Versión Estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, muy buenos días.
Quiero hablarles acerca de una iniciativa de ley que presenté en 2015 y de la cual presento una excitativa para que se pueda dictaminar a la brevedad por las comisiones correspondientes.
En menos de un mes, diversos fenómenos naturales, principalmente dos fuertes sismos ocasionaron la pérdida de cientos de vida y la afectación de infraestructura. Desde casas y departamentos, hasta caminos y puentes que comunican a nuestras comunidades, colonias, barrios, pueblos.
Nuestro trabajo como legisladores nos obliga a no demorar más tiempo aquellas decisiones que pueden contribuir a que todos vivamos en un entorno mucho más seguro y de respeto por la ley.
México ha avanzado en la planeación ordenada, sustentable de nuestras ciudades. En los últimos años, México ha tenido avances muy importantes: en 2012 se crea la SEDATU como cabeza de sector para el tema de ordenación de los asentamientos humanos.
La Ley General de Asentamientos Humanos, que fue creada en 1976, que fue reformada de manera muy importante en 1993; tuvo el año pasado una serie de modificaciones que se hicieron y de las que fui parte, en un entorno de pluralidad, de estrecho contacto con especialistas, académicos y fue aprobada la reforma urbana en 2016; en estrecha coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el senador Francisco Búrquez; de los integrantes del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, que en ese momento estuve presidiendo.
Y puso a México, esta reforma en materia de asentamientos humanos, a la vanguardia en la agenda urbana mundial, que fija la ONU; pues en esta ley determinamos provisiones, reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios que regula la propiedad en los centros de población.
En el artículo IV, por ejemplo, de esta norma, establecimos el derecho a la ciudad. El garantizar a todos los habitantes un asentamiento humano o centros de población donde hubiera acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento, servicios básicos a partir de los derechos que ya reconoce nuestra Constitución.
Es de mencionar con especial interés la fracción VIII, que habla sobre la resiliencia, la seguridad urbana y los riesgos en los asentamientos humanos. Lo que buscamos en ese momento fue, y hoy está en la norma, fue aprobada por unanimidad y está promulgada la reforma urbana, propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, de mitigación, de atención, de adaptación y resiliencia, que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo.
Sin embargo, es urgente –si me permiten la expresión– ponerle dientes a una planeación ordenada y sustentable de los asentamientos humanos; pues es, sin lugar a dudas y con mucho dolor lo hemos visto en los últimos días, un asunto de vida o muerte.
Tenemos hoy los legisladores en nuestras manos, la enorme responsabilidad de que sea la ley la que inhiba malas prácticas en materia de construcción y de regularización de los asentamientos humanos.
Se han evidenciado con estos fenómenos naturales, todo tipo de irregularidades en las edificaciones nuevas que se colapsaron, que no cumplían presumiblemente, con las disposiciones en la materia que se implementaron después de los sismos de 1985, particularmente en la capital del país.
Para tener como botón de muestra, tan sólo en la Ciudad de México, se han registrado más de 3 mil edificios severamente dañados, y se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción y tres más fueron remodelados, presumiblemente sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos en una zona lacustre, de alta sismicidad, como lo es la Ciudad de México.
Las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron o fueron afectados por el sismo de la semana pasada, tendrán que asumir las consecuencias porque es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente.
Pero la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿por qué ir a reparar los daños? ¿Por qué tener que ir a ver cuando hay vidas perdidas, si podemos actuar de manera preventiva y podemos lograr que nuestra legislación sea más eficiente?
Para evitar usos irregulares que cobran vidas, tenemos que partir de regulaciones estrictas. Históricamente sabemos que la Ciudad de México y las entidades mayormente afectadas por el sismo de este 19 de septiembre, están en zonas lacustres, que ha sido referido por expertos geólogos, zonas altamente vulnerables a la propagación de ondas sísmicas.
Por cierto, que hoy hasta las 8 de la mañana, teníamos el reporte de 39 réplicas del sismo del 19 de septiembre. Estamos hablando de un tema que no es menor en nuestro país, y particularmente en el centro.
Necesitamos, pues, erradicar la omisión y la corrupción en cada uno de los ámbitos de gobierno, pero también en lo que toca a las personas, porque a veces nos referimos a las instituciones en lo general y necesitamos entender que es un servidor público el que otorga un permiso, un servidor público el que no cumple con las revisiones correspondientes o que es también algún particular el que no respeta las normas de construcción.
Tuve la oportunidad, ustedes lo saben, hace algunos años de ser alcaldesa en Metepec, y estoy consciente de la enorme responsabilidad que se tiene en las autoridades locales, para dar certeza a que estos inmuebles sean construidos en espacios propicios, dependiendo del uso de suelo autorizado, que sean seguros para ser habitados, que vayan a velar por el interés común y no por el interés de unos cuantos.
En muchas entidades federativas los planes municipales de desarrollo urbano se cambian por un acuerdo de cabildo, y tenemos que garantizar que esto ocurra, en función el interés de la mayoría y no de intereses particulares.
El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, hace referencia que, a pesar de que la Ley General de Protección Civil contempla como delito grave la construcción en zonas de riesgo, hay que decir que este hecho no es sancionado en la legislación penal federal, lo que lo convierte en un precepto prácticamente inaplicable.
En este sentido, la iniciativa que propuse, insisto, en 2015, tiene la intención de ser aplicable, como un precepto punitivo, el texto del artículo 84 y 86 de la Ley General de Protección Civil.
El artículo 84, establece que se considera como delito grave la construcción, edificación y realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales, el nacional, y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente, valga la redundancia.
El artículo 86, señala que en el Atlas Nacional de Riesgos, en los respectivos atlas estatales y municipales de riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y de riesgo para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas.
Estos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o de asentamientos humanos.
La Ley General de Protección Civil, en vinculación con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación Territorial y Desarrollo Urbano, ya establecen y reconocen la importancia que tiene cumplir con los usos de suelo autorizados, reducir los asentamientos irregulares y cumplir con la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida, a partir de construcciones seguras y habitables.
Sin embargo, y ese es el motivo de la iniciativa que presenté en 2015 y de la que hoy hago una excitativa a las comisiones correspondientes, queda pendiente hacer exigible y sancionar a los funcionarios pero también a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia.
En el Poder Legislativo, requerimos actuar con firmeza. Requerimos que la ley castigue la corrupción, pero también castigue la omisión. Acabar con el lastre de impunidad en esta materia, que ha cobrado cientos de vidas.
Desde el año 2015, la iniciativa que presenté para incluir en el Código Penal Federal delitos relacionados con la gestión de riesgos, precisa, propone imponer penas de dos a 10 años de prisión, y desde 300 a tres mil días de multa a quien realice construcciones sin la autorización debida, así como a los funcionarios que serían inhabilitados si autorizan construcciones de forma irregular.
Tenemos que asumir nuestra responsabilidad para revertir desde un marco legal firme y ejemplar los efectos nocivos que han traído como consecuencia que hoy sólo existan sanciones administrativas en la materia.
Estoy convencida de que la omisión y la corrupción pueden cobrar más vidas que cualquier fenómeno natural, impulsar leyes firmes y aplicables puede y debe prevenirlo.
Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta sobre el tema.
REPORTERA: Hola senadora, muy buenas tardes.
Hace 32 años, cuando el sismo de 1985 tiró la mitad de esta ciudad, hubo un reclamo directo hacia el PRI, porque el PRI dominaba todo el gobierno desde las delegaciones, el gobierno central y el gobierno federal, por contubernios, corrupción, omisiones, que llevaron a esa tragedia.
Ahora, en 2017 tenemos tres niveles de gobierno con diferentes partidos que los encabezan: el PRI en el federal, el PRD en el capitalino y Morena en algunas delegaciones de las más fuertemente golpeadas.
Me gustaría preguntarle, senadora, si esta tragedia actual demuestra que la corrupción, las omisiones de los funcionarios públicos no tienen etiquetas partidistas y que son una condición del juego mismo de hacer gobierno y de esta falta de ética que puedan tener. Esto, por un lado.
Por el otro, senadora, le quiero preguntar ¿qué posibilidades reales existen de que este tema? Que está atorado desde hace muchísimo tiempo, a veces porque el PAN le pone algunas cosas, a veces porque el PRI, a veces por el PRD, pero que es un tema que ya desde hace mucho tiempo estaba a punto de salir y que no ha podido salir, ¿qué posibilidades reales existen ante esta división interna que existe en varios grupos parlamentarios?
¿En verdad se puede, senadora, construir consensos, por ejemplo, con un PAN que son dos PAN, con una izquierda que está en dos frentes muy fuertes? ¿Qué futuro realmente tiene?
Y, tres, senadora, un tema un poco diferente. Me gustaría que me comentara, en esta dinámica de la glosa del Informe del Gobierno Federal, ¿cómo fue la construcción de este acuerdo para que todos los secretarios vayan a Pleno y no sea esta vez algunos al Pleno y otros a comisiones?
¿Por qué esta vez? Y se lo pregunto porque hace unas semanas el PAN decía que no iba a permitir que el Pleno se convirtiera en una pasarela de los candidatos priístas a la Presidencia de la República. ¿Qué les hizo cambiar, cómo estuvo ese acuerdo?
Gracias senadora.
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Con gusto.
Me parece que acabar con la impunidad, acabar con la corrupción no tiene y no debiera tener signos políticos. Es un tema que hoy está cobrando vidas tristemente, es muy doloroso ver cómo muere gente, uno, son muchos, no podemos seguirlo permitiendo.
Yo hago votos y creo que, así como logramos ponernos de acuerdo para sacar la reforma urbana, ser innovadores, necesitamos ponerle dientes, para acabar con la omisión, que a veces es igual de lamentable que la corrupción.
Y por eso, es una iniciativa que no va dirigida solamente a autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, va también hacia los particulares.
Hay este viejo adagio popular que dice que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”. Yo creo que esta es una iniciativa que no tiene colores y en la que hoy apelo a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros, que sé que la existe, para que podamos dictaminar a la brevedad esta iniciativa y podamos tener, como ciudadanos, todos, porque nadie nos escapamos, los cargos son absolutamente temporales, para tener garantías de vivir en ciudades mucho más seguras.
En el tema de lo que compete a la glosa, les quiero decir que fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hubo interés de todos los grupos parlamentarios para que algunos secretarios participaran en el Pleno.
En unos minutos más estamos ya firmando formalmente el acuerdo que ya tomamos. Puedo decirles que ya tenemos fechas para que nos acompañen quienes son responsables de los rubros de política económica, política exterior, que es el caso del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Secretario de Relaciones Exteriores y que el acuerdo establece que independientemente de que al Pleno vendrán quienes sean responsables de los rubros de política interior, política económica, política social y política exterior, independiente de ello hay facultad de las comisiones para citar en comisiones, una o varias en conjunto, a diferentes funcionarios de la Administración Pública Federal.
REPORTERA: ¿Y cuándo van a venir los secretarios?
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Hasta ahora tenemos ya fecha para que venga el Secretario de Hacienda, el próximo martes 3 de octubre, y el Secretario de Relaciones Exteriores, el martes 10 de octubre.
Debo decir, también, porque es público, y ustedes ya lo conocen, fue parte de la discusión en la Junta de Coordinación Política, y coincidimos también todos en señalar, que ante la contingencia que existe y que hoy tiene a muchos secretarios del Gabinete Federal atendiendo la emergencia, que se trata de vidas, estaremos formalizando, en un siguiente acuerdo, las fechas para que puedan venir el resto de los secretarios.
REPORTERO: Senadora, muchas gracias.
Quisiera preguntarle en relación al Reglamento de Construcción.
Hay quienes dicen que es muy bueno y que no hay que hacerle modificaciones.
Escuchamos a legisladores y senadores, hace unos días, que dijeron que sí es necesario revisar el Reglamento de Construcción, y hay que hacerle modificaciones.
Quisiera preguntarle su opinión al respecto.
Y, en relación a la excitativa que usted está haciendo, ¿qué hacer para que salga esto, que no sigan, si hay acuerdos para que salga esta Ley que propuso ya, y que ahora está proponiendo que salga, y evitar situaciones como las que se están presentando ahorita.
Y otra cuestión, un poco paralela, en relación al problema que se está viviendo:
Las personas que están en los albergues están padeciendo unas circunstancias muy difíciles: las lluvias las están afectando, no tienen comida. En fin, están pasando situaciones muy difíciles.
Habría la posibilidad de que se hiciera una petición para que les dieran no nada más un albergue, sino que estuvieran alojados en un hotel, o sea, que hubiera los recursos para que los alojaran provisionalmente y que no estén padeciendo estas circunstancias tan difíciles, que, bueno, pues en algunos casos están peor que animales.
Esa es la pregunta.
Gracias.
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: A ver, en cuanto a esta excitativa:
Yo, insisto, apelo a la sensibilidad, a la responsabilidad que tienen mis compañeros legisladores, vamos a ver qué curso tiene ahorita en el Pleno.
Les puedo adelantar que esta mañana me dio mucho gusto, el senador Francisco Búrquez, del Grupo Parlamentario del PAN, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, me externó que se estaría sumando a esta excitativa, cosa que agradezco y valoro, y creo que agradeceremos todos como ciudadanos.
En el tema de los reglamentos: A mí me parece que tener responsabilidades penales en la materia, va a ser un impulso para que los ejecutivos de los diferentes Órdenes de Gobierno, revisen puntualmente los reglamentos y puedan ser reglamentos responsables y viables de ser cumplidos.
Y en relación al tema de los albergues: Bueno, pues es un tema que de verdad nos ocupa a todos, yo creo que ahí hay muchísimo qué hacer, y en el caso del Senado ya saben las medidas que tomamos, y muchos de nosotros, como senadores en lo particular, pues hemos estado acudiendo a nuestros estados de manera directa, personalmente, para atender esta emergencia.
REPORTERO: Pero cómo ve la posibilidad que se les pudiera dar un cuarto de hotel, un alojamiento que sea digno, por lo pronto, porque están padeciendo las circunstancias difíciles diario, hora con hoy, y no es posible que estén en esas circunstancias.
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Coincido contigo. Te pongo el ejemplo. Por ejemplo:
En la zona sur de mi Estado, concretamente en Ixtapan de la Sal, que es un municipio turístico, ya los empresarios están ofreciendo desde descuentos, hasta alojamiento gratuito temporal en los propios hoteles.
Yo creo que es un tema que también llama esta emergencia a la solidaridad de autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, desde luego de los diferentes Poderes, y de la sociedad en general.
REPORTERA: Nada más preguntarle, senadora:
Su Partido, y el Partido Verde, ya regresaron este cheque del último trimestre de los recursos públicos, asignados a los partidos políticos.
¿Usted haría un emplazamiento a que haga lo mismo el Frente, y a que haga lo mismo MORENA, con independencia de las otras vías, las propuestas, los fondos, la eventual Reforma Constitucional, y la revisión del esquema de financiamiento?
Gracias.
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Mira, yo creo que es un tema de solidaridad, de congruencia también con una exigencia de la sociedad.
Por supuesto que estoy a favor de que esos recursos puedan ser utilizados, puedan ser devueltos, como ya lo hicieron dos partidos.
Bueno, está en la decisión del resto de los partidos políticos, no soy militante de ellos.
A mí me da gusto que mi Partido ya haya hecho lo propio y haya sido congruente entre lo que dice y lo que hace.
Muchas gracias a todos.
---000---
