Número-646
- Advierten que políticas erráticas han llevado a que familias de escasos recursos gasten 48% de su presupuesto en transporte.
- El uso excesivo del auto obliga a importar gasolinas, con un costo al erario de más de 140 mil millones de pesos.
Elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad permitirá impulsar políticas a favor del transporte alternativo, con el consecuente ahorro en la economía de las familias de menores ingresos, que actualmente destinan para sus traslados el 48 por ciento de su presupuesto, afirmaron los senadores Jesús Casillas Romero, del PRI y Mariana Gómez del Campo, del PAN, al presentar una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional.
Al argumentar la propuesta ante el Pleno, el senador Casillas Romero apuntó que el problema del transporte también afecta a familias de economía media, pues representa el gasto del 14.3 por ciento de su presupuesto.
Habría efectos macroeconómicos positivos, pues el excesivo uso del automóvil ha derivado en que la gasolina sea el principal producto importado. Tan sólo en 2010 representó un gasto por 147 mil millones de pesos, con el consecuente deterioro de la balanza comercial, que elimina los beneficios de la exportación del petróleo, añadió el legislador.
En cuanto al gasto gubernamental, agregó Casillas Romero, al ser un derecho constitucional se establecería la obligación del gobierno, federal y estatales, de aplicar de mejor forma los recursos y no favorecer el uso de automóviles.
De acuerdo a un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), explicó, 77 por ciento de las inversiones de los fondos federales en el rubro de movilidad se destinan a la construcción de infraestructura vial, sólo 11 por ciento se invierte en transporte público, ocho por ciento en el espacio público, tres por ciento en infraestructura peatonal, y 0.4 por ciento en infraestructura ciclista.
La errática política en vialidad, agregó, provoca adicionalmente mayor retraso en el traslado de personas y mercancías en las 10 zonas metropolitanas del país; ejemplo de ello es que el tiempo de desplazamiento en la Zona Metropolitana del Valle de México es, en promedio, de una hora con 21 minutos.
De manera acumulada, las personas pierden al menos 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo y las pérdidas también son sociales, pues las familias tienen menos posibilidades de convivencia, a esto se suma que espacios públicos, como parques, deportivos, etcétera, pierden capital social.
A lo anterior se suman daños ambientales que, a su vez, derivan en que 34 millones de personas en zonas urbanas registren enfermedades relacionadas con contaminantes, lo cual deriva en baja productividad e inclusive muertes.
De ahí la importancia de que la movilidad se establezca como un derecho dentro de la Constitución, pues representará beneficios en las economías familiar, gubernamental, así como en materia social y de medio ambiente, concluyó el legislador.
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