La senadora Ruth Alejandra López Hernández propuso reformar el Código Penal Federal para aplicar de cuatro a 10 años de prisión a quien filtre imágenes, audios o documentos relacionados con los hallazgos de un hecho delictivo, así como a quien las difunda, publique o comercialice.
La senadora Martha María Rodríguez Domínguez propuso reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de terminar con sanciones excesivas y aminorar la temporalidad de los deudores en el buró de crédito.
El robo de electricidad daña las finanzas públicas, la productividad de la CFE y la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, pero también vulnera el acceso a la energía para toda la población, advirtió el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.
Debido a que el amaranto es un alimento con propiedades nutricionales, benéficas para la salud de la población, la senadora Susana Harp Iturribarría propuso reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para considerar a este producto como básico y estratégico.
A fin de crear una tarifa eléctrica acorde a la capacidad de pago, consumo y calidad del servicio que reciben las familias mexicanas, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso presentó una iniciativa.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, hizo un llamado a la Fiscalía de Delitos Electorales y a las fiscalías de las entidades federativas para que brinden protección a todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso sancionar la publicidad de los denominados productos milagro, pues no son medicamentos y tampoco cuentan con el respaldo científico que garantice su efectividad, por lo que podrían causar efectos mortales para quienes los consumen.
Con el objetivo de proteger la unidad familiar de las personas refugiadas, el senador Roberto Juan Moya Clemente propuso adicionar el artículo 54 bis de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
La senadora Verónica Martínez García, del PRI, presentó una iniciativa para incorporar a la violencia autoinfligida en la Ley General de Salud, como uno de los padecimientos que deben ser considerados de salubridad general.
La senadora Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para que la última semana de febrero de cada año sea declarada como la “Semana Nacional de Concientización y Prevención de la Covid-19”.
