Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-609

  • La proposición, apoyada por 43 legisladores de tres partidos políticos, se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.
  • La PGR, Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México serían las encargadas de fincar responsabilidades.

El senador Javier Corral Jurado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México a que investiguen y finquen responsabilidades penales y administrativas correspondientes, por la participación del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, como accionista del Banco Unión Progreso, y presunto enriquecimiento ilícito.
Dijo que es necesario que la Cámara de Senadores intervenga por miles de ciudadanos de Chihuahua que han apoyado con su firma la denuncia, hecha por Jaime García Chávez el pasado 22 de septiembre, porque hasta el momento no ha habido respuesta por parte de las autoridades.
No se trata de un rumor, como se decía antes sobre el incremento exponencial de la riqueza del gobernador de Chihuahua, sino que hay pruebas presentadas, dijo. Duarte Jáquez es el mayor accionista del Banco Unión Progreso, hecho probado mediante el fideicomiso 744743 por 65 millones de pesos, que el gobernador constituyó con Bertha Olga Gómez, su esposa, para ser depositados en dicho banco, detalló.
Denunció que tal situación representa un conflicto de interés porque el gobierno de Chihuahua eligió esta institución financiera como la encargada de su flujo de capital, y ha realizado 381 depósitos, desde 2012 hasta octubre de 2014. Denunció que sólo en un día, el 2 de diciembre de 2013, se hicieron tres depósitos por mil 208 millones de pesos.
Que no haya consecuencias en este tipo de denuncias, con pruebas tan contundentes, es lo que suscita la indignación de la gente, enfatizó el senador Corral. Por lo que este punto de acuerdo debería derivar en una solicitud de licencia del gobernador de Chihuahua para que enfrente la denuncia penal, dijo el senador panista ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
El exhorto es necesario porque las dependencias encargadas de investigar y hacer las pesquisas ni siquiera han llamado al denunciante a ratificarla. El procurador Jesús Murillo Karam no puede anteponer el interés del país a su filiación política, señaló el senador por el estado de Chihuahua.
El punto de acuerdo, es apoyado por 43 legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, entre los que se encuentran: Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San Román, Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada.
La propuesta no fue considerada de urgente y obvia resolución, por no alcanzar mayoría calificada en la votación nominal, en la que obtuvo 40 sufragios a favor y 36 en contra. Por esa razón fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia.

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