- Necesario crear una norma específica que imponga sanciones a quienes violen derechos humanos en los albergues.
- Gobiernos federal, estatal y municipal deben supervisar instituciones de asistencia social, públicas y privadas.
El caso de “La Gran Familia” pone en evidencia la necesidad de que el Estado analice avances, obstáculos y retos de los gobiernos federal, estatales y municipales para la prevención de violencia contra infantes y personas mayores en albergues, además de crear una norma para sancionar a las instituciones públicas o privadas donde se violen los derechos humanos, afirmó la senadora María Elena Barrera Tapia, del PVEM.
En el punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, para que a nivel federal, estatal y municipal se impulsen diversas acciones para mejorar los servicios de asistencia social a niños y adultos mayores en albergues públicos y privados, la senadora Barrera Tapia advierte violación de las leyes y la incapacidad de atender todas las recomendaciones internacionales, pues persisten violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las instituciones de asistencia social, como lo revela el caso de “La Gran Familia”.
Es necesario, precisó, crear una normatividad especifica que regule las instituciones privadas y sociales que prestan estos servicios, y que garantice en todo momento el principio del interés superior de la niñez.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen gran importancia en la protección de los derechos humanos; sin embargo –acotó- en el caso de la niñez, desafortunadamente algunas de ellas no están correctamente reguladas en sus funciones, atribuciones y servicios.
Después del caso de “La Gran Familia” , el Estado mexicano tiene la oportunidad de analizar los avances, obstáculos y retos para el gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso los municipales, toda vez que hay que supervisar los mecanismos para la prevención de la violencia de niñas, niños, y personas adultas mayores e incidir en los temas transversales que deben ser incluidos en la constitución y operación de las instituciones privadas y sociales que prestan servicios de asistencia, considera la senadora Barrera Tapia.
El punto de acuerdo, remitido a la Primera Comisión de la Permanente, incluye la solicitud a las secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social la creación de un modelo de asistencia social obligatorio para los albergues públicos y privados, así como de reforzar las medidas de inspección; a los gobiernos federal y estatales se les pide coordinarse para emitir lineamientos a cumplir en la constitución, operación y funcionamiento de las instituciones de asistencia social temporal a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
También se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizar los trabajos legislativos que permitan armonizar la norma para la asistencia social a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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