Senadores de cuatro comisiones aprobaron este martes, en sus términos, el dictamen a la minuta en materia de competencia económica, encaminada a erradicar prácticas monopólicas .
Entre otros objetivos, busca simplificar y perfeccionar mecanismos de acción de la Comisión federal de Competencia (Cofeco).
De acuerdo al dictamen, por primera vez se establece la posibilidad de aplicar sanciones corporales, para castigar con cárcel de 3 a 10 años a los infractores por violaciones consideradas como prácticas monopólicas absolutas.
De esta manera, el Senado de la República coincide con la colegisladora en la necesidad de fijar en el marco legal mexicano estándares internacionales en materia de sanciones pecuniarias.
Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, y los Códigos Penal Federal y Fiscal de la Federación instituyen que la Comisión Federal de Competencia Económica deberá acreditar la práctica monopólica con lo que se da mayor seguridad jurídica a los actores económicos.
Se sancionará a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas relativas o absolutas con responsabilidad penal, mediante una querella que puede interponer la Cofeco.
En tanto, las medidas cautelares se implementaron con una caución para que el actor económico deje una garantía y al final del proceso se verá si se retira o no en función del resultado.
Se consideró que la duración del periodo del presidente y de los comisionados de la Cofeco fuera de cuatro año, con la posibilidad de la reelección, así como se establecieron requisitos diferentes para el nombramiento del secretario ejecutivo en el que se solicita mayor profesionalismo, en el sentido de que se haya cursado carreras afines como derecho, economía o administración.
Se requiere que las visitas de verificación no se tienen que anunciar, pero si se establecen horarios y días para realizarlas.
En lo referente al control de legalidad, se proporcionará a través de la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica dentro del Poder Judicial.
El senador Eloy Cantú Segovia, titular de la Comisión de Comercio, anunció la formación de un grupo de trabajo con funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial Ejecutivo que permita presentar propuestas para que en septiembre se generen las iniciativas correspondientes a la materia.
Por su parte los senadores Juan Bueno Torio y Ramón Muñoz Gutiérrez, del PAN; Amira Gómez Tueme, del PRI; Francisco Javier Castellón Fonseca, del PRD y Arturo Escobar y Vega, del PVEM, manifestaron su apoyo al dictamen, por considerar que con ello se genera un instrumento que hace avanzar a México en una ley equitativa en materia de competitividad.
En la misma reunión, funcionarios de las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentaron informes de los beneficios que podría traer al país la aprobación del Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú, firmado en Perú el 6 de abril del presente.
Beatriz Leycegui, subsecretaria de Comercio Exterior expuso que existen tres razones principales por las que el Acuerdo debe ser aprobado en este periodo: otorgaría ventajas competitivas sobre otros socios comerciales en el mercado peruano, dará certeza a las inversiones de mexicanos en aquella nación.
Además, obedece al cambio de presidente en 2012, lo que coloca en la incertidumbre el futuro del tratado.
En tanto, Kenneth Smith Ramos, coordinador de asuntos internacionales de la Sagarpa, señaló que se tendrá acceso inmediato en casi todos los rubros a productos ya exportados y se abre la posibilidad de exportación de nuevos artículos.
Se dejaron fuera de la negociación productos sensibles como café, azúcar y lácteos y en los productos sensibles la oferta de México considera esquemas de acceso limitado y en ninguno se da acceso irrestricto.
Ello, al establecer cupos y estacionalidades con montos limitados que evitan que en el futuro se incremente radicalmente la exportación a México.
A su vez Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Senasica, manifestó que el estatus sanitario de México no está bajo negociación, es decir, los productos tienen que cumplir con todos los requisitos sanitarios necesarios que establece el país.
Mientras que el subsecretario de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, destacó que se ha instrumentado un plan rector para identificar acciones que incrementen la competitividad del sector.
Al respecto, dijo, se crearon proyectos que van desde la construcción de infraestructura, intercambio tecnológico con otros países, factores de tipo organizacional y capacitación y asistencia técnica para los productores.
A su vez, Juan Carlos Cortez, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que durante dos décadas de balanza comercial negativa, el sector agropecuario carga el 50 por ciento de esa pérdida.
“Sería un acto de irresponsabilidad aprobar el dictamen”, consideró, por lo que debe abrirse un espacio para escuchar a productores e involucrados en el tema.
Agregó que no se puede arriesgar la cuestión sanitaria, porque México es categoría 1 o 2 mientras que Perú es 5 o 6.
Los senadores priistas Francisco Labastida Ochoa, Alfonso Elías Serrano, Amira Gómez Tueme, y Heladio Ramírez López, manifestaron su rechazo al acuerdo con Perú por considerar que antes se debe hacer un análisis más profundo a los beneficios que podría traer el acuerdo.
Asimismo, los senadores Antonio Mejía Haro, Alfonso Sánchez Anaya, y Jesús Garibay García, se sumaron a la petición de los legisladores del PRI.
En tanto, los senadores de Acción Nacional, Juan Bueno Torio y César Leal Angulo, destacaron que el tratado debe aprobarse porque no perjudica a la producción nacional, pero, consideraron oportuno estudiarlo nuevamente.
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