La Cámara de Senadores turnó a las comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo, el Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México, que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el reporte se indica que de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de víctimas y testigos, resultaron 11 mil 333 víctimas.
Además, advierte que de los 178 testimonios recabados, en el 8.9 por ciento de los casos, testigos y víctimas refieren la colusión de alguna autoridad en la comisión del delito de secuestro.
Entre las más frecuentemente aludidas --precisa-- se encuentran distintas corporaciones de policía municipal, personal del Instituto Nacional de Migración e instituciones de Seguridad Pública estatal, así como la Policía Federal.
Explica que de acuerdo a la nacionalidad de las víctimas y testigos que brindaron su testimonio a la CNDH, el 44.3 por ciento son hondureños, 16.2 por ciento salvadoreños, 11.2 por ciento guatemaltecos y 10.6 por ciento mexicanos.
Asimismo, cinco por ciento son cubanos, 4.4 por ciento nicaragüenses, 1.6 por ciento colombianos, 0.5 por ciento ecuatorianos, en tanto que en el resto de los casos no fue posible determinar la nacionalidad.
Subraya que del total de testimonios recabados, el 15.7 por ciento corresponde a experiencias narradas por mujeres migrantes.
Por lo que hace a las regiones en donde se presentaron secuestros de migrantes, menciona que el 67.4 por ciento sucedieron en el sureste, 29.2 por ciento en el norte y 2.2 por ciento en el centro del país, mientras que el en resto no se especifica la zona.
El texto resalta que los en estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas, se presentó el mayor número de secuestros.
Ante este panorama, la CNDH advierte que la situación actual del secuestro de migrantes en México refleja que hacen falta acciones de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir este delito a nivel federal, estatal y municipal.
De igual forma, recalcó que se carecen de mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, jurídica, personal, libertad, legalidad, integridad y trato digno.
También, opina que no existen criterios claros y homologados en la Procuraduría General de la República ni en las diversas procuradurías o fiscalías generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, para la sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas, respecto del secuestro de migrantes.
Lo anterior--dice-- pone de relieve la necesidad de activar un sistema único de información que integre, sistematice y analice los eventos de secuestro contra migrantes.
La falta de comunicación entre autoridades --advierte la Comisión-- puede derivar en la ausencia de seguimiento y los vacíos en procesos penales en perjuicio de las víctimas de estos ilícitos, situación que abona a la impunidad.
Por otra parte, manifiesta que el análisis de los secuestros denunciados en el fuero común, reportados al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los años 2009 y 2010, permite observar un aumento en las denuncias de este delito en un 4.6 por ciento.
De igual manera, enfatiza que la actuación del INM, en el apoyo a extranjeros víctimas de secuestro y en la denuncia de los ilícitos, queda en el ámbito de lo discrecional, puesto que en sus folletos informativos señala que: para lo cual el responsable de la estación migratoria brindará las facilidades que estime necesarias.
Con ello, explica, no queda claro si existe un procedimiento específico en que se establezcan las acciones que la autoridad debe seguir.
En materia de detección de migrantes víctimas de secuestro, dijo que si bien el INM informó del procedimiento que deberá seguir el personal del Instituto para la detección, identificación y atención de extranjeros víctimas del delito, no se advierten protocolos o mecanismos de detección específicos.
Sólo se limita a describir las acciones a tomar, una vez que se ha detectado a la víctima, destaca.
En el Informe se puntualiza que la atención al migrante víctima de secuestro es un reto del Estado mexicano, el cual deberá tomar medidas, a efecto de establecer la colaboración y coordinación interinstitucional para garantizar los derechos de las víctimas.
Asimismo, tendrá que involucrar a autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como cubrir las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, salud, educación y desarrollo social.
La migración en México no debe abordarse únicamente desde la perspectiva a la seguridad nacional, sino como un tema de desarrollo y goce de los derechos más esenciales de la persona, finaliza el documento.
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