Comunicado-534
- La propuesta deroga algunos “candados” que imposibilitaban la realización de dicha figura
- Este mecanismo debe estar en manos de los ciudadanos y no ser manipulado por los partidos, gobernantes y legisladores
El senador del Partido del Trabajo, David Monreal Ávila propuso reformar la Constitución Política a efecto de hacer más accesible la consulta popular, derogando algunos “candados” que imposibilitaban la realización de dicha figura, para avanzar en la vida democrática del país.
La iniciativa plantea la eliminación de la frase “sobre temas de trascendencia nacional”, ya que con dicho cambio se pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal, sean objeto de consulta popular, abriendo así el espectro en el que puedan participar las ciudadanos.
Se propone que las consultas populares se celebren sesenta días después de que se haya declarado su procedencia, pues el juntarlas con las elecciones para elegir a un representante de elección popular; las consultas podrían ser utilizadas con fines electorales, es decir, ganar votos para cierto partido político o bien desacreditarlo.
Lo anterior, debido al rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las solicitudes para realizar consultas populares, en materia de salarios mínimos y las relativas a la reforma energética.
El legislador mencionó que las resoluciones de la SCJN fueron en contra del principio pro persona, anteponiendo cuestiones meramente económicas como son los ingresos y egresos del Estado, por lo que de mantenerse este criterio se haría prácticamente imposible someter a consulta popular casi cualquier tema, señala.
Advirtió que, en consecuencia, de poco sirvió que se recolectaran 13 millones de firmas de los ciudadanos, si la Corte declaró invalidas las consultas ciudadanas, lo que puede crear un desencanto en la ciudadanía, lo cual sería alarmante, ya que la consulta popular es una figura que permite a la población emitir su opinión mediante una participación informada y responsable.
Afirmó que este mecanismo debe estar en manos de los ciudadanos y no ser manipulado por los partidos, gobernantes y legisladores, pues la idea central de elevarla a rango constitucional es complementar a la democracia representativa, para empoderar al ciudadano en la toma de decisiones públicas.
Por tal motivo, es que con esta iniciativa los ciudadanos tendrán en sus manos la inalienable soberanía popular; además se reduciría la partidocracia, se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor relación entre los representados y los representantes, puntualizó.
El documento se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
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