El senador Óscar Román Rosas González presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, que se encargaría de regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional.
Ante el Pleno del Senado, el legislador priista advirtió que pese a que la falsificación de documentos se considera como un delito federal que contempla penas privativas de la libertad y fuertes sanciones económicas, aún no se ha logrado inhibir la comisión de estos ilícitos.
La alteración de certificados académicos y títulos de grado universitario, destacó, representa una de las preocupaciones más sentidas de los usuarios de servicios educativos y una exigencia social para que el gobierno implemente mayores medidas de seguridad en la expedición de las constancias de estudio.
Dijo que para atender esta problemática, la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos (RODAC), que actualmente se encarga de verificar la autenticidad de dichos documentos.
Sin embargo, afirmó, de acuerdo con la SEP, en la base de datos del RODAC existen 39 millones de registros, de los cuales 37.2 corresponden a la enseñanza básica, “por lo que existe un fuerte déficit en los registros de educación media, media superior y superior”.
“Si tomamos el segmento del registro de certificados de educación básica --argumentó-- tenemos un déficit de información de la población de entre 26 y 35 años del 40 por ciento, es decir, de 35 millones”.
En el rango de 20 a 25 años, agregó, el rezago es de 14.4 por ciento, lo que representa 12.5 millones de registros y en la población de entre 13 y 19 años disminuye al 6.3 por ciento, es decir, 5.6 millones de registros faltantes.
Ante ello, consideró, es necesario reformar la Ley General de Educación, a fin de crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica en sustitución del RODAC, como un organismo público desconcentrado de la SEP, con plena autonomía operativa, de gestión y gasto para la realización de sus funciones.
Su objetivo principal, precisó, sería regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional y en el extranjero, así como establecer un registro nacional académico con los documentos y trayectoria escolar de todos los mexicanos.
Dicho organismo, añadió, también expediría títulos y certificados para los ciudadanos que acrediten conocimientos terminales o parciales, se encargaría de validar grados y asignaturas y verificaría la autenticidad de documentos académicos.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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