La senadora María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión del Distrito Federal, advirtió la construcción de la Supervía poniente constituye una violación de garantías individuales, de derechos humanos, así como de leyes y si no se suspende, “amerita otras decisiones de elevadísima gravedad en la Cámara de Senadores”.
En reunión con vecinos afectados, la legisladora priista dijo que el Senado tiene facultades para ello “y estaríamos en la obligación de ejercerlas si no se para esta obra, en todo caso para proponer una alternativa, y si no se propone una que sea satisfactoria y previamente consultada con la ciudadanía vamos a volver a lo mismo”.
Afirmó que las afectaciones de la obra “va mucho más allá de las lesiones que cualquier otra construcción haya provocado en la Ciudad; tiene impacto en la vivienda de los habitantes de varias zonas, en el medio ambiente, en la captación de agua y repercusiones en derechos humanos fundamentales”.
Aclaró que la Comisión que preside abordará el tema para saber “qué es lo que vamos a hacer y cómo se lo vamos a plantear al jefe de gobierno, no en un plan declarativo sino con información para decirle “esto no procede por la violaciones a las garantías y problemas técnicos y de medio ambiente”.
“No estamos de acuerdo, la ciudadanía no lo está y queremos se pare la obra hasta que, por lo menos, se demuestre que el proyecto no daña a la Ciudad y no viola leyes; esa es mi propuesta que discutiré con mis compañeros de comisión”, acotó.
Señaló que el gobierno “ha cambiado cinco o seis veces el supuesto trazo de la ruta de la Supervía y nunca nos entregaron un proyecto definitivo, pero sí hay concesión y declaratoria de necesidad”.
En la reunión, el senador panista Federico Dörin Casar manifestó que “no estoy de acuerdo con la obra, sólo estoy de acuerdo en que no la pague yo de mis impuestos” y se pronunció por diseñar una estrategia amplia para suspender “este atropello”.
Por el PVEM, el senador Jorge Legorreta Ordorica dijo que la posición de su grupo parlamentario es que se desarrolle la ciudad y haya vías de comunicación de acceso a puntos complicados, “pero hay que hacerlo con orden y no sé si la supervía pueda resolver este tipo de problemas”.
El senador del PRD, Alfonso Sánchez Anaya, consideró que “las obras no son regaladas” y quienes transiten por la Supervía son los que pagarán por su construcción.
Se pronunció por revisar toda la información al respecto para que la Comisión del Distrito federal decida sobre este tema a favor de la ciudadanía.
Por su parte, el senador Luis Walton Aburto, de Convergencia, coincidió en que se debe analizar la situación jurídica de la construcción para saber “si hay violaciones a las normas, incluso constitucionales”.
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