La Secretaría de la Función Pública debe investigar el procedimiento por el que la Secretaría de Desarrollo Social realizó, en mayo de 2012, una inversión de mil 105 millones de pesos en 18 municipios de Michoacán.
Así lo determinó la Tercera Comisión de la Permanente, que preside la senadora priista Graciela Ortiz González, en un dictamen en el que se solicita que se audite el otorgamiento y ejercicio de estos recursos.
En el punto de acuerdo aprobado se menciona que a sólo semanas de las elecciones federales, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó una inversión de mil 105 millones de pesos dirigida a 18 municipios del estado, “todos ellos gobernados por alcaldes de extracción panista”.
La inversión millonaria, se subraya, habría sido destinada a 47 proyectos de infraestructura para la modernización de caminos, reconstrucción de puentes y pavimentación de calles en Acuitizio, Ario, Coahuayana, Cuitzeo, Ecuandureo, Erongaricuaro, Huaniqueo, Ixtlán, Maravatio, Marcos Castellanos, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Tanhuato, Vista Hermosa, Zacapo, Zináparo y Zinapécuaro.
En el mismo resolutivo también se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que revise los recursos federales transferidos al gobierno de Puebla durante 2011 y 2012, en particular la adjudicación de diversas obras públicas en el estado.
Además, se pide al Congreso estatal una auditoría integral de los contratos otorgados por el gobierno para la realización de obras y la adquisición de servicios.
Sobre este tema, los legisladores resaltaron que en el estado se han presentado una serie de irregularidades y han sido beneficiados empresarios cercanos al mandatario estatal con contratos de diversos giros, como la concesión para la colocación y adquisición de la Rueda de la Fortuna, un juego mecánico que tuvo un costo de 400 millones de pesos.
Requieren informe sobre reducción en recaudación federal
La Tercera Comisión validó una propuesta para que la Subsecretaría de Ingresos informe, de manera detallada, las causas que provocaron la disminución en la recaudación del Gobierno Federal, en especial por concepto del Impuesto al Valor Agregado.
De acuerdo con el dictamen, el reporte deberá explicar las afectaciones que dicha reducción representa en los ingresos de las entidades federativas y de las familias mexicanas, así como las acciones emprendidas para revertir esta tendencia.
Los integrantes de este órgano del Congreso manifestaron su preocupación por el ajuste a la proyección del crecimiento real del Producto Interno Bruto para 2013, de 3.5 a 3.1 por ciento, anunciado el 17 de mayo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cabe señalar que el informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública del primer trimestre de 2013 dio cuenta de que la tasa de recaudación del IVA fue menor en 25 mil 779 millones de pesos, esto es 4.8 por ciento real.
Además, los ingresos presupuestarios durante este periodo tuvieron un nivel 0.4 por ciento inferior en términos reales al obtenido en igual lapso de 2012, debido a la evolución de los ingresos petroleros que mostraron una disminución real de 9.0.
Atender reclamos en contra de servicios financieros, demandan en Tercera Comisión
En la misma reunión de trabajo, senadores y diputados respaldaron un punto de acuerdo para solicitar al Banco de México información sobre la situación actual, las acciones y medidas para mejorar el funcionamiento de los sistemas de pagos, promover la competencia y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.
Consideraron que la Comisión Federal de Competencia tiene que iniciar a la brevedad un estudio sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero, específicamente en el sector bancario.
Asimismo, exhortaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que, de manera inmediata, establezcan acciones para reducir los índices de reclamación por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito o débito.
Demanda acelerar norma para evitar venta de televisores analógicos
Por otra parte, los legisladores aprobaron un dictamen para reconocer y apoyar la creación de la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-192-SCFI/SCT1-2013 “TELECOMUNICACIONES-APARATOS DE TELEVISIÓN Y DECODIFICADORES–ESPECIFICACIONES” para que, cuanto antes, entre en vigor y se dejen de comercializar televisores analógicos.
En el punto de acuerdo plantearon que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene que garantizar que no se especule con los precios de los decodificadores y evitar prácticas abusivas por parte de sus distribuidores y comercializadores.
En otro tema, se aprobó una propuesta que busca conminar al Ejecutivo Federal a que considere renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
--oo0oo--
