en México, Allison Sutton, subrayó que se debe evitar la creación de órganos paralelos sin tener claras sus atribuciones y su contribución al quehacer institucional, como podría ser el Consejo General y el Técnico que la nueva ley plantea. Esto podría generar demoras en la toma de decisiones, e inclusive llevar a una posible parálisis institucional.
En cuanto a la autonomía, hizo énfasis en que está debe quedar explícita en todos sus aspectos: la técnica, la administrativa, normativa y presupuestal, para determinar su organización interna y esto quede plasmado en la nueva Ley; además dicha autonomía debe ser sustantiva con respecto a otros poderes, principalmente al legislativo y partidos políticos.
La directora general de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, señaló que la reforma que llegó de la Cámara de Diputados representa una oportunidad para que legisladores, funcionarios, organismos civiles y académicos formen las bases para fundar un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas, además de evitar que esto sea un botín de los partido políticos; por ello, los nombramientos del Consejo deben ser transparentes.
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