Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

793El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, propuso modificar el Artículo 169 del Reglamento del Senado de la República para que las iniciativas de ley contengan una justificación histórica de la revaloración de lo que se pretende reformar, en congruencia lógica con el orden abstracto concentrado en la Constitución.

Lo anterior, detalló, dará mayor énfasis en la relevancia de la actividad del legislador.

Explicó que a través de este mecanismo, se analizará y evaluará la realidad social para después utilizar a la iniciativa de ley como una herramienta jurídico-política de instrumentalización de la racionalidad.

En opinión del coordinador petista “se carece de un método general que evite la desmembración del espíritu del presente y el orden abstracto concentrado en la Constitución y en los ordenamientos que se derivan con base en la misma coherencia lógica”.

Consideró que dicha situación no es una cosa menor, pues implica que el acercamiento del legislador a los movimientos sociales y su conversión en lenguaje jurídico esté plagado de cargas cognitivas contingentes -opiniones de especialistas- y de un lenguaje no científico.

Con ello, agregó, surge la necesidad de cambiar el método por el que el legislador debe realizar su trabajo.

Abundó que la validez de la ley radica o en su aspecto jurídico-político, o praxeológico, ya que en el primer caso se verifica “sí y sólo si son cumplidos, aplicados o impuestos los preceptos legislativos”; y en el segundo mediante “la positividad que tiene o guarda en un cierto tiempo aquello que se legisla”.

Esto, sin dejar de lado que el principal instrumento para la formación vertical de las leyes es la coherencia lógica, acotó.

Finalmente agregó que el perfil del legislador debe de ser enriquecido por una formación científica en otro ámbito, tales como la economía, la geopolítica, y la filología, esta última entendida como el cuidado de las palabras -y la capacidad de representar el espíritu de todo un pueblo-.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación.

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