El PRD remarcó que derivado de los recientes actos de violencia, las instituciones bancarias deben ser las encargadas de proveer la seguridad al interior de sus sucursales y la integridad de sus usuarios.
Al presentar una iniciativa con proyecto de decreto que plantea elevar a rango de Ley la Seguridad Bancaria, el senador perredista Benjamín Robles Montoya, precisó que el proyecto propone fortalecer las obligaciones de las instituciones de crédito relativas a garantizar la seguridad de sus sucursales, salvaguardando no solamente sus instalaciones sino la integridad de sus usuarios.
Al exponer los motivos de la presente iniciativa, Robles Montoya dijo que es claro que la seguridad corresponde a las propias instituciones de crédito, toda vez que desarrollan sus actividades en inmuebles privados.
Consecuentemente, señaló, siendo de su particular interés, corresponde a éstas el proveer de seguridad a sus clientes y empleados.
Expuso que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mes de septiembre los asaltos contra instituciones bancarias mostraron un incremento de un 20 por ciento, con un registro de 119 robos.
En tanto que de enero a septiembre del presente año, se denunciaron 806 robos a sucursales bancarias, casas de cambio y empresas de traslado de valores.
En este contexto, indicó que la Asociación de Bancos de México informó en días recientes que los asaltos bancarios en México se incrementaron durante 2013, frenando así la tendencia descendente observada desde 2005, con un incremento de 186 por ciento en comparación con ese año.
Ante estos hechos, subrayó que su iniciativa propone elevar a nivel de ley las premisas fundamentales en materia de seguridad bancaria, reformando el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Comentó que ésta disposición sólo menciona de forma general el establecimiento de medidas básicas de seguridad y la instalación de dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, sin señalar qué tipo de mecanismos y sin especificar sobre los dispositivos.
Por ello, indicó que el proyecto que presenta elimina la discrecionalidad en los tiempos que tiene la autoridad para verificar dichas sucursales, y propone que sea de manera programada y continua.
Detalló que la iniciativa también prevé la obligación de la autoridad de suspender las actividades de las sucursales bancarias que, al momento de la visita, incumplan con las disposiciones correspondientes. Lo anterior mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley de Instituciones de Crédito.
También, abundó, propone reformar el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativa a la adición del concepto de supervisión en materia de seguridad, que en la actualidad no está definido dentro de las facultades de la Comisión, y se señala que las supervisiones en materia de seguridad deberán llevarse a cabo por lo menos una vez al año y mediante personal debidamente capacitado.
El dictamen fue turnado a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Primera.
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