Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado de la República aprobó un dictamen que busca fortalecer el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En el texto, se plantea la creación de condiciones que incentiven y favorezcan las denuncias de los servidores públicos y los particulares que conozcan de prácticas que resulten ilegales y, con ello, contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública.

La propuesta presidencial que dio lugar al dictamen fue modificada por los senadores con el propósito de incorporar un artículo 10 Bis, en el que se establezcan los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes.

Así, establece la obligación por parte de la autoridad competente de clasificar la información proporcionada por los quejosos o denunciantes, así como las actuaciones que deriven de las quejas o denuncias que éstos presenten, de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables en la materia.

Con los cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se protege a denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos.

Asimismo, se incorpora a la Ley como obligaciones a cumplir por parte de los servidores públicos, abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiere aportar información en los procedimientos establecidos en la misma ley.

Además, se pretende autorizar la presentación en forma anónima de las quejas o denuncias, cuando contengan datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

Con esto, se busca favorecer la denuncia de posibles actos de corrupción y evitar que los denunciados presionen o disuadan a los denunciantes.

También, mandata a la Secretaría de la Función Pública a establecer normas y procedimientos con el fin de que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

Atribuye a los contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y responsabilidades, la facultad para solicitar en cualquier momento información relacionada con la atención de trámites, servicios o resoluciones que se relacionen con los denunciantes y personas que aporten información relacionada con la conducta de los servidores públicos.

Plantea agravar las sanciones derivadas de faltas administrativas, mediante la inhabilitación de uno hasta diez años, por actos que impliquen beneficio o lucro por un monto que no exceda de 200 veces el salario mínimo general mensual vigente en el DF, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite.

En el caso de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución.

El senador panista Ricardo García Cervantes refirió que México es parte de la Academia Internacional Contra la Corrupción, que se dedicará a proporcionar a los firmantes mejores prácticas e instrumentos, incluida la capacitación de funcionarios públicos para el combate a la corrupción.

Agregó que también fue aprobado un dictamen con relación al combate a la corrupción en las contrataciones públicas en el ámbito federal, y con el dictamen que ahora se discute se generarán los procedimientos y establecerán sanciones administrativas para los funcionarios públicos que participan en actos de corrupción.

Sin embargo, consideró que no sólo debe haber sanciones sino una revisión a los tipos penales y la obligación de la autoridad administrativa, de poner del conocimiento del Ministerio Público para consignar a quienes cometen los delitos que tienen que ver con las prácticas de corrupción.

“Ésta es una ley de carácter administrativo, que va en la ruta… es, simplemente un espacio de prevención, desde el ámbito administrativo, para la aplicación de sanciones administrativas. No puede quedar ahí la lucha contra la corrupción, si se quiere emprender, en serio, con honestidad, y con patriotismo”.

Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila, explicó que el dictamen pretende fomentar la denuncia de particulares y servidores públicos contra actos de corrupción en la función pública, que agrega una característica que “yo tengo duda si habrá de resultar”: el incentivo económico.

Al razonar su voto, comentó que es absurdo que si la gran mayoría de los actos de corrupción se desarrollan en la administración pública federal sea una dependencia de la administración centralizada la autoridad competente para combatir estos actos.

Monreal Ávila precisó que debería ser la autoridad Judicial la encargada de juzgar y sancionar o imponer penas por la comisión de estos delitos y el Ministerio Público el encargado de investigarlos.

Lo más efectivo, externó, es reformar al ministerio público para otorgarle plena autonomía a los ministerios públicos y atacar los altos niveles de impunidad y combatir al mismo tiempo la corrupción.

También se puede modificar el Código Federal Penal, para en su caso, crear los tipos penales relacionados con las conductas irregulares de los funcionarios públicos, o crear un ente autónomo del Ejecutivo Federal que investigue y persiga los actos de corrupción.

El dictamen, avalado por 90 votos a favor, creo en contra y una abstención fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 Constitucional.

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