A fin de fortalecer el marco jurídico de nuestro país en materia de derechos de los niños y adolescentes, legisladores y especialistas se reunieron con el propósito de examinar la situación de la ratificación, por parte de México, del Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, el cual prevé permitir a los niños y sus representantes denunciar directamente ante el Comité de Derechos del Niño la violación de éstos por parte del Estado.
La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirmó que una de las mayores aportaciones de la Convención es el reconocimiento de la obligación del Estado de proporcionar una atención especial a las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a sus necesidades y características específicas.
En este sentido, apuntó a las medidas que desde entonces se han emprendido en el ámbito legislativo para dar efectividad a los derechos reconocidos por el documento, tales como la publicación en el año 2000 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, en 2011, las cuales elevaron a nivel constitucional el principio del interés superior de la niñez.
No obstante, reconoció que ese sector, que representa más del 35 por ciento de la población, continúa enfrentando diversos problemas que ponen en riesgo su adecuado desarrollo. De esta manera, llamó a redoblar los esfuerzos para fortalecer los mecanismos existentes y diseñar nuevas estrategias acordes al Tercer Protocolo a fin de que los niños y adolescentes puedan alzar la voz y “sean escuchados en la exigencia de que sus derechos sean garantizados”.
Asimismo, la senadora comunicó que actualmente en el Congreso de la Unión se diseña una nueva ley en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de la mano de especialistas, organismos internacionales y sociedad civil; la cual cobra urgencia dado que el próximo año México será sede del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el marco de la celebración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Wanderlino Nogueira, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que con el protocolo facultativo ese organismo tendrá la oportunidad de escuchar la voz y conocer la realidad de los niños sin la mediación del Estado.
Por otro lado, señaló que México tiene la necesidad de crear un marco de protección e impulso a los derechos de los niños y adolescentes, que vaya más allá de un sistema operacional y que consista en un sistema de articulación para promover “una inclusión más perfecta y eficiente de los vulnerables”.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el Senado ha solicitado al titular del Ejecutivo Federal enviar el protocolo en cuestión para su ratificación y para que, junto con los otros protocolos que ya forman parte de nuestro marco jurídico y los diversos ordenamientos internacionales que México ha suscrito, se constituya una doctrina de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Después de todo, dijo, México debe cumplir con su responsabilidad vinculante de hacer realidad cada uno de los preceptos de la Convención sobre los Derechos de los Niños; sobre todo considerando que alrededor del 53 por ciento de las personas menores de 18 años de edad sufren de algún tipo de discriminación que atenta contra sus garantías.
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, coincidió en que la legislación mexicana ha hecho un gran avance al reconocer el interés superior de la niñez como un principio rector que debe estar presente en todo ordenamiento y política pública. Sin embargo, enfatizó que es necesario que México dé un paso adelante y estudie y analice el protocolo facultativo relativo a las comunicaciones para robustecer su aparato legal en la materia.
Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, señaló que el protocolo es un gran avance en el marco internacional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ya que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a ese sector de la población mediante la promoción del interés superior del niño, la participación y la no discriminación.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, psicólogo Juan Martín Pérez García, afirmó que México necesita hacer cambios profundos en el sentido de revisar el sistema asistencial para avanzar a una lógica articulada que permita garantizar que este sector de la población conozca y disfrute sus derechos, y que además sean partícipes de este proceso.
Más aún, destacó que la ratificación del Tercer Protocolo sería un mensaje político muy importante sobre el compromiso de México para remontar el rezago que tiene la materia.
En la reunión también estuvieron presentes Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y la directora de gestión de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar.
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