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El pleno del Senado solicitó a la CNDH un informe sobre la desaparición de Julio Alberto López Alonso, Óscar Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza, en Santiago Nuevo León, ya que a cinco años de este hecho no ha emitido recomendación alguna y las autoridades no poseen información al respecto.
En el dictamen se da a conocer que el 12 de enero de 2008 desapareció López Alonso junto con tres amigos y durante los años transcurridos las autoridades no poseen suficiente información acerca de lo sucedido ni detalles que hagan suponer la posible comisión de delitos.
También se destaca que las madres de les desaparecidos presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta el momento este organismo no había presentado recomendación alguna.
Subraya que la ausencia de una investigación pertinente sobre la comisión de delitos produce impunidad y la repetición de hechos delictivos, lo que deja en estado de indefensión a las víctimas.
Al referirse a la propuesta, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el dictamen responde a la solicitud de ayuda para que en función de las atribuciones conferidas a la CNDH se pueda atender de manera urgente a los familiares cuyos hijos están desaparecidos.
De igual forma, destacó que en el caso de la desaparición forzada, a través del resolutivo se establece que pueda solicitarse a los titulares de todos los estados de la República la información sobre las personas que se encuentren en esta condición, y que no sólo se circunscriba a una determinada entidad.
Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo, de Acción Nacional, llamó a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada de personas.
“El Senado solicita a los titulares de los poderes ejecutivos que atiendan a los comités de familiares de personas desaparecidas y que se pueda implementar un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones sobre desapariciones forzadas de personas”, expuso.
Señaló que la desaparición forzada es el término que designa un delito complejo que supone la violación de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad.
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