COMUNICADO-651
• Senadores se reúnen con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez
• Derechos humanos constituyen un patrimonio ético de la humanidad, destaca senador Roberto Gil
Conductas como la tortura y tratos inhumanos o degradantes no tienen cabida en un Estado democrático y de Derecho como México, donde existe una firme convicción por el respeto a los derechos humanos, aseguró José Rosas Aispuro, vicepresidente del Senado de la República.
En reunión con Juan Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, el senador Rosas
Aispuro destacó que a partir de la visita de este funcionario podrá establecerse un diálogo fluido e intercambiar puntos de vista para fortalecer el trabajo de la misión que México tiene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Señaló que en diciembre de 2013 el Senado aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contribuirá a cambiar de un sistema de justicia de carácter inquisitorio a un modelo acusatorio.
Mencionó que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos “ha permitido darle plena operatividad y exigibilidad en nuestro sistema jurídico a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales a los que México se ha adherido”.
El senador Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado dijo que en febrero de este año se aprobó una reforma a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, que atiende las recomendaciones de organismos internacionales y no gubernamentales sobre distintos aspectos de la armonización de las leyes mexicanas.
El Relator Juan Méndez explicó que su visita a México es de mucho interés dado que en el país se han incorporado a las leyes vigentes y en la Constitución los estándares internacionales más importantes en materia de derechos humanos.
Aseguró que esta reforma alienta a reconocer la responsabilidad que asumen los Poderes del Estado para cumplir con sus obligaciones y se vislumbra la posibilidad de que los derechos humanos tengan una vigencia efectiva en el terreno donde los ciudadanos sufren la tortura o el maltrato.
“No basta con tener fallos de la Corte o leyes aprobadas por el Congreso para que estos cambios sean inmediatos; lo que fundamentalmente se requiere es una implementación que depende también de un cambio de cultura en las instituciones del Estado”, opinó el Relator de Naciones Unidas.
En su turno, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que en 2012 el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) levantó la primera encuesta de personas en situación de reclusión, en centros penitenciarios.
Dicho estudio reveló que del 29.3 por ciento de los encuestados que se declararon culpables ante el Ministerio Público, el 54.4 por ciento dijeron que se declararon culpables porque padecieron algún elemento de presión, tortura o amenaza.
“Esto revela el tamaño del desafío que tenemos en el combate a cualquier tipo de expresión, tortura o trato degradante”, dijo.
Gil Zuarth afirmó que en el Senado de la República “hay una convicción de que los derechos humanos constituyen un patrimonio ético de la humanidad, que ordenan y disciplinan las decisiones del Estado mexicano”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, explicó que en el Congreso aún hay temas pendientes por resolver en materia de derechos humanos.
Señaló que en el Senado se trabaja por resolver las faltas que son violatorias a estas garantías y que en los centros de reclusión, cualquiera que sea su característica, se respeten irrestrictamente los derechos humanos
Agregó que pronto podría discutirse un nuevo Código de Justicia Militar. “Estamos obligados, en función de los nuevos preceptos constitucionales, a garantizar que este Código esté inscrito en el debido proceso legal”, añadió.
Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, refirió que existe como pendiente lograr la implementación adecuada de la reforma constitucional que tutela los derechos humanos.
“Hay temas que no están suficientemente legislados, como el arraigo, la criminalización de la pobreza; México tiene un gran pendiente en la implementación de las sentencias y resoluciones internacionales”, indicó.
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