COMUNICADO-1021
- Busca evitar discrecionalidad y corrupción por falta de controles de legalidad en las contrataciones de Pemex y CFE
- Establece recurso de impugnación de contrataciones cuya resolución sería de 70 días
En el marco de la discusión de la legislación secundaria en materia energética, la senadora del PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
“La agenda de combate a la corrupción debe ser tan prioritaria como las otras grandes reformas porque conlleva el marco de control para que éstas cumplan sus objetivos,” afirmó la senadora. Advirtió que el paquete de iniciativas secundarias remitido por el titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República no incluye normas que regulen este ámbito.
Señaló que de acuerdo con la empresa PricewaterhouseCoopers, el 47 por ciento de las empresas globales consideran a la corrupción como el mayor riesgo para hacer negocios en México; más aún, 25 por ciento reportó que en 2013 le fue solicitado algún tipo de dádiva y 33 por ciento indicó haber perdido un negocio a causa de sobornos por parte de sus competidores.
El proyecto de ley propone incluir en el catálogo de sujetos cuya actuación se regula por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a las empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
Busca dejar claros los mecanismos de impugnación de contrataciones que tendrán a su alcance los licitantes, al establecer la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver en esta materia. Asimismo, especifica que dicha acción se realizará mediante un juicio de lo contencioso administrativo por vía sumaria, a fin de reducir el tiempo de resolución de un año (por la vía ordinaria) a 70 días.
La iniciativa se turnó a las Comisiones de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.
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