SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:50 horas) Solicito a la Secretaria informe a la Asamblea el resultado del cómputo de las señoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas Senadoras y Senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 19 de noviembre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta parlamentaria de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Es aprobada el acta del día, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el Informe de la Delegación mexicana que participó en la 1° Reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y del Panel “Los Esfuerzos de Reforma de Transparencia Legislativa en las Américas”, organizado en el marco de la Cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto, en México, Distrito Federal, el pasado 29 de octubre de 2015.
Y una, del Senador Omar Fayad Meneses, con el que remite su Tercer Informe de labores Legislativas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Compañeros Senadores: Les informo que el pasado jueves 12 de noviembre recibimos de la Secretaría de Gobernación oficios con 98 hojas de servicios para ratificación de diversos grados navales; y 172 hojas de servicios para ratificación de grados militares.
En esta misma fecha se turnaron directamente a las Comisiones de Marina y de Defensa Nacional, respectivamente, para su análisis y dictamen correspondiente.
Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 constitucional en lo referente al Sector Social de la Economía, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
A propósito de este tema, les informo que en la sesión del día de hoy la Mesa Directiva acordó rectificar el turno del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para que dicha iniciativa sea dictaminada por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos con el propósito de homologar el turno de ambas iniciativas en razón de la similitud en la materia.
En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la Senadora Lilia Merodio Reza, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia señor Presidente.
A nombre propio y de diversas compañeras Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de inclusión de personas jóvenes con discapacidad.
Con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, México se comprometió a impulsar dentro de su política de Estado un cambio de visión, dando paso a un enfoque garantista de derechos humanos que contemplara como aspecto inmediato la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
En ese contexto nos encontramos, por lo que como integrantes del Congreso de la Unión debemos de trabajar en el enfoque de inclusión. Se contempla en el marco jurídico nacional, particularmente en aquellas leyes en donde la discapacidad es una condición que no puede dejarse de considerar en el diseño de las políticas públicas.
En este sentido es importante atender que la discapacidad está presente en todas las etapas de la vida, por lo que es oportuno que la legislación contemple la manera en que esta condición debe ser atendida en cada una de ellas; por ejemplo, es una realidad la estrecha relación que tiene la discapacidad con la edad, estimaciones revelan que las personas que vivan más de 70 años, están propensas a vivir 8 años con algún tipo de discapacidad.
Asimismo, que debido a los índices de discapacidad en personas menores de 18 años de edad, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se contiene un capítulo en cuanto al derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que establece que los tres órdenes de gobierno estén obligados a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, en favor de sus beneficiarios con discapacidad.
Sin embargo, reconociendo los esfuerzos anteriores, se debe fortalecer la legislación con la finalidad de considerar acciones en favor de las personas de 19 a 29 años de edad, o en etapa de juventud que vivan con discapacidad.
Ya que en el contexto actual, al no tomarse las acciones correspondientes para garantizar su inclusión, las barreras sociales y arquitectónicas, así como el enfoque debido de las políticas públicas destinadas a los y las jóvenes, los colocan en un estado de indefensión.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, revela que el 6.6 por ciento de la población del país, entre 15 y 29 años de edad, viven en esa condición. Lo cual equivale alrededor de un millón 969 mil jóvenes con discapacidades, como son: 56.2 por ciento con dificultades visuales, 16.4 por ciento tienen limitación para llevar a cabo su cuidado personal, bañarse, vestirse o comer; 44. 5 por ciento de las personas jóvenes, señala que en su discapacidad se presentó de nacimiento, y 39 por ciento establece que su condición de discapacidad se derivó de una enfermedad.
Compañeras y compañeros: El Instituto Mexicano de la Juventud, es una dependencia del gobierno federal cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de las personas, jóvenes mexicanas, para otorgar nuevas herramientas necesarias en educación, salud y participación social y empleo.
En este sentido, atendiendo su gran responsabilidad, así como la necesidad de fortalecer la legislación, con un enfoque garante de derechos humanos.
La presente iniciativa tiene como finalidad, establecer como objeto del instituto, que dentro del diseño de la política nacional, deberá promover las acciones y mecanismos necesarios que fomente en la participación e inclusión plena y efectiva de las personas jóvenes con discapacidad.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.
Sonido en el escaño del Senador López Brito.
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Si muchas gracias, Presidente.
Para pedirle de favor que pregunte a la y los, las proponentes, y directamente a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, si me permite sumarme a esta iniciativa con gran objetivo social que lleva para las personas con discapacidad, aquí en el nuestra República Mexicana.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Senadora Merodio acepta las adhesiones?
Se incorpora también a la iniciativa el Senador Luis Sánchez, la Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Rabindranath Salazar.
¿Alguna otra solicitud de adhesión? Tome nota la Secretaría.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.
Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Senadora Martha Elena García Gómez, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 constitucional.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: En México, como ustedes saben, nuestra Constitución reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas en el año de 1953, y con ello se dio la posibilidad de que las mujeres por primera vez pudieran ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, a partir de esta fecha de manera muy lenta, empezó a crecer la participación política de las mujeres y, me refiero concretamente al ámbito legislativo, en donde de manera muy lenta, las mujeres comenzaron a ganarse después el derecho al voto, el derecho a ser votadas.
Por ejemplo, en 1957 no sobrepasó el 4.9 por ciento o porcentaje de mujeres en la Cámara Baja.
Durante la década de los 50 y hasta 1964, tuvimos la presencia de sólo dos Senadoras propietarias lo que significaba el 3 punto por ciento del total de escaños; a partir de 1964 y hasta 1970, luego de 10 años de haber obtenido a votar el derecho al voto, las mujeres tan sólo tenían arriba del 3 por ciento en su representación en las cámaras.
Esto muestra lo complejo que ha sido para las mujeres a partir de la obtención del derecho al voto, conseguir justamente este derecho a ser votadas.
En el Marco Jurídico Internacional, las cuotas se sustentan en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; que en la recomendación general 25 se señalan algunas medidas especiales de carácter temporal, entre las que se encuentran las cuotas de género.
Las cuales tienen como objetivo el carácter de acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, y se exhorta a los Estados parte a incluir en sus Constituciones o en su Legislación Nacional, disposiciones que permitan adoptar medidas especiales de carácter temporal.
Acerca justamente de estas cuotas que han sido tan debatidas, pero que han sido recogidas ya por nuestro marco constitucional en tratándose de posiciones de carácter legislativo, cabe mencionar que de acuerdo con la investigadora Daniela Serban, estas medidas afirmativas y específicamente las cuotas de género, son mecanismos temporales que permiten avanzar hacia democracias paritarias que en el ámbito político se traducen en la búsqueda de que la participación de las mujeres y hombres en los procesos de decisión política, sean equivalentes.
Esto justamente es lo que pretenden las medidas afirmativas, medidas afirmativas conocidas como cuotas en nuestro país.
Señalar también que, como lo dije anteriormente, ya de nuestro marco incluso constitucional, han sido recogidas estas medidas afirmativas, pero recordar que fue recientemente, en el año 2008, que las mismas fueron una realidad primero en nuestra legislación electoral, cuando se estableció un marco legislativo que permitía a las mujeres tener una participación política.
En 2002 y posteriormente en 2008 se hizo una modificación. Fue recientemente en la reforma constitucional que se aprobó en la pasada Legislatura, que se estableció ya el principio de paridad.
Diversos instrumentos internacionales ratificados por México, reconocen el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos mediante la elección de sus representantes, por cierto elegidas o designadas en cualquier cargo público en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aún existen desequilibrios en lo que corresponde a la participación femenina en la Administración Pública en los tres niveles de Gobierno.
De acuerdo con datos del Inegi, en un estudio publicado en junio de 2013, los cargos de alto nivel jerárquico en la Administración Pública de las entidades federativas, fueron ocupados en su mayoría por servidores públicos del sexo masculino. A nivel nacional 81.3 por ciento de los titulares registrados eran hombres, y el 18 por ciento restante mujeres.
Es decir, si bien es cierto que las cuotas han permitido lograr un mayor número de mujeres en cargos de decisión dentro del área legislativa, pues ya se rebasó inclusive el 40 por ciento con esta reforma constitucional en la actual Cámara de Diputados y en la mayoría de los Estados en donde tuvieron elecciones locales para renovar sus Congresos, también es cierto que no ha pasado en el resto de los poderes.
Hoy solamente tenemos una Gobernadora, no rebasamos el 7 por ciento de mujeres que son alcaldesas, y si revisamos este estudio del Inegi, pues vemos que más del 80 por ciento de cargos directivos dentro de la Administración Pública local, están ocupados por hombres.
Lo mismo pasa en el Poder Judicial. Recientemente presenté una iniciativa -presentamos varias Legisladoras iniciativas- justamente para también establecer el principio de paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero lo que pretendemos el día de hoy con esta iniciativa, es que el equilibrio llegue a la Administración Pública, pues no podemos hablar de democracia en un país en donde las mujeres siguen subrepresentadas en la toma de decisiones que delinean políticas públicas que van a afectar a ese 52 por ciento de la población que son mujeres.
Es por ello que estamos proponiendo una reforma constitucional al artículo 89, al artículo 115 y al artículo 116.
Lo que estamos proponiendo es establecer la previsión de que en los nombramientos de Secretarios de Estado, Embajadores y empleados superiores de Hacienda, se garantice la paridad de género.
Igualmente en el artículo 115 de la Constitución proponer que en la designación de funcionarios públicos encargados de la Administración Pública Municipal, se tome en cuenta el principio de paridad de género.
Y finalmente en el artículo 116 se propone que en la designación de los funcionarios públicos de los Poderes Estatales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se deberá garantizar el mismo principio de paridad.
Considero que es necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad de género para dar un paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones sociales y económicas, y que este cambio no sólo resulta deseable, sino que es necesario que se consolide de una vez.
No debemos olvidar lo que establece nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad, y así ampliar el número de espacios para que las mujeres que toman decisiones en la Administración Pública, efectivamente beneficien al resto de mujeres que conforman nuestra población.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango, quienes asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.
Sean bienvenidos al Senado de la República.
(Aplausos)
Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 constitucional.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.
Me da gusto acudir a un Senado donde hay más alumnos de la Universidad de Zumpango, que Senadores.
Déjenme decirles que me preocupa que el tema que voy a tocar el día de hoy, que ha estado en los medios de comunicación, que ha estado en el debate nacional recientemente, y puesto ahí por los presidentes y ex presidentes de los partidos políticos, no haya forma de lograr que los Senadores estén en la sesión.
De verdad lo digo con preocupación, me hubiera encantado hoy que mis compañeros del PRI nos hubieran escuchado; sin embargo, sólo hay dos Senadores de ese partido, que es mayoría en esta Cámara, tres con los de la Mesa Directiva.
Creo que hay que hacer algo para que estas sesiones no luzcan tan desoladas.
Sé que no es un problema ni de la Mesa ni de un grupo parlamentario particular, pero estos jóvenes que nos vienen a ver, creo que se les debe de llamar la atención este escenario, esta visión, que ojalá las cámaras del Canal del Congreso puedan hacer un paneo para ver.
De verdad lo digo con respeto porque justamente en los momentos donde dos Senadores presentaron iniciativas, estoy por presentar una iniciativa de Reforma a la Constitución, no haya Senadores que puedan escucharnos para empezar un debate al respecto.
Lo digo de verdad molesto, por una razón adicional, la iniciativa que presento hoy a nombre de mi grupo parlamentario tiene un significado profundo, por dos razones.
La primera tiene que ver con la forma como estamos desarrollando nuestra democracia.
Tiene que ver con la forma como nos manifestamos frente a los ciudadanos y cómo estamos desplegando en los estados y en los municipios.
Pero, además, es muy sensible para los Senadores del PRD, y seguramente para todos ustedes, porque fue la última iniciativa que redactó nuestro compañero Senador Manuel Camacho Solís.
Manuel Camacho y su equipo de trabajo, Hugo, Carolina, todos ellos, trabajaron esta iniciativa; no la alcanzó a presentar, por las razones que todos ustedes conocen, y hoy me da pena tener que presentarla, a nombre de mi grupo, en memoria de él, con un Pleno casi vacío, ni modo, así será.
Tiene que ver justamente con este falso debate que se ha generado respecto a la comunicación política. Porque hay que empezar diciendo una verdad: el modelo de comunicación política de nuestro país no está funcionando bien, el gobierno, como empleado de los ciudadanos, está actuando de una manera irracional, está actuando como un empleado que insiste comunicarle a su patrón, en este caso a los ciudadanos, que está haciendo bien su tarea, que le está haciendo de manera honesta, puntual, rigurosa, y lo quiere convencer repitiéndoselo una y otra y otra vez hasta llegar a miles y a millones de repeticiones que terminan saturando y que terminan hartando a quienes dan el dinero para que esas campañas y esas acciones se puedan llevar a cabo.
Nuestro modelo de comunicación política, efectivamente, no está funcionando bien.
¿Pero qué es lo que están debatiendo hoy los presidentes de los partidos? Abrir el modelo electoral.
El modelo electoral está funcionando, no seguramente no, porque estamos en una democracia que privilegia el spot sobre el debate.
Pero ese no es el problema fundamental, no está el asunto en el modelo electoral de compra o de adquisición de medios; el problema está en la propaganda gubernamental, pero de eso nadie dice nada, de la propaganda gubernamental, de las cantidades que llegan a los miles de millones de pesos que gasta no solamente el Ejecutivo, los gobiernos en los estados, los gobiernos municipales, los poderes como nosotros, el propio Senado de la República, ese gasto que verdaderamente podría significar un ahorro para otras acciones del gobierno, en vez de estar comunicando algo que es nuestra responsabilidad hacer, eso no se quiere tocar.
Ahí no está el debate sobre si el Presidente de Acción Nacional o el Presidente del consejo de un partido político aparece en los spots, tampoco he escuchado a los amigos del PRI decir que sus presidentes estatales aparecen también en las pautas publicitarias que les asigna el Estado.
Pero ese es un falso debate, el verdadero debate está justamente en modificar por completo el modelo de comunicación y empezar por la propaganda gubernamental; si no empezamos por ahí, es como si estuviéramos en una epidemia de cólera y decidimos atender el tema de la alopecia, porque creemos que es lo más importante, el problema democrático que está generando ilegitimidad, falta de confianza, falta de credibilidad, tiene que ver también con una deficiente forma de comunicar.
Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción de gobierno, desde luego que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de atención de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos, que no cuentan con una narrativa que tenga que ver con su realidad, con la realidad que viven todos los días.
Déjenme darles algunos datos, compañeras y compañeros y los alumnos que nos acompañan. Según el informe de libertad de expresión en venta, de acceso a la información en venta, de acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, un informe del año 2014 realizado ya de manera anual, tanto por el artículo 19, como por Fundar, el Ejecutivo Federal gastó más de 14 mil 63 millones de pesos en publicidad durante los tres primeros años; 14 mil 663 millones de pesos, en 2013, 23 estados de la República de los que tiene la información a disposición, porque esa es la otra, la información de propaganda gubernamental, muchas veces está reservada y los estados no la dan a conocer; en 27 estados se gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Esto sumado a los gastos federales de ese año, documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos.
Pero déjenme decirles también, compañeras y compañeros, que esto no es un problema de la actual administración, en el informe, el costo de la legitimidad también de Fundar y del artículo 19, en 2011: 27 entidades federativas se gastaron 4 mil 518 millones de pesos.
¿Cuánto es 4 mil 158 millones de pesos?
Para que se den una idea, es el doble del monto de la producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.
Podemos repartir el doble de textos de libros gratuitos, si elimináramos todo ese gasto en publicidad gubernamental, solamente de 27 estados de la República, además se había dado a conocer en 2010 y en 2011, que casi las dos terceras partes de los estados, sobre ejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial.
¿Qué es lo que ocurre?
Pues que la entrega de recursos a medios de comunicación permanece y seguirá, mientras no demos ese debate en la opacidad, permanecerá sin reglas claras y se convertirá simplemente en una forma con la que los gobiernos, ya sean los gobiernos locales, federales, locales, municipales, o incluso, los otros poderes, sigan controlando la libertad editorial bajo la famosa amenaza de retirar ese financiamiento.
Y eso, compañeras y compañeros, en el fondo afecta de manera directa a la democracia.
¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues están generando mercados negros de contenido, se están generando intercambios a partir de esos famosos y jugosos contratos de publicidad gubernamental.
Por supuesto que uno de los elementos fundamentales de un sistema democrático, es la forma como la autoridad se comunica con los gobernados, en un sistema democrático vigoroso, el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en forma, pero lo hace de manera verídica, informa y lo hace de manera útil para la ciudadanía y, sobre todo, lo informa en actos que no tienen que ver con esta sobre cotización que van desde dependencias gastando en narrativas que nadie entiende o hasta el famoso: “ya chole con tus quejas”, que tuvo que ser bajado a las pocas horas, porque la verdadera o la otra realidad, la de las redes sociales es de que no está comprada y pagada, pues manifestaban que era un insulto de una agresión por parte del gobierno federal.
¿Qué es lo que ocurre en una democracia endeble?
Pues sí, ahí es donde ocurre que un esquema institucional diseñado para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad, sea utilizado justamente para promover una imagen de un gobernante.
Conocemos casos reiterados de todos los partidos, en varios estados; revistas que tienen más espectaculares que lectores; tenemos casos de comerciales que se venden y se introducen en los noticieros como si fueran parte de la información; casos de pautas y de publicidad en cuberita, contenidos y entrevistas que se están vendiendo en radio y televisión, también.
Bueno, llegamos al extremo de un político que decidió clonarse en el Estado de México, en un ejercicio municipal para decir que él no era el que aparecía en la imagen, que era solamente alguien muy parecido a él, para gastar dinero público en la promoción de la imagen personal.
Es un tema que quizás ya se nos olvidó, fue central en la campaña electoral del 2012, el propio Ejecutivo Federal, en el manifiesto a la Presidencia democrática, dijo lo siguiente: que había que crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento al acceso ciudadano a la información.
Eso, a la fecha, tres años después no ha ocurrido, el modelo, compañeras y compañeros, aceptémoslo, no sirve, pero el debate que se está dando en los medios, no en la Cámara, es el incorrecto. Si queremos hablar de comunicación política tenemos que empezar por la publicidad gubernamental.
Creo que es válido decirlo y decirlo hoy, en nombre de mis compañeros y también en nombre de quien tuvo esta idea, esta propuesta y que hoy hago uso de su voz.
Finalizo citando al Senador Manuel Camacho Solís, cuando él de su pluma escribió:
“Es más saludable para nuestra democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora, fuerte que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que establezcan para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la democracia y del erario público”
“Únicamente se permitirá la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, tales como lo son las materias de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los derechos de las personas, la que en ningún caso incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Lo que buscamos es que la autoridad sólo transmita a la sociedad información necesaria para su seguridad y para que haga valer sus derechos”
“Por eso, una modificación como la que se propone no lesiona la rendición de cuentas que establece nuestro orden jurídico, el Presidente de la República y los gobernadores deberán de seguir rindiendo informe sobre el estado que guarda su administración. Los Secretarios de Estado y de despacho, sean federales, locales o del Distrito Federal, deberán de comparecer ante los órganos legislativos correspondientes y no se afectan los medios que los ciudadanos tienen para solicitar el acceso a la información pública”
“La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a través de la propaganda gubernamental”.
Eso nos dejó como legado nuestro compañero Senador Manuel Camacho.
Hoy, lo pongo a disposición y consideración de todos ustedes para que hagamos una reflexión seria de cómo estamos llevando a nuestra democracia, y de si no, la baja credibilidad y confianza en las instituciones.
Y si no, la cada vez más baja lealtad a la democracia mexicana tiene que ver con una mala forma de comunicar que solamente está llenando los bolsillos de algunos y está haciendo nugatorio el derecho a la información de millones de mexicanos.
Es cuanto, Senador Presidente, le agradezco su consideración por el tiempo.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
A propósito del turno asignado a la iniciativa que ha presentado el Senador Zoé Robledo, en la reunión celebrada el día de hoy por la mañana, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de las seis iniciativas presentadas en la materia de propaganda gubernamental por Senadores de diversos grupos parlamentarios en diversas fechas.
La del 7 de febrero de 2012 de Senadores del Partido de la Revolución Democrática; la del 4 de septiembre de 2012, de Senadores del Partido Acción Nacional; la del 13 de noviembre de 2012, de Senadores del Partido de la Revolución Democrática; la del 24 de julio de 2013 de Senadores de diversos grupos parlamentarios; la del 19 de marzo de 2014 que presentaron los Senadores del Partido de la Revolución Democrática y la del 26 de marzo de 2014 presentada por Senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Las seis iniciativas anteriores quedarán turnadas también a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para solicitarle la extensión del turno también a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para poder dictaminar estas iniciativas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el turno para opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en el entendido de que el turno propuesto guarde los equilibrios entre las fuerzas políticas representadas en este Pleno.
Tiene ahora la palabra el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso.
Las últimas tres décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada en muchas actividades que anteriormente eran reguladas por el Estado.
El problema de esta apertura ha sido que no se han creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población. Las reglas del juego han desprotegido a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos.
Como ejemplo, están la privatización de la banca, la privatización de la telefonía, de los ferrocarriles, de las minas y muchos otros.
En su momento, el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar al país y en beneficio de todos los mexicanos.
Sin embargo, en todos estos casos resulta una obviedad que aquellos discursos estuvieron llenos de mentiras y falsedades, porque hoy, México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y cara, un servicio de telefonía deficiente y con unos costos muy altos, y unas minas que reportan ganancias sólo para los dueños de las empresas.
Con las modificaciones constitucionales en materia energética, una vez más se abrió el paso para que empresas privadas participen en el redituable negocio de la exploración y extracción de energéticos, que por más de 8 décadas había estado bajo el control del Estado mexicano.
De antemano se sabía que las leyes secundarias no se contendrían para alcanzar el saqueo de la riqueza natural de México, y con ello desmantelar la industria energética y petrolera, sustento de nuestra economía nacional.
La reforma energética, además de establecer las bases para la entrega a los particulares, la riqueza de hidrocarburos ha sentado en la Constitución y en la ley la posibilidad de arrebatar la propiedad a ejidatarios y comuneros, y en general a toda la población que posea un terreno en el que existan algún energético, o bien, se encuentre en el desafortunado camino para conectar ductos de petróleo o gas y sea de utilidad pública.
Éstas, las empresas privadas pueden hacer uso y disfruto del predio, aún en contra de la voluntad del propietario.
Diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos autorizan, tanto a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y empresas privadas nacionales y extranjeras, a la ocupación temporal la contratación de servidumbres o bien a la compraventa de terrenos estableciendo mecanismos para obligar a los propietarios de dichos terrenos a ceder las pretensiones de las empresas energéticas.
Con la justificación de que hay que incrementar ingresos y garantizar la seguridad energética, los mexicanos tendrán que ceder sus terrenos a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos ante el supuesto de que existiera el energético en esta superficie.
Sin embargo, la incredulidad ante la ley no es causal. Existen numerosos casos que confirman lo anterior, ya que después de las expropiaciones de terrenos no existe contraprestación para los dueños de las tierras, como ejemplo, puedo decirles respecto de los ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, el “Benito Juárez”, hasta el año 2002 aún no se les finiquitaba el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de 50 años de que les fueron arrebatadas.
Incluso, señalan que los terrenos en los que se realizó la última ampliación del aeropuerto, entre el 99 y el 2000, también era propiedad ejidal, por los que también nunca se hizo el pago y que suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y el espacio que ocupa el Aeropuerto y Servicios Auxiliares, dejándolos en el abandono y a su suerte, sin recibir la totalidad de dinero por sus tierras.
Otro ejemplo del incumplimiento del pago por expropiación ocurrió en Mérida entre habitantes del ejido “Cinco Colonias”, quienes desde el año 1994, y hasta julio del 2014 no habían recibido el pago por el arrebato de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón”, quienes aseguran que les adeudan, les deben el pago de alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada, y desde entonces esperan un acuerdo con las autoridades para recibir su contraprestación.
En este sentido, una de tantas deficiencias que contiene la Ley de Hidrocarburos es la omisión de la obligación de todo particular o de las empresas productivas del Estado de finiquitar toda transacción con ejidatarios, comuneros o cualquier particular a quien deseen arrebatarle, expropiarle o rentarle sus tierras.
En este sentido, la ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya signadas a particulares bajo tres supuestos:
1.- Que los autorizados no otorguen o no mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier otro instrumento financiero requerido conforme a la regulación aplicable.
2.- Que los autorizados no cumplan con la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como las condiciones establecidas en la autorización.
3.- Que los autorizados no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes por su otorgamiento o, en su caso, renovación.
Sin embargo no contempla como una posibilidad de dicha revocación, pudiera ser a partir del incumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor de quienes ceden sus tierras para llevar a cabo actividades de exploración de los recursos energéticos, esto deja en total estado de vulnerabilidad a todo propietario de tierras, ya que con los antecedentes que existen en temas de expropiación y la falta de pagos de dichas tierras, es de esperarse que lo mismo siga ocurriendo con las mismas figuras en la Constitución, so pretexto de las necesidades energéticas del país.
Por otro lado, en el artículo 47 de la misma ley, se señalan una serie de obligaciones para los asignatarios y contratistas, pero no contempla ninguna a favor de los propietarios de las tierras que serán utilizadas para la exploración, explotación o servidumbre de hidrocarburos, únicamente se enfatiza la obligación para con la autoridad, dejando fuera a todo ciudadano que no reciba las contraprestaciones pactas por el uso, goce o disfrute de sus tierras.
En este sentido el objeto de la presente iniciativa es modificar el artículo 40, el 47 y 101 de la Ley de Hidrocarburos con el fin de establecer como una obligación y un requisito para hacer uso, goce o disfrute de las tierras, el haber cumplido en su totalidad el pago en efectivo de las tierras a explorar, y así brindar certeza jurídica a los propietarios de los predios de que sus propiedades le serán liquidadas al momento y no tendrán que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con las empresas del sector energético.
Es por ello que con la modificación del artículo 40 se pretende establecer, como una facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revocar las autorizaciones por el hecho de que los asignatarios o contratistas no cumplan con el pago de la contraprestación a los propietarios o titulares de los terrenos, así como a ejidatarios o comunitarios que hayan sido pactados.
Por su parte, con la modificación de la fracción XIII del artículo 47 se pretende establecer como una obligación de asignatarios y contratistas el cubrir en su totalidad cuando sea el caso el pago de los derechos por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios a los propietarios o titulares de dichos terrenos.
Asimismo, para establecer una correlación con estos preceptos en el artículo 101, en su fracción VII se propone señalar que los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos sobre el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos a favor de los propietarios.
Si bien la reforma energética y su instrumentación están en marcha, al menos es indispensable dar certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional para que reciban la justa retribución por sus propiedades.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a jóvenes de nivel bachillerato del Centro Educativo Cruz Azul, Campus Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.
(Aplausos)
A los estudiantes del Instituto Tomás Jefferson de la Ciudad de Querétaro, invitados por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
(Aplausos)
A los alumnos de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, invitados por esta Presidencia.
(Aplausos)
Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, que ratifican 98 grados navales.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los dictámenes están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.
Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido de estos dictámenes.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta del contenido de los dictámenes.
Tenemos un dictamen por el que se ratifican nombramientos de Almirantes a favor de:
Jorge Alberto Burguete Kaller.
Fernando Arturo Castañón Zamacona.
Luis Orozco Inclán.
Jorge Luis Cruz Ballado.
Marco Antonio Ortega Siu.
Otro dictamen por el que se ratifican 14 nombramientos de Vicealmirante a favor de:
Froylán Jiménez Colorado.
Sergio Antonio Islas Sánchez.
Eduviges José Martínez Sandoval.
César Carlos Preciado Velázquez.
Jorge Carlos Tobilla Rodríguez.
Octavio Trejo Hermida.
Ernesto Schreiner Hernández.
Víctor Manuel García Macedo.
Benjamín Narciso Mar Berman.
José María García Macedo.
Luis Javier Robinson Portillo Villanueva.
José Hugo Roldán León.
Rafael López Martínez.
Y Gonzalo Cabrera Castillo.
Otro dictamen por el que se ratifican 24 nombramientos de Contraalmirante a favor de:
Miguel Francisco Monroy Méndez.
Antonio Velasco Ríos.
Miguel Ángel Sierra Carrasco.
Alfredo Teliz Rodríguez.
Mario Rodríguez Gómez.
José Luis Ruiz Gervacio.
Raymundo Sánchez López.
Rubén Bermúdez Morales.
Armando Caballero Vázquez.
Alfredo Hernández Suárez.
Fidel Maldonado López.
Vicente Andrade Morales.
José Ignacio Moreno Díaz.
Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Gerardo de Jesús Toledo Guzmán.
Juan Martín Aguilar Morales.
Lucio Fernando León Lira.
Fernando Rodríguez Cuevas.
Francisco Javier Bringas Franco.
Marco Antonio Ibarra Olaje.
Alfredo Hernández Flores.
Álvaro Flores González.
Alfredo Velázquez Vega.
Jorge Daniel Zamora Vuelvas.
Otro dictamen por el que se ratifican 55 nombramientos de Capitán de Navío, estos a favor de:
César Orlando Rojas Cruz.
Hegor Martínez Hernández.
Juan Carlos Lomelí López.
Luis Antonio Barreiro Varela.
Alejandro Peña Sobrevilla.
César Mora Arenas.
Mario Raúl Hernández Sagrado.
Luis Miguel Catzin Quintal.
Rafael Gómez Conejo.
Jesús Zamudio Morales.
Rafael Eduardo García Urbina.
Víctor Manuel Aguilar Hurtado.
Luis Damar Roy Priego.
Josué de la Vega Nolasco.
Alfonso Carrillo Mendoza.
Rafael Vaca.
Isaías Badillo Rosales.
Rogelio Bello Aguilar.
Fausto Eduardo Olivares Huerta.
Alejandro Cervantes Cervantes.
Arturo Caracas Uribe.
Heriberto Cano Muñoz.
Roberto Andrés Villalobos Antonio.
Carlos Armando Jiménez Durán.
Rafael Antonio Lagunes Arteaga.
Efraín López Chulim.
Andrés Jáuregui González.
Pedro Sánchez Hernández.
José Carlos Luna Loaeza.
Freddy Zepeda Rangel.
Conrado Gabriel Aparicio García.
Enrique Carlos Ponce de León y Marcos.
Gerardo Iglesias Castrejón.
Francisco Javier Santiago Ángeles.
Esteban Jesús Peña Maldonado.
Andrés Galeana Abarca.
Édgar Antonio Machado Peña.
Rafael Ángel González Uscanga.
Julio César Gómez Torres.
Rubén Oyarvide Pedrero.
José Alfredo Ávila Jardines.
Fernando Viveros Hernández.
Alejandro Carrillo Camacho.
Juan Jesús Gallardo Alvarado.
Arnulfo Arriaga Escareño.
Nicolás Alberto Hernández Cortés.
Mario Antonio Ramírez Izaguirre.
Jesús Manuel Gómez Álvarez.
José de Jesús Medrano Hermosillo.
Aída Pérez Limón.
Delfino Aquino López.
Miguel Fernando Lizárraga Fernández.
Luis Alberto Bonilla Arcaute.
Juan Alberto Díaz Ponce Medrano.
Javier Nicolás Zepeda de Alba.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:
En consecuencia, están a discusión.
Al no haber oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos para recoger la votación nominal de los cuatro dictámenes de la Comisión de Marina.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y los dos votos registrados, se tiene un total de 80 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia se declaran aprobados los cuatro dictámenes que ratifican grados navales.
Comuníquense.
Recibimos también doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que ratifican 172 grados militares.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los dictámenes referidos por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los dictámenes están a disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.
Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido de cada dictamen.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta del contenido de los dictámenes.
Tenemos un dictamen por el que se ratifican cinco nombramientos de General de División a favor de:
Adolfo Domínguez Martínez.
Juan Manuel Castillo Segura.
Dagoberto Espinosa Rodríguez.
Juan Manuel Rico Gámez.
Lucino Carlos Piedra Lezama.
Otro dictamen por el que se ratifica un nombramiento de General de División Piloto Aviador, a favor de:
Víctor Manuel Ruesga Ramírez.
Otro dictamen por el que se ratifican 19 nombramientos de General de Brigada de Arma, a favor de:
Salvador Gómez Martínez.
Carlos Arturo Pancardo Escudero.
Cruz Eduardo Vega Rivera.
Elpidio Canales Rosas.
Daniel Elpidio Nicolás Camacho.
Juan Manuel Díaz Organitos.
Eufemio Alberto Ibarra Flores.
Alejandro Vázquez Flores.
Pedro Escalera Cobián.
Alberto Gaytán Palos.
Enrique Dena Salgado.
Juan Francisco Salas Ávila.
Jorge Andrade Ramírez.
José Ernesto Ávalos Pardo.
Armando Montaño Ponce.
Maximiliano Cruz Ramos.
Édgar Humberto Flores García.
Rogelio Castellanos Franco.
Ernesto José Zapata Pérez.
Otro dictamen por el que se ratifican tres nombramientos de General de Ala Piloto Aviador, a favor de:
Samuel Domínguez López.
Benjamín Romero Fuentes.
Javier Eduardo Alvarado Roa.
Otro dictamen por el que se ratifican tres nombramientos de General de Brigada de Servicio, a favor de:
Carlos Heliodoro Ramírez Torres.
Rafael Cázares Ayala.
Félix Molina Contreras.
Otro dictamen por el que se ratifican 23 nombramientos de General Brigadier de Arma, a favor de:
Francisco Justo Toscano Camacho.
Salvador Salazar Sánchez.
Raúl Zirahuen Vaca Flores.
Ulises Orduña Campos.
Filiberto Oropeza Fabián.
Gerónimo José Antonio Noé Valdés López.
Eustorgio Villalba Cortez, Domingo Vargas Merlín.
Luis Ernesto García Serrano.
Ignacio Martínez Arias.
Julio César Islas Sánchez.
José Rodríguez Pérez.
Marco Antonio Hernández Chávez.
Rodolfo Carranza Hernández.
Esaú Rodríguez Cuéllar.
Hugo Humberto Pedroza Salazar.
Crisóforo Martínez Parra.
Guillermo Alberto Nava Sánchez.
Bernabé Bernardo Chávez Lira.
Isaac Bravo López.
Arturo Reséndiz Leana.
Antonio Ramírez Escobedo.
Héctor Manuel Salazar Torres.
Otro dictamen por el que se ratifican ocho nombramientos de General de Grupo Piloto Aviador, a favor de:
Jesús Rosario Almada Jaime.
Juan Alfredo Montoya Valdés.
Carlos de Jesús Gracia Ríos.
Enrique Rivera Gutiérrez.
Martín Arturo Ruiz Ortiz.
Héctor Guzmán Santacruz.
Sergio Sotelo Bustos.
José Luis Ramírez González.
Un dictamen más por el que se ratifican siete nombramientos de General Brigadier de Servicio, a favor de:
José Ramón Méndez García.
Mario Navarrete Arellano.
Martha Patricia Fernández Guzmán.
José Manuel Álvarez Carranza.
Antonio Ramírez Luna.
Andrés Calles Pérez.
Arturo Jesús Romo de Vivar Olvera.
Otro dictamen por el que se ratifican 56 nombramientos de Coronel de Arma, a favor de:
José Silvestre Urzúa Padilla.
José Luis Reyes Maya.
Salvador Alvarado Ramírez.
Bernardo Añorve Lazo.
Javier Joaquín Zúñiga Rodríguez.
Víctor Hugo Chávez Martínez.
Paulo Francisco Benítez Gómez.
Luis Carlos Becerra Pavis.
David Ruiz Mendoza.
Francisco Alvarado Terán.
Juan Casillas Marroquín.
Nicasio Solís Doroteo.
Said Gerardo González Peña.
Miguel Ángel Ibarra Bucio.
Víctor Manuel Maldonado Celis.
Manuel Ladrón de Guevara Job.
Heriberto Rodríguez Rentería.
Héctor Manuel Negrete Pérez.
Humberto Tejada Ramírez.
Mario Luis
Miguel Ángel Aragón Vázquez.
Jorge Juan Tapia Padilla.
Pedro Larios Guzmán.
José Luis Sánchez Castro.
Raymundo García Flores
Fernando Adolfo Castañón Durán.
Román Jacinto González.
Martín Reyes Valencia.
Raúl Martínez González.
Gorgonio Escalante Ramírez.
Juan Reyes Gregorio.
Paúl Alberto Riviello López.
Bernabé Lázaro Castellanos.
Obdulio Jacinto Villegas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame Senadora.
Ruego a la personas que están desplegando esta manta se retiren del salón de sesiones, no son legisladores y no tienen ninguna legitimación para estar en este Pleno.
Por favor, retírense.
Les pedimos a las personas de seguridad. Se van a retirar de manera voluntaria.
Muchas gracias.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Repito.
Gustavo Caratachea Esparza.
Jorge Osornio Velázquez.
Claudio Edmundo Huizar de la Torre.
José Luis Lima Ramos.
Jorge Alberto Buchán Martínez.
Rafael López Rodríguez.
Juan Ernesto Estrada González.
Alejandro Núñez Robles.
César Omar Quinn Ponce.
Antonio Trinidad Márquez Galicia.
Aldo Raúl Gómez Quintero.
David Antonio López Velasco.
Abelardo Villegas Gómez.
José Antonio Hernández Macías.
Pastor Rolando Díaz Rosas.
Juan Manuel Mendoza Portillo.
José Saúl Herrera Lara.
Omar González Zamora.
Martín Lara Arellano.
Camilo Martín Hernández Trejo.
Mario Alberto Pérez Valenzuela.
Ignacio Elías Torruco Dagdug.
Otro dictamen por el que se ratifican once nombramientos de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador a favor de:
Luis Rafael Castillo Rojas.
Nazario Muñoz Figueroa.
José Luis Zamora Silva.
Rubén Bernardo Cortés Hernández.
Javier Diego Campillo.
Joel Guzmán Molina.
Rogelio Jorge Amador Mendoza.
Jesús Alberto Abarca Ceballos.
Leobardo Ávila Bojórquez.
Gabriel García Jiménez.
Magdaleno Castañón Muñoz.
Otro dictamen por el que se ratifican 32 nombramientos de Coronel de Servicio del Ejército, estos a favor de:
Roberto Moreno Alcántara.
José Luis Reynoso Cruz.
José Luis Trujano Acevedo.
Manuel Marcelino Hernández Rodríguez.
Luz Patricia Gutiérrez Díaz.
Teódulo Peralta Martínez.
Olga Lidia Juárez Patiño.
Pedro Cortés Ramírez.
Amable Ramos Hernández.
José Morales Gaytán.
Catalina Martínez Campos.
Román Chávez Blanco.
Francisco Garibay González.
José Luis Mejía Alfaro.
Moisés Monciváis Muñoz.
Francisco José Vázquez Rangel.
Juan Ubaldo Cruz Juárez.
José Luis Frutos Nava.
Leticia Larios Barrón.
Laura Elena Correa Guerrero.
María Patricia Eugenia Lazo Sánchez.
Maricela Macedo Flores.
Víctor Botello Varios.
Paula María Guadalupe Trigueros Ríos.
Alfredo Piñeiro Escoto.
Raúl García Hernández.
Miguel Ángel Gómez Crisóstomo.
Luis Armando Pérez Chávez.
Ricardo Lizalde Utrilla.
Manuel Jaime Ramírez Camacho.
Jorge Aurelio León Zárate.
Sergio Ernesto Haro Cárdenas.
Otro dictamen por el que se ratifican cuatro nombramientos de Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea a favor de:
Eliseo García de la Cruz.
Guillermo Díaz Becerra.
Ramón Quiroz Cárdenas.
Luis Antonio Ibarra Padilla.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, están a discusión.
Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentarlos a nombre de la comisión dictaminadora.
El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, Senador Presidente.
Me honra hacer uso de la palabra frente a esta tribuna para presentar a nombre de la Comisión de Defensa Nacional un total de doce dictámenes de ratificación de grados militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conferidos por el Ejecutivo Federal, que corresponden a los siguientes ascensos:
5 propuestas de ascenso al grado de General de División.
1 propuesta al grado de General de División Piloto Aviador.
19 propuestas de ascenso al grado de General de Brigada de Arma.
3 propuestas para ocupar el grado de General de Ala Piloto Aviador.
3 propuestas de ascenso al grado de General de Brigada de Servicio.
23 propuestas de ascenso al grado de General Brigadier de Arma.
8 propuestas de ascenso al grado de General de Grupo Piloto Aviador.
7 propuestas de ascenso al grado de General Brigadier de Servicio.
56 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Arma.
8 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.
32 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Servicio.
4 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Servicio.
Es importante señalar que en la decisión de ratificación que ha tomado la Comisión de la Defensa Nacional, ha sido resultado tanto de haber valorado el desempeño de los elementos militares, como del reconocimiento a quienes les han conferido a los ascensos respectivos, de sus servicios brindados a la nación.
En este sentido, tenemos la confianza de que los militares que estamos por ratificar en su grado, en esta honorable tribuna, habrán de mantener su espíritu de servicio, así como su lealtad y honorabilidad al servicio de la Patria, para que con sus actos contribuyan a que la sociedad mexicana alcance una sociedad pacífica y de desarrollo económico armónico.
En este orden de ideas, debemos reconocer que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es una institución a la que la sociedad ha depositado su confianza para mantener el orden jurídico establecido en la Constitución y en las leyes y normas que de ella emanan.
En ese tenor, debemos reconocer a nuestra nación como un país constituido en una República representativa, democrática, laica y federal, en la que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
Como toda soberanía, encaminan sus esfuerzos, energías y recursos disponibles en lograr un desarrollo equilibrado y satisfactorio para todos sus habitantes, a través de la prevalencia de la libertad, la paz social y el desarrollo sostenido y equilibrado de las actividades económicas, cuyo fin último es que los ciudadanos mexicanos logren su desarrollo pleno dentro de la sociedad.
Y en todo lo anteriormente mencionado, contribuyen el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Por lo anterior, expuesto, es que solicito a esta Honorable Asamblea, voten a favor de los doce dictámenes, para que con ello contribuyan en la forma positiva, en la formación y permanencia de los recursos humanos y Fuerza Aérea Mexicanos, para que estos continúen desempeñando con el honor y la vocación de servicio que el país requiere, en aras de hacer prevalecer el Estado de derecho en nuestro país.
Es cuanto, Senador Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y los votos registrados, se tiene un total de 79 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia se declaran aprobados los 12 dictámenes que ratifican grados militares.
Comuníquense.
Tiene ahora la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio, Itzel Ríos, Anabel Acosta y Leticia Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Educación.
Daremos paso a la siguiente iniciativa, mientras se incorpora la Senadora Gastélum Bajo.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias Presidente.
Solicito que se quede, inscribirla…
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si me permite, ya está la Senadora Diva Gastélum Bajo.
Le voy a dar la palabra a la Senadora para presentar la iniciativa y posteriormente le damos el turno a la suya.
Por favor, Senadora, adelante.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros: Antes de iniciar mi participación quiero felicitar a los hombres de esta Cámara de Senadores, hoy es el Día Mundial del Hombre, y sobre todo yo felicito a los hombres que tienen claridad en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Muchas felicidades.
(Aplausos)
El día de hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación.
Y esta iniciativa, que pido yo al señor Presidente, quede tal como la hemos presentado, trae un cuadro comparativo de la legislación actual y la propuesta que estamos haciendo, tiene que ver con la cultura digital de niñas, niños y adolescentes.
Esta generación de niñas, niños y adolescentes nacieron siendo nativos digitales, nacieron en una época donde el internet forma parte de su vida, y hace unos días yo escuchaba un anuncio que decía: “¿No le entiendes a tu máquina? ¿No sabes de internet? ¿No sabes de redes? Pregúntale a tu nieto y él te va a enseñar”. Ésa es la realidad que vivimos en este país, en México, en el mundo acerca de la digitalización en el mundo.
Y la propuesta que estamos haciendo es que quede inserta en la Ley General de Educación, como parte de esta propuesta que ha hecho el Presidente Enrique Peña Nieto y que el Congreso de la Unión ha votado.
La educación es gratuita, laica, universal, pero también de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, estamos hablando también de esta etapa de la inserción de nuestras niñas, niños y adolescentes a esta era digital, una era digital que tiene que ver con su formación, pero una formación positiva.
No estamos hablando en este momento de restricciones, estamos hablando de la posibilidad de que todas nuestras niñas, niños y adolescentes, que aproximadamente con 40 millones en este país, tengan acceso a la cultura digital.
Hoy hay dos tipos de analfabetas, se dice: el que no sabe leer y escribir y el que también no sabe, no ha entrado a la era digital. Y lo que nosotros queremos es que esta población de niñez entre a esta cultura digital.
La propuesta es muy clara, es adicionar un párrafo más al artículo 39 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
“La Secretaría de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenidos que brinde habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura digital, como parte de los contenidos particulares obligatorios en todos los niveles de educación básica, media-superior, especial y para adultos”.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Diva Gastélum.
Como usted lo pide, se inserta íntegramente su Iniciativa en el Diario de los Debates.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
Enseguida se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Presidente.
La Iniciativa que estoy presentando el día de hoy tiene que ver con “Evalúa Distrito Federal”, estamos buscando poderle dar a “Evalúa DF”, autonomía para convertirlo o acercarlo lo más posible a lo que sería el Coneval a nivel federal.
El objetivo de esta Iniciativa es poder, de entrada, pues fortalecer la evaluación de la política social en el Distrito Federal.
Llevamos ya más de 10 años con diferentes programas sociales como el de “Madres Solteras”, “Adultos Mayores”, “El Seguro de Desempleo”, “Prepa sí”, programas concretamente para personas con discapacidad, pero qué bueno que existan todos estos programas sociales, incluso se le denominó, en su momento, la “Red Ángel”, en donde incluía todos los programas sociales de la ciudad de México.
La gente tenía, contaba con una tarjeta, pero lo que sí es muy desafortunado es que la pobreza no ha disminuido en el Distrito Federal.
La política social tiene que ir de la mano con, o pensada, en disminuir la pobreza. No es el caso en la Ciudad de México, tal y como ocurre a nivel nacional, que tenemos muchos programas sociales y que vemos que el número de pobres va en aumento.
Algo similar nos ocurre en el Distrito Federal. Sigue habiendo un número de pobres importante en delegaciones como Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, y podría aquí enumerar, pues, prácticamente toda la Ciudad de México, en donde siempre encontramos que la pobreza, a pesar de contar con todos estos programas sociales, pues no ha hecho a la gente cambiar de forma de vida.
Quiero compartirles que del presupuesto de la Ciudad de México, estamos hablando de 10 a 20 mil millones de pesos del presupuesto en la ciudad con respecto a la política social que no están dando resultados.
Por lo tanto queremos que sean evaluados con seriedad para ver qué programas sí están funcionando, y si no, hacer todo lo necesario para mejorarlos en el Distrito Federal.
El reto de los Senadores de Acción Nacional es que en la ciudad de México podamos reducir los índices de pobreza.
No podemos seguir permitiendo que siga habiendo el mismo número de pobres que hace diez años o 15 años, incluso muchos más pobres.
Espero que puedan ustedes, compañeros, sumarse a esta iniciativa de ley en donde solamente queremos darle autonomía a “Evalúa Distrito Federal”.
Es cuanto, Presidente, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.
Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presenta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: Como todos sabemos el pasado fin de semana se puso en marcha nuevamente en nuestro país el ejercicio denominado “Buen Fin”.
En el que todos y cada uno de los comercios, establecimientos comerciales, que así lo definieron, llevaron a cabo un programa de oferta económica, bajando o promocionando descuentos de los productos que cotidianamente comercializan a fin de que la ciudadanía pudiese efectivamente obtener beneficios al adquirirlos.
Cabe señalar, algo que también todos sabemos, que este programa ha contado con la supervisión de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y de manera particular también de la Procuraduría General del Consumidor, y lo comento porque lamentablemente, a pesar de que es una intención para detonar económicamente varios sectores de la economía nacional, lamentablemente fue ampliamente documentado por distintos medios de comunicación que este ejercicio, que también todos sabemos, imita la venta norteamericana denomina “Black Friday” estuvo tristemente, en muchos casos, llena de publicidad engañosa, que lejos de parecer oferta y descuento, los clientes o los consumidores, así nos los plantearon muchos, fueron decepcionados ante supuestos descuentos que aparentemente se ofrecían.
Es decir, los centros comerciales, los supermercados que implementaron esta estrategia se mostró en esta información, que reitero, difundieron algunos medios de comunicación, presentaban una mercancía cuyo valor no era el que aparentemente implicaba la estrategia de que hubiese beneficios reales hacia la baja.
Fueron, insisto, muchísimos ciudadanos, ciudadanas que creyeron que iban a adquirir un bien o un servicio y que esto les implicaría ahorros considerables, pero no, desafortunadamente en los hechos hubo peticiones, exigencias a ciudadanos para clausurar negocios por no respetar los precios exhibidos, porque no se estaban entregando las notas respectivas, porque no se mostraban en su momento justo los precios a la vista del consumidor, porque no se respetaban las promociones anunciadas, porque se aplicaban restricciones o condicionamientos a los clientes, en fin, fueron en parte las denuncias que debió atender la Profeco durante el largo fin de semana pasado.
Y es en ese sentido, compañeras y compañeros, que vengo a presentar esta iniciativa que tiene como finalidad que los proveedores de los bienes y servicios, al momento de iniciar esta oferta de descuentos, como lo vimos en el pasado fin de semana con el “Buen Fin”, notifiquen previamente a la autoridad, es decir, a la Procuraduría Federal del Consumidor, el valor monetario real pero 20 días antes del inicio de este tipo de promociones, que insisto, lo que buscan es detonar también económicamente varios sectores de la economía, y planteamos esto con el propósito de acabar con las prácticas engañosas, simuladas y fraudulentas de que han sido objeto muchos ciudadanos.
Es por lo que he expuesto que estoy poniendo a consideración de esta soberanía reformar el artículo 49 de la Ley Federal del Consumidor, concretamente con este texto.
Que quede prohibido simular una oferta o promoción a través de la reducción del valor de un bien, de un servicio manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece.
Los proveedores, continúa la propuesta de un servidor, que tengan como propósito iniciar dicha campaña de promoción de sus bienes o servicios, estarán obligados a notificar el valor monetario real a la procuraduría, me refiero a la Procuraduría Federal del Consumidor, 20 días antes de su inicio.
Es la propuesta que hago a este Pleno.
Muchísimas gracias, Senador Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias Senador Robles Montoya.
Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
Tenemos ahora la participación en tribuna de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Aprovechamos para dar un saludo a Leticia Altamirano, hija del ex gobernador electo de Veracruz.
Y del ex Senador de la República Manlio Fabio Altamirano, de parte del Senador Héctor Yunes Landa,
Bienvenida, Leticia Altamirano.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto referido por la Presidencia, se acepta se incorpore a la agenda del día de hoy.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aceptar su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El acuerdo está disponible en sus escaños, solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo.
Dichos resolutivos serán puestos a consideración de la Asamblea, en votación económica.
Los resolutivos relativos al segundo, al cuarto, serán resueltos por esta Asamblea a través de votación por cédula.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Procedo a dar lectura a lo resolutivo.
Resolutivo Primero.- La Junta de Coordinación Política propondrá por medio de la Mesa Directiva al Pleno del Senado de la República, la designación de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales electorales de las entidades federativas conforme a los siguientes requisitos:
Uno.- La propuesta de integrantes se referirá a cada uno de los siguientes estados: Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.
Dos.- La propuesta contendrá la vigencia del cargo correspondiente para cada uno de los integrantes de forma que asegure relevo escalonado que establece el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tres.- De conformidad con las disposiciones constitucionales de las entidades de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la agenda de coordinación política propondrá los integrantes que corresponda a cada entidad, según sus disposiciones constitucionales y legales de la siguiente manera:
Uno. Baja California, 3 magistrados.
Dos. Tamaulipas, 5 magistrados.
Tres. Zacatecas, 5 magistrados.
Quinto.- La elección de los magistrados se realizará en una sola votación por cédula para las tres entidades federativas a efecto de integrar los correspondientes órganos jurisdiccionales de cada una de ellas.
Sexto. En caso de que alguno o algunos de los candidatos no reúnan la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige en artículo 116, fracción IV, apartado quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos según se requiera.
Séptimo.- La protesta de quienes resulten designados será ante el pleno de la Cámara de Senadores, el acta de protesta será conjunto en un solo acto para todos los designados.
Octavo.- El nombramiento de quienes resulten electos para integrar los órganos electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se comunicarán al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a los congresos de las entidades federativas, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de las entidades federativas correspondientes a los magistrados que elijan en cumplimiento del presente acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaría.
Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Si se aprueban los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los resolutivos referidos.
A fin de resolver la propuesta contenida en los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a la elección por cédula de los magistrados como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 101 del propio Reglamento.
El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presídium.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a los señores Senadores y Senadoras, pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.
(Por orden de lista pasan a depositar su voto)
(Votación y escrutinio)
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, se va a dar cuenta con el escrutinio de la votación.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Damos la bienvenida a los colaboradores del Portal de Noticias La Silla Rota, y aprovechamos la ocasión para felicitar a este Portal por su V Aniversario.
A don Roberto Rock, Director General.
Andrea Merlos, Directora de Noticias.
Karla Ávila, Coordinadora de Noticias.
David Casas.
Arnoldo García.
Javier Cabrera.
Rodrigo Barranco.
Daniel Osorio.
Vivian Estrella.
Gabriela Rasgado.
Marlen Baldero.
Irined Gómez.
José Guadarrama.
Francisco Nieto.
Amilcar Salazar. Y
Roberto Rock Lechón.
Sean bienvenidos al Senado de la República.
Muchas felicidades.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al total, se emitieron un total de 92 votos, de los cuales 88 fueron a favor, uno en contra, exclusivamente de los señores magistrados del estado de Zacatecas, una abstención y un voto nulo.
Vuelvo a repetir, se emitieron un total de 88 votos a favor de la planilla conformada de la siguiente manera:
Magistrados del Órgano Jurisdiccional en materia electoral de Baja California.
Martín Ríos Garay, por 3 años.
Leobardo Loaiza Cervantes, por 5 años.
Elva Regina Jiménez Castillo, por 7 años.
Magistrados en materia electoral del estado de Tamaulipas.
Emilia Vela González, por 3 años.
Luis Alberto Saleh Perales, por 3 años.
Eddy Izaguirre Treviño, por 5 años.
María Concepción Reyes Reyes, por 5 años.
María Laura Garza Robles, por 7 años.
Magistrados en materia electoral del estado de Zacatecas.
Hilda Lorena Anaya Álvarez, por 3 años.
Juan de Jesús Alvarado Sánchez, por 3 años.
José Antonio Rincón González, por 5 años.
Norma Angélica Contreras Magadan, por 5 años.
Esaú Castro Hernández, por 7 años.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional por el que se declara que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en materia electoral en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, los ciudadanos que han sido leídos por la Secretaría.
Comuníquese.
En el salón anexo se encuentran los ciudadanos que han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, por lo que se designa en comisión a las y los señores Senadores, Joel Ayala Almeida, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Dolores Padierna Luna, Jorge Aréchiga Ávila, David Monreal Ávila, Manuel Cavazos Lerma e Ivonne Liliana Álvarez García y Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para que introduzcan a este recinto a las Magistradas y los Magistrados electos y los acompañen en el acto de su protesta.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a las señoras y señores Senadores sean tan amables de ponerse de pie.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas magistradas y ciudadanos Magistrados:
Martín Ríos Garay, Leobardo Loaiza Cervantes, Elba Regina Jiménez Castillo, correspondientes al estado de Baja California.
Emilia Vela González, Luis Alberto Saleh Perales, Eddy Izaguirre Treviño, María Concepción Reyes Reyes, Marcia Laura Garza Robles, correspondientes al estado de Tamaulipas
Hilda Lorena Anaya Álvarez, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, José Antonio Rincón González, Norma Angélica Contreras Magadan, Esaú Castro Hernández, correspondientes al estado de Zacatecas.
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados Electorales Locales en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, por el período de vigencia de 3, de 5, de 7 años, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación?
Los CC. Magistrados: ¡”Sí, protesto!”
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.
Felicidades, señoras y señores Magistrados.
A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.
(Aplausos)
Solicito a la Comisión designada acompañe a las y los señores Magistrados hasta las puertas de este recinto, cuando deseen retirarse.
(La comisión cumple)
Acompañe la comisión de cortesía a las señoras y señores Magistrados, por favor.
(La comisión cumple)
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción; y de Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregan propuestas de modificación sobre este dictamen, mismas que someteremos a su consideración.
El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.
Consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones que han llegar las comisiones dictaminadoras.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea si se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por esta Asamblea.
Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales para presentar, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso.
Quisiera empezar por agradecer del acompañamiento que los señores coordinadores nos han hecho a través de estos 6 meses de arduo trabajo, al Senador Emilio Gamboa, al Senador Fernando Herrera, al Senador Barbosa y al Senador Puente que han estado pendientes durante estos 6 meses de los trabajos que se han realizado.
Sin duda también al Senador Encinas, a Laura Rojas, que han estado muy pendientes durante estos 6 meses que hemos convivido de manera intensa para poder tener el día de hoy este producto legislativo que está aquí.
Y quisiera explicar un poco cómo se construyó este dictamen, que el día de hoy traemos a este Pleno del Senado.
Hace algunos meses, cuando se estaba presentando la Ley General de Transparencia, también se presentó una Iniciativa de Ley Federal de Transparencia.
Después de ello, cuando votamos la Ley General de Transparencia, hubieron muchos avances y hubieron muchas modificaciones, y eso en todo el piso de la discusión que iba a llevarse a cabo.
Después de ello, la Senadora Laura Rojas y el Senador Encinas presentaron una Iniciativa. Nosotros hicimos lo propio, la Senadora Cristina Díaz y su servidor, por lo cual teníamos en las Comisiones Unidas 3 iniciativas que le envían de dictaminarse, que al final del día se fueron complementando.
De estas 3 iniciativas conformamos un primer documento de trabajo. Por acuerdo de las Comisiones Unidas, por acuerdo de sus presidentes, este primer documento de trabajo fue remitido al INAI, que como lo habíamos dicho lo hemos considerado siempre nuestros asesores de cabecera para recibir las primeras observaciones a este documento, y así fue, recibimos las primeras observaciones; en algún intercambio de ideas y de cosas que estaban pendientes las incluimos en un segundo documento de trabajo, observaciones de los grupos parlamentarios y del propio instituto y dimos cuenta, es muy importante decirlo, y dimos cuenta de ese segundo documento de trabajo a los 128 Senadores para poder recibir observaciones a eso.
Recibimos muchas observaciones de Senadores que no son parte de estas comisiones dictaminadoras, que también aprovecho para agradecerlo en este momento.
Una vez que tuvimos este segundo documento de trabajo, organizamos los foros, los paneles, las audiencias públicas con las ONG´s, con los académicos, con los interesados en el tema, algunos sujetos obligados.
Agradezco también a las ONG´s, y como siempre me hace el favor el Senador Encinas de agradecer de manera puntual a cada una de estas ONG´s, él hará mención a todos aquellos que participaron con nosotros en estos foros.
Después de ello tuvimos un tercer documento de trabajo, que seguimos trabajando, analizando y perfeccionando para tener el día de hoy, pues, este dictamen que estamos presentando en este momento.
Sin duda fuimos entrando a detalles, siempre siendo muy cuidadosos de que no fuera a existir una sobre regulación del tema. Fuimos cuidadosos en añadir 261 obligaciones nuevas, entre ellas a las fuerzas armadas en materia hacendaria, en materia de población, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, en materia de política exterior, de medio ambiente, de economía, de ganadería, de pesca, de salud. Fuimos así detallando todo un catálogo de nuevas obligaciones.
Y para poder entender el avance que teníamos con la ley federal vigente, a donde vamos, me gustaría platicarles, también a aquellos, por ejemplo del Canal del Congreso, que la actual ley, la ley vigente tiene 64 artículos, y ahora el instrumento que estamos presentando a este dictamen tiene 206 artículos, es decir, existe un avance exponencial en la materia.
Sin duda existen retos muy importantes, retos de funcionalidad, retos de efectividad que habrán de medir los ciudadanos, y en esa tarea el Congreso, la Cámara de los Senadores, como la Cámara de Diputados tendremos que estar muy pendientes a este seguimiento, de la mano con los ciudadanos, porque esta ley debe ser efectiva y creemos que va a ser efectiva sin duda alguna.
El otro tema, del cual deberemos de estar muy pendientes, es la plataforma, esta plataforma informática de la cual los ciudadanos deberán tener un fácil acceso a esta plataforma. Esta ley es una ley de avanzada, es una ley de vanguardia que cumple con los más altos estándares internacionales.
Los acuerdos, las inercias que tuvimos con todos los grupos parlamentarios nos permitió trabajar durante estos 6 meses con celeridad, por decirlo así, porque hay que recordar que nos dimos un año para tener esta ley, y estamos presentando este dictamen faltando seis meses, eso sin duda es una muestra del compromiso que tiene el Senado de la República con un tema tan importante, como es la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
En este dictamen que presentamos el día de hoy no hay ocurrencia, no hay ocurrencia ni improvisaciones, lo que hay es un trabajo puntual que ha recogido, que ha dado seguimiento a los 12 años de experiencia, de antes en el IFAI y ahora el INAI, como un organismo constitucional autónomo, eso sí es lo que contiene.
Sin duda el dictamen que presentamos consolida y fortalece el derecho de acceso a la información y el sistema como tal, el Sistema Nacional de Transparencia, este instrumento nos va a permitir prevenir el abuso del Estado, luchar contra la corrupción, y previene cualquier indicio de autoritarismo que pudiera estar presente.
No me queda duda que con este instrumento y con el trabajo que hemos realizado en los meses anteriores con las reformas constitucionales, con las leyes generales, con las leyes federales y con lo que nos falta por legislar, que hay que decirlo, también falta mucho por legislar todo el paquete secundario de Anticorrupción, y tendríamos que estar pensando en que estos dos sistemas son sistemas complementarios, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
No me queda duda que con estos instrumentos que el Senado está poniendo instrumentos de vanguardia, México se convierte en un referente internacional en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Agradezco nuevamente a todos los que han ayudado y participado en este gran instrumento, que próximamente se convertirá en ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: A nombre de la Comisión de Gobernación, tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar.
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.
Señoras y señores Senadores: El día de hoy estamos sometiendo a consideración de esta soberanía el dictamen que contiene el proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es importante recordar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno.
En tal sentido la ley que hoy nos ocupa desarrolla bases y principios de la Ley General para lograr su aplicación armónica por parte de los sujetos obligados a nivel federal, y con ello cumplir lo establecido en la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información.
A partir de ello, hemos iniciado el proceso para cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de transparencia, de esta manera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es otro elementos más para el cumplimiento de nuestra responsabilidad de informar y llevar a cabo las funciones gubernamentales con mayor transparencia en el ejercicio del cargo, así como en el uso y destino de los recursos públicos, y con ello, empoderar al ciudadano a través de un mecanismo de efectiva rendición de cuentas.
Es de considerar que en tanto el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, comprende entonces la potestad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, tal como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el acceso a la información es un derecho y un instrumento para el ejercicio de otros derechos para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos.
En el Senado de la República hemos realizado acciones conjuntas con los distintos grupos parlamentarios para fortalecer, promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública que atienda las demandas de los ciudadanos.
En ese tenor, los objetivos de esta ley serán los de proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integrar.
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados es una tarea importante.
Regular los medios de impugnación que le competen resolver al instituto.
Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejore la gestión pública a través de la difusión de la información de formatos abiertos y accesibles, así como de la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos.
Propiciará esta ley la participación ciudadana en la forma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, promover y fomentar una cultura de la transparencia y acceso a la información pública.
Por todo lo anterior, son entonces sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
Con todo lo anterior, las obligaciones descritas en la ley general son el marco de referencia para llegar a cabo un ejercicio transparente de la función pública con el objeto de ser más exhaustivos y garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos como lo ha señalado el Senador Pablo Escudero, se han incluido obligaciones específicas a siguiente sujetos obligados que pondré como ejemplo.
En el Poder Ejecutivo Federal en materia hacendaria, a las fuerzas armadas, en materia de población, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, en materia política exterior, medio ambiente y recursos naturales, en materia económica, por citar algunos ejemplos.
En el mismo sentido se establecen obligaciones específicas para el Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inegi, el instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Y en materia energética, especialmente podremos poner como ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por citar algunos ejemplos.
Cabe destacar que en Comisiones Unidas hemos considerado importante realizar diversas modificaciones a efecto de decreto derivado de varias propuestas que consideramos acertadas para impulsar su mayor eficacia.
Con la finalidad de que el Comisionado Presidente del INAI se elija en sesión pública y que la ciudadanía siga de cerca su elección.
Por otro lado se incluye al Poder Judicial dentro de los esfuerzos para impulsar el gobierno abierto incluyendo dentro de sus procedimientos o de sus competencias propiciar el acceso público a las audiencias y sesiones en las que resuelvan asuntos jurisdiccionales conforme a la legislación aplicable, así como implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permitan la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional.
Igualmente, sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, deberán poner a disposición del público y actualizar la estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes y la estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de mecanismos alternativos, de solución de controversias en materia penal, así como medios de mediación, conciliación y justicia restaurativa.
En materia de política exterior, se modifican diversas obligaciones, con el fin que se ponga a disposición del público el número de constancias para obtener concesiones para la exploraciones y explotación de minas y aguas en territorio nacional, así como el número de constancias para la adquisición de bienes e inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y nacionalidad del solicitante, así como el número de permisos otorgados para la constitución de fideicomisos señalando la fiduciaria, nacionalidad del fideicomisario y la entidad federativa donde se localiza el inmueble.
En el ámbito educativo, otro ejemplo, es que se modifiquen las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que deba poner a disposición del público y actualizar la información relativa o el diseño de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, así como los programas y los resultados de las evaluaciones que en el marco de su competencia se lleven a cabo.
De igual forma, se deberá transparentar las respuestas que las autoridades educativas remitan al instituto respecto de las directrices que hayan emitido, así como su grado de cumplimiento de atención, entre otras obligaciones que harán de la educación educativa un proceso mucho más transparente y accesible al ciudadano.
Compañeros Senadores: Está Ley Federal de Transparencia, atiende las demandas de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública, para que esta sea clara, precisa y expedita.
Y es esencial que continuemos trabajando para brindar a la ciudadanía mayores instrumentos para que los mexicanos participen de manera más eficaz en el ejercicio de sus derechos y sean vigilantes activos en el actuar público, concibiendo así una relación más estrecha entre gobernantes en los ciudadanos.
Esto es un paso más, en materia de transparencia, la tarea continúa para el Congreso de la Unión, seguiremos pendientes en el futuro por dictaminar datos personales y, desde luego, presentar la iniciativa de archivos.
La tarea es permanente, por lograr y por consolidar un Estado de derecho, que en el derecho humano de todos los mexicanos sea la transparencia y la rendición de cuentas.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De conformidad con lo expuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: Como lo ha señalado ya aquí, la Senadora Cristina Díaz y el Senador Pablo Escudero.
El día de hoy, damos un paso un más, en lo que hemos avanzado en materia de construir el entramado institucional.
La legislación en materia de transparencia y acceso a la información, para hacer efectivo uno los derechos humanos, fundamentales, consagrados en nuestra Constitución, para todas las personas, para todas las ciudadanas y ciudadanos en nuestro país.
Como se ha dicho aquí, no solamente este dictamen que presentamos el día de hoy, deriva de tres iniciativas:
La primera presentada por legisladores de cuatro fracciones parlamentarios en diciembre de 2014, y otras dos más presentadas por legisladores, en primer lugar del PAN y el propio PRD y, posteriormente, del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde.
Pero, también hay que saber qué resultado de más de tres años de discusión, un proceso que inició en septiembre de 2012 en la anterior legislatura y, que derivó en una reforma constitucional, en donde además de buscar de dotar de autonomía todos los órganos garantes, tanto en el ámbito federal, como en los estados de la República.
Establecer los estándares legislativos básicos de la legislación en el ámbito federal y local, y eliminar la discrecionalidad con que hasta este momento se manejaba y ejercía este derecho al acceso a la información pública. Hoy estamos concretando.
Hay que señalar que, a través de las audiencias públicas y las consultas con los órganos garantes, se han realizado un conjunto de modificaciones importantes.
Y hay que reconocer, lo señalaba Pablo Escudero, las aportaciones siempre oportunas y críticas de las organizaciones de la sociedad civil.
Yo debo reconocer el trabajo del artículo 19, del Colectivo para la Transparencia, de México Infórmate, de Fundar y otras organizaciones sociales especializadas en temas que nos han ayudado, incluso con una visión crítica como la fijada el día de ayer en el comunicado de prensa que hicieron público, y que hemos considerado en gran medida, o mejor dicho, en la medida de lo posible, en las adecuaciones que todavía anoche realizamos al proyecto de dictamen y que hoy se han sumado a la discusión.
Debo señalar que ha habido temas polémicos, y si bien el espíritu fundamental de la ley general se mantiene, particularmente en lo que se refiere a la prohibición, por ejemplo, de reservar información a violaciones graves a los derechos humanos o a la comisión de delitos de lesa humanidad, donde se mantienen los estándares establecidos en la ley general y se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su sentido de protección y garantía más amplio, haciendo valer la preminencia del principio de máxima publicidad.
Creo que se logra, sin lugar a dudas, un avance significativo, aunque no se logró un acuerdo en lo que es hacer más explícita la facultad del Instituto Nacional de Acceso a la Información para hacer una valoración cualitativa y cuantitativa sobre violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, para efectos de acceso a la información, lo que también a mi juicio no impide necesariamente que ellos lo realicen, aunque tendrán que enfrentar sin lugar a dudas algunas resistencias.
De la misma manera, y en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados federales, se logró consenso en 276 obligaciones genéricas y específicas, aunque en el ámbito energético quedaron pendientes de definición algunas obligaciones sustantivas, como por ejemplo la información del Estado que guarda la integridad física y operativa de las instalaciones de los asignatarios, permisionarios o concesionarios, o la ubicación de los pozos de aguas residuales, estándares y funciones, y responsabilidades en materia de seguridad industrial, operativa y ambiental de los propios permisionarios o concesionarios.
En materia de sindicatos y partidos, que fue de los temas que estuvimos discutiendo, se mantienen como sujetos obligados, e incluso en el ámbito de los partidos políticos sujetos a una doble regulación en materia de transparencia, no solamente en lo que contiene la ley general y la ley federal en materia de obligaciones para los partidos políticos, sino también las disposiciones que derivan de la Ley General de Procesos Electorales y Partidos Políticos, en lo que corresponde al manejo de las prerrogativas en los procesos electorales.
Y en el caso de sindicatos se reitera, además de las responsabilidades establecidas en la ley general, la obligación de mantener disponible la información y de manera accesible, en todo lo que se refiera a los asuntos de la administración o manejo de recursos públicos en especie o en efectivo.
Aunque también aquí hay que señalar que en todo momento -y esto no solamente es una disposición de los estatutos de los sindicatos- los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir la información, por ejemplo, del manejo de las cuotas sindicales, las aportaciones de los trabajadores a su sindicato, a partir de las obligaciones en materia de transparencia que se establecieron en la reforma laboral, en donde se debe dar cuenta desde el registro del sindicato, los mecanismos de elección de sus dirigentes, el padrón de afiliados e incluso los mecanismos para aprobar los contratos colectivos y que estos sean derivados efectivamente de la consulta con los trabajadores.
Y al mismo tiempo, dentro de los avances importantes hay un mayor fortalecimiento de las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde asuntos elementales de un ejercicio democrático de una institución autónoma se resuelven, por ejemplo que la sesión en donde se elija al Presidente del Consejo sea pública, y se eliminó el voto razonado que implicaba poder dejar un voto por escrito cuando el principio básico del ejercicio de todo acto democrático es el voto presencial y no un voto diferido, al tiempo que se constituye, a partir de esta ley, el Consejo Consultivo del INAI integrado por diez ciudadanos que participarán de manera honorífica.
Otro de los temas polémicos estuvo vinculado a información clasificada, todos los criterios de clasificación de información, en donde en esta ley general se mantienen los estándares establecidos para que en materia de clasificación de los sujetos obligados al aplicar estos criterios, no sea de manera restrictiva, sino al contrario, se limiten todas las excepciones al derecho, que sea la excepción lo que rija y no la regla, y, para ello, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos expedientes como reservados ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.
Y, por eso, es muy importante la definición que se mantiene en esta ley del momento de clasificación de la información y la prohibición expresa de la clasificación ex ante, es decir, que ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información, y el momento de clasificación se establecerá cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación.
De ahí la importancia de mantener los principios fundamentales de la prueba del daño, en donde la clasificación de la información reservada se realizará conforme a un análisis casuístico mediante la aplicación de la prueba de daño, siempre cuando la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicios significativo al interés público o a la seguridad nacional.
En materia de información confidencial, se establece como tal la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y ésta no estará sujeta a ninguna temporalidad y sólo podrán tener acceso a esta información los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
De la misma manera, y creo que esto hay que destacar dentro de las aportaciones, está la inatacabilidad de las resoluciones del INAI, y el acotamiento de las facultades del Consejero Jurídico, a lo que me referiré más adelante.
Y dos de los temas que no venían incluidos en ninguna de las tres iniciativas, y que hoy forman parte del cuerpo del dictamen, es la inclusión de dos conceptos básicos: el de gobierno abierto y el de justicia abierta, donde, por primera vez, no solamente se establecen obligaciones al gobierno federal, sino al Poder Judicial en materia de transparencia, como lo hicimos en la fracción II del artículo 67, en donde ya hay obligaciones puntuales en materia de justicia abierta al Poder Judicial de la Federación, y estos resultados del acuerdo que sostuvimos el día de ayer en las comisiones unidas para que retomando el debate pudiéramos hacer nuevas modificaciones a la cuarta versión del proyecto de dictamen que se discutió el día de ayer.
Y en estas discusiones logramos no solamente retomar propuestas de las Senadoras y los Senadores presentes en la reunión, sino también mantuvimos comunicación con el INAI y con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde se incorporaron observaciones adicionales alrededor de 25 modificaciones, donde destaco la modificación al artículo 67, su fracción II en materia de las responsabilidades del Poder Judicial en materia de transparencia y acceso a la información.
Una sustantiva o dos sustantivas, los artículos 68 y 69 que el Senador Javier Corral, y un servidor, ayer cuestionamos respecto a extralimitación de facultades del Consejero Jurídico de la Presidencia, donde en el caso del artículo 68, todo se sujetará a la aplicación de la prueba de daño, establecida en el artículo 104 de la Ley General; y en el artículo 69 se elimina lo que era el inciso b) donde se le daban atribuciones adicionales al Consejero Jurídico, y se reduce solamente a establecer su regulación de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas en la materia.
Se incorporan también de la discusión de ayer modificaciones en materia de seguridad pública para que quede de manera claramente definida una preocupación de la Senadora Pilar Ortega.
Toda la información que deba de entregar la Secretaría o las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en materia de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas con la Comisión de Delitos y en materia de justicia de adolescentes; y toda la información vinculada con la Comisión de Delitos Federales.
Y debo destacar una que era muy importante, una adecuación al artículo 113, que es de las modificaciones de mayor trascendencia, donde estábamos cometiendo una omisión significativa, ya que en ese artículo se consideraba como información confidencial la que contenía datos personales, concerniente a toda persona, cuando nuestra Constitución establece que se entiende por persona, tanto a las personas físicas o morales, con lo cual podría haberse realizado excepciones en materia de personas morales, y por eso el artículo 113 establece ya con toda precisión que se trata de personas físicas.
Finalmente, sí quiero entrar a uno de los temas que mayor polémica generaron, y es en cuanto si se mantiene o no una excepción a los grupos parlamentarios o al Poder Legislativo en materia de sus obligaciones de transparencia, y yo quiero aquí sostener mi convicción de que no solamente en materia de las obligaciones del Poder Legislativo, sino de los grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, tenemos plena vigencia en nuestras obligaciones genéricas y específicas desde el momento mismo en que la Ley General las estableció, y aunque se hizo, se estableció una excepción para la aplicación de la Ley General en materia de rendición de cuentas y solicitudes de información al Congreso de la Unión en el artículo 13 transitorio que establecía un periodo de tiempo para que el Senado de la República y la Cámara de Diputados establecieran su reglamento de administración y rendición de cuentas, ésta prescribió o terminó el último día del mes de agosto, con lo cual, la omisión del legislador no obsta para que tengamos la obligación de dar pleno cumplimiento a esa responsabilidad.
¿Qué significa esto?
Que no solamente no hay ningún régimen de excepción para el Congreso de la Unión, de ninguna de sus Cámaras, ningún grupo parlamentario y ningún legislador, sino que todos estamos obligados a partir del 1º de septiembre a rendir cuentas de los recursos que percibimos para el desempeño de nuestras funciones y de las acciones o del desempeño legislativo que tengamos.
Ya veremos quién cumple y quién no cumple, porque ahí es donde vienen los dos nuevos retos y creo que hay dos grandes retos a futuro: el primero, es el reto de la implementación de la Ley, y es el que me está siguiendo por el Canal del Congreso, los integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de los órganos garantes locales, así como las organizaciones sociales, y el mayor reto va a ser el de la implementación y enfrentar las resistencias, como lo hemos visto en este propio Poder Legislativo. Y en esto va a requerirse mucho del trabajo y la participación de la sociedad civil.
Y el segundo reto, y lo quiero advertir desde hoy, es que ante esta cascada de legislación que iniciamos en el 2012, con una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, que dio lugar a una Ley General, que por primera vez en la historia del proceso legislativo de nuestro país, deriva en una ley secundaria de carácter federal, porque hasta ahora en ninguna ley general ha tenido ninguna legislación específica en el ámbito federal, tenemos el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Esa es la primera Ley General, la de Acceso a la Información, que va a tener una legislación que regule la actividad del gobierno federal.
Y si a eso le sumamos la Ley de Archivos, le sumamos la Ley de Datos Personales, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, ahora la Ley Anticorrupción y las 20 leyes que de ella se derivarán y la creación del Sistema Anticorrupción, y si esto se conjuga con el Sistema Nacional de Archivos del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, podremos correr el riesgo de realizar un tal nivel de desarrollo de leyes y de instituciones que lleven a su instrumentación y mutuamente se anulen y conculquen, por lo tanto, el derecho a los ciudadanos.
Ayer usaba yo un concepto poco técnico, pero corremos el riesgo de incurrir en una legislación que acote, en donde haya más disposiciones legales y tantas instituciones para hacer valer la ley y los derechos ciudadanos, que a final de cuentas entorpezca entre sí misma y conculquen de sus derechos.
Quiero terminar, y eso sí es un acto que debo, abusando de su atención, que debo cumplir, el agradecer a todo el equipo técnico de mi grupo parlamentario y de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, así como los equipos técnicos de la Comisión de Gobernación y de Participación Ciudadana y Anticorrupción, en particular a quienes más cerca estuvieron en estos meses, estos tres años y tres meses que llevamos de discusión del tema, Aleida Tovar, a Blanca Báez, a Julisa Suárez, a Nayeli Peralta, Estefanía Cevallos, a Emilio Saldaña, a Enrique Dupre, a David Mamés , Sergio Ruiz, David Fonseca, Alejandro Pulido, Ivonne Sánchez, el apoyo que nos han brindado ha servido no sólo a un servidor, sino al grupo parlamentario en este trabajo legislativo, que avanza y que esperemos que no enfrente muchas resistencias para su implementación.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia, quienes nos acompañan para presenciar nuestros debates.
En términos de lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento. Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos por cada intervención.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Estamos frente a una legislación que deriva de una reforma de la Constitución de la República en su artículo sexto.
En ese sentido, tenemos una medición que respetar, y en el curso de este debate habrá que analizar si esa ley está a la altura de la reforma al artículo sexto constitucional, que establece la obligación de lograr en esas medidas la máxima publicidad.
Es lo que hemos escuchado y lo vamos a realizar y lo vamos a escuchar en el debate, si es que se da, ¿cumple esta ley los objetivos plenos del artículo sexto, que establece, máxima publicidad? Eso es lo que vamos a discutir. Nosotros consideramos que no lo cumple.
La filosofía política reciente lo dice con toda claridad, y es una obligación de los estados que se presentan como estados de derecho, pues establecer esta obligación del Estado, de manifestarse con transparencia, obvio lo dice, la democracia es un gobierno público, y también con sentido contrario, Canetti, el secreto en el ejercicio del poder fundamenta un gobierno autoritario. Eso es lo que vamos a conjurar.
A reserva de lo que se platicará y veamos en lo general y luego en lo particular, podemos encontrar ventaja, sin duda.
Uno. Son sujetos obligados con algunas obligaciones de transparencia, con algunas, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos parlamentarios, fideicomisos, fondos, contratos análogos y personas que reciban o ejerzan recursos públicos.
Dos. Se aumentan las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados en las obligaciones específicas, aunque son insuficientes para cumplir con el principio de máxima publicidad que anuncia el artículo sexto de la Constitución.
¿Cuáles son las desventajas? Los titulares del órgano garante INAI, son designados, respondiendo al esquema de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios.
Ello no garantiza su independencia, ni su imparcialidad, algo que nos ocurre en toda esta tarea de organismos supuestamente autónomos.
Esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos en el Senado y por el Ejecutivo.
Leeré en su momento una carta que le dirigimos a la presidenta del instituto respectivo, que había planteado una serie de limitaciones graves a la Ley General que se discutió, graves, y que sin embargo pese a peticiones personales de que teniendo facultad de ir a una controversia constitucional no lo hizo. Lo debió haber hecho si hubiera sido absolutamente independiente su nombramiento, pero no lo hizo, pese a que planteó graves deficiencias en lo que se discutió y se aprobó.
Desgraciadamente no son sujetos obligados directamente el poder mediático y las trasnacionales, la información que se puede exigir de los poderes fácticos no señalados directamente por la ley, es de manera indirecta, por algunas obligaciones de transparencia insuficientes que tendrán algunas autoridades.
El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de la transparencia y el acceso a la información pública no debería ser solamente el ejercicio de recursos públicos, sino también la función o área que realizan los sujetos privados.
Si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencia pública, social o que afecte a la economía, esa fusión también debe ser pública.
En materia de seguridad nacional y pública, se propone un tratamiento de excepción, que no se rige por la Ley Federal, sino por la Ley General y los Protocolos de Seguridad y Resguardo, artículo 84. Se deja fuera, lo que permite una discrecionalidad enorme y sobre todo en un país como el nuestro, policiaco-militarizado.
En materia de sanciones, artículo 186 y siguientes.- No se le conceden al INAI todas las atribuciones para sancionar, sólo en el caso de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público.
En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente, y no indica que nunca las autoridades podrán ratificar por esos motivos la información como reservada.
Desde el inicio de la averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del inicio de cualquier procedimiento, la información deberá ser pública en esos supuestos.
La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá que las autoridades sigan, como hasta ahora, escamoteando la transparencia cuando se cometen graves hechos de violación a los derechos humanos.
El artículo 12 de la Ley Federal incurre en el grave error de considerar: “Que sólo la información documentada que derive de competencias legales es pública”, cuando la finalidad de la ley debería de ser: “Que cualquier información de trascendencia pública que tenga que ver con las autoridades o con poderes fácticos, es pública”, independientemente de que se ha documentado o no. Una salida fácil: “No se documentan”, y ya en sí no pueden ser públicas, ni conocidas.
El materia de transparencia energética, artículo 68 y 73 de la ley.- La información que específicamente debe de ser pública, no es la más relevante.
Por ejemplo, no es pública la que tiene que ver con las personas físicas que son titulares o controlen las empresas energéticas privadas.
Tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta a los pueblos originarios, que ya sabemos que están amenazados por la ocupación temporal, o sea expropiación por las empresas transnacionales.
Tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta, ni las evaluaciones de impacto social de los proyectos de infraestructura.
Las normas, en materia de transparencia energética, son retóricas al no prever el supuesto del conflicto normativo con leyes secundarias en materia energética, algo que señalamos con toda claridad al discutir la norma general.
Es decir, no queda claro, en caso de antinomia, si prevaleciera la Ley General de Transparencia o las leyes y reglamentos de las leyes en materia de energía.
Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información.
Artículo 110 y siguientes.- Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista expresados en un procedimiento deliberativo, no concluido, se consideren de información reservadas.
Lo anterior es totalmente contrario al principio Kafkiano que señala: “Que los actos de autoridad que no son públicos, son injustos” Y a los principios de filosofía moral, por ejemplo, expresado por Arsenio, “en el sentido de que en una democracia debe ser público, tanto el procedimiento, durante el mismo procedimiento como el resultado de la decisión” El poder y la corrupción anidan en procedimientos deliberativos que no son públicos.
La prueba del daño debería más exigente para los sujetos obligados que la premisa en el artículo 106 de la ley.
El daño por no difundir la información, debería de comprobarse empíricamente por los sujetos obligados y no darse por sentado a través de una especulación jurídica.
La ley no protege a los servidores públicos que divulguen información en contra de sus superiores o de sus pares.
La ley no establece la obligación para que las declaraciones patrimoniales de interés o las declaraciones fiscales sean públicas.
La información jurisdiccional tiene un tratamiento de excepción prevista en el artículo 166, y siguientes, lo que significa, al menos en esta materia, que indebidamente el INAI no es la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información en materia jurisdiccional.
La ley no sanciona la comercialización de información confidencial y reservada, ni la reincidencia en la no publicación de la información.
El recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que puede presentar el Consejero Jurídico del Gobierno, no está regulado.
No se regula el voto particular del comisionado que disiente, ni se establece el procedimiento para emitirlo.
Los partidos y sindicatos tienen obligación de dar información, pero no de la trascendencia. Por ejemplo, el caso de los partidos, no se consideran públicas las actas de reuniones en sus órganos internos; y en el caso de los sindicatos, no se estima público el ejercicio del gasto público que reciben y realizan los sindicatos.
El destino de los recursos que reciben los grupos parlamentarios en las Cámaras, no están precisados como información pública.
El plazo de 18 meses que establece el tercero transitorio de la ley para que los sujetos obligados, todos, acusen su normatividad, en la materia es excesiva, en los hechos esta ley se estará aplicando hasta el próximo sexenio.
Las causales de improcedencia y sobre seguimiento de recursos de revisión son contrarias al artículo 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, los recursos deben ser sencillos y rápidos.
El artículo 21 de la Ley es contrario al artículo primero de la Constitución, en interpretación, las autoridades deben tomar en cuenta el bloque de constitucionalidad. En general, las obligaciones específicas de transparencia, de autoridades y de personas están limitadas, lo importante en cada poder y autoridad no es buscar transparentarlo.
La ley contribuye a la simulación, y no será un instrumento efectivo para combatir la corrupción, conocemos los esfuerzos que han hecho para abrir y hacer del gobierno un gobierno abierto, pero los resultados revelan que no lo lograron del todo, sino que sigue un gobierno que no busca la apertura, sino la cerrazón.
Y como esa materia es fundamentalmente una materia cuya aplicación requiere de voluntad política, los resultados de este jaloneo, de este sí o no, de esa máxima publicidad, pero que nada más tiene un avance, significa que el gobierno no tiene voluntad de transparencia y, por tanto, el resultado y el futuro están realmente, gravemente cuestionados.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de Derecho del Colegio Anáhuac de Tulancingo, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.
Sean ustedes bienvenidos al Senado.
(Aplausos)
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Una de las aportaciones más importantes para la vida democrática de nuestro país, fue incorporar el Sistema Jurídico Mexicano a principios del siglo XXI, la creación de un órgano garante del acceso a la información, consagrado como derecho humano en el artículo sexto constitucional.
Desde entonces el Instituto Federal de Acceso a la Información se convirtió en un paradigma de la transparencia en México como organismo autónomo, responsable de materializar el carácter público de la información que poseen los órganos de gobierno, pero salvaguardando, al mismo tiempo, la protección de los datos personales.
A 12 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la legislatura pasada, el Congreso de la Unión aprobó una ambiciosa reforma tanto constitucional como legal, con la finalidad de institucionalizar la materia de transparencia y el acceso a la información pública.
Fortalecer al IFAI para transformarlo en un Instituto Nacional y dotarlo de autonomía constitucional y distribuir competencias en esta materia entre los tres órganos de gobierno. Con ello fue establecido un nuevo modelo nacional de transparencia y acceso a la información, en el cual la federación, las entidades federativas y los municipios quedaron sujetos a los mismos principios constitucionales en esta materia, regulados por la Ley General.
Si bien desde el 2012 el Sistema Jurídico Mexicano cuenta con una legislación federal a la luz de la nueva distribución de competencias entre los tres órganos de gobierno, derivada de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es necesario, si bien esto es importante, es necesario actualizar la Ley Federal para armonizar con el nuevo modelo que se está proponiendo en esta iniciativa en esta materia.
El proceso legislativo de la ley, contenida en el dictamen que nos ocupa, no sólo deriva de varias iniciativas promovidas por legisladores de las diversas fuerzas políticas, representados en este Senado de la República, sino que contó con un análisis exhaustivo que consideró las voces de todas las personas y los sectores interesados, con ello el texto de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no solamente atiende de manera cabal a la reforma constitucional del 14 en esta materia, sino que el Congreso de la Unión predicará con el ejemplo de desarrolla en el ámbito federal los mandatos contenidos en esta ley general.
No se debe perder de vista que la presente ley contempla que el Instituto Nacional de Acceso a la Información cuente con un consejo consultivo, como instrumento fundamental de composición civil y académica que servirá como apoyo del Instituto al emitir opiniones técnicas no vinculantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, lo cual de manera inevitable fortalecerá la transparencia y el acceso a la información.
Compañeras y compañeros Senadores, el Congreso de la Unión ya ha dado un paso histórico y fundamental para modernizar el marco jurídico de nuestro país en materia de transparencia y acceso a la información.
Por lo tanto, los exhorto a culminar con este proceso legislativo, a fin de que a nivel federal exista una legislación armonizada, que cumpla con los mandatos constitucionales y legales que permita materializar el derecho humano de toda persona y de un país moderno con leyes claras y transparentes.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter.
El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso señor Presidente.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos señalar que en la construcción de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad nos encontramos frente a uno de los dictámenes de mayor importancia para algo tan necesario en este momento de la vida nacional, que es la reconstrucción de las instituciones y especialmente de la confianza de los ciudadanos hacia la función pública y hasta la propia clase política.
En el ámbito legislativo podemos congratularnos de haber alcanzado acuerdos después de sendas reuniones de trabajo, y después de ya varios años desde que se conquistó el cambio constitucional para darle autonomía a los órganos garantes de acceso a la información, podemos decir que estos acuerdos nos han permitido dotar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a los sujetos obligados con una herramienta que no permitirá como Estado combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la información pública, particularmente lo referente al manejo de los recursos públicos.
Con la aprobación del presente dictamen se inicia el desafío para la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas entre ciudadanos y gobierno que busque lo que hoy no tenemos que es un equilibrio de pesos y contrapesos efectivos.
La poca transparencia que existe y que prevalece en organizaciones del gobierno federal y la ausencia o ineficiencia, ineficacia, perdón, de los mecanismos de fiscalización sobre las entidades federativas han fomentado ineficiencia, abusos y corrupción, viejos y pesados lastres para la economía y las instituciones en nuestro país y especialmente un enorme lastre para el ejercicio del buen gobierno.
En los procesos de construcción de los sistemas nacionales tanto de combate a la corrupción como de fiscalización hemos advertido que, dada su eficaz funcionamiento requieren de un andamiaje jurídico e institucional que garantice el ciudadano el acceso sin restricción a la información pública.
Estos sistemas más que complementarios tienen que generar una simbiosis porque la rendición de cuentas requiere que haya transparencia ahí donde hay transparencia, requiere que haya instrumentos de fiscalización, y ahí donde hay fiscalización, y si se detectan usos irregulares de los recursos públicos tiene que haber combate a la corrupción.
La rendición de cuentas no se puede hacer solamente con un instrumento, hoy tenemos una ley que nos permite un avance significativo, pero hay que recordar que hay muchos elementos del sistema de rendición de cuentas que están pendientes.
Queremos señalar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incorporó la discusión de temas importantes y significativos, por ejemplo, la prohibición de reservar información en violaciones graves de derechos humanos, en información relacionada con actos de corrupción.
Obligaciones de transparencia para los sujetos obligados federales, ya sean sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios o fideicomisos públicos.
Claridad en las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, integración, facultades, obligaciones, nombramiento, particularmente la definición de conflicto de interés y las causales de remoción o renuncia.
Se incorporaron a esquemas certeros para motivar la participación ciudadana y avanzar así en el cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto y formular políticas que sean proactivas en materia de difusión de la información pública.
Un mecanismo de prueba de daño adecuado, conveniente y congruente con la legislación general, un procedimiento claro y estricto para la clasificación e información, así como diversas disposiciones de transparencia en el sector energético, entre otros alcances significativos.
El Partido de la Revolución Democrática reconoce el proyecto a discusión, el concierto de voluntades de todas las fuerzas políticas para avanzar en la reconstrucción de la confianza social en el ejercicio de la función pública en una época de profunda crisis institucional derivada de escándalos de corrupción y conflictos de interés de la clase política, y subrayamos las importantes participaciones, las importantes aportaciones que hicieron organizaciones de la sociedad civil porque desde que se hizo el cambio constitucional ir de la mano con esas agrupaciones ha permitido no solamente construir de una manera abierta la ley, una ley de transparencia que busca profundizar precisamente en instrumentos de gobierno abierto, sino mantener una estrecha cercanía en la realización de la ley que esperamos que se convierta en una estrecha cercanía en garantizar el cumplimiento de la misma.
El hacer la ley es un avance, qué bueno que lo estemos logrando, pero tenemos que revisar palmo a palmo que las instituciones que hoy se ven fortalecidas con este cambio legislativo cumplan con las funciones que le están siendo encomendadas.
Y esto solamente es posible, compañeros y compañeras, si las legisladoras y los legisladores, mantenemos esa dinámica de acercamiento. Ahí donde la autoridad no cumpla, tenemos que utilizar la propia ley, sea a través del Poder Judicial o a través de algún otro instrumento, para garantizar que los alcances que hoy estamos celebrando, se lleven verdaderamente hasta sus últimas consecuencias.
Por ello, advertimos, la insuficiencia denunciada por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, de los canales de participación en el escrutinio público y denuncia de actos de opacidad y de corrupción, cuestiones que tienen que ser fortalecidas, con este ordenamiento, sin duda alguna, pero con los grandes pendientes que aún nos quedan.
Estamos hablando, de que frente a escándalos, como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, o la fuga del Chapo, que son los temas que recurrentemente nos recuerda la fragilidad del Estado mexicano y de las instituciones.
Hoy tenemos que mantener una marcha de trabajo para conquistar una Ley de Archivos, una ley que proteja los datos personales, pero, también, todo el andamiaje que le dé verdadero sentido y consistencia al Sistema Nacional Anticorrupción.
La parte de irresponsabilidades de los servidores públicos, una nueva Ley de Obra Pública, declaraciones patrimonial, fiscal, intereses que puedan ser publicitadas obligatoriamente por todos los actores públicos, así como el tema de delatores y la responsabilidad penal de personas morales, son lo que nos permitirá, junto con la ley que hoy estamos por aprobar, tener un Sistema de Rendición de Cuentas.
La única forma, compañeras y compañeros, en la que será posible recuperar la confianza en las instituciones del Estado mexicano, serán así con un nuevo andamiaje legal, como el que hoy estamos discutiendo. Pero, especialmente, exigiéndole a la autoridad que cumpla con lo establecido por la ley.
El problema de la corrupción es un problema que tiene otra cara en la misma moneda, que es el de la impunidad.
Y hoy el gran pendiente, compañeros y compañeras, no es que avancemos en una legislación de transparencia, sino que garanticemos que se cumpla a cabalidad. Y para ello tendremos que votar el día de hoy, pero mantener esa misma dinámica de trabajo, relacionándonos con la sociedad que ha participado en la elaboración de la misma.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fijar posición a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, hasta por 10 minutos.
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente.
Muy buenas tardes a todos compañeras, compañeros Senadores.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Senadores, votará a favor del dictamen de la Ley Federal de Transparencia que proponen las comisiones porque es una buena ley.
Es una ley que cumple con el objetivo primero, de armonización de la legislación federal en la materia, con la Ley General de Transparencia que aprobamos el 18 de marzo pasado y que entró en vigor el 5 de mayo.
Y a partir de entonces, han sido poco más de seis meses en donde hemos trabajo, no sólo para que la Ley Federal sea armónica, sino para en varios rubros, vaya más allá de la Ley General en beneficio del derecho de las personas al acceso a la información.
Por ejemplo, de las 167 obligaciones de transparencia focalizada de la Ley General. Ahora se aumentaron 247 obligaciones específicas de transparencia proactiva para las instituciones federales. De las cuales, 75 son especialmente para el régimen de transparencia en el sector energético.
Sin embargo, estos logros no son sólo números, sino que son obligaciones que se traducen en conocimiento útil de información relevante para las personas. Por ejemplo, la gente podrá conocer sin necesidad de pedirlo expresamente, porque deberá de ser publicado en las páginas de internet de los sujetos obligados.
Información, por ejemplo, sobre ¿Cuántas armas y de qué tipo circulan en la calle?
¿A quiénes se les perdona el pago de impuestos, cuánto y por qué?
¿Cuántas cárceles hay y en qué condiciones están?
¿A quiénes ha espiado el gobierno y por qué?
¿Cómo va el cumplimiento de nuestro país de los tratados internacionales que le aplican?
¿Dónde están las zonas del país contaminadas y de qué tipo de contaminación se trata?
¿Cuál es la riqueza natural de nuestro país?
¿Cuántos minerales nos quedan de reserva?
¿A cuántas mujeres y hombres del campo se les ha apoyado y de qué manera?
Podremos vigilar a las empresas de telecomunicaciones para saber si cobran lo justo o no, por sus servicios de telefonía, internet o televisión.
El avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa.
¿Dónde está el hospital más cercano?
¿Cuántos asegurados tienen el IMSS o qué dicen los representantes del gobierno a nombre de todos mexicanos en las Naciones Unidas?
¿Cómo votan y a qué se comprometen en todos los organismos internacionales?
Las anteriores son algunas de las más de cien obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial no se quedó atrás, pues también tendremos información importante sobre cómo nombran a magistrados y jueces, por ejemplo.
Asimismo para los órganos autónomos encargados de temas federales como la competencia económica, las telecomunicaciones o la evaluación de la política social, el Inegi, el INEE o la Fiscalía General de la República cuando entre en vigor -hoy todavía PGR-, también se prevén en la ley 85 obligaciones de transparencia específica.
Debemos recordar que uno de los grandes logros de esta ley, de la ley general y de la reforma constitucional, es que el hecho de que la información no se encuentre dentro del catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva, no implica de ninguna manera que la información no sea pública o consultable.
Las obligaciones de transparencia proactiva únicamente tienen el fin práctico de que la información más relevante que generan los sujetos obligados, esté a la mano de los ciudadanos y se obvie el proceso de petición.
De hecho todas las reformas en esta materia parten del supuesto de que la información no es de los funcionarios públicos que la generan o la administran, sino que es de la gente.
Esta ley no sólo tiene en varios rubros un mayor alcance que la ley general en beneficio del derecho de acceso a la información, sino que con las aportaciones de muchos Senadores, académicos, expertos y como siempre las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el proceso, superó los proyectos que teníamos en las iniciativas que presentamos.
En estos meses de trabajo se ha logrado construir un mejor contenido del texto de este dictamen, que el propuesto en la iniciativa plural del 9 de diciembre del año pasado y de las visiones que teníamos en las subsecuentes iniciativas presentadas.
Uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance y que fue una propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fue el desarrollo de los principios del Gobierno abierto. Esto es un hito en el país, pues es la primera ley que desarrolla los principios del Gobierno abierto y que establece prácticas de Parlamento abierto para el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder Judicial.
En términos prácticos el Gobierno, Parlamento y justicia abiertas, buscan que las autoridades no sean un ente aislado de los ciudadanos, sino que cada vez más las personas se involucren, se escuche su voz y así éstas tengan el Gobierno que esperan.
Lo anterior abona a los compromisos internacionales que México ha asumido como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y al liderazgo que sostuvo mediante la Presidencia del mecanismo, misma que concluyó el mes pasado.
Además de estos aspectos novedosos, también se regulan en este dictamen aspectos orgánicos básicos y de procedimiento, como las facultades del INAI, de los Comisionados, del Pleno, de los Comités y Unidades de Transparencia, los procedimientos de acceso a la información, clasificación, revisión de asuntos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de medidas de apremio y sanciones por incumplimiento a la ley.
Es importante destacar que se logró retomar el precedente de Parlamento abierto para el nombramiento de los Comisionados actuales del INAI, mediante un proceso incluso participativo y transparente en cada una de sus etapas, para que quedara establecido en la ley no sólo para el nombramiento de los Comisionados, sino también para los miembros del Consejo Consultivo.
Somos conscientes de que aún hay debates sin resolverse en este camino de la garantía del derecho de acceso a la información. Claramente uno de estos temas es la definición de si el INAI debe contar con la facultad de ordenar la apertura de la información relacionada con posibles violaciones graves de derechos humanos antes de que se pronuncie la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Quiero recordar que el debate de este dilema lo tenemos desde la ley general y antes, desde la reforma constitucional, y que en estos debates el consenso en éste es esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre los casos San Fernando 1 y 2, y que a partir de esas resoluciones podamos ser orientados y legislar en ese sentido.
Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, hace un llamado cordial y respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie a la brevedad y así podamos generar certeza jurídica en este tema.
Sabemos bien la utilidad de que la sociedad conozca la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Un ejemplo claro de ello es la información sobre las investigaciones del caso de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa.
El derecho a la información es un derecho individual, pero también es un derecho social que hace las veces de mecanismo de vigilancia a las autoridades judiciales, a efecto de que su actuar sea recto y apegado a la verdad y a la justicia.
Esperamos entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión jurídica, con un enfoque de cumplimiento a los derechos humanos, y podamos con base en su resolución armonizar la ley en esta materia.
El siguiente reto, como ya lo comentó el Senador Alejandro Encinas -y en eso coincido-, es el de la implementación -y también lo comentó el Senador Ríos Piter-, empezando por nuestra propia casa, el Poder Legislativo que se ha estado preparando para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de transparencia proactiva, y hay que acelerar el paso en ese sentido y refrendar nuestro compromiso.
Hay que recordar que desde la ley general, todos los órganos de Gobierno, Comités, Comisiones, Centros de Estudio, Grupos Parlamentarios y en consecuencia los Legisladores en lo individual, tenemos obligaciones que cumplir como lo establece la Ley General, nadie está exento y estamos en el camino de cumplir a cabalidad estas obligaciones.
La implementación requerirá un compromiso mayor de todos, porque implica, además de recursos materiales, algo mucho más difícil de lograr, que es: un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura organizacional y de disposición en miles de funcionarios públicos de todo el país, para que dejen de ver las nuevas obligaciones como un capricho, como una carga excesiva e innecesaria que los distrae de sus labores sustantivas.
Hay que decirlo y decirlo claramente, la democracia, y más aún una democracia de calidad, como es a la que aspiramos, implica esfuerzos.
Ante los niveles de descrédito que tienen las instituciones en nuestro país, como se observa en la última medición del Latinobarómetro, que indica que sólo el 29 por ciento de la sociedad mexicana está satisfecha con la democracia, que sólo 17 por ciento de los ciudadanos se sienten representados por el Congreso; y que sólo 26 por ciento de mexicanos piensa que el gobierno es transparente, es necesario que entendamos, y entendamos ya, que la transparencia, como mecanismo de rendición de cuentas, es la única vía para empezar a revertir esta lamentable tendencia.
Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros de bancada, por su confianza y respaldo en este tema, de manera especial a mi coordinador, y a quienes han trabajado en estas reformas, la Senadora Marcela Torres Peimbert, la Senadora Pilar Ortega, el Senador Héctor Larios, el Senador Javier Corral, el Senador Daniel Ávila, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, principalmente; el Senador Ernesto Cordero también, así como a nuestros asesores de comisiones y de los grupos parlamentarios, a Edith Mercado, Eduardo Sánchez; especialmente a Haskel Rivera y Aleida Tovar; y, por supuesto, a mis compañeros Senadores de otras bancadas con quienes hemos trabajado estos tres años juntos, el Senador Pablo Escudero, la Senadora Cristina Díaz y el Senador Alejandro Encinas, principalmente.
Termino como empecé.
Esta ley es una buena ley, y es, sin duda, un instrumento que abona a garantizar el derecho a saber y a una cultura de rendición de cuentas que tanto nos hace falta, y por eso el Grupo Parlamentario del PAN la votará a favor.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se concede el uso de la voz, hasta por diez minutos, a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.
Esta Presidencia la da más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco.
Sean ustedes bienvenidos al Senado.
(Aplausos)
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras Senadoras y Senadores.
El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones, el ejercicio responsable en la gestión pública y el fortalecimiento de los valores de un sistema libre y plural, son pilares fundamentales en una democracia.
En ese sentido, gracias al impulso modernizador del gobierno de la República, se han redoblado los esfuerzos para promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Las reformas aprobadas durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, han comenzado a impactar en la productividad y competitividad, los derechos humanos, la calidad de la educación, la creación de empleos y el desarrollo social.
Se han abierto los canales para que los mexicanos tengan acceso a la información y a la rendición de cuentas.
Se han fortalecido y puesto al día las instituciones, normas y procedimientos que cuidan la legalidad y las responsabilidades públicas, que permitan sancionar a los actores que las asumen.
Algunos avances obtenidos con la reforma en materia de transparencia son:
Se le otorgó autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
El INAI es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
Gracias a las reformas, las instituciones del INAI con vinculatorias, definitivas e inatacables para todas las autoridades y los sujetos obligados.
Sólo cuando las resoluciones del INAI puedan poner en peligro la seguridad nacional, el Consejero Jurídico de gobierno podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los sindicatos y fideicomisos tienen la obligación de transparentar su actuar y rendir cuentas a los ciudadanos por el uso de los recursos públicos, esto es un avance fundamental para la vida pública en México, esta reforma significa una antes y un después, un gran logro.
Con la nueva legislación damos cumplimiento a uno de los puntos que establece la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, y lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que aprobamos en este año.
Por eso hoy expresamos nuestro beneplácito y respaldo a los dictámenes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y; Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la expedición de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con esto, las Senadores y Senadores de la LXIII Legislatura, respondemos a las exigencias de los mexicanos.
No hay duda, nuestro país se encuentra en vías de la consolidación democrática, hemos apostado por mover a México, y lo estamos logrando.
Compañeras y compañeros Senadores: Los Senadores y Senadoras del PRI estamos convencidos que en un Estado democrático se legitima en la medida en que su sociedad conoce de las decisiones que toma su gobierno, la razón de las mismas, sus objetivos y resultados, la única manera de que esto suceda, es que mientras haya puertas abiertas en todas las instancias públicas que garanticen el libre acceso a la información, a la gestión pública, y de los recursos que se comprometen en su ejercicio.
Pero además, se requiere que la información sea confiable, útil, y que el acceso a ellas se pueda ser fácil y también oportuno.
Los legisladores del PRI decidimos apoyar cada una de las reformas transformadoras y hoy, con renovada convicción lo volvemos a hacer, porque estamos convencidos que ha traído y traerá muchos beneficios.
En México merecemos un mejor futuro, estamos convencidos de ello, pero además, estamos trabajando para ello.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en el artículo 199 numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes oradores, y también informaré quienes han retirado su participación o bien, solicitado que se inserte en el Diario de los Debates como planteamientos por escrito.
Ha solicitado y ha enviado su posicionamiento a favor del dictamen el Senador Arturo Zamora Jiménez y el Senador Benjamín Robles Montoya.
Insértese en sus términos en el Diario de los Debates.
Ha retirado su participación el Senador Luis Sánchez Jiménez.
En consecuencia, la lista de oradores a favor quedaría de la siguiente manera:
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Senadora Marcela Torres Peimbert, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor.
Senadora Dolores Padierna Luna, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor.
Senadora Layda Sansores San Román, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor.
Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Senadora Layda Sansores, en contra. Me informaron que su posición era a favor, pero corrijo de inmediato.
Senadora Layda Sansores, en contra.
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor.
Senador Isidro Pedraza Chávez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor.
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Senador Daniel Ávila Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor.
Senador Zoé Robledo Aburto, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, también a favor.
Senadora Martha Tagle Martínez, en el mismo sentido, a favor.
¿Alguna otra intervención?
En consecuencia, con esta lista cerraríamos el orden.
Me informa la Secretaría que la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, envía su posicionamiento por escrito. Insértese al Diario de los Debates.
Lo mismo la Senadora Angélica Araujo Lara.
Senador Manuel Bartlett, en contra.
Conforme lo establece nuestro Reglamento, abrimos la discusión en lo general.
Tiene el uso de la voz la Senadora Layda Sansores San Román, para fijar posición en contra del dictamen.
La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, compañeras y compañeros.
Este dictamen es una regresión y un atentado contra las demandas ciudadanas que exigen mayor transparencia en la vida institucional. Exigencia que se ha incrementado con los escándalos de corrupción que genera el señor Peña Nieto y sus allegados, incluyendo sus casas blancas, sus jardines y sus Higa-explicables-contratos.
Íbamos empedrando bien el camino, pero me temo que otra vez desde las tinieblas, el gran mayordomo de los castillos y castillejos volvió a hacer de las suyas. Hasta en la redacción exhibe su mano, y lo delató el subconsciente, porque él habla de las facultades del Consejero Jurídico, ¿y por qué no Consejera? Debió decir, de la Consejería Jurídica, ¡Pero qué lapsus!
Primero, él se otorga capacidades únicas, casi celestiales, se reservó el privilegio para interponer, él solito, recursos de revisión ante la Suprema Corte, en términos de seguridad nacional, que es un concepto tan amplio, como pudieran ser hoy los caprichos del señor Peña Nieto.
Hay que reconocer que el señor es brillante, brillantemente perverso. Es el coyote de cuello blanco más poderoso de este país. Se dio a sí mismo una facultad exclusiva. Luego, inventó su recurso y el procedimiento. Y por último, pretende concebir la instancia que lo resuelva.
Por lo tanto, él va a tener su propio “PRI-tribunal” dentro de la Corte, porque van a ser tres Ministros de la Suprema Corte, quienes resuelvan el recurso que él interpone, y que se me hace que con Medina Mora y el Laynez de la terna, que él mismo mandó, pretende lograr su mayoría.
Este dictamen huele a azufre. Y todavía aquí hay Senadores candorosos que creen que ellos legislan, ja ja.
Por otro lado, el INE hace un justo reclamo pidiendo que se le dé derecho de audiencia, a efecto de defender la legalidad de sus resoluciones, y se le denegó. Pero ¿en qué cabeza cabe excluir a la autoridad competente? ¡No se entiende!
Bien decía la Comisionada Ximena Puente, la Comisionada Presidenta, cuando ella señaló que uno de los aspectos fundamentales en la Ley de Transparencia era lo relativo al acceso a la información, relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, de los que habló el licenciado Bartlett.
Pero, como bien precisó el Colectivo y Organizaciones Ciudadanas, que aquí se les escuchó pero no se les atendió, existe una ceguera institucional. Aquí venía una compañera y nos habla de cifras, y cómo aumentaron las obligaciones. ¿Qué malabares con los números? 297 nuevas obligaciones. Pero no dicen que cero facilidades en el procedimiento y una discrecionalidad brutal.
Pues no nos queda más que inferir que lo único verdaderamente transparente en este Senado, es que no se tiene transparencia, incongruencias, contradicciones, nula voluntad política para cumplir con lo aprobado en la Constitución y en la Ley General de Transparencia.
Y se tenía fijado que sería el 30 de agosto de 2015 cuando se esclarecería el uso de recursos del Poder Legislativo y los ingresos que tienen las acciones parlamentarias. ¿Pero qué pasó? Esto se venció en agosto. Ay, pues ya nos dimos un plazo de 18 meses, para que la justicia se haga en los bueyes del vecino que viene.
Claro, hay que seguir perpetuando aquí en el Senado la opacidad y el derroche, porque somos espléndidos en nuestros gastos, cinco millones en pasteles y todo lo que nos repartimos. Ah, pero cuenta chiles cuando se trata de determinar el salario de los trabajadores.
Aquí se lo regalo, Presidente, que está platicando.
En estos tiempos de depravación y agravio.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señora Senadora, le informo que según el Reglamento, las intervenciones son por 15 minutos, y esa es la razón por la cual le hemos señalado que su tiempo ha concluido. Por favor concluya, Senadora.
La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente, le pido que sea usted respetuoso y en primer lugar, cuando estoy hablando o está hablando un compañero, guarde usted silencio.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La función de la Presidencia es señalarle cuando su tiempo ha concluido, le ruego que concluya su intervención.
La Senadora Layda Sansores San Román: Me ha interrumpido, señor Presidente. Ha sido muy generoso con todos los compañeros, pero siempre que se les viene a decir la verdad con todas sus letras, usted se pone muy nervioso.
¡Por favor! La misma tolerancia que tiene con los demás Senadores. Es un tema importante. Ya voy a terminar.
En estos tiempos de depravación y agravio a los derechos humanos, esta ley omite proteger a los servidores públicos que divulguen información en contra de sus superiores, como los llamados Whistleblower, que sólo se puede traducir como el miedo que se tiene a la verdad.
Recordemos Méxicoleaks, excusa idónea para silenciar la voz de Carmen Aristegui.
Y yo nada más les digo, ya merito termino. Que para tener autoridad moral, para venir aquí a aprobar leyes de transparencia en este Senado, debimos empezar por transparentar los recursos que se manejan en casa, y mi lucha por transparentar el Congreso viene desde la Cámara de Diputados.
En aquel entonces comenté una reseña del Diario de los Debates. El Diputado Luis Ramírez denunció la rapacidad que imperaba. Hay facturas inventadas, nóminas incompletas, aviadores, negocios, y la gente gritaba en las galerías: “Qué bandidos”. Se exigieron responsabilidades a la Comisión de Administración, y varios Diputados desenfundaron sus pistolas y se desató la balacera. Dos Diputados muertos.
Si se ha enseñoreado la rapiña es porque hay complicidad manifiesta. Esto fue escrito el 12 de septiembre de 1935. Han pasado 80 años y no hay diferencia entre el ayer y el hoy.
En la actualidad no hay legisladores muertos, pero sí los hay indignos, y es mayor la corrupción.
Las Cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, de la discrecionalidad, del derroche, de la inequidad y de la corrupción.
Muchos no participamos en las decisiones, pero no obstante todos toleramos la corrupción en casa.
El silencio nos ha hecho cómplices, y son ahora los ciudadanos que nos gritan en la calle “Bandidos”. Y qué difícil, porque el caballo va adelante, aventando el cerote, y todos recogemos una parte por más mínima que sea.
Y para terminar, querido Senador Barbosa, declaraba en su informe de labores: “Que el Senado era una de las instituciones más transparentes del Estado mexicano”, casi, casi una cajita de cristal.
¡Ah, querido Senador! ¡Qué romántico es usted!
Creo que ese es uno de sus más atrevidos y salvajes sueños.
Aunque se vale soñar...
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, por favor.
La Senadora Layda Sansores San Román: Pero también es válido hacer realidad una necesidad, una exigencia ciudadana, y para empezar, pues, que el Senado, antes de andar aprobando leyes de transparencia mochada, recoja la dignidad, reponga el orgullo y se convierta en un ejemplo de honestidad y de transparencia.
Gracias por su paciencia, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha enviado su intervención por escrito.
Insértese en el Diario de los Debates.
El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.
El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Que me conceda la palabra para alusiones personales.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted el uso de la palabra para alusiones personales.
El Senador Miguel Barbosa Huerta: Es muy importante lo que aquí se ha dicho.
Y le digo a quien me aludió de manera personal. Que en el Senado sí hemos sido capaces de construir, primero, una reforma constitucional en materia de transparencia; después una Ley General de Transparencia, y hoy una Ley Federal de Transparencia.
La virtud de estos 3 instrumentos, de una reforma constitucional, y 2 instrumentos legales, es que no recibimos Iniciativa del Ejecutivo.
Se construyó con la participación de los grupos parlamentarios y se abrió a la participación de las organizaciones sociales. Eso le consta a todos los que intervinieron de manera real en el proceso legislativo.
La verdad, Senadora, yo sí creo, la veo a usted como una Senadora esforzada en su trabajo legislativo, le tengo respeto, pero creo que estuvo ajena a la construcción de estos instrumentos de transparencia, la reforma constitucional.
Y puedo, no tengo el dato, pero puedo corroborar si usted asistió a las sesiones de las comisiones, no porque sea o no integrante, porque todos, quienes somos Senadores podemos ir a las comisiones, y entonces sabré si usted participó en el proceso de construcción de esta propuestas.
Cuando fui Presidente fijé los propósitos de la Mesa Directiva en tres aspectos: transparencia, honestidad y productividad.
Y cumplimos en nuestra página de transparencia, y cumplimos en todas las solicitudes de información, en todas, llevando a nuestro portal hasta 20 conceptos más de lo que la ley nos obligaba.
Hoy mi grupo parlamentario, no sé el del Partido del Trabajo, hoy ya está cumpliendo con la Ley General de Transparencia.
No voy a hablar por los demás grupos parlamentarios, mi grupo sí, mi grupo ya está cumpliendo, así lo digo y no quiero con eso aludir a otros grupos parlamentarios, mi grupo ya tiene una página de información alimentada con los requisitos que establece la ley; y mi grupo tiene un diseño administrativo, más allá que en el Senado no se haya podido alcanzar y que está muy avanzado.
Yo sí me siento satisfecho y puedo verla a su cara, y qué bueno que sea yo un sueño, porque somos amigos, un sueño en esas aspiraciones que tiene. Sí aspiro a más transparencia, y creo que es una aspiración que en el Senado recogemos todos.
Afortunadamente hemos sido Cámara de origen en estos instrumentos, y lo digo con mucho orgullo, y reconozco la participación de todas y de todos los Senadores, de verdad que sí yo sí puedo mirar a la cara, y lo reto a que solicite, lo reto yo porque yo voy a solicitar cuantos recursos maneja usted y en qué los gasta, sí, de usted.
No me los diga, Layda, hay mecanismos de transparencia, yo le digo que voy a hacerlo, no Layda, no, y don Manuel Bartlett nos puede decir cuánto recibe el grupo del PT, y Emilio Gamboa del PRI, y Fernando Herrera del PAN, Layda, con calmita, Layda, yo la respeto mucho, pero verdad que incomoda que se hagan señalamientos y que se diga que se puede solicitar la información de todos los que recibimos recursos públicos, todos, está al alcance y por eso el Senado ha sido ágil y ha sido atingente en los mecanismos de transparencia para todos, sin excepciones.
Y esa idea de que se hizo un transitorio que llevó al cumplimiento de un nuevo vacatio legis al 31 de agosto es inexacta, señores. A partir del primero de septiembre pueden pedir la información de las obligaciones generales y específicas de transparencia, las pueden pedir para todos.
Miren, yo sí conozco el tema de transparencia fui el primer legislador cuando fue diputado, que presentó una iniciativa, en ese tiempo la primera iniciativa que estuvo acogida en el Poder Legislativo, una iniciativa sobre transparencia, conozco el tema, Layda, conozco el tema y no vengo a ser alardes ni vengo a ser teatros a la tribuna, la respeto mucho, a usted y a la tribuna.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gocha, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
Hasta por cinco minutos, Senadora, por favor.
La Senadora María del Rocío Pineda Gocha: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores: A nombre del Grupo Parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a dar nuestro posicionamiento en favor del presente dictamen, por lo que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Quiero resaltar, en primer lugar, un amplio reconocimiento a la apertura que ha tenido el Senado de la República a través de las Comisiones Unidas para la construcción del dictamen, que es el resultado del trabajo deliberativo y de consensos entre legisladores, la sociedad civil organizada, la academia y el sector público.
Destacamos que dada la trascendencia de esta ley para la vida pública del país se acordó al interior de las comisiones trabajar bajo el principio de máxima publicidad, por lo que cada una de las audiencias y reuniones de trabajo fueron públicas, y en todo momento estuvieron a la disposición de la ciudadanía el avance de los trabajos y la información generada en cada una de las reuniones.
Hago mención de lo anterior porque este hecho permitió construir una nueva ley de vanguardia que hace valer de manera sustantiva el derecho constitucional de acceso a la información pública gubernamental, y consolida los mecanismos de transparencia.
En el PRI consideramos que uno de los principales fundamentos de la democracia contemporánea es el principio de la libertad. Si bien en el amplio universo de este concepto confluyen varias libertades, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la de prensa y la libertad de información, constituyen los pilares elementales sobre los que se erigen las democracias igualitarias y sustantivas.
Bajo esta premisa hemos impulsado y apoyado una serie de reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia de transparencia de protección de datos personales, de contabilidad, entre otras, que buscan, en su conjunto garantizar el derecho de acceso a la información pública.
La ley que hoy discutimos es parte del esfuerzo del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo para generar una cultura de la legalidad y el involucramiento pleno de la ciudadanía en la vida pública del país.
Una vez promulgada esta ley, iniciará una nueva etapa de la vida política de nuestro país que se regirá bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y de un verdadero gobierno abierto.
Los mexicanos deben tener la certeza que este nuevo instrumento legal responde a las demandas y circunstancias nacionales, y los empodera con instrumentos sencillos y eficaces en el ejercicio de su derecho a la información pública.
Asimismo, esta nueva ley fortalece nuestro sistema nacional de transparencia y todas sus instituciones garantes.
Sin el ánimo de redundar sobre lo que ya se ha expresado en esta tribuna, sólo quiero ponderar los siguientes elementos.
Se reafirma el principio de máxima publicidad y el derecho de cualquier ciudadano de acceder, y si así lo desea, a los documentos gubernamentales, de partidos políticos, sindicatos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, entre otros sujetos obligados.
En caso de que sea negada cualquier información, el INAI tendrá facultades para solicitar, y mejor aún, establecer sanciones a todos aquellos funcionarios, personas morales o físicas o directores de fideicomisos y fondos públicos que nieguen este derecho a cualquier ciudadano.
Se dota de mayores facultades al INAI para poder cumplir cabalmente con su fusión, entre otros.
En el Partido Revolucionario Institucional, creemos que el mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en la medida que instituyamos un cambio cultural en la gestión administrativa.
Estamos ciertos que esta nueva ley apunta consolidar la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Reconocemos que la información en posesión del gobierno es un bien público, y por ello debe estar al alcance de todos y cada uno de los mexicanos.
Por la transparencia, por la rendición de cuentas, por el combate a la corrupción y los gobiernos abiertos ni un paso atrás.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El reglamento establece, Senador Bartlett que se tiene que intercalar senadores a favor y senadores en contra, la única persona registrada para hablar en contra del dictamen es usted, en consecuencia, debo darle el uso de la palabra, inmediatamente después de la intervención de la Senadora Pineda Gochi, en razón de que se ha pronunciado a favor del dictamen.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente por su aplicación estricta del Reglamento, pero aquí estamos.
Sí estamos en contra, me dicen que no hay muchos o parece que ya se acabaron los en contra, y le digo que esa es mi mayor preocupación que podemos tener, porque, y ahorita lo vamos a demostrar, que esta reforma no es la reforma que mandata la Constitución, es lo principal.
Aquí se dice que, por ejemplo, que el asunto de los derechos humanos en las graves violaciones a los derechos humanos es una cuestión que se tiene desde la reforma constitucional, bueno, pues, es una falla.
Es una gran falla, porque sabemos muy bien, que precisamente la opacidad que estamos viviendo hoy, es una de las graves violaciones a los derechos humanos, graves violaciones señaladas por organismos internacionales.
Entonces, si no se puede conocer desde el principio todo este procedimiento, se lo decíamos, es con este procedimiento y el resultado.
Ahora, grave falla, también se nos dice que, queda pendiente el asunto del Poder Judicial, pequeño detalle, queda pendiente el Poder Judicial que no cae dentro de la ley, y que queda a su arbitrio con tres ministros que va a ser su propio juez en parte.
Sabemos muy bien, que el Poder Judicial representa una estructura enorme con presupuestos enormes, y que ejercen un poder autoritarios los ministros de la Corte y lo voy a demostrar más adelante, sobre toda la estructura a través del Consejo de la Judicatura y nadie los revisa, gravísima falla también.
El Poder Judicial debería de estar dentro de esta ley, y la autoridad que hemos establecido a través de un desarrollo constitucional que aquí se ha destinado, pero debería de ser una y no someternos a lo que quiera el Poder Judicial.
Se dice que, la descomposición del poder, el descredito de las instituciones, aquí dicho hace un momento, grave, sólo el 27 por ciento nos dijeron hace unos minutos, cree en el valor de las instituciones, y que está ley, buena ley, es la que va a permitir la única vía para recuperar el prestigio de las instituciones enlodadas, perdidas en la corrupción, va a ser la Ley de Transparencia, si la dejamos coja, no es el instrumento para eso, no es el instrumento para perseguir la corrupción en el país. La reforma no cumple con la Constitución.
El artículo 6º de la Constitución establece los siguientes principios: máxima publicidad, que significa optimizar, ampliar todo lo que se pueda, la transparencia, los mecanismos de acceso a la información deben ser sencillos, el recurso de revisión de la Consejería Jurídica, empleado del Ejecutivo, es una institución inconcebible, ¿Quién es ese señor? Que se mete a legislar aquí, que se mete a la Suprema Corte a ordenar y a manipular y tiene grandes privilegios ante información que, efectivamente pueda afectar la seguridad nacional.
Él es el que nos va a decir: el empleo del Presidente, el señor consejero que por todos lados anda haciendo tropelías en favor de la no transparencia, ese tiene una serie de privilegios. El INAI debe ser autónomo.
Se incumple el artículo 6º de la Constitución por lo siguiente, verdad, la Ley Federal no promueve la máxima publicidad. Existen 13 causas de reserva en el artículo 110 de la Ley Federal.
Segundo.- Los recursos no son sencillos, el artículo 162 de la ley, establece causales de sobre seguimiento en el recurso o religión, que son propios del derecho privado o que impiden el derecho a saber, por ejemplo, de la muerte o el desistimiento del solicitante.
Las hipótesis tres, de la actuación del Consejero Jurídico no son precisas, se viola la seguridad jurídica y el principio de que la actuación del Consejero Jurídico es por excepción, él quién es, que aberración. El INAI no es autónomo.
En consecuencia, del reparto de cuotas, el de los partidos mayoritarios. Los tratados ratificados por México también se violan.
En México no sólo se aprobará la Ley para Regular el Derecho a la Información, sino la ley que se aprobará, queda muy distante y lejos por los principios que se contienen en los tratados suscritos.
Todos los principios de las decisiones y tratados que hemos firmado, exigen un derecho a la información amplísimo y está propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad, por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el 19 del Pacto de Derecho Civil y políticos de la ONU, solo se establece en dos límites al derecho a la información, dos limites, eso es todo.
El respeto a los derechos y la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional. En cambio, el artículo 110 del dictamen de la Ley Federal que se va a aprobar aquí, contiene 13 causales de información reservada, 13 causales en ese jaloneo que dice: hasta aquí yo voy a responder, 13 causales, verdad. Una reserva que viola totalmente el principio constitucional.
Otro ejemplo, al informe anual del reactor especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999, indica: que las excepciones y limitaciones al derecho de la información debe ser escasa y estricta, que demuestren prejuicio, interés político y que en ocasiones, aunque la información sea reservada; y aunque siempre sea privada. Si esta revela un alto nivel de corrupción dentro del gobierno, debe hacerse pública en todas estas normas está presente el principio de máxima publicidad, contemplada en el artículo 6º de nuestra Constitución, que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar ese principio.
Sin embargo esta ley escamotea el principio de máxima publicidad y regula una transparencia corta, no avanzada, pero se dice avanzamos, y al decir avanzamos, estamos violando la Constitución. Entonces estamos limitados hasta cuando quiera el Poder Presidencial y su Consultor Jurídico abrirnos al análisis de los ciudadanos.
Por eso decimos que en lo general esta ley viola la Constitución, no la cumplió.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.
A continuación se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias.
Estimadas compañeras Senadoras y Senadores de la República: El día de hoy discutimos, desde mi punto de vista, un buen proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencia, el cual indudablemente podría haber sido mejor si la perspectiva de derechos humanos hubiera vencido a la visión formalista en la construcción y en el debate de la ley.
De haber sucedido lo anterior, hoy hablaríamos de una facultad para determinar acceso a la información sobre violaciones graves a los derechos humanos; hablaríamos de mayores límites al poder cuando éste trate de restringir un derecho humano si se hubiera instaurado un procedimiento que subsanara las lagunas del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que quedaron desde la ley general efectivamente.
Hoy, ante el primer recurso que ya presentó el Consejero Jurídico del Ejecutivo, estas lagunas se hacen más presentes que nunca. La Consejería Jurídica se niega a entregar la información sobre la bitácora del avión presidencial.
La transparencia encuentra resistencias por la ineficiencia y/o corrupción de funcionarios y funcionarias públicos que se cobijan y se sienten cómodos ante la opacidad.
En un justo balance de las cosas aprobamos una buena ley, donde a través del fortalecimiento de las instituciones y desde una visión de apertura y transparencia, incluimos procedimientos abiertos y ciudadanos de selección tanto de los Comisionados del INAI como de los miembros de su Consejo Consultivo.
Integramos también un apartado en materia de Gobierno abierto para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionalmente autónomos.
En este capítulo incorporamos la obligación de las Cámaras del Congreso para permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo, para facilitar la formación de alianzas con grupos externos, para reforzar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en estas Cámaras, desarrollar programas dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginados, entre otras.
Respecto a estos nuevos compromisos, nos queda ahora, compañeras y compañeros, como tarea hacer las reformas necesarias al reglamento en este Senado, y a la Ley Orgánica del Congreso, para realmente garantizar e implementar la participación ciudadana.
También en esta ley ampliamos el catálogo de obligaciones de transparencia para los tres Poderes, llevando más allá los mínimos que establece la ley general.
Felicito desde aquí a ciudadanas y ciudadanos que ocupando su valiosísimo tiempo, estuvieron aquí dando la batalla para que esto fuera posible, personas cuyo incentivo es un país mejor a través de un Estado más transparente y un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información.
Felicito y agradezco -artículo 19- a la Red por la Rendición de Cuentas, al Colectivo por la Transparencia, a Fundar, a México Infórmate, a Transparencia Mexicana, al IMCO, a México Evalúa, pero en particular a los hombres y las mujeres que los conforman, cuya poderosa causa ha marcado la vida institucional del Congreso de hoy en adelante.
Estoy convencida que si esta ley no tuvo mayores deficiencias o retrocesos, fue mucho a su incansable trabajo y presencia en este Senado.
También quiero felicitar a varios de mis compañeros, al Presidente de mi Comisión, al Senador Pablo Escudero, al Senador Alejandro Encinas por su paciencia y trabajo, y a la Senadora Laura Rojas por su persistencia, su paciencia y su trabajo serio, así como su gran estudio en el tema.
Sin embargo, ante el esfuerzo y el compromiso de organizaciones y de Legisladores, les quedamos a deber ciertas demandas ciudadanas.
Desgraciadamente las violaciones graves a derechos humanos son una constante en nuestro país, no lo es la máxima publicidad de las investigaciones de los hechos violatorios.
No todas las violaciones de derechos humanos tienen el mismo seguimiento o publicidad que tuvo la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, la máxima transparencia en temas como las violaciones graves de derechos humanos tiene como objetivo satisfacer el derecho a la verdad de la ciudadanía, a resarcir el daño a las víctimas, a sancionar a los inculpados y, sobre todo, a evitar la repetición de actos atroces que lastiman las vidas y la confianza de los ciudadanos en el Estado y en sus instituciones.
El debate, en cuanto a si se debía o no de otorgar la facultad al INAI, se fundó en dos argumentos:
El primero, giró en torno a la institucionalidad, este señalaba que al otorgar esta facultad al INAI se invadían las facultades de la CNDH.
El segundo, el que convenció a la ciudadanía y a muchos en la oposición, en lo cual me incluyo, ponía en el centro a las personas, y a su derecho de accesar a la información cuando se sospeche que el Estado violó gravemente los derechos humanos.
Desgraciadamente, compañeras y compañeros, ganó la visión de la institucionalidad sobre la visión de la garantía a los derechos humanos.
La otra deuda pendiente que tiene que ver con perder la oportunidad histórica que nos daba esta ley, para acotar el enorme poder presidencial que es tradicional en nuestro país, para poder reservar información bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional.
Nos faltó incluir que en el recurso de revisión, en materia de seguridad nacional, tienen carácter de tercero interesado el Instituto Nacional de Transparencia, el solicitante de la información.
Era indispensable que la Ley Federal de Transparencia señalara como requisitos el escrito de recurso de revisión, por lo menos el recurso de revisión que se impugna, la fecha de resolución, el sujeto obligado, la solicitud de información, la serie de agravios en los que el Consejero Jurídico motiva y motivará de manera reforzada las razones por las que considera que la información descalificada pone en riesgo la seguridad nacional.
Omitimos también señalar en cuánto tiempo deberá resolver la Corte el recurso.
¿Cuáles son los efectos de la resolución que dicte la Corte respecto al recurso de revisión?
Las sanciones al Consejero Jurídico, cuando el recurso de revisión --esto casi no va a pasar-- ante la Suprema Corte, tenga solamente como objeto dilatar la entrega de la información.
En resumen, acotar el poder presidencial para ocultar información que debería estar bajo el escrutinio público de todas y todos los mexicanos.
Compañeros Senadores: En esta tribuna, les recuerdo, que la transparencia es un valor institucional y necesita de voluntad política que cada uno de los individuos debemos de tener.
Ante la desconfianza de los ciudadanos y la impunidad, sólo transparencia y rendición de cuentas.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.
En general, esta ley en materia de transparencia, el dictamen cubre aspectos muy importantes que deben ser objeto de transparencia, pero yo quiero señalar algunos que no están y que son o que prevalecen espacios de opacidad en esta ley, sólo hablaré de un solo artículo, el 73 que se refiere al sector energético.
El artículo 9º transitorio de la reforma constitucional, en materia energética, estableció que el Congreso de la Unión debe realizar las adecuaciones al marco jurídico con la finalidad de que los contratos y las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos sean otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia.
El artículo 9º transitorio también dispone que la ley debe prever y regular que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar.
Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de Leyes Secundarias de Reforma Energética, se ubicó a la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los cinco principios rectores de ese paquete de iniciativas, en esa perspectiva, se aplicarían cinco reglas de transparencia, entre otras, contratos; los contratos deben de tener cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado.
Las empresas deben hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado, los recursos que recibirían el Estado por los hidrocarburos extraídos, así como el uso y destino en los que diera este sector, porque todos se consideran recursos públicos.
Habría pesos y contrapesos entre las cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.
En numerosas entrevistas y conferencias se hizo así, sin embargo el paquete de 21 iniciativas que recibió el Congreso, no cubrió en su totalidad estos requisitos, y debió haber sido esta ley, la Ley de Transparencia la que garantizara la transparencia plena en el sector energético.
Las leyes en materia energética dejan mucho qué desear, y es sólo la Ley de Transparencia la que debería de entrarle a fondo, pero acaba siendo escasa y asimétrica, porque las obligaciones no son parejas para todos, no son iguales para las empresa públicas que para las compañías privadas, tampoco son iguales para las empresas públicas que para las compañías privadas, tampoco son iguales para las firmas petroleras que para las corporaciones eléctricas, ninguna autoridad del sector está obligada a publicar el texto original de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que celebra la Comisión Nacional de Hidrocarburos con las compañías petroleras.
Tampoco hay una obligación de publicar el texto original de los títulos de asignación que la Secretaría le otorgue a Pemex.
Ninguna autoridad del sector está obligada a publicar los costos de producción del petróleo y del gas natural, ni el desglose de los impuestos pagados por yacimiento, campo, contrato y asignación, lo cual impide conocer cuánta renta petrolera le está quedando al país y a los productores de hidrocarburos.
La reforma mantuvo la opacidad en Pemex, se le permitió mantener el vuelo corporativo en la operación del grupo, así como la oscuridad en las relaciones con clientes y proveedores, hasta ahora Pemex debe publicar la información sobre sus contrataciones, conforme a lo previsto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es precisamente la ley que se propone abrogar, sin que la ley de reemplazo que hoy se discute retome la obligación a la que me refiero.
La reforma introdujo más transparencia en la CFE que en Pemex.
¿Por qué esa diferencia?
¿Los contratos de la CFE son más importantes que los contratos de Pemex?
¿Por qué esa diferencia?
Luego, no se obliga a las empresas productivas de los estados a informar los apoyos que le dan a los sindicatos, y acabamos de tener la revisión contractual, de contrato colectivo de trabajo donde Pemex le otorga el doble de apoyos al sindicato petrolero, 100 por ciento de incremento a los apoyos al sindicato, este año es de 190 millones de pesos y será de 380 millones de pesos con administración, transporte, organización de los miembros del sindicato, etcétera, etcétera, se duplica.
¿Por qué?
¿Bajo qué criterios establece eso Pemex?
Bueno, pues las empresas productivas deben estar obligadas a informar.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy discutimos, es una excelente oportunidad para llenar los vacíos, para llenar vacíos y clarificar las zonas grises de la legislación en materia de energía.
El análisis de la misma, nos lleva a concluir que hay avances en la dirección, lamentablemente no son suficientes, atendiendo a los principios de máxima transparencia y máxima publicidad, es necesario introducir explícitamente algunas disposiciones hoy ausentes en la legislación energética y en la Ley que hoy se discute en el artículo 73, establecer obligaciones, por ejemplo, para el Centro Nacional de Control de Energía, la Cenace y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Cenegas, son organismos ausentes en esta ley, ni siquiera son sujetos obligados, por qué no van a ser sujetos obligados, si hay una transición para que estos organismo sean los que suman todas las tareas de electricidad y de gas.
Establecer para las empresas productivas del Estado, la obligación de hacer públicos los contratos que celebran en materia de construcción y operación de gasoductos, sistemas de almacenamiento de gas natural, terminales de recepción de gas licuado, así como los contratos de compra, de capacidad, de transporte, almacenamiento y recepción de gas natural, el sistema de acceso abierto conforme a la Ley.
Establecer la obligación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de publicar los contratos de asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como sus anexos y convenios modificatorios.
No debemos conformarnos, como lo dice esta ley, con la publicación de una nebulosa información relativa, que podría limitarse a un simple resumen ejecutivo o un machote de contrato antes de su firma; el contrato con el comercializador del Estado, así como sus anexos y convenios modificatorios, necesitamos conocerlos .
La tasa de recuperación de hidrocarburos, in situ por cada yacimiento, por cada campo de producción, tanto en asignaciones, como en contratos, no lo establece esta ley. La tasa de recuperación o el dictamen para otorgar y rechazar una asignación.
Establecer para la Comisión Reguladora de Energía, la obligación de publicar los niveles de capacidad, margen de reserva, generación, pérdidas en la red, demanda máxima, demanda máxima coincidente, tiempo de interrupción por usuario, ventas de energía eléctrica, precios de mercado mayorista, tarifas de transmisión y distribución, precios de venta a los usuarios del servicio básico. ¿Por qué no podemos saber estos datos fundamentales?
Y establecer para la Secretaría de Energía la obligación de publicar las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, así como los anexos y convenios modificatorios. La información relativa a los procedimientos de consulta previa, libre e informada, necesarios para tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades, pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria energética, en español y en la lengua indígena correspondiente, porque esta ley no establece la obligación de hablar en la lengua que hablan los indígenas.
Todas estas propuestas no están en el cuerpo legislativo, incluyendo en esta ley, es una ley en materia energética, descafeinada, aunque reconozco que contiene avances muy importantes.
La Secretaría de Energía como cabeza de sector debe actuar continuamente y poner a disposición del público las asignaciones, licencias, contratos, autorizaciones y permisos, incluyendo sus anexos, convenios modificatorios que se otorguen en materia de exploración o extracción de hidrocarburos, los permisos de refinación, tratamiento de gas natural, así como la generación y distribución de electricidad.
En el marco de la reforma energética, esta Ley de Transparencia debiera representar la oportunidad de contar con toda la información sobre la actividad fundamental de nuestra importante industria energética, se quedó a medias.
Sabemos que no hay soluciones mágicas a los grandes problemas del país, pero debemos dejar apuntada la necesidad de seguir trabajando, hasta que se logren transparentar todas las decisiones de la industria energética de México.
Gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Dolores Padierna Luna.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico. Asimismo, es un derecho reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy nos ocupa es de gran trascendencia, porque armoniza los distintos avances que nuestro país ha tenido en esta materia, como resultado de la reforma constitucional de 2014.
Uno de los grandes cambios contenidos en el dictamen es que adopta un modelo de transparencia proactiva, en la que se establece la información que los sujetos obligados deben proporcionar a los ciudadanos, la cual facilita el ejercicio de este derecho, reafirma el compromiso del Estado mexicano por transparentar y fundamentar sus decisiones, se facilitan los procedimientos para que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y en posesión de sujetos obligados.
Uno de los grandes avances contenidos en el presente dictamen lo constituye la apertura de las instituciones del Estado mexicano, a través de iniciativas del gobierno abierto. Con ello se generan condiciones que contribuyen a un mejor ejercicio de la administración pública, a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles. Sin duda, es un paso importante para que la sociedad tenga más canales de información.
Se sitúa a la información como un bien público que contribuye a mejorar la toma de decisiones y la labor gubernamental.
El presente dictamen contiene los elementos que contribuyen a fortalecer el andamiaje institucional que inhibe la corrupción, por lo que permitirá recuperar los niveles de confianza en los ciudadanos y su gobierno.
La participación de la sociedad civil, académicos, investigadores, en la elaboración de este documento, así como las y los Diputados, las y los Senadores, mucha sociedad civil, muchas organizaciones, se abrieron muchas consultas y muchos foros para llegar a hacer este documento, que hoy ante esta soberanía se pone a consideración, en concordancia con la reforma constitucional, incluye a fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, así como los partidos políticos.
Además es importante señalar que cuando algún documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública con el propósito de garantizar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de brindar la información requerida y de mantener actualizada la información de sus portales, se establecen mayores sanciones.
La presente ley faculta al INAI para implementar las acciones que coadyuven a la construcción de una cultura de la transparencia en la población mexicana, asimismo, dicha institución tiene la obligación de promover el acceso a la información entre los grupos vulnerables.
Compañeras y compañeros Senadores y Senadoras: En la última década, los avances en la materia han sido grandes, ha contribuido a tener gobiernos cada vez más responsables, y la ciudadanía, cada día hace más eficientes para que podamos hacer mejores y dar cuentas y transparencia de nuestros actos y del ejercicio público en los recursos y en las acciones mínimas de gobierno.
La transparencia es el elemento transversal que hace posible una efectiva y real rendición de cuentas. En este sentido, consideramos que el presente dictamen se contemplan las medidas que hace más sencillo y ágil el acceso a la información pública y fomenta la participación ciudadana en la toma y en las decisiones públicas.
Por eso, el Grupo Parlamentario de mi Partido, el Revolucionario Institucional, votaremos por este dictamen, porque estamos seguros, hemos participado todas y todos en las Comisiones de Gobernación, en la de Proceso Legislativo de la Segunda, y los que formamos parte de la Comisión Anticorrupción en reiteradas y en todas las convocatorias, en las consultas, en los foros en los que hemos sido convocados o nos han convocado o hemos convocado.
Quiero dejar público reconocimiento al Senador Pablo Escudero, a Alejandro Encinas, a la Senadora Cristina y a Laura Rojas, Senadoras, que incansablemente, junto, quienes con las Senadoras y los Senadores que formamos parte de estas comisiones, se trabajó arduamente, se escuchó hasta el ciudadano común que llegó con nosotros.
Aquí guardo papel en manuscritos de gente de los rincones más sencillos inhóspitos de la patria mexicana, que gente modesta que aportó su pensamiento, su inquietud y su voluntad para que quedara plasmado en este dictamen.
Por eso, compañeras y compañeros Senadores, solicitamos de ustedes para que aprobemos a favor este dictamen.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilaria Domínguez Arvizu.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
Esta directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez, quienes asisten al Senado para presenciar el desarrollo del proceso legislativo.
Sean ustedes bienvenidos
(Aplausos)
En el uso de la palabra, Senadora María del Pilar.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente. Con su permiso.
Señoras y señores legisladores: El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido en nuestra Constitución y es un derecho reconocido también en instrumentos internacionales de los que México es parte.
Este derecho fundamental para acceder a datos, registros y todo de información en manos de entes públicos y privados que ejerzan gasto público con las limitaciones que el propio marco jurídico establezca.
La transparencia es un tema que ha estado presente de forma protagónica en la discusión política nacional de los últimos años. Este protagonismo, sin duda, se debe a procesos como la transición democrática, la pluralidad en el Congreso de la Unión, cada vez más clara, así como también en las legislaturas locales: la ampliación de derechos políticos de los ciudadanos, la consolidación de la libertad de expresión y la creciente conformación de organizaciones civiles que impulsan desde la sociedad civil temas de interés general.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, el Congreso de la Unión quedó obligado a revisar las reformas secundarias correspondientes a la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, entre otros dispositivos legales, y es por ello que hoy celebramos que finalmente después de varios meses de trabajo las comisiones unidas que participaron en este dictamen presentamos, al pleno de este Senado, este dictamen sobre la Ley de Transparencia.
Quisiera, como ya lo hicieron mis compañeros Senadores que me antecedieron en la palabra, destacar algunos de los aspectos más relevantes de la ley que hoy se pone a su consideración.
Como ya bien se señala, en la fracción I del apartado A del artículo sexto constitucional, serán objetos obligados de esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano u organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
El dictamen incluye las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia a Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan la capacitación a los servidores públicos, el brindar apoyo técnico a sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información; la promoción de igualdad sustantiva en la materia. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley, sólo por mencionar algunas.
El Instituto contará con un órgano interno de control y su titular será designado por la Cámara de Diputados en los términos previstos en la fracción VIII del artículo 74 constitucional. Se establecen obligaciones específicas de acuerdo a su naturaleza y sus facultades, competencias y funciones para los sujetos obligados, de los poderes Ejecutivos, el Poder Legislativo y los Poderes Judiciales de los tres órdenes de gobierno.
El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos, los organismos garantes del derecho a la información y protección de datos personales, las instituciones de educación superior, dotadas de autonomía.
De igual forma, en materia, instancias en materia energética que habrán de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones específicas, como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, el Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización y el desarrollo, la Secretaría de Energía.
Y bueno, yo quisiera referirme, concretamente, a uno de los grandes aportes de este dictamen, en que se decide en las comisiones ampliar el catálogo de obligaciones de transparencia proactiva, ya previstas en la Ley General, con el objeto de ser exhaustivos en el derecho a la información de los ciudadanos, e incluir nuevas formas de obligaciones específicas al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, sujetos obligados en materia energética y al Poder Ejecutivo Federal.
Y uno de los temas que quisiera destacar es el relativo al de Transparencia Focalizada en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
En materia de información criminal tenemos que encontrar el equilibrio entre la información, que debe ser pública y aquella que excepcionalmente debe reservarse para que el Estado no comprometa su capacidad de respuesta frente a la delincuencia, y en este sentido tenemos también que reconocer que las mismas instituciones de Seguridad y Justicia a lo largo del tiempo han sido reacias a abrir información.
Sin embargo frente a la crisis de seguridad que enfrentamos, es necesario que el debate público sobre el tema descanse sobre bases de información sistematizada y de fácil acceso. Requerimos que la sociedad tenga pleno conocimiento de la situación real que ocurre en materia de seguridad y justicia, no solamente en el número de denuncias o de incidencia criminal, sino también en la forma en que el Estado combate al crimen y la información sobre los procesos y resoluciones.
Es por ello que celebro las modificaciones que se hicieron al dictamen en esta materia al contemplar que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público como actualizar la información referente a la incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito, la estadística sobre incidencia, denuncias y causas existentes en materia de justicia penal para adolescentes, y la estadística en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
Es por ello, y por lo antes expuesto, que votaré a favor del presente dictamen, y señalar también que es importante que en este sentido reconozcamos que esa ley no agota el tema de transparencia, que sin duda como cualquier otro producto legislativo es perfectible, y que en adelante el Poder Legislativo tendremos la tarea de revisar cuál ha sido su funcionamiento, cuál será su funcionamiento, cuál será la forma en que se aplicará y, en consecuencia, a realizar las modificaciones que resulten pertinentes, pero tenemos que reconocer que el producto que hoy estamos a punto de votar en este Pleno, es un producto legislativo de una gran trascendencia para la vida de nuestro país, para el perfeccionamiento de la democracia y para hacer realidad este derecho a la información pública en materia federal.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora María del Pilar Ortega Martínez.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
Perdón, sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans Canabal, ¿para qué asunto?
El Senador Humberto Mayans Canabal (Desde su escaño): Para una llamada de atención señor Presidente.
Cuando la Senadora Layda Sansores pasó a hablar, a hacer uso de la tribuna, el Presidente de la Mesa, a los 5 minutos 23 segundos le llamó la atención para que concluyera, dado que su tiempo, conforme al Reglamento había concluido.
Y he observado que a partir de aquí, todos los Senadores que le han precedido han hablado entre 8 y 10 minutos, y la Presidencia de la Mesa nunca les ha llamado la atención para que concluyan conforme el Reglamento.
Yo le suplico, dado que no hay Senadores de primera ni de segunda, en este Honorable Senado de la República, pues se haga efectivo el Reglamento, y cumplamos con los tiempos establecidos en la norma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador.
Le informo que a los 5 minutos se les pasa la tarjeta a todas y a todos los Senadores, y esta directiva ha sido tolerante, y obviamente le pedimos a las Senadoras y Senadores que respetemos indudablemente el tiempo, pero jamás ha habido por parte de esta directiva un trato privilegiado a Senadora o Senador alguno. A todos se les ha dado el mismo tratamiento, a los cinco minutos se les ha pasado la tarjeta, y yo pido a quienes harán uso de la palabra a continuación, pues que respetemos el tiempo que señala el Reglamento del Senado.
En el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.
Ya no sé cuál es el tiempo, porque es disímbolo, ¿verdad?
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Son 5 minutos para hablar en lo general, la regla es esa.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien, como ciudadano piensa uno qué puede hacer para cambiar las cosas en este país, cada día se presentan más, y tenemos funcionarios que tienen una ley en la que se deben de normar su conducta, y la deben de cumplir, y hasta hemos levantado la mano, diciendo que protestamos cumplir el cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Y sin embargo, ahora creo que tenemos que hacer un manual para que se vayan cumpliendo obligaciones de los funcionarios, y darle al ciudadano el derecho a que acceda a la información que con su dinero y con sus impuestos se generan en este país, y que deje el funcionario de verla como patrimonio exclusivo de él, en un acto de benevolencia, permita que el ciudadano acceda a la información.
Esta es la realidad de nuestro país, y creo que, cuando estamos aquí y vemos una propuesta que se discute, que puede tener miles de imperfecciones porque fue creada, elaborada con el concurso de los Senadores de este Senado de la República, pues hay que apoyar ese esfuerzo.
Yo veo esa necesidad de hablar a favor de esta ley, porque es más difícil no tener nada, es más difícil dejar las cosas sueltas, a pesar de que están legisladas.
Hemos tenido la ley de responsabilidades para los funcionarios públicos, y el único caso que me acuerdo, y -van a ver que estoy viejo ya- fue cuando juzgaron a Díaz Serrano, por haber bajado el precio del petróleo.
Y de en fuera no hemos visto casos donde a funcionarios se les aplique la ley, se les castigue, sanciones por casos donde han lesionado el interés del pueblo de México.
Y esa ley está encaminada y procurando normar conductas, prevenir acciones para que el ciudadano goce de sus derechos como ciudadano, pueda tener la información, y pueda entonces jugar ese rol que sentimos que nos debe juzgar cada ciudadano que es tener derecho a la información.
En la información de los actos que su gobierno está haciendo. Luego a veces tenemos actos desproporcionados del gobierno, en donde el mismo gobierno se obliga a auditarse y se exculpa de responsabilidades, el caso de Virgilio Andrade con el tema de la casa blanca, donde un subordinado le revisa al superior las cuentas, y esto lo exculpa de manera inmediata; quién sabe qué hubiera pasado si lo encuentra responsable.
De tal manera, que tener la oportunidad de ver este instrumento que ha sido cuestionado, que ha sido valorado por diversos compañeros, se le han dado las virtudes y se les han señalado las imperfecciones que tiene; y si tiene imperfecciones.
Pero, caray, creo que el acuerdo hasta ahí llego de lo que hoy tenemos, y está ley no va a ser perfecta, la vamos a perfeccionar.
Espero que varios sigamos en el quehacer político y en el futuro tengamos acceso a volver a perfeccionar la ley, incluso, tiene su laguna, cuando se vaya a aplicar en nuevo Sistema Penal Acusatorio, tendrá que actualizarse está propia legislación para hacerla congruente con los ordenamientos nacionales.
Por eso, siento que tenemos derecho a disentir, y la acción de un legislador que disiente con esto, es un derecho legítimo, pero cuando se disiente también se tiene derecho a proponer y mejorar lo que se tiene. Y habría que hacer el esfuerzo por ir haciendo propuestas que mejoren, en este sentido, instrumentos legislativos como el que hoy se presenta.
Esta acción de un legislador que omite su responsabilidad y que no lo logremos tener instrumentos para que la sociedad tenga otra visión de sus políticos, es una oportunidad que vamos perdiendo y que nos debilita en imagen y en alcance de nuestras capacidades.
Por eso creo que es oportuno, que está discusión la demos hoy, y que si estamos hablando en lo general, podamos hablar en lo general y aprobar este proyecto de dictamen que hoy se presenta.
Yo creo que está posibilidad que hoy tenemos, ya llevo cinco minutos y nueve segundos, de abordar este tema, nos permita en lo futuro ver la manera de enriquecer otros instrumentos y de establecer la posibilidad de que la rendición de cuentas no sea de dientes para afuera, que la transparencia en este país llegue para quedarse y que sí existe el castigo para los servidores públicos que no cumplan con su función.
Muchas gracias, compañeros Senadores.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.
A continuación para hablar en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado.
En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
El Senador Javier Corral Jurado: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.
Antes quisiera hacer una propuesta con sentido práctico, económico, toda vez que acabo de escuchar el requerimiento que en tiempo ha formulado el Senador Mayans.
Quiero plantearle al Pleno, obviamente sin saltarme al Presidente, cierta tolerancia, si me paso los cinco minutos. Toda vez que en una sola intervención que es ésta, quiero agotar el sentido de mi voto, tanto en lo general, como en las reservas.
He presentado alrededor de 14, 16 reservas, que ya no vendría a plantear al Pleno, sino sólo le pediría a la Mesa Directiva darle lectura para que queden registradas en el Diario de los Debates. Así que, si me tardo tres, cuatro minutos más, serán de enorme provecho.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Adelante, Senador.
El Senador Javier Corral Jurado: Ha sido largo, diría yo: ha sido sinuoso el camino para garantizar en México el derecho a la información.
Quisiera recordar, a legisladores pioneros en ese esfuerzo de hace 20 ó 25 años. Uno de los grandes retos del derecho a la información, desde la reforma de 1977 de Reyes Heroles que incorporó al sexto. El Estado garantizará el derecho a la información.
Era decir que en ese concepto se encontraban la tutela de muchos derechos. El de la relación entre la sociedad y los medios de comunicación, la relación entre el Estado y los medios, pero también el acceso a la información pública gubernamental.
Hubo incluso quienes quisieron agotar en el concepto derecho a la información, la sola vertiente del acceso a la información pública. Pero es más profundo, es más robusto, es más amplio el concepto del derecho a la información.
Esfuerzos pioneros de carácter legal, por supuesto que están en la transición democrática mexicana. Es con la llegada de la alternancia en el poder, donde se materializan los primeros proyectos de legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
Del 2000 a la fecha del 2002, el proceso de las reformas, a la fecha, siempre el poder, siempre ha presentado resistencias a los asuntos fundamentales del derecho a la información.
No es cierto que ahora un impulso gubernamental modernizador lleva a cabo estas reformas. En el poder actual están incluso varias de las resistencias más profundas al avance de este derecho.
Lo vimos en las negociaciones de la reforma constitucional, a cargo de quién y de quiénes estuvieron las objeciones fundamentales a las figuras más trascendentes de la reforma constitucional 2013. Lo vimos en la ley general, a quién y a cargo de quién estuvieron las resistencias a avanzar con figuras fundamentales, incluida la prueba de daño, el tema de derechos humanos, información con relación a delitos de lesa humanidad y derechos humanos; a quién ha estado y está a cargo la resistencia en la ley federal.
¿Qué fue lo que nosotros ponderamos en la reforma constitucional como dos de los conceptos fundamentales?
Que le dábamos finalmente después de doce años, autonomía plena al órgano regulador, y el IFAI pasaba a ser INAI, un órgano nacional, garante del derecho de acceso a la información pública gubernamental en toda la nación, ante él la posibilidad de los ciudadanos de impugnar resoluciones locales de los órganos en las entidades federativas.
Nosotros. Si recuperamos nuestros discursos, señalamos como un paso fundamental la autonomía finalmente al órgano regulador. Y luego un paso fundamental y esencial: acabábamos con las zonas de impunidad; acabábamos con las ínsulas de opacidad, con las excepciones jurídicas inadmisibles al derecho de acceso a la información, y se incorporaban al artículo sexto de la Constitución, sindicatos, partidos, Cámaras del Congreso.
Ah, claro, porque la resistencia también ha estado localizada en las cúpulas, en las clases dirigentes que manejan y conducen a las Cámaras del Congreso, y por supuesto al régimen y al sistema de partidos, y por supuesto a la colusión de estos dos factores de poder con el corporativismo sindical, porque también decíamos que se incorporan como sujetos obligados los sindicatos.
De ahí fuimos a la ley general y quedaron plasmadas, en efecto, disposiciones y obligaciones generales de transparencia para partidos, sindicatos y Cámaras del Congreso, y se avanzó sin duda con relación al Ejecutivo Federal, incluso al Poder Judicial.
Pero cuando quisimos ir al fondo de la cuestión, cuando quisimos rajar la leña para realmente transparentar a las instituciones del Congreso, al sistema de partidos y al corporativismo sindical, se dijo en el debate de las Comisiones que eso era tarea de la ley federal y de las legislaciones locales.
Que en la ley general no podían darse las especificidades que a cada poder y nivel de Gobierno corresponden, por la naturaleza y competencia misma de sus funciones constitucionales: “En la ley general no debemos plasmar los detalles que queremos para el Congreso de la Unión. Eso vendrá en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
No sólo no se quiso ir al fondo de la cuestión. Ya al quince para las doce se introdujo un transitorio, el décimo tercero, en donde el Congreso se trató con manga ancha.
Condicionamos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 72 de la Ley General de Transparencia en Materia del Poder Legislativo Federal y Locales, en el Senado y en la Cámara de Diputados, a la presentación de un programa de reorganización administrativa.
Nos íbamos a dar un tiempo para limpiar la casa, y a partir de ahí íbamos a empezar a ser sujetos de la transparencia y del escrutinio para que se aplicara en casa lo que pedimos y obligamos a los demás: el Poder que crea la ley y que le impone obligaciones a los otros Poderes, y que se rasga las vestiduras cuando el Ejecutivo no contesta o cuando un Secretario no viene, o cuando se niega por un órgano descentralizado desconcentrado o autónomo de información, se rasga las vestiduras de la opacidad en términos de la división de poderes.
Pero el poder que creo la ley, y que impuso a otros la obligación, no fue capaz de dársela, dotársela, asimismo con el mismo rigor, con el mismo prurito, con el mismo compromiso.
No sólo no fuimos al fondo del detalle, que ahora diré cuál es el detalle, porque reconozco, valoro y, además, entiendo la posición de quienes dicen: “con lo que tenemos vamos a poder ir a esa batalla”. Claro que la vamos a dar porque sé que es genuina esa voluntad, pero no todo mundo la tiene.
En la ley federal que estamos aprobando no se avanzó, lo diré enfáticamente, ni una coma, con relación a las obligaciones específicas de los sujetos obligados que constitucionalmente ponderamos y que en la ley general desarrollamos.
No se avanzó ni una más, al menos en el tema de sindicatos, en el tema de cámaras del Congreso y en el sistema de partidos, y no se quiso avanzar más porque en los detalles está el Diablo.
El Congreso le debe a la sociedad mexicana la transparencia y la rendición de cuentas que le exige a otros poderes, y no abona a su creciente y trascendental papel en la vida pública de México mantener ínsulas cerradas a la información de sus gastos y decisiones, digo, particularmente los grupos parlamentarios, porque son ellos los sujetos de casi la mitad del presupuesto del Congreso de la Unión, y en esos grupos parlamentarios es donde se resuelven, por distintas dinámicas, incluido el condicionamiento de recursos materiales como premio o como castigo, grandes decisiones de la nación mexicana, hay que atajar la sospecha de que hay grandes decisiones del Congreso que se manejan con dinero, pero será sospecha permanente, incluso será acusación permanente, mientras no abramos esto y sea, como decía hace un momento el Senador Barbosa, una caja de cristal.
La abstención es quizá el camino que un legislador debe transitar poco, a mí me cuesta mucho transitar por el camino de la abstención que ya emití en las comisiones unidas, voté en abstención el dictamen, porque no tengo elementos para votar en contra diciendo que constituyen regresiones; no veo una regresión, lo digo honesta, abiertamente, yo no veo que haya una disposición que sea regresiva en términos del avance constitucional o de la ley general, lo que sí digo es que haya ausencias fundamentales que no me permiten a mí que he insistido en el tema de la transparencia del Congreso votar a favor, reconociendo el empeño que legisladores de mi partido y de otros partidos han realizado en esta tarea, que no se entienda en ello una descalificación; pero, por supuesto, que acabo de suscribir una iniciativa para reducir el 50 por ciento de los recursos a las Cámaras del Congreso, al INE, a los partidos, y la gran ausencia es el sistema de partidos, el INE, y los grupos parlamentarios y las Cámaras del Congreso, pues, claro, pues ya así por lo menos no quieren reducirla, por lo menos que las transparentes, que es otra forma de reducir o de ahorrar los recursos.
Varias de las reservas que ustedes escucharán tienen este sentido, la abstención es el camino que a veces poco debe de transitar un legislador, pero es exactamente una posición para mantener una exigencia, el Congreso mexicano no va a mejorar en términos de prestigio, si no termina siendo regla general para todos los grupos parlamentarios el escrutinio de sus recursos.
Qué bien que lo haga un partido, o un grupo parlamentario, ese es un reto para los demás.
Ya se anunció aquí que el Grupo Parlamentario del PRD, y es un mérito que no hay que regatearle, ya está listo para la transparencia en términos de la especificidad.
¡Enhorabuena!
Pero eso está en el ámbito de la ética política, la sociedad exige una regla que le sea aplicable a todos, a cada uno de los 128, a cada uno de los 500, como grupo parlamentario o como legislador independiente.
Ese es el sentido de mi abstención.
No me he podido mover al voto a favor, porque creo que las ausencias sí son de enorme consideración.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
Sonido por favor en el escaño del Senador Pablo Escudero.
El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Quisiera pedirle una breve intervención desde mi lugar para hechos, si fuera tan amable.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra desde su lugar.
El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Me parece importante que la Asamblea, y que quede en el Diario de los Debates, siempre respetando el punto de vista de los compañeros, respecto a los grupos parlamentarios, para que no quede duda, que sí están obligados.
De la lectura del artículo 70, se desprende la fracción XIII, y leo textual:
“El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros, de los órganos de gobierno, de las comisiones, de los comités y de los grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación, están obligados para que no haya confusión, estamos obligados a rendir cuentas, y está en el dictamen”.
Gracias, Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias por su comentario, Senador Pablo Escudero Morales.
En el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz.
¿Para qué asunto, Senador?
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para hechos.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le informo que no hay, sobre los hechos no hay réplica, le concedí el uso de la palabra para hechos.
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) ¿No hay réplica?
Él pidió para rectificación de hechos, yo la pido para rectificación de hechos.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Es que no hay una réplica sobre la rectificación de hechos, y él la pidió para rectificación de hechos la palabra.
Si gusta, que concluya el Senador Ávila, y si gusta hacer uso de la palabra, con gusto se la doy después.
Adelante, Senador Ávila, en el uso de la palabra.
El Senador Daniel Ávila Ruiz: Con su permiso, Senador Presidente, José Rosas Aispuro Torres, Senador por el estado libre y soberano de Durango.
Señores y señores Senadores: Como miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a razonar en lo general mi voto, y mi voto va a ser a favor de la aprobación del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda, por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica.
Un debate en el que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha sido muy claro al impulsar desde diferentes flancos, una agenda que nos compromete con desarrollar las bases institucionales para ampliar la transparencia y el acceso a la información pública en México.
Estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en definir obligaciones específicas en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Sin embargo, considero que para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, de cualquier entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora que en su momento señalaré al presentar sus respectivas reservas.
Reconozco que el dictamen que presentan las Comisiones Unidas en el Senado que, por cierto, yo quiero felicitar a todos los integrantes, Senadoras y Senadores de estas Comisiones, tiene importantes aportaciones en materia de apertura institucional, de los órganos del Poder Judicial de la Federación, disposiciones en materia de política exterior en relación a concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, así como las nuevas obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el ámbito de la educación obligatoria.
Celebro además, la nueva facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no sólo de proponer, sino también de coadyuvar en la implementación de políticas de apertura gubernamental, así como el juicio de amparo en contra de sus resoluciones.
Señoras y señores Senadores: Al razonar mi voto les reitero que tiene como origen la intención de apoyar la definición de obligaciones específicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública, tiene como fundamento advertir áreas de mejora en la propuesta que se nos ha turnado.
Se trata de un voto que buscar fortalecer los derechos de nuestros conciudadanos en un momento en que podemos mejorar todos en materia de transparencia y acceso a la información, un voto que al emitir tengo claro que en el Senado me debo al respaldo de mis paisanos, quienes en Yucatán y a lo largo de todo México demandan sentar las bases para acabar con la opacidad en nuestro país, que al legislar y al representarlos, lo debo hacer a su favor, pensando en el bienestar de nuestra gente, pensando en el bienestar de los yucatecos, pensando en el bienestar de los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Daniel Ávila Ruiz.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
Sonido por favor en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Para desahogar ahora, también de manera breve, y con el mismo respeto que lo ha hecho el Senador Escudero, en torno al debate de los grupos parlamentarios.
Yo aprecio que en una primera versión el Senador Escudero haya contemplado con mayor detalle el tema de los grupos parlamentarios, porque sé que ahí estaba su impulso inicial en esa primera versión de la que yo tengo copia, que era también un proyecto de trabajo que circuló de manera informal. Pero ahí estaba él, ahí estaba de alguna manera el Senador Escudero, pero estaba en una etapa muy inicial.
Yo lamento que ese primer proyecto que incorporaba de una manera más específica a los grupos parlamentarios fue desapareciendo conforme las distintas versiones que fuer elaborando la negociación.
Yo me hubiera quedado, en términos reales con el primer proyecto, sobre el tema de los grupos parlamentarios, porque en la generalidad que se ha leído, pues no hay ningún avance, así está incluso catalogado desde la misma reforma constitucional.
Cuando reformamos el artículo sexto y se incorporó a la fracción I del inciso a) del artículo sexto, dice: “Entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Pues claro que desde la misma definición constitucional están incluidos los grupos parlamentarios, los órganos de dirección, eso es clarísimo, así lo dijo la Constitución. “Entidad, órgano u organismo”, para que ninguno se escapara. Pero de ahí, de esa generalidad hemos pasado a otro tipo de generalidad, en la Ley General y luego en la Ley Federal.
¿De qué se trata la discusión? Bueno, se trata de ir, dije yo, a obligaciones específicas que no dejen lugar a duda, ni posibilidad al escrutinio del ejercicio de recursos públicos por parte de grupos parlamentarios. Porque sucede, hay una especie de dinámica o de lógica, que en cuanto los recursos entran de la Tesorería del Senado a los grupos parlamentarios, ya se puede convertir incluso el dinero en instrumento incluso de campaña política, o para pagar encuestas, o para financiar otras actividades.
Por eso la importante tarea de especificidad, criterios de asignación para la designación de los recursos financieros de los legisladores en lo individual, de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.
Las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.
El informe bimensual, trimestral, semestral, como se quiera, del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros, apoyos logísticos, económicos o materiales, subvenciones, dietas o cualquier otro incentivo asignado de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios, centros de estudio u órganos de investigación y de legisladores independientes, en su caso, el monto ejercido y detallado de recursos públicos que se destinen para los informes de actividades de cada uno de los legisladores y los estados financieros y demás información que el órgano de fiscalización superior utiliza para emitir dictámenes. Podríamos hablar de, como éstas, de varias especificidades.
Entiendo también que ha sido fruto de una negociación esto, y que hayan estado de acuerdo los 3 principales grupos parlamentarios en el Senado, que eso es transversal, y que ahí está un poco la otra resistencia.
Porque yo hablé de la resistencia fundamentalmente de los ejecutivos. También en el Congreso hay resistencias en esta materia, y es transversal a partidos y grupos parlamentarios.
Gracias, Presidente, por su comprensión.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.
A continuación el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
El Senador Pablo Escudero Morales (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si es para hechos, lo anotaría al final.
El Senador Pablo Escudero Morales (Desde su escaño): No, Presidente, para alusiones personales.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero.
¿Me la pidió para alusiones personales, no? por eso, tiene el uso de la palabra. ¿Desde su espacio?
El Senador Pablo Escudero Morales (Desde su escaño): No. Voy a la tribuna.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Adelante, señor Senador Pablo Escudero.
El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago el uso de la palabra porque el tema, el tema no es menor, y creo que sí merece una explicación y una aclaración a la Asamblea y a los que nos observan.
Sin duda, en el transcurso de la construcción de estos documentos tuvimos varias versiones, es verdad que en muchas de ellas teníamos redacciones diferentes, y estas fueron cambiando.
La responsabilidad, mi responsabilidad de los que estuvimos en la construcción de este acuerdo, pero yo asumo la responsabilidad que me toca, yo asumo toda la responsabilidad en este tema.
Y la explicación, Senador Corral, es que justamente en los debates y en las discusiones que tuvimos de manera interna nos preocupaba la sobre regulación de las cosas.
¿Cuántas obligaciones debíamos de tener? Si eran muchas, si eran pocas, si íbamos a complicar al ciudadano en pedir las cosas.
Es verdad que al parecer en la discusión de la Ley General, pues fuimos a fondo en muchos de los temas, fuimos a fondo porque, efectivamente, este Senado es sujeto obligado en esa ley general, y cuando fuimos a ver la revisión de todo los que nos habíamos obligado, pues encontramos que era un catálogo vasto y completo al final del día, y ahí encontramos los indicadores que permitían rendir cuentas de los objetivos, las remuneraciones brutas y netas de todos los servidores públicos de base, de confianza; todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación señalando la periodicidad de dicha remuneración; los gastos de representación, los viáticos, los informes correspondientes, el número total de plazas de base, de confianza; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios; los servicios contratados, los montos de los honorarios y el período de contratación.
También hablamos de todo el proceso de licitaciones públicas, el cual nos obligábamos igual que los otros sujetos obligados a informar de la convocatoria de la licitación, de los procesos de invitación a tres, de las propias adjudicaciones directas; de los nombres de los participantes, de los nombres de los invitados, del nombre de los ganadores, de las razones que lo justificaban, del área solicitante, del área responsable, de las convocatorias e invitaciones emitidas, de los dictámenes, de los fallos de adjudicación, y así fuimos desglosando una serie de documentos de información que habría que entregar.
Hablamos de las convocatorias, de las listas de asistencia al Pleno, insisto, hablamos de los grupos parlamentarios y de la obligación que tenemos de rendir cuentas.
Ha quedado establecido ahí que están obligados los grupos parlamentarios, y a eso obedece el cambio de redacción.
A la hora de revisar nos dimos cuenta que habíamos ido a detalle. Me parece, y eso es lo que quiero dejar en esta tribuna, estoy cierto, estoy seguro que este Senado y sus grupos parlamentarios estamos obligados a rendir cuentas.
No quisiera que quedara duda alguna. Respeto las opiniones de los demás, respeto también la opinión de algunos compañeros que piensan que la redacción pudo haber sido mejor, más específica o más detallada, pero yo me quedo contento con el trabajo que hemos hecho con mis compañeros; me siento orgulloso de lo que estamos presentando aquí y, bueno, he venido a esta tribuna a dejar claro posicionamiento a los grupos parlamentarios.
Es cuanto, gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros: Me parece que hay que pensar mucho en el otro México, el que nos está viendo, el que construyen otros mexicanos que están alejados de la política, y que hoy lo que pueden estar observando es a un grupo de políticos, de políticas, que están hablando de transformación, y yo creo que hay que ser muy autocríticos.
Los ciudadanos cuando escuchan a un grupo de políticas y de políticos hablando de transformación sospechan de que estén en realidad buscando formas para preservar las cosas como están, que sean preservadores del status quo, ¿es legítima esa sospecha de los ciudadanos?, claro que sí es legítima, han sido engañados tantas veces que sería injusto reclamarles que no sospechen, es certera, es verdad esa sospecha hoy ante lo que está ocurriendo? no, yo creo que no, por lo menos no lo es de manera total.
Este dictamen sí cambia cosas, cambia cosas de fondo, ¿todas?, no, no todas, pero no podemos dejar de reconocer que sí es un buen arranque y quizá hay que pensar que esa es parte del signo de nuestra democracia, de la democracia mexicana del siglo XXI, la desconfianza, la desconfianza permanente casi como un mecanismo de defensa.
Yo creo que somos una democracia, no lo creo, lo dice el pasado Latinobarómetro, somos la democracia Latinoamericana que genera menos confianza entre sus ciudadanos, y cómo no va a ser así. Heredamos problemas como la corrupción, la desigualdad, la impunidad, pero en democracia crecieron, en democracia se arraigaron, en democracia se reprodujeron estos problemas, problemas que hoy amenazan a la democracia: corrupción, desigualdad, impunidad, tiene la capacidad para destruir a la democracia mexicana.
La buena noticia es que hoy en el Senado se está discutiendo cuál puede ser el remedio, y el remedio sí puede ser justamente la transparencia, si la corrupción pude destruir a la democracia, la transparencia puede salvarla.
¿Por qué lo pienso? Recordemos a aquellos liberales del siglo XVIII que planteaban y entendían como uno de los principios rectores del ejercicio del poder justamente la publicidad de la cosa pública; la publicidad como una condición necesaria para generar justamente confianza, y hoy yo aquí en esta tribuna lo digo con todas sus letras, yo confío en quien dictaminaron en las comisiones este dictamen; yo confío en la sociedad civil que participó.
Yo confío también en muchos asesores parlamentarios que le dedicaron horas, muchas horas, no escribir un discurso para venir a decirlo hoy, no, que le dedicaron muchas horas a trabajar en este dictamen; confío en ellos, por supuesto, que sí, y justamente porque hay confianza, se los digo, se quedaron cortos, justamente porque confío y los reconozco es que hoy hay que decir que hizo falta, qué hizo falta para que este dictamen no solamente fuera de nuevas reglas para el ejercicio del poder, sino generara nuevas reglas para los propios ciudadanos y le otorgáramos a los ciudadanos otras formas para relacionarse con la política.
Voy a decir dos, y le suplico, Senador Presidente, tenga tolerancia con el tiempo porque son las dos reservas que he presentado, y que simplemente entregará y ya no las expondré de la misma manera como lo hizo mi compañero el Senador Corral.
Dos temas que me parece hubieran sido fundamentales que hoy estuviéramos aprobando en el Senado de la República, y que para mí ahí está el detalle, cada quien tiene derecho a decir, como dijo el clásico, ahí está el detalle, para mí el detalla está ahí.
Primero, en tres de tres. Sí seguiré insistiendo en tres de tres, seguiré insistiendo porque la promesa reiterada es que no ven esta ley que ven la que sigue, que no era en la general, que era en la federal, y así nos podemos ir postergando y proponiendo, tres de tres como un compromiso de los políticos, olvídense de los grupos parlamentarios, de los políticos, de hacer públicas sus declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la de impuestos, ahí estaba esa enorme oportunidad para que ante la sospecha, para que ante la desconfianza, la transparencia fuera una nueva fuente de legitimidad política.
Que los ciudadanos puedan verificar que nuestras motivaciones para estar en esta tarea no tienen que ver con crecer nuestro patrimonio, y que los que tienen un patrimonio bien habido, por grande que este sea, no tengan vergüenza de decirlo y que pueden compaginar este patrimonio e incluso algunos intereses con la actividad pública.
Perdimos esa oportunidad. El tres de tres pudo haber sido la respuesta al 73 por ciento de los mexicanos que cree que todos o que la mayoría de la clase política es corrupta.
El tres de tres pudo haber sido la respuesta al 36 por ciento de los mexicanos que ve a la corrupción como el problema más grave del país.
Perdimos esa oportunidad, por eso es que la reserva va en ese mismo sentido, en que no vuelva a ser solamente una referencia el dictamen a la ley general que solamente otorga a los funcionarios públicos la discrecionalidad de hacer público su patrimonio; porque volvemos a lo mismo, le estamos privilegiando a quienes deberían de ser observados en absoluto en su patrimonio, a sus intereses y a sus impuestos.
Miren, déjenme decírselos y felicitarlos, aprovechando esta ocasión, hubo 7 senadores, 6 adicionales que no compitieron este año en ninguna elección, y que hicieron su tres de tres, Laura Rojas, Marcela Torres, Ernesto Ruffo, Luis Fernando Salazar y también David Ávila Ruiz. No compitieron e hicieron su tres de tres.
Hubo otros que lo hicieron cuando estaban en competencia electoral, y es válido; hubo otros que hicieron su tres de tres, ya que eran candidatos, compañeros Senadores como Luisa María Calderón, como Sonia Mendoza, como Ivonne Álvarez, como la propia Layda Sansores.
Qué bueno que hicieron su tres de tres. Lo hayan hecho en el momento y con la motivación que haya sido.
Hoy debemos estar orgullosos de dos compañeros Senadores que son gobernadores y que hicieron su tres de tres.
Ahí está Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, ahí está nuestro amigo Carlos Mendoza, hicieron tres de tres, y hoy son gobernadores transparentes.
¿Por qué no lo pusimos en la ley de una vez?, ¿por qué no?, si nosotros éramos de los impulsores, aquí se creó ese diseño con la Senadora Rojas, con transparencia mexicana, con el IMCO, nos hubiéramos atrevido a dar el paso adicional.
Y finalmente, quiero decir que nos quedamos cortos en informantes, en Whistleblower.
Hay muchos, no muchos, la mayoría de los mexicanos que no acepta esa condición humana ni mucho menos la condición cultural de la corrupción.
La mayoría de los mexicanos son honestos, y muchos de esos mexicanos honestos trabajan para el gobierno o trabajan para los partidos, o trabajan en sindicatos.
No debimos de haberles dado protecciones para cuando veían que alguna información estaba siendo reservada de manera incorrecta, porque la reserva iba con intención de echarle opacidad para encubrir fraudes, actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos.
Si estos mexicanos honestos iban a tener el valor de hacerlo público, por qué no les dimos las herramientas, las garantías, la protección; no es una locura, no es una ocurrencia; es también de las cosas que estuvieron originalmente en el dictamen, y como se ha señalado aquí, justamente la negociación sacó, dejó fuera.
Yo sólo les voy a decir, que si esa iniciativa original, en ese espíritu verdaderamente audaz y revolucionario les iba a otorgar esas garantías, esos mexicanos no van a callar, algunos buscarán otras plataformas que garantices su anonimato ante la incapacidad nuestra de otorgárselos en la ley.
Otros, sí, desafortunadamente ante nuestra incapacidad de hacer de este acto moral, valiente, de coraje, como lo es una denuncia que pone en riesgo la estabilidad laboral, incluso muchas veces hasta la vida, no lo logramos hacer y estamos en deuda con ellos.
Yo, déjenme decírselos, compañeras y compañeros, dejo las promesas, los retos y la invitación a que esa nueva promesa de que no active otra ley, la hagamos realidad, que realmente logremos que en esta legislatura nosotros seamos la generación de políticos que embonamos nuevamente las dos tuercas de la democracia: la ciudadanía y la política. Tuercas que hoy están separadas, que están divorciadas, que están alejadas, y que tuvimos la oportunidad de acercar por esta vía.
Se los digo con afecto, yo sí les creo a mis compañeros Senadores en la buena voluntad que tienen que esta ley cambia las cosas; lo creo porque la conozco, y porque les tengo confianza, y les digo, nos hicieron falta el tres de tres, y los Whistleblower.
Seamos capaces de conformarnos como la generación de políticos que confía también en la transparencia, y que confía que la transparencia es la única forma como los mexicanos y su clase política podemos sacar de la penumbra a la democracia mexicana, y a la política mexicana en la que hoy vive.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se encuentran inscritos en el registro de oradores la Senadora Martha Tagle Martínez, la Senadora Laura Rojas Hernández y la Senadora Dolores Padierna, para hechos.
Después de sus intervenciones consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez para pronunciarse a favor del dictamen, hasta por 5 minutos.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.
Vengo a posicionarme a favor del dictamen de la Ley Federal de Transparencia, porque me parece importante reconocer que, aunque sea a cuenta gotas, aunque sea poco a poco y muy lentamente que vamos recorriendo hacia la transparencia, vale la pena apoyar ese esfuerzo.
Un esfuerzo en el que se han empeñado muchos Senadores y Senadoras en esta legislatura, que le han dedicado tiempo y horas de trabajo; mucho trabajo y esfuerzo que le han dedicado a organizaciones de la sociedad civil, por las cuales vale la pena apoyar este proyecto de dictamen.
Y también muchas horas de trabajo y esfuerzo que le han dedicado los compañeros y compañeras, asesores y, en ese sentido, quiero agradecer de manera importante a Estefanía Hernández, quien me ayudo a conocer de este proceso, pues yo me incorpore después a él.
El exceso a la información es un pilar fundamental para la construcción de las democracias modernas. Un mecanismo para cerrarle el paso a la corrupción y un instrumento para que la ciudadanía participe activamente en los asuntos públicos.
El dictamen que hoy tenemos en nuestras manos, sin duda, responde a medias, pero responde al compromiso hecho desde la reforma constitucional en 2013.
En voz de las organizaciones de la sociedad civil que se integran bajo el hashtag, transparencia ya, ellas comentan.
Después de importantes avances para el acceso a la información y la transparencia, con la aprobación de la reforma constitucional y la Ley General. Es de suma importancia que la Ley Federal siga este espíritu garantista y se apegue a este nuevo marco normativo.
Representa esta ley, la última oportunidad para que los Senadores aportemos claridad y certeza a algunos de los elementos que quedaron ambiguos en la Ley General, como es la obligación de generar información y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
Pero hoy cabe preguntarse: si es documento que estamos discutiendo aporta la suficiente claridad y certeza a algunos elementos que quedaron ambiguos en esa Ley General.
Si realmente cumple con las expectativas hechas cuando se determinó que serían dos las leyes que reglamentarían el derecho a la información. Me parece que eso solamente lo conoceremos cuando esta ley esté en práctica.
No voy a abundar en las virtudes que pueda tener el dictamen. Sin embargo, y un ambiente donde la confianza de la ciudadanía ante la clase política de este país se ha desmoronado en los últimos meses, en donde la corrupción ha penetrado en todos los niveles de gobierno del Estado mexicano, en donde vivimos una grave crisis en materia de derechos humanos, y en donde permea la desigualdad y persiste una alta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos sectores del país, entre los que se encuentran las y los políticos.
Algunas disposiciones de este dictamen, han quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas. Nuevamente en voz de las organizaciones.
El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho al acceso a la información. Es incongruente con respecto a la Ley General de Transparencia y, por si fuera poco, va a en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y del principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho.
Temas como el que compete a las fuerzas armadas o a la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como el mismo Poder Legislativo, no han sido suficientemente desarrollados.
Hoy, donde nuestro país comienza el proceso de apertura en un mercado energético y donde le propio gobierno ha asumido compromisos internacionales por transparentar lo mayor posible este mercado, vemos que la ley ha dejado fuera algunas disposiciones que contribuirían a saber bajo qué condiciones está dando este proceso de negociación en materia de tratados comerciales.
Tampoco se detalla el procedimiento que seguirá el recurso de revisión del Consejero Jurídico en materia de seguridad nacional. Solo lo remite a la Ley General.
Con este tema quiero concluir, pues desde la reforma constitucional se le otorgó, a un funcionario de segundo nivel, el poder para presentar reservas so pretexto de la seguridad nacional.
Desafortunadamente a este mismo funcionario público, se le siguen dando facultades extraordinarias, tanto como para sentirse con el poder de poner a un Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Compañeras y compañeros Senadores: Sin duda hay que apoyar este esfuerzo, pero de que le falta, le falta. Y lo más importante será que esta ley funcionará dependiendo de la vocación democrática que tengan quienes son ahora los sujetos obligados.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Senadora Laura Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente.
Pedí la palabra para hechos porque he notado en intervenciones de varios colegas Senadores, que no está suficientemente claro lo que es el catálogo de obligaciones de transparencia proactiva, y me parece muy importante aclararlo, sobre todo que nos quede por supuesto claro a los que estamos aquí, qué es exactamente lo que vamos a votar, y también para toda la gente que está siguiendo este debate.
El artículo cuarto de la Ley General de Transparencia dice:
“El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y asequible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, etcétera, y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente, por razones de interés público y seguridad nacional en los términos dispuestos en la ley”.
Esto para fines prácticos significa toda la información que esté en manos de los sujetos obligados.
Y ahora retomo lo que la misma ley general establece sobre quiénes son los sujetos obligados.
Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, en las entidades federativas y municipales.
Entonces toda la información generada y administrada por estos sujetos obligados, es pública. Eso significa que aunque no esté desarrollada en el catálogo de obligaciones específicas de transparencia proactiva, sigue siendo pública, puede ser consultada y se le entregará al peticionario de la información.
El catálogo de obligaciones de transparencia que desde la ley general se estableció y que para algunos sujetos obligados quedó más desarrollada en la ley federal, es solamente una selección de cierta información que a criterio de los que construimos este documento, es mayormente útil que esté publicada en las páginas de Internet, a efecto de obviarle al peticionario el proceso de petición de cierta información.
¿Podemos equivocarnos?
Claro que sí, somos humanos.
¿Puede faltar información que deseablemente debería estar ya en una página de Internet?
Claro que sí, y precisamente yo creo que durante la etapa de implementación se verá qué información es la que los peticionarios pueden estar pidiendo más para que se incorpore en este catálogo de obligaciones de transparencia.
Pongo dos ejemplos concretos -no es personal, no se trata de debatir-, que son los dos temas que más se han venido a decir a la tribuna: Grupos Parlamentarios.
Grupos Parlamentarios, ya lo dijo el Senador Pablo Escudero, sí son sujetos obligados a publicar un informe exhaustivo del ejercicio de sus recursos.
Si un ciudadano quiere saber más información más detallada, se pide y se tiene que entregar sin duda.
En el proceso de implementación creo que podemos revisar y eventualmente reformar la ley, o también en la armonización que se tendrá que hacer de la Ley Orgánica del Congreso y de los reglamentos de las Cámaras.
Pero para mí sí es muy importante que quede claro. Que no esté en este catálogo, no quiere decir que no sea pública, que no se va a entregar, que no sea consultable, de cualquier órgano, incluidos, como lo comentó también la Senadora Padierna, Cenegas, Cenace, que son entidades que manejan recursos públicos y que por supuesto son sujetos obligados de esta ley, de todas las obligaciones genéricas de la ley general y luego de las obligaciones específicas que establecimos en esta ley federal.
Y lo digo así, a mí también me hubiera gustado que quedaran desarrolladas otro tipo de obligaciones de transparencia, como ¿cuál? Que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo informe a detalle su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz.
Sin embargo, no puede estar en una ley federal los intereses particulares de todos los Senadores, lo que buscamos es, en base a cierta información de peticiones que son más comunes y que nos resultaron más obvias, establecer este catálogo de obligaciones de transparencia proactiva.
Concluyo medio minuto más, señor Presidente.
Ya se fue el Senador Zoé Robledo, y yo quería, acá está, Senador.
El Senador Zoé Robledo somos, además de amigos, somos compañeros de causa, como él lo dijo en el tema de tres de tres, en el tema de tres de tres no es que se esté pateando el balón, no es que iba en la ley general o en la ley federal, lo hemos dicho todo el tiempo, va en la Ley de Responsabilidades, esta ley es una ley de acceso a la información pública que no regula cosas sustantivas como las responsabilidades de los servidores públicos, igual que Whistleblower, en esa batalla, Senador Zoé Robledo, por favor, vamos juntos y cada vez que suba a tribuna a hablar de este tema reitero mi compromiso, pero va en la Ley de Responsabilidades.
Y lo quiero dejar claro porque para el público que nos sigue no va en esta ley, soy politóloga, al igual que Zoé, y me gustaría que las cosas, las relaciones del poder, las relaciones entre los ciudadanos y el poder pudieran cambiar.
Pero a veces los abogados tienen razón, y va en la Ley de Responsabilidades.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.
El Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Presidente, comparto lo que dice la Senadora Rojas.
El tema de tres de tres va en la Ley de Responsabilidades, el tema de transparencia es el acceso que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, a poder conocer de las actividades que desarrolla alguien que maneja un recurso púbico.
El tres de tres va en la Ley de Responsabilidades, y el tema de los informantes, para no hablar en inglés, que no me sale, y es más o menos algo para los del ITAM, también va en la Ley de Responsabilidades, también, así es que compartamos ese propósito, pero va en otra ley.
Nada más.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Presidente.
Bueno, siempre es una complicación estar en desacuerdo con alguien como el Senador Barbosa, quien yo aprecio, y además es mi coordinador, pero debo decir una cosa.
En el asunto de tres de tres, sin duda, la referencia, y lo hemos debatido mucho, es a la Ley General y que efectivamente debería de estar en la Ley de Responsabilidades.
Nosotros hemos siempre establecido que la referencia venga atada a esta ampliación de la publicidad, y que si no lo vamos a hacer en la Ley de Responsabilidades, porque queremos proteger a otros funcionarios, lo hagamos en la Ley General del Congreso; o lo hagamos en el Reglamento de la Cámara de Senadores, será discusión posterior.
Lo que sí no puedo aceptar es una cosa que se acaba de decir aquí, el tema de informantes, Whistleblower, por su nombre en inglés y de donde viene, que además es un tema que en el mundo, esa es la vanguardia de referencia a la transparencia, sí estaba en la ley general.
En el dictamen original, el primero que discutimos durante tanto tiempo, el que estaba avalado por un grupo importante de la sociedad civil, sí estaba como un artículo dedicado a la protección de informantes, estuvo ahí y después dejó de estar.
Hoy yo creo que debió haber estado en la ley general y que esta era otra oportunidad, ahí sí no puedo coincidir que es un tema de responsabilidades, porque al final de cuentas en la ley, en el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, viene justamente la obligación de publicar nuestras declaraciones patrimoniales y ahora de la de interés, antes no había tampoco una forma de establecer cómo era una declaración de interés, hoy ya existe y qué bueno, pero siempre con la discrecionalidad de hacerla pública como un beneficio y un privilegio para el político, para el servidor público, creo que pudimos haber buscado formas, si quisiéramos.
Aquí estuvo Michelle Bachelet, estuvo hablándonos de transparencia en un país donde sí es obligatorio que todos los políticos presenten tres declaraciones y se hagan públicas, y que estén al acceso de un par de clic para toda la ciudadanía.
Busquémosle formas.
Ojalá lo que acaba de mencionarse aquí sea un compromiso y no una rectificación solamente de orden jurídico.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha declinado la Senadora Dolores Padierna, para rectificación de hechos.
Se le concederá el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas, para tales efectos.
Y, con ello, cerraré la lista de oradores y procederemos a la votación en lo general.
Sonido en el escaño del Senador Javier Corral, por favor.
Permíteme, Senador Encinas.
Adelante Senador Corral.
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Solamente a efectos de ilustración a esta Asamblea, y por supuesto, también a los que siguen la transmisión de esta sesión por el Canal del Congreso, porque el Senador Robledo varias veces ha hablado de Whistleblower, pero a mí me gustaría que él pudiera, Senador Robledo, yo creo que es muy importante que explique qué es la figura de los informantes, porque ha usted recurrido, digo, el término es anglosajón, porque así está identificado en el argot, pero hay mucha gente que no sabe de qué se trata eso, es una ilustración para el debate, yo me imagino que hay mucha gente que dice: “bueno, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata?”
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.
El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Yo sólo quiero hacer una consideración, porque sin duda alguna comparto la importancia, la visión, los comentarios de mi compañero, sin embargo, creo que estamos cayendo en una discusión que no debiera de tener lugar en el debate sobre la transparencia, porque estamos en parte en la discusión del tema de temas, que es el del Sistema Nacional Anticorrupción.
Si queremos hablar de la información que puedan tener todas y cada una de las declaraciones, la patrimonial, la fiscal, la declaración de intereses, si queremos hablar de informantes, que son los Whistleblower, si queremos hablar, y así lo dije en la participación a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, si queremos hablar de la parte de derecho penal que tenga que ver con personas morales, hay que debatir el Sistema Nacional Anticorrupción.
Y solamente quiero aprovechar para decir que si tenemos una grave falta es, estamos avanzando en el tema de transparencia, hemos dicho que estamos a favor de esta ley, pero sin duda alguna, el tema de temas en el que tuvimos un gran pendiente es el de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Gracias, mi querido Senador Encinas, por su paciencia de escucharme, porque sé que usted sabía esto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador.
Después de la intervención del Senador Encinas, daré el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna para rectificación de hechos, entiendo que me ha vuelto a solicitar o vuelve a declinar.
En consecuencia, una vez agotada la intervención del Senador Alejandro Encinas y una vez que se ha cerrado el registro de oradores, consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
Proceda, Senador Encinas, por favor.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muy amable, Senador Gil.
Yo no quisiera dejar terminada esta discusión sin fijar con toda claridad mi posición respecto al carácter de sujetos obligados de los grupos parlamentarios.
Lo dije en mi primera intervención, y lo quiero subrayar.
Desde el momento en que la reforma constitucional estableció con toda claridad a los distintos Poderes de la Unión y a otros entes públicos y privados como sujetos obligados, se estableció con precisión, que los grupos parlamentarios son sujetos obligados ante la ley.
Posteriormente, en la Ley General se estableció todo el catálogo de responsabilidades de los sujetos obligados en materia de rendición de cuentas, incluidos los grupos parlamentarios, y se generó, lamentablemente, una situación de excepción al momento en que se introdujo un artículo 13 transitorio para el Congreso de la Unión, por el cual muchos votamos en contra.
En la situación actual y, toda vez que lo establecido en el 13 transitorio ha prescrito, porque se refería a la obligación del Congreso a establecer un reglamento y todas las normas para rendición de cuentas, estamos ya en faltas.
Entonces, ¿cuándo debe estar la información de los grupos parlamentarios? Debió de estar subida en la plana del Senado de la República y caso también de la Cámara de Diputados, toda la información de los grupos parlamentarios, porque la omisión del legislador, independientemente de que no se ha cumplido con lo establecido en el 13 no conculca ni la obligación, ni mucho menos el derecho de los ciudadanos a conocer la información.
Entonces hay que asumir que estamos en falta y que debe de subirse esta información de inmediato, como lo establece, ahora también la Ley Federal a la página de internet de cada grupo y del Senado de la República.
Es cuanto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea, que se han recibido los textos de las intervenciones de los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Gerardo Sánchez García y Jesús Casillas Romero, insértese en sus términos en el Diario de los Debates.
Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen está suficientemente discutido.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen está suficientemente bien discutido.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Doy cuenta de los artículos que han quedado reservados.
La Senadora Dolores Padierna Luna, artículos 1 y 73.
Senador Manuel Bartlett Díaz, artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167, y transitorio tercero.
Senador Javier Corral Jurado, artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, así como una adición al artículo 75.
Senador Zoé Robledo Aburto, artículos 54, 68 y 69, una adición al artículo 207, y un transitorio décimo primero, que también se adiciona.
Senadora Martha Tagle, artículos 68, 69, 70, 73 y 156.
Senador Rabindranath Salazar Solorio, artículos 69 y 70.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, artículo 73.
Informo que los Senadores Dolores Padierna Luna y Senador Javier Corral Jurado han solicitado que se ponga a disposición de los Senadores el texto de sus reservas para efecto de dispensar su lectura. Dichas reservas están disponibles en el monitor de sus escaños.
Hágase, en consecuencia, los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, en lo general, y de los artículos que no han quedado reservados conforme a la cuenta anterior.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y los dos votos adicionales, se emitieron un total de 87 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados, del proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para dar inicio al desahogo de las reservas, les informo que las propuestas de modificación de la Senadora Dolores Padierna Luna, a los artículos 1 y 73 se encuentran a disposición en los monitores de sus escaños para su conocimiento.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas que presentó la Senadora Padierna a los artículos 1 y 73.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las reservas.
Informo igualmente que el Senador Javier Corral Jurado, ha presentado las reservas a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, y una adición al artículo 75, dichas reservas se encuentran a disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.
En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Javier Corral Jurado, a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, así como la adición de un nuevo artículo 75.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Asimismo, informo que las propuestas de modificación del Senador Zoé Robledo Aburto, a los artículos 54, 68 y 69; la adición a un artículo 207 y un transitorio décimo primero, se encuentra a disposición de sus escaños.
En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas de reservas y de adiciones.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Zoé Robledo Aburto, a los artículos 54, 68 y 69, así como la adición de un artículo 207 y un transitorio décimo primero.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Senadora Martha Tagle igualmente ha solicitado que las reservas a los artículos 68, 69, 70, 73 y 156 se hagan del conocimiento de las y los señores Senadores a través del monitor de sus escaños.
En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Martha Tagle, a los artículos 68, 69, 70, 73 y 156.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Rabindranath Salazar Solorio, también ha solicitado que se ponga a disposición de los Senadores, en el monitor de sus escaños, las reservas a los artículos 69 y 70.
En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, a los artículos 69 y 70.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos reservados por la Senadora Dolores Padierna, Javier Corral Jurado, Zoé Robledo Aburto, Martha Tagle, Rabindranath Salazar Solorio, se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.
Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz para presentar las reservas a diversos artículos del dictamen.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Le pediría, antes de empezar, que pida orden, que pida usted orden allá en sala.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea atender la presentación de las propuestas.
Ruego a la Asamblea poner atención al orador.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: No, no pido orden para que escuchen, porque no van a escuchar, sino para que el Canal del Congreso, que nos está oyendo, pues nos vea con una cierta seriedad, es lo mínimo.
Voy a presentar todas al mismo tiempo ¿Verdad? Siendo que tengo el privilegio de ser el único que va a leer sus textos.
Hemos, en varias ocasiones, que son muy frecuentes en este Senado, que no presentamos argumentos, ni presentamos reservas para convencerlos, porque sabemos que la línea es la línea, sino porque es preciso hacer una labor, una labor pedagógica, y es preciso exhibir lo que se está aprobado como si fuera la gran legislación de transparencia, que hemos dicho ya en lo general, que no lo es, y que es incluso anticonstitucional.
Si hiciéramos una recordación de lo que aquí han dicho los que van a votar a favor, pues nos encontramos con que esa es la verdad. ¿Verdad?
La verdad es que esta ley tiene grandes carencias, y que no es la ley que luego votan. Es un efluvio de demagogia vil ¿Verdad? Escuchar todos estos argumentos y después votar a favor.
“Es que es mejor que nada”.
“Es que puede ser a cuenta gota”.
“Es que es un gran esfuerzo para empezar a resolver el problema”.
Eso, por favor es, simplemente sumarse a este elogio y esta simulación de Peña Nieto, que va a ser una campaña diciendo que él impulsó con sus partidos afines esta gran Ley de Transparencia, sabiendo que es una Ley de Transparencia, que es un arreglo hasta donde quisieron soltar, pero vinieron a controlar. De manera que esta es una gran simulación en la que están todos ustedes comprometidos.
Voy a empezar para fines pedagógicos, a presentar mis reservas.
Artículo primero. Lo dijimos, están fuera de control, de transparencia las empresas de radiodifusión, telecomunicaciones y, en general, de empresas nacionales e internacionales que operen en México y que realicen actos de relevancia para la economía nacional, así como de cualquier fideicomiso y fondo público de las personas físicas o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, realicen actos de autoridad o que en sus funciones o tareas, sus decisiones u omisiones tengan consecuencias públicas, sociales e incidan en economía, un gran hueco en favor de las transnacionales y la difusión que gobierna o “cogobierna” este país.
Texto del artículo ocho, párrafo primero. La norma debe de decir: no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte dese el inicio de una averiguación previa de la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o del inicio de cualquier procedimiento.
La información será pública sin que tenga que determinarse previamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por otra autoridad, que los hechos estén relacionados con violaciones graves o derechos humanos. Una de las graves grandes fallas que aquí se reconoció por quienes votan a favor, pese a todo.
Artículo 12.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la norma, actividad aplicable, la no documentación no será obstáculo a la obligación de máxima transparencia sobre los actos u omisiones que los sujetos obligados.
El artículo 12 del dictamen de la ley que han aprobado, incurre en el grave error, sino es que ayuda, de considerar que solo la información documentada que derive de competencias legales es pública, cuando la finalidad de la ley debería de ser que cualquier información de trascendencia pública que tenga que ver con las autoridades o con poderes fácticos es pública, independientemente de que se documente o no. Es una pequeña concesión para que mientan, para que no documenten y para que siga la simulación.
Artículo 18.- Los comisionados del INAI serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales, el Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser comisionados aplicará un examen general de conocimiento ante la autoridad electoral nacional, y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía.
Los candidatos a ocupar el cargo de comisionado tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica, para exponer sus propuestas y programas de trabajo, en el proceso de elección se prohíbe la realizan de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado.
La elección de los comisionados del INAI deberá coincidir con los procesos federales electorales. Aquí le contesto a algún Senador por ahí que se rasgó las vestiduras diciendo: esos Senadores que se oponen no proponen nada, hemos propuesto permanentemente, hay que tomar en cuenta, es otro de los que votaron a favor, estando en contra.
Artículo vigésimo primero, (artículo 21), el instituto tendrá las siguientes atribuciones, interpretar la legislación con pleno respeto y cumplimiento al artículo Primero de la Constitución de la República.
La justificación.
La interpretación de la ley debe realizarse tomando en cuenta los principios de derechos humanos previstos en el artículo Primero de la Constitución. Interpretación conforme y pro homine. Otra falla discretamente ocultada.
Artículo 69. El número de constancias, suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 constitucional para obtener concesiones, fíjense, este es un cachirul que metieron en un addendum como le hicieron en la Reforma Energética, ¿se acuerdan?, un cachirulo que presentó todo lo que querían las empresas transnacionales, que apareció en un addendum como éste.
El número de constancias y suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I, del artículo 27 constitucional para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas, y aguas en territorio nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitando, el número de constancias de suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 constitucional para la adquisición de bienes inmuebles fueran de la zona restringida indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante, así como el número de permisos otorgados para la constitución de fideicomisos señalando, etcétera.
La norma debe decir, el número de constancias de suscripción del convenio que hace referencia a la fracción I, del artículo 27 constitucional para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante, el número de constancias, etcétera, debe hacerse respetando el artículo 1° del 27 constitucional para la adquisición de inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante.
Fíjense, para los que están atentos en el Canal del Congreso. Debe respetarse la fracción I del artículo 27 de la Constitución, pues en una paja de 100 kilómetros, a lo largo de la frontera, y de 50 kilómetros en las playas los extranjeros con motivo alguno podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y las aguas.
Los fideicomisos que prevé el dictamen, implican un fraude a la Constitución, un fraude a la Constitución, pues a través de ellos los extranjeros adquieren el dominio sobre la tierra y agua en las zonas restringidas.
Los fideicomisos en las zonas restringidas deben estar totalmente prohibidos, son anticonstitucionales, y esta ley nos les puede dar el reconocimiento formal como hacen en otras normas, así como la pretensión de reformar la Constitución para permitir la propiedad de los extranjeros en las zonas restringidas.
Para quienes estén atentos, recordarán que hay una iniciativa por ahí, de quitar la restricción constitucional de adquisición de tierra y de posesión de propiedades en las zonas restringidas, fronteras y costas.
Eso no se han atrevido a presentarlo, porque sabemos que, sabemos bien, y me dirijo al auditorio del Canal del Congreso, sabemos bien que hay intereses económicos de quienes están promoviendo, que se quiten los estorbos, y que se puedan meter los extranjeros a todas las playas, a todas las fronteras, ya.
Ahí está un poco guardada esta iniciativa que ya aprobaron malamente, antipatrióticamente en la Cámara de Diputados.
Pero pues aquí hay un cachirul, aquí nos meten este descarado cachirul para que se autorice a los extranjeros a través de esta maña de un fideicomiso adquirir propiedades en los mares, en las costas y en las fronteras.
Esto es una vergüenza, que se metan esos cachirules para atender intereses de otro tipo de negocios sucios que deberíamos de conocer con la Ley de Transparencia, ésta seguramente no vamos a saber, pero ese es un cachirul.
El señor Presidente del Senado que está también descuidado, le voy a decir, señor Presidente, este es un cachirul, se lo dejo para que lo vea.
Están buscando meter como un addendum, un fideicomiso, un fideicomiso para avanzar en quien los extranjeros se apoderen de las costas mexicanas y su riqueza de todo tipo, y la frontera con los Estados Unidos y en el sur también. ¡Qué vergüenza!
Está probado también, yo creo que el addendum ni siquiera lo leyeron. Es una traición al país, está en la Constitución y la están violando.
Artículo 73 en materia energética se adicionan a las contempladas en el dictamen las siguientes obligaciones específicas.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y no lo voy a leer completo, les voy a decir por qué, porque ya lo dijo la Senadora aquí hace un momento, con una enorme exposición de que en materia energética tienen cerrado descaradamente la información. Ponen lo que se les da gana y permiten los intereses que manejan estos miserables que están entregando a Pemex, la CFE, al Patrimonio Nacional, les dan facilidades para que digan que sí, que no.
El sector energético que van a entregar, están entregando, y que es propiedad de la nación, no va a poder ser escudriñado, no vamos a poder saber quién se queda con ellos, ya parecen ex funcionarios de antiguos gobiernos, y no lo vamos a saber.
La señora Padierna hizo una explicación espléndida sobre esto, mucho más larga de la que yo quisiera leer.
Pero quede claro, y no lo digo yo, el sector energético, patrimonio de la nación, instrumento fundamental para el desarrollo, un capital fundamental para la soberanía nacional. Se va a entregar a escondidas por quienes se han apoderado que son, ya sabemos quiénes, de todos los organismos, de la Comisión de Hidrocarburos, la otra comisión de tal cual, las direcciones en las dos empresas.
Ya lo dijimos aquí todos, ellos comprometidos; todos comprometidos con intereses extranjeros que tienen facultades para inclusive vender a Pemex, y vender acciones, y vender propiedades de Pemex y lo están haciendo ya.
Entonces, es otra vergüenza, ¿Cómo se aprueba? como una Ley de Transparencia, cuando menos es una gotita que avanza; no avanza nada. Está facilitando al gobierno los aspectos que quieren ocultar, como es el sector energético para entregarlo tranquilamente a los extranjeros sin que haya ninguna posibilidad de transparencia.
Qué vergüenza señores lo que acaban de aprobar.
Artículo 166 y 167, se derogan. La transparencia y la Suprema Corte de Justica, oigan otra pequeña limitación, ya les dije es un enorme poder; un enorme poder, que a través del Consejo de la Judicatura controla vidas y haciendas en el Poder Judicial.
Manejan desde la cúpula del Pleno de la Corte, a través de la Junta de Coordinación, emparejan las vidas de los jueces y magistrados, los colocan donde quieren, hacen lo que se les da la gana, es un régimen absolutamente autoritario, antidemocrático. Ah, pero la transparencia ahí no existe, una pequeña cosita que dejamos pendiente.
El Instituto éste, que también está cooptado, no tiene autoridad sobre la Suprema Corte de Justicia.
Se acuerdan de la reforma energética que nunca quisieron analizar, o se acuerdan de la famosa reforma de la consulta, con millones de firmas, la Suprema Corte con una vacilada absoluta, digo que no procedía la reforma porque la consulta era, ni más ni menos, una cuestión fiscal. Sin ningún límite para sus aberraciones.
La transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un tratamiento privilegiado que no tienen los demás poderes y sujetos obligados.
Por esos privilegios ante un poder cerrado, gremialice y proclive al nepotismo, no existe justificación constitucional en el artículo 6 de la Carta Magna, para extraer de la Ley Federal de Transparencia al Poder Judicial.
Y ahora ya nos están preparando otro Medina Mora, para que vayan haciendo mayoría, quienes están a favor de la entrega del país de esas políticas de saqueo, de la Casa Blanca, de las empresas constructoras, de OHL, Higa, que denunciabas, no pasa nada.
Decía yo para terminar, lo hago, decía yo: que si no hay voluntad política, no habrá transparencia, y esos instrumentos son la clara falta de voluntad del Ejecutivo que ha controlado aquí al Congreso para que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, no lo moleste en sus propósitos de negocios que no serán tocados.
Gracias por su atención, señor Presidente, y gracias al Canal del Congreso que nos permite llegar por encima de las cabezas de Diputados y Senadores que han entregado este texto, están en contra, pero la nación lo debe de saber y lo sabrá cobrar.
Muchas gracias, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas han sido expuestas por el proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Manuel Bartlett Díaz, a los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167, y transitorio tercero.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos serán votados conjuntamente con el resto de los artículos reservados.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para presentar reserva al artículo 73 del decreto.
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, Senador Presidente. Con su permiso.
En primer lugar quiero felicitar y reconocer a mis compañeras y compañeros Senadores de las diferentes Comisiones, por el arduo trabajo realizado para tener este dictamen. Fueron muchas horas de trabajo, días, meses. Así es que ¡Enhorabuena y felicidades!
Por supuesto que hay pendientes, pero éste es un avance que va a ser favorable para todos los mexicanos y mexicanas.
Quiero decirles que la propuesta que traigo aquí al Pleno, es una propuesta muy noble y que me gustaría mucho que apoyaran.
Se trata de lo siguiente, de un inciso nuevo, el inciso y) al artículo 73, donde solicito que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dé un informe en cada siniestro, accidente, incidente, emergencia, fuga y derrame, vinculados con las actividades del sector, que incluya las investigaciones de causa raíz en caso de incidentes, accidentes, operativos industriales, medio ambientales, así como la forma en que se impulsará la restauración de los ecosistemas, flora y fauna silvestres, bienes y servicios ambientales.
Dicho informe deberá estar en la página de Internet 30 días al menos después del suceso ocurrido. Esto es con el fin de que los ciudadanos estén interesados, enterados, porque muchas veces está el derrame y ni siquiera los que son vecinos de ahí saben que ocurrió.
Así que ojalá puedan acompañar para bien esta reserva.
Aprovecho la tribuna para exhortar a los Congresos locales a armonizar sus leyes locales con la ley general.
Es cuanto, Senador Presidente. Gracias.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión las reservas que ha presentado la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, al artículo 73.
Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admite a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
En virtud de que no se admiten, se desecha la propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
A continuación se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz para presentar la reserva del artículo 69 del proyecto de dictamen que estamos discutiendo.
Serían cuatro reservas en una sola participación.
Adelante, Senador.
El Senador Daniel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes, Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres, Senador por el estado libre y soberano de Durango.
Señoras y señores Senadores: Me parece que este dictamen es un documento que en lo general atiende a las expectativas que de una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tienen los ciudadanos de este país y que atiende también a las expectativas y normas mínimas establecidas por la ley general en la materia.
Sin embargo considero que para garantizar y fortalecer el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que: “los principios esenciales en esta materia instituye y deja a la ley federal y a las leyes estatales su desarrollo”.
En especial, la ley general establece en su artículo 113 conceptos básicos que constituyen importantes excepciones en materia de reserva de información pública y cuya correcta interpretación depende, en gran medida, de la forma en que se aplicará en adelante el trascendental principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo 6º de la Constitución General de la República.
En ese sentido, resulta de especial importancia que la ley federal no se limite a reproducir textualmente en el artículo 105 dichos conceptos, sino que es necesario que los detalle o que al menos establezca algunas reglas de interpretación respecto de por lo menos los siguientes diez conceptos generales.
1.- Violaciones graves a derechos humanos.
2.- Seguridad nacional.
3.- Defensa nacional.
4.- Seguridad pública.
5.- Relaciones internacionales.
6.- Negociaciones internacionales.
7.- Políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero.
8.- Información que pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras.
9.- Información que pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o incrementar el costo de las operaciones financieras públicas. Y
10.- Actos de corrupción.
De no establecerse reglas que permitan la correcta interpretación de estos conceptos, sobre todo de aquellos que específicamente corresponden a facultades que ejercen de manera exclusiva las autoridades del ámbito federal, se corre el riesgo de que las autoridades interpreten dichas excepciones de manera amplia, y que, con ello, hagan nugatorio el derecho fundamental de acceso a la información pública.
Respecto a la secrecía de la averiguación previa en casos de violaciones graves a derechos humanos, es un tema central que debería definirse en la nueva Ley Federal de Transparencia, de conformidad con el artículo 16 del todavía vigente Código Federal de Procedimientos Penales, la averiguación previa, así como todos los documentos que la integran o que estén relacionados, son estrictamente reservados.
Sin duda alguna, las limitaciones al derecho a la información de las investigaciones del Ministerio Público son permisibles.
Por ejemplo, para proteger la integridad de una investigación, resguardar el debido proceso o prevenir daños a la seguridad nacional, por ello, las limitaciones al acceso público de expedientes de investigación o procesamiento penal deberán ser consistentes con el derecho a la información y es justamente la Ley Federal de Transparencia la que en el ámbito federal debe definir la forma en que deben aplicarse estos principios.
Respecto a las obligaciones de transparencia de quienes ejercen recursos públicos o llevan a cabo actos de autoridad a fin de contribuir a la correcta interpretación de los artículos 14, párrafo segundo, y 69 de este proyecto de ley federal, se sugiere que al menos en la exposición de motivos se establezcan algunos ejemplos y se aclare si deben considerarse como personas que realizan actos de autoridad a los notarios, a los corredores, a las cámaras de comercio, a los terceros autorizados en materia sanitaria, a los testigos sociales que intervienen en los procesos de contratación de obra pública, entre otros análogos.
Por último, respecto a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, el artículo 82 del proyecto de ley federal establece la improcedencia de una denuncia que repita otra anterior que ya ha sido resuelta en el sentido de instruir la publicación de las obligaciones de transparencia, técnicamente esta nueva denuncia no sería improcedente, sino que tendría que declararse sin materia en el entendido de que ello sólo podría darse en los aspectos precisos en los que duplique la primera denuncia, además, tampoco podría considerarse improcedente cuando se trate de casos en los cuales la autoridad obligada continúe siendo omisa en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pues ciertamente la violación subsiste, lo cierto es que esta nueva denuncia podría aportar nuevos argumentos útiles a la protección del derecho de acceso a la información.
Por todas estas razones, resulta conveniente que se revise la pertinencia de estas modificaciones a las disposiciones de la ley.
Señoras y señores Senadores: Al solicitar su voto para aprobar estas reservas, los invito a refrendar el compromiso de fortalecer un marco de instituciones eficaz que permita terminar con la opacidad que rechazan todos los mexicanos, los invito a que juntos terminemos con una fuente de suspicacia, de desánimo, de desencanto que por diferentes medios, nuestros conciudadanos mexicanos nos han exigido terminar.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Ávila Ruiz.
Pido a la Secretaría que consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Ávila Ruiz.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Daniel Ávila Ruiz.
Quienes estén porque se acepten, sean tan amables de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
El dictamen quedará en sus términos en lo referente a los artículos que reservó el Senador Ávila Ruiz.
Agotada la discusión en lo particular, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186, y transitorio tercero en los términos del dictamen.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 78 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia ,quedan aprobados los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186, y transitorio tercero del proyecto de decreto.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo que propone modificar el que aprobamos ayer sobre el procedimiento para la elección de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El propósito del mismo es que se establezcan fechas distintas para recibir la comparecencia de los candidatos integrantes de cada terna, para realizar la votación de la elección correspondiente y que a la protesta se convoque únicamente a quienes en su caso resulten electos como resultado del procedimiento que aplicará este pleno.
En consecuencia, se trata de guardar a los candidatos, las consideraciones pertinentes para que las actividades que se realicen para el análisis y votación se practiquen de la forma más ordenada y respetuosa hacia su persona y el cargo al que aspiran.
El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura sólo a la parte del resolutivo del acuerdo.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al acuerdo.
Primero.- Se modifica el resolutivo cuarto del acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el procedimiento para elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos:
Dice: Una vez aprobados los dictámenes remitidos por la Comisión de Justicia, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a las personas que hubieran satisfecho los requisitos previstos por el artículo 85 constitucional para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el pleno del Senado.
Debe de decir: El Presidente de la Mesa Directiva convocará a las personas que integran cada una de las ternas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal para que en cumplimiento del primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el martes 24 de noviembre de 2015 comparezcan ante el Pleno del Senado y realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura.
Segundo.- Se modifica el resolutivo sexto del acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento para elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos:
Dice: Una vez desahogadas todas las exposiciones se realizará una votación por cada tema para elegir a quien ocupará el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección se realizará a través de votación por cédula. La persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.
Debe decir: En la misma sesión plenaria en la que se aprueban los dictámenes de cada terna, se realizará una votación por cada una de ellas para elegir a quien ocupará el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección se realizará a través de votación por cédula. La persona que resulte electa de cada terna, rendirá ante el Pleno del Senado la protesta al cargo, en la misma sesión o en sesión posterior a la de su elección”.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo presentado.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aprueba, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
Aprobado el acuerdo que modifica el similar aprobado en la sesión del 18 de noviembre sobre el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comuníquese.
La Secretaría convocará a los candidatos integrantes de cada una de las ternas para que acudan ante este Pleno, el próximo martes 24 de noviembre, y realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura.
Hago de su conocimiento, Senadoras y Senadores, que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones respectivas.
Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre a las once horas, en la que se recibirá la comparecencia de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su exposición sobre la idoneidad de su candidatura.
(Se levantó la sesión a las 18:51 horas)
