BOLETÍN - 1005 Aprueba Senado convenio entre México y Kuwait.

Con el propósito de fomentar la inversión entre México y Kuwait, el Senado de la República avaló el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Kuwait el 27 de octubre de 2009.

Al aprobar el tratado, se limita el ejercicio de potestad tributaria de los estados contratantes, es decir, distribuye dicha potestad entre el país de la fuente y el de residencia con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos países.

Con la eliminación de esa carga, se fomentará la inversión kuwaití en México e impulsará a los mexicanos a invertir en Kuwait, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto de los inversionistas de otros países con los que Kuwait tiene celebrados acuerdos homólogos.

En el caso en que ambas naciones sometan a imposición a los ingresos, se podrá acreditar el impuesto pagado en el otro Estado, detallaron los senadores integrantes de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público.

Conviene destacar que ambos países acordaron incluir el impuesto empresarial a tasa única (IETU) como impuesto comprendido en el instrumento internacional, con el fin de otorgar mayor certeza jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión entre ambos países.

Además, con el objetivo de evitar la evasión fiscal se contempla la posibilidad de que las autoridades competentes de los contratantes intercambien información en materia fiscal y con esto logren determinar los impuestos a cargo de los contribuyentes.

Cabe señalar que el convenio robustece la red de acuerdos fiscales que ha celebrado México, con el objetivo de eliminar la doble tributación, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

El Tratado Internacional fue aprobado con 67 votos a favor y fue enviado al Ejecutivo.

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BOLETÍN - 1004 Senado aprueba derogación del RENAUT y fortalece marco legal contra la delincuencia.

El Senado de la República aprobó la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones informar sobre el uso de los datos del RENAUT.

El reporte también deberá incluir las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Con estos cambios el Senado refuerza el marco legal para que el Estado investigue con mayor eficacia y en tiempo real los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión, amenazas.

Las reformas permiten a la PGR o servidores públicos responsables, solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionaros o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos móviles de comunicación asociados a una línea que se encuentren relacionados con la investigación.

Se deja en claro que los concesionarios  o permisionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos involucrados en un delito.

De no atenderse la solicitud, se castigará con una pena de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días de salario mínimo como multa.

En tanto, los centros penitenciarios tendrán la obligación de contar con equipos que bloqueen o anulen las señales de telefonía móvil, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro garantizando la continuidad y seguridad de los servicios al exterior.

El dictamen fue modificado durante la sesión ordinaria a petición del senador priista Rogelio Rueda Sánchez, para que en la Ley Federal de Telecomunicaciones se incluya la definición del término localización geográfica en tiempo real de teléfonos, y eliminar la coordinación entre concesionarios para garantizarla.  

Al hacer uso de la tribuna, el senador panista Alejandro González Alcocer, indicó que las reformas tienen su origen en la sociedad y constituyen un instrumento para combatir a la delincuencia organizada.

Manifestó que ayudará más de lo que lo ha hecho el RENAUT porque cuida los aspectos de geolocalización de los teléfonos, cancelación de líneas y registros y bloqueo de uso de estos aparatos en penales.

Los beneficios que obtendrá la ciudadanía --dijo-- no sólo serán en materia de seguridad sino que al mejorar y promover la geolocalización permitirá acceder a tecnología de punta de la cual actualmente se carece.

Por su parte, el senador perredista Tomás Torres Mercado dijo que los cambios no violan los derechos de los ciudadanos presos en centros penitenciarios a comunicarse, ya que éste está avalado por la comunicación que pueden sostener en telefonía móvil.

Mencionó que si actualmente los ciudadanos no pueden ejercer su voz directamente en los congresos es responsabilidad de los legisladores convertirse en conductos para la presentación de esta demanda ciudadana.

Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila, señaló que México se encuentra sumido en una dinámica de reproducción de delitos telefónicos.

Hizo énfasis en que se debe proteger mejor la confidencialidad de los datos personales de los usuarios para que no haya fallas y pérdidas de bases de datos como sucedió con el RENAUT.

El dictamen que reforma los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; a las leyes Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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BOLETÍN - 1003 Avala Senado crear registro nacional de personas desaparecidas.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el dictamen que expide la ley para crear el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Con ello se establece una base de datos que podrá ser consultada por las autoridades, facilitará la búsqueda de personas desaparecidas y dará seguimiento a los casos denunciados.

El Registro será un instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública que organizará y concentrará la información sobre personas desaparecidas en todo el país, así como de aquellos que se encuentren en algún establecimiento de atención, resguardo, detención o internación.

Con dicho ordenamiento toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia por su desaparición, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional con el nombre completo, edad, domicilio, procedencia y señas particulares de la persona.

Además, de su fotografía, fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado, los datos de la autoridad administrativa o judicial que comunique la denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso.

Se advierte que hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación, relacionados con el registro será sancionado con una multa de dos mil a cuatro mil salarios mínimos.

Además, se castigará con una multa de 10 mil  a 15 mil  salarios mínimos a quien alterare, omita, simule o permita registros o avisos en forma ilícita, reporte datos falsos o facilite información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceda sin autorización a la información del Registro o no denuncie alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo.

En el dictamen los senadores expusieron que el secuestro representa una constante noticia en la vida diaria del país, por estar directamente relacionado con la comisión de delitos como la trata de personas,  pornografía, tráfico de órganos, adopción ilegal, explotación laboral infantil, abuso sexual, entre otros.

En la discusión del tema, el senador priista Adolfo Toledo Infanzón manifestó que estos delitos son problemas de seguridad pública que afectan gravemente la unidad familiar y “por desgracia se han incrementado en los últimos años”.

Por ello --consideró-- “es prioritario atender esta problemática con medidas legislativas y administrativas, pues hasta hora las políticas diseñadas han demostrado que no son acordes con la realidad, ya que se ha visto que aumentar el número de policías, penas y contratar asesores externos no contribuye a disminuir el problema de la inseguridad”.

En este escenario, agregó, es indispensable aprobar la Ley del Registro Nacional de Datos para Personas Extraviadas o Desaparecidas, para apoyar en las investigaciones de búsqueda, localización y ubicación, en coordinación con los estados para el suministro, intercambio y sistematización de la información.

En tanto, el senador del PRD, René Arce, destacó que durante los últimos  cinco años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes  y de ocho mil 898 personas fallecidas que no han sido identificadas por las autoridades correspondientes.

Según datos de las procuradurías estatales, añadió, los estados donde más desapariciones ocurren son Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, todos ellos con altos índices de violencia generada por el narcotráfico.

El legislador destacó que la CNDH también informó que 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados por organizaciones criminales y 12 periodistas han desaparecido desde el año 2000; en tanto, la ONU reveló que desde 2006 han desaparecido alrededor de 3 mil personas en México.

La impunidad, enfatizó, es el común denominador en estos casos.

El dictamen se aprobó con 80 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.

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BOLETÍN - 1002 Propone PRI que SAGARPA intervenga en rastros municipales.

El senador priista Heladio Ramírez López, sugirió que la SAGARPA, también autorice y vigile la instalación y funcionamiento de establecimientos dedicados al sacrificio de animales, su procesamiento para consumo humano y no sólo los de Tipo Inspección Federal (TIF).

Para ello, --explicó-- se deberá establecer una coordinación entre la Secretarías de Salud y Agricultura, para que ésta promueva gradualmente que los “rastros” establecidos en México obtengan en todos los casos el mismo nivel.

Es decir, que se equiparen a los de TIF, sin menoscabo de las atribuciones de la Secretaría de Salud.

En el contenido de la iniciativa que presentó Ramírez López a nombre propio y de senadores del PRI, PRD y PAN, se detalla que la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud se encargará del control y vigilancia sanitaria de los alimentos.

Por lo tanto, esta Secretaría es la que ejerce las atribuciones de control sanitario a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Sin embargo, en la propuesta se recalca que la COFEPRIS realiza una vigilancia sanitaria insuficiente de los rastros municipales y lo grave es que, en esas condiciones, es prácticamente inexistente la detección oportuna de enfermedades que representan un riesgo para la sanidad animal y la población pecuaria.

En tribuna, el senador de Oaxaca precisó que los animales vivos no son alimentos hasta su transformación en carne y derivados, y por ello, en el caso de los rastros municipales, la Secretaría de Salud deberá coordinarse con la SAGARPA, tal como lo hace con las plantas TIF, y no a la inversa como ocurre actualmente, en que la inspección veterinaria ante-mortem es prácticamente inexistente.

Explicó que el sistema TIF es el reconocido por las autoridades sanitarias de los países a los que México exporta carne y derivados, pero no en la parte nacional, por lo que se debe procurar que la misma calidad sanitaria que se exporta, sea la que prevalezca para el consumo interno.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, se turnó a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Segunda.

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BOLETÍN - 1001 Regula Senado servicio de alarmas y monitoreo electrónico.

El Senado de la República aprobó con 87 votos la minuta para regular el funcionamiento de empresas que ofrecen servicios de alarmas y monitoreo electrónico en vehículos, casas, oficinas, empresas y “en todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar”.

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada, será competencia de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, autorizar este tipo de servicios.

También tendrá la facultad de recibir y administrar las señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas y dar aviso de las mismas en forma inmediata, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios.

Dicha autorización sólo se otorgará como operador del servicio de alarma y monitoreo electrónico, por lo que el prestador no cumplirá “funciones de empresa de seguros de bienes, en ninguno de sus tipos”.

Con los cambios, los prestadores de dichos servicios estarán obligados a evitar la utilización de medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daño o perjuicios a terceros o poner en peligro a la sociedad.

Entre otros requisitos, la central de monitoreo deberá contar con un inmueble dedicado exclusivamente a la supervisión, control y administración de las señales, el cual “no será lugar de paso a sectores asignados a otras actividades”.

Además, tendrá que cumplir con los reglamentos y normas de seguridad emitidas para la seguridad y sanidad.

En caso de que un prestador subcontrate el servicio de monitoreo, se precisa en el dictamen, la responsabilidad recaerá sobre el prestador que contrató el prestatario.

Asimismo, las empresas también deberán actualizar las fotografías de la fachada del domicilio de casa matriz y de sus sucursales, cuando sean modificadas, a fin de obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.

Por la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe González González resaltó que “a causa de la inseguridad, estos servicios han tenido un crecimiento exponencial y en algunas ocasiones las empresas no están preparadas para proporcionar los servicios a más clientes”.

Los prestadores han quedado rebasados, asentó el legislador de Acción Nacional,  y no proporcionan la vigilancia correcta, “por lo que ponen en riesgo a los ciudadanos que confían en que sus propiedades están siendo vigiladas y no es cierto”.

Por ello, subrayó, la reforma está enfocada a la protección de todos aquellos usuarios que se ven en la necesidad de obtener los servicios de alarmas y monitoreo electrónico.

En tanto, el senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que la proliferación de empresas dedicadas a la seguridad privada se debe “a la incapacidad del Estado para prestar el servicio de seguridad pública y ya tenemos miles de personas incorporadas a éstas”.

Afirmó que estas empresas son uno de los embriones de los escuadrones de la muerte que han generado exterminio de grupos y personas en las entidades federativas.

“Me temo que mucha de la delincuencia organizada se nutre de estas corporaciones privadas y tramitan licencias colectivas para el uso de armas; es un problema muy delicado, por lo que es necesario regularlas”, asentó.

El dictamen se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

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BOLETÍN - 1000 Propone PAN elevar a rango constitucional la libertad religiosa.

El senador Santiago Creel Miranda propuso reformar el Artículo 24 de la Constitución para “incluir de manera plena” el principio de libertad religiosa y fortalecer el sentido laico del Estado mexicano.

Argumentó que la reforma en materia de derechos humanos, aprobada el pasado 17 de marzo, reconoce los derechos para profesar creencias religiosas y realizar actos de culto.

De acuerdo con estos cambios constitucionales, subrayó,  “incluso el derecho de la libertad de creencias nunca podrá ser suspendido por el Estado, bajo ninguna circunstancia”.

Con ello, dijo, se reconoce que existen derechos anteriores al Estado, que son los derechos humanos de las personas que éste no puede otorgar, pero sí reconocer, proteger y garantizar.

“Siendo la libertad religiosa la esencia y fundamento de los derechos de libertad de creencias y de cultos y la Constitución fundamento del orden jurídico nacional, en consecuencia lógica, este derecho debería estar contenido directamente en la Carta Magna para armonizarla con los tratados internacionales”, expresó.

La propuesta plantea que toda persona tenga derecho a la libertad de conciencia y de religión, que incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como de manifestarlas, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas de difusión y la enseñanza.

Con esta medida, enfatizó Creel Miranda, se protege la libertad de conciencia, de difusión de credos, el derecho a la formación y asociación religiosa de los miembros de una Iglesia, a la educación religiosa, “que consiste en la facultad y en la libertad de los padres para educar a los hijos conforme a sus convicciones religiosas”.

El legislador de Acción Nacional dejó en claro que “dado que la Constitución manifiesta la voluntad política del pueblo mexicano, también se hace necesario que el derecho a la libertad religiosa esté contenido en la norma fundante, puesto que fortalece el sentido laico del Estado”.

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BOLETÍN - 999 Solicitan a senadores aprobar acuerdo comercial con Perú.

Organizaciones de la industria de la transformación de aguacate, lácteos, trigo, conserva de alimentos, transporte y perfumería, así como la Secretaría de Economía, solicitaron al Senado ratificar el Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú.

Las asociaciones de productores fueron recibidas por senadores de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Ganadería y Agricultura, a quienes plantearon sus puntos de vista sobre el convenio.

Al inicio de las intervenciones, el senador Eloy Cantú Segovia, del PRI, expresó que “hay que darle un voto de confianza a las autoridades”, para que lleguen a un acuerdo con los representantes del sector agropecuario que han expresado preocupaciones por “los productos sensibles” que se están negociando.

El planteamiento general del proceso legislativo, enfatizó el legislador priista, es logar el equilibrio entre los dos países y los segmentos productivos que contempla el tratado comercial, “pues no podemos buscar beneficios para un sector en detrimento de otro”.

En tanto, el senador Alfonso Elías Serrano señaló que en Perú también existen problemas fitosanitarios, por hay enfermedades que no tenemos en México y por estas razones se pueden afectar los acuerdos con otros países.

Por su parte, Alberto Cárdenas Jiménez, senador de Acción Nacional, se pronunció a favor del convenio y solicitó a la Secretaría de Economía integrar más a los sistemas producto para que los pequeños productores lleguen a países con los que México ya tiene las puertas abiertas.

A su vez, los senadores Jesús Garibay García y Antonio Mejía Haro manifestaron que la fracción parlamentaria del PRD no se opone a la suscripción del tratado, pero “estamos buscando una solución para no atropellar a nadie”.

Mejía Haro recordó que hay algunos productores agropecuarios han manifestado su preocupación porque “salen perdiendo”, por lo que hay que revisar el documento detalladamente.

A su vez, Beatriz Leycegui Gardoqui, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía, afirmó que en las negociaciones “buscamos cuidar los intereses del país y pusimos especial atención en no poner en riesgo a ningún sector, ni desde el punto de vista económico ni fitosanitario”.

Dijo que se logró desgravar el 80 productos en el momento que entre en vigor el convenio y “pudimos obtener que en un plazo de 10 años la totalidad de los productos queden sin ningún obstáculo arancelario para entrar a Perú”.

Por su parte, Miguel Ángel Toro Hernández, vicepresidente de la Comercio Exterior de la CANACINTRA, aseguró que el acuerdo es ideal para propiciar el acceso al mercado de la nación sudamericana, que actualmente está limitado.

“Perú nos interesa porque es una economía que “está creciendo por encima del ocho por ciento y México no se ha podido beneficiar de este auge económico en la relación industrial, porque se ha atorado la negociación desde hace cinco años”, asentó.

Destacó que en aquella nación empresas mexicana han realizado inversiones en su mercado por alrededor de 11 mil millones de dólares, “y naturalmente queremos darle mayor certidumbre jurídica a esos recursos”.

Los presidentes de la Asociación de Industrializadores de Aguacate de México y de la Industria Molinera de Trigo, Jaime Sebastián y José Luis Fuente Pochat, advirtieron que estos sectores necesitan un mercado para poder expandirse.

Jaime Sebastián dijo que “tenemos una industria en franco crecimiento, pero si no le damos un respira, quién sabe si en futura se mude a otro país”.

En tanto, Fuente Pochat expresó: “Nos preocupa crecer, buscamos esos mercados de exportación, por lo que le pedimos al Senado que ratifique este acuerdo, pues hemos cuidado cada uno de los temas que están en la discusión.

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BOLETÍN - 997 Avala Senado mejoras para discapacitados mentales.

El Senado aprobó un dictamen que modifica la Ley General de Salud en materia de atención a personas con trastornos mentales.

La Cámara de senadores aprobó con 73 votos a favor un dictamen que modifica la Ley General de Salud en materia de atención a personas con trastornos mentales.

Para garantizar estas modificaciones, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades, serán responsables de difundir el conocimiento y prevención de los desórdenes mentales y de comportamiento.

Asimismo, deberán atender, evaluar y dar tratamientos integrales y de rehabilitación psiquiátrica a todo aquel individuo que sufra enfermedades crónicas y deficiencias mentales además de alcohólicos y personas que usen estupefacientes.

Los senadores explicaron que en este sentido existen, a nivel internacional, tratados que buscan hacer efectivos los derechos humanos económicos y sociales de todo aquel con una discapacidad.

Resaltaron que estas personas merecen el más alto nivel de salud, sin discriminación, así como gozar de la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos a los que acceden otras.

Advirtieron que los internamientos involuntarios estarán limitados al diagnóstico de un médico calificado y, de presentarse, sólo pueden tener sentido si la libertad de la persona representa un riesgo para sí mismo o para terceros.

Las comisiones dictaminadoras consideraron importante la existencia de derechos en este tema en particular ya que es de impacto social y trascendental para su convivencia armónica.

Previo a la aprobación de este dictamen el senador panista Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud, indicó que esta reforma es una actualización necesaria de la legislación de materia sanitaria.

Dijo que es indispensable proteger los derechos de todas las personas pero en especial los de los pacientes con trastornos mentales para que puedan recibir tratamientos de la mejor calidad.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal.

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BOLETÍN - 996 Elige Senado a Diana Bernal como Procuradora de Defensa del Contribuyente.

El Senado eligió a Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

La Cámara de Senadores eligió con 82 votos a Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cargo para el cual rindió propuesta este jueves.

Bernal Ladrón de Guevara es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con especializaciones en amparo y derecho tributario.

Entre sus principales cargos están el haber sido delegada de Iztapalapa, diputada federal en la LIX legislatura y magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal.

El pasado 25 de abril Bernal Ladrón de Guevara se reunió con senadores de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, ante quienes presentó su plan de trabajo

Señalo que la principal función del organismo será garantizar el derecho de los contribuyentes e impartir justicia en materia fiscal.

Mencionó que es una necesidad identificar oportunamente los problemas sistémicos de los contribuyentes y así  mejorar la relación jurídico-tributaria con la administración.

Previo a la votación se aprobó el dictamen mediante el cual se indica que tanto Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara y los otros dos candidatos, José Miguel Domínguez Camacho y Gabriela Ríos Granados de Guevara cubrían los requisitos de elegibilidad para el cargo.

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