Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO-535

•  Los migrantes no son personas ilegales sino seres humanos sujetos de derecho

• Piden eliminar asistencialismo de leyes en la materia e incorporar principio de protección continua

En el Foro “Persona Migrante: Centro de la Política Migratoria”, la senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, resaltó que el fenómeno de la migración será analizado desde diversos ángulos, a fin de trabajar en mejores leyes encaminadas a facilitar la ayuda humanitaria que se proporciona a este grupo vulnerable.

Para el caminante, la migración en estos tiempos implica una pausa en el respeto de sus derechos y actualmente en “este estado de suspensión de derechos, los niños, las niñas, las mujeres y los hombres, son considerados y tratados como criminales, cuando simplemente somos personas en tránsito”.

La migración es un gran reto para los gobiernos en el mundo, pero también para los mexicanos, pues cada año pasan 10 mil menores por México que, por su condición de desamparo, correspondería atender, agregó.

La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que desde el ámbito legislativo hace falta dar más pasos significativos e importantes en la materia, pero también en lo relativo a las políticas públicas, la diplomacia y el trabajo entre distintas regiones y países del mundo.

Recalcó que México no practica lo que exige a Estados Unidos. La frontera sur mexicana es peligrosa y complicada: “tiene problemas a veces hasta para cruzar los ríos, hay muerte, hay violaciones a los derechos humanos, hay traficantes, hay personas –sobre todo mujeres– que enfrentan violaciones sexuales”.

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, reconoció que los migrantes son objeto de robos, secuestros, intimidaciones y otros delitos cometidos por redes de delincuencia organizada.

Con los resultados de este foro, precisó, se fortalecerá a las instituciones porque estamos obligados a actuar a favor del bien común, de la dignidad de las personas sin importar su procedencia, condición económica o estatus migratorio.

Ambas senadoras señalaron que se presentó una iniciativa a favor de los niños migrantes separados o no acompañados, en la que también se incluye el tema de los albergues, para que éstos tengan más apoyo del gobierno y también del DIF.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, enfatizó que la institución que preside está para atender las quejas y busca que se logre superar la terrible realidad que enfrentan miles de migrantes.

Advirtió que las personas migrantes no sólo son víctimas de delincuentes sino también de malos servidores públicos. “El ser migrante tiene que reconocerse, hoy por hoy, como un derecho para todas las personas y tienen que existir las facilidades adecuadas para que pueda en buena medida cualquier persona aspirar a mejores condiciones de vida, a mejores condiciones de desarrollo”, apuntó.

El embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, enfatizó que en reiteradas ocasiones cuando se habla de migración, pareciera ser un tema político o económico, pero es mucho más que eso: “se trata de una cuestión humanitaria, una cuestión moral”.

Estados Unidos y México comparten la responsabilidad de la protección a los migrantes, por lo que desde su país, se ha implementado una repatriación segura de mexicanos, con lo que se garantiza la seguridad de niños y de unidad familiar durante el proceso de repatriación.

Adicionalmente, ambos países establecieron la iniciativa de repatriación al interior, con la que se regresa a los migrantes al lugar más cercano a su residencia, para evitar que caigan en manos de traficantes o tratantes de personas.

El padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino”, resaltó que en el mundo hay 235 millones de personas que se mueven forzadamente, por lo que el foro es una oportunidad para contribuir a una verdadera legislación que proteja el flujo migratorio.

Destacó que la seguridad nacional ha crecido desproporcionadamente pero no la protección a los migrantes, por lo que todos debieran tocarse el corazón y ser responsables con la vida,” que entendamos que todos somos una sola familia, que estamos caminando hacia un mundo globalizado pero incluyente”.

El titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, indicó que hace unos días se presentó el Programa Especial de Migración que coloca en el centro de la política migratoria de México a la persona migrante.

Comentó que uno de los resultados de éste, es el anuncio por parte del Instituto Nacional de Migración de la implementación del Programa “Somos Mexicanos”, para atender de una manera integral a los mexicanos que son deportados y que se tienen que reintegrar de la mejor manera a que puedan ser útiles en nuestro país.

Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la evolución del fenómeno migratorio, plantea el reto de trascender esquemas tradicionales de la atención y adoptar una óptica renovada.

Esto, porque además de ser un sujeto de derecho, el migrante es un sujeto de desarrollo de las comunidades que lo recibe y de la que pertenecía originalmente. Por ello, los enfoques parciales y las respuestas coyunturales para la atención del fenómeno migratorio deben dar paso a una perspectiva amplia, coherente, incluyente y de largo aliento.

La diputada Amalia García Medina, del PRD, reconoció que desde el Congreso se deben tomar acciones que cambien la situación de los migrantes.

“Es aquí en donde podemos hacerlo, desde el Congreso de la Unión y desde el Gobierno de la República; tenemos la encomienda y los espacios para tomar esas decisiones y la única manera de acabar esto es que ya no tengan que esconderse y estar en las sombras cuando transitan por México”.

Por ello, apuntó que se debe discutir la posibilidad de otorgar una visa de tránsito a los migrantes, así como la promoción de un nuevo concepto que no coloque a la migración como un asunto de seguridad nacional, sino como un asunto de seguridad humana.

Finalmente, resultado de las mesas de trabajo “Ayuda Humanitaria” y “Protección Integral a Migrantes” en las que participaron las senadoras y las autoridades, se solicitó al Poder Legislativo la construcción de un instrumento legal que vaya más allá del apoyo asistencial, que incorpore el principio de protección continua.

Además, se requirió analizar la figura de visa de tránsito por tiempo necesario y que la Cámara de Diputados establezca presupuesto para los sistemas DIF, a fin de implementar eficientemente esquemas de protección que mandata la ley de migración con relación a los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Dentro de la actualización al marco normativo, se pidió reformar la ley de migración en materia de acceso a la justicia y debido proceso, procedimiento migratorio, fortalecimiento institucional y el rediseño del Instituto Nacional de Migración, así como regular los mecanismos relativos al trabajo temporal.

Respecto al análisis de la ayuda humanitaria, se manifestó la necesidad de homologar las leyes secundarias en materia salud, educación, desarrollo social, atención a víctimas, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, con las leyes federales y tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos, así como promover las leyes aplicables.

Además, analizar la viabilidad de la visa transmigrante y mejorar los procesos administrativos para el otorgamiento de la visa humanitaria, derecho al refugio y protección complementaria.

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