La Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Niños, Adolescentes y Adultos Desaparecidos, con el propósito de crear una base de datos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y dar seguimiento a los casos denunciados.
El senador Felipe González González resaltó que “desafortunadamente el país pasa por un momento crítico” en esta problemática y no se está realizando, exclusivamente, una estadística de las personas que desaparecen”, por lo que no se hace un seguimiento puntual de los casos.
Con esta nueva Ley, enfatizó, “se obliga a los tres niveles de gobierno” a establecer un registro puntual que pueda ser consultado por todas las autoridades y facilitar la búsqueda de dichas personas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública expuso que después del narcotráfico, la trata de personas es unas de las actividades ilícitas que aportan mayores ganancias al crimen organizado.
Además, en el dictamen se menciona que “el secuestro representa una constante noticia”, sobre todo por el incremento que ha tenido en los últimos años y por estar directamente relacionado con la pornografía, tráfico de órganos, adopción ilegal, explotación laboral infantil y abuso sexual”.
En promedio, “se realizan 18 secuestros diariamente en todo el país”.
Felipe González resaltó que en este escenario no hay cifras exactas de las personas desaparecidas, ni los motivos por los que están extraviadas, porque no existe un seguimiento de los casos.
Por ello, agregó, se creará “una institución, enmarcada en la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, para que realice el banco de datos a nivel nacional.
En otro punto, la Comisión de Seguridad Pública avaló la minuta por la que se expide la Ley General de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, con el objeto de establecer las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas en la materia.
Dicho ordenamiento, prevé la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones para combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.
Además, plantea que el Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil.
Además, la Comisión acordó realizar una reunión con especialistas y funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal, a fin de revisar el proceso de certificación policial.
Los senadores Francisco Labastida Ochoa y Felipe González destacaron que a la fecha sólo 9.2 por ciento de las policías estatales y municipales “ha pasado por los procesos de certificación, por la desatención del mismo proceso y los excesivos requisitos para hacer las pruebas correspondientes a los elementos que entran al sistema de seguridad”.
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