El Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA), se reunió con expertos y académicos, a fin de conocer sus posturas acerca de los efectos que tendría en el país la aprobación de dicho tratado.
Al respecto, el senador Eloy Cantú Segovia reiteró que para el Senado es primordial conocer las opiniones de todos los ciudadanos sobre el documento denominado ACTA, debido a que está en juego su aprobación o rechazo.
En este sentido, el legislador priista aseguró que es muy importante salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos, a fin de que no sean vulnerados por las disposiciones del ACTA.
De igual forma --dijo-- para que sus disposiciones sean apegadas a nuestro orden jurídico y encontrar el equilibrio entre estos derechos y los de los creadores; “el Internet sigue siendo una fuente de progreso y desarrollo pero que sea dentro de la legalidad”.
La senadora Beatriz Zavala Peniche, del PAN, comentó que ante lo delicado del tema hay que tener una profundidad jurídica antes de firmar o ratificar un acuerdo como el ACTA, “porque no podría aplicarse, ya que las leyes sí garantizan la privacidad en una presunción de un delito como lo llega a plantear el Acuerdo”.
Destacó la importancia de la compatibilidad entre los derechos de autor, la propiedad intelectual y por otro lado, el derecho a la difusión y el conocimiento en la conectividad que da Internet.
En tanto, el senador Carlos Sotelo García, del PRD, se pronunció porque “México construya su propia ruta” para proteger los derechos de propiedad intelectual y “en vez de limitar el uso de Internet, acercar las nuevas tecnologías a la mayor parte de la población”.
Anunció que en el Senado “hemos empezado a intercambiar opiniones para elaborar una reforma legal y atender el interés de asociaciones de creadores e inventores para preservar el derecho de autor y al mismo tiempo conserve al Internet como una red libre, donde circulen libremente los conocimientos”.
El senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del PRD, cuestionó ¿ACTA para qué? ¿Se convierte en una solución para los problemas de propiedad intelectual que tiene nuestro país en este momento o se convierte más en un problema para el desarrollo de la cultura digital? ¿Es necesaria para México la suscripción de ese tratado?
Por otro lado, calificó a estas reuniones como un ejercicio que empieza a tener fruto en el público interesado en el tema, por lo que “es muy importante que dicha información se pueda hacer llegar a un número mayor de gente”
En tanto, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, catedrático de la Universidad Anahuac, advirtió que si ACTA se implementara, más de una tercera parte de los usuarios de Internet estarían tipificados como criminales.
Además, dijo que apoyarla sería una variable para frenar el acceso a la información, ampliar la brecha digital, reducir la confianza de los consumidores, implementar una cultura de terror y fiscalización digital de los usuarios y golpear el proceso de incorporación del país a la sociedad de la información.
Es y debería ser una prioridad del Estado mexicano garantizar que todo ciudadano tenga acceso a la información, ya que hoy sólo una tercera parte de la población mexicana tiene acceso a Internet y aproximadamente 34 por ciento de los internautas son menores de 24 años, explicó.
Indicó que un porcentaje considerable de las actividades en línea se centra en la descarga de contenidos digitales, “aproximadamente un 51 por ciento principalmente en el sector de la música”.
Por su parte, Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel, A.C., aseguró que si ACTA es implementada el marco legal nacional estaría siendo superado, rebasado y en algunos puntos habría contradicciones.
Además, aclaró que en dicho documento la protección de los derechos de autor no está dirigida a las personas físicas, autores ni a creativos, sino que está encaminado a beneficiar a las federaciones y asociaciones que aglutinan a estas personas físicas.
Esto es muy grave y lo vemos como algo de muchísimo cuidado porque el artículo noveno de la Constitución establece la libertad de asociación y con este tratado estaríamos obligando a los creativos a pertenecer a las asociaciones y federaciones, acusó.
Estimó que la sociedad mexicana no está en condiciones de celebrar un tratado como éste, debido a que en un país en el que no existe agenda digital se tiene una brecha altísima y en el que apenas se introduce la cultura de utilización de tecnología; “para nosotros significaría desincentivar el uso de éstas”.
A su vez, Carmen Enedina Rodríguez, coordinadora general de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara, consideró que aprobar el acuerdo “es buscar delincuentes en el sitio equivocado” y al limitar Internet retrasaría la democracia anhelada para los futuros mexicanos.
Expresó: “Al igual que se ha descuidado la rehabilitación de drogadictos y la prevención en el consumo de drogas por perseguir a narcotraficantes, en esta materia se está descuidando la educación basada en los principios de respeto a lo ajeno y se está privilegiando la persecución”.
Para Juan Pablo Pampillo Baliño, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica en la Escuela Libre de Derecho, la suscripción de ACTA no es conveniente para el país y “no recomendaríamos al Senado de la República su aprobación”, porque las negociaciones se realizaron de manera confidencial y sin dar participación a los sectores involucrados.
Además, México ha celebrado tratados con países como Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Honduras que no forman parte de las naciones que suscriben el ACTA, por lo que nuestro país podría incurrir en una responsabilidad internacional si las disposiciones que contiene el convenio se contraponen a dichos tratados.
En su oportunidad, Mauricio Jalife Daher, del Instituto de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, afirmó que se tiene que aprovechar la oportunidad que ACTA brinda de manera coyuntural, a fin de que también se impulse una legislación actualizada en materia de piratería.
Sostuvo que no se aprecia una contradicción esencial entre tomar algunas medidas relacionadas a impedir descargas ilegales o de contenido, con la limitación de las libertades de los usuarios de Internet o la propia libertad de expresión.
“En un balance general con los niveles de piratería que México tiene, tendría que aceptar el ACTA”, enfatizó.
Más adelante, Martín Michaus Romero, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, aseguró que “tan es importante proteger el mundo digital en el país como las creaciones mexicanas que se desarrollen también en otras naciones”.
Dijo que de nada servirá tomar una posición de aislamiento en las “grandes ligas de la piratería mundial”, pues a diferencia de los tratados de libre comercio “este es un tratado de protección a la propiedad intelectual, no es una moneda de cambio como se hace en un TLC con la negociación de otras materias”.
En la reunión, también estuvieron presentes Jaime Campos Vázquez, de Asociación Protectora de Cine y Música, María Elena Meneses Rocha, del Instituto Tecnológico de Monterrey, José Merino, del ITAM, Jorge Fernando Negrete Pacheco, de Media TELECOM, Erick Huesca, de Society Internet México.
Asimismo, Emilio Saldaña Quiñones, de Alternativa Digital, Carmen Arteaga Alvarado, de la UNAM, Kiyoshi Tsuru, del ITAM, Ernesto Piedra Feria, de The Competitive Intelligence Unit. S.C. y León Felipe Sánchez Ambia, de Fulton & Fulton Consultores.
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