- Se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones, informó la senadora Angélica de la Peña.
- Se trabaja el tema en la Comisión de Justicia, señaló el senador Roberto Gil Zuarth
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, informó que el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre próximo, se presentará ante el Pleno del Senado de la República una propuesta de ley para estandarizar las facultades, protocolos, sanciones y marcos de referencia en materia de tortura.
Indicó que se prevé trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados para emitir una ley que incida en los Congresos locales y armonice las leyes nacionales con los Tratados Internacionales de los cuales México forma parte. Esta iniciativa recogerá las propuestas de diputados y senadores, agregó.
Durante la clausura del Foro “Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México”, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Roberto Gil Zuarth, indicó que en comisiones se trabaja en la ley sobre tortura, la cual, consideró, debe incluir el anonimato del denunciante, la generación oficial de casos, ya que las cifras que se conocen están integradas por organizaciones de la sociedad civil, así como una debida composición y seguimiento de los asuntos.
Sobre el acopio de cifras, destacó que sólo cinco de las 32 entidades del país presentan datos de tortura, con irregularidades en la integración de los expedientes. El tema no debe quedarse en foros, sino que debe llegar a la agenda legislativa para encontrar una solución definitiva, indicó.
El director del programa universitario de derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis de la Barreda Solórzano, consideró que este delito frecuentemente es cometido por agentes de la policía de investigación, por lo que muchas veces no se hace ninguna imputación.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y asesoría de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que es indispensable combatir la impunidad y sancionar el delito de tortura en México, ya que ésta constituye una categoría especial, lo que impone la obligación de un escrutinio estricto bajo los estándares nacionales e internacionales más exigentes.
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