Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL


DISCURSO DEL DIRECTOR DE PEMEX, EMILIA LOZOYA AUSTIN, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República;
Senador David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República;
Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República;
Señores y señoras miembros de las Juntas Directivas de dichas comisiones;
Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía;
Licenciado Francisco Rojas Gutiérrez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad;
Señores y señoras Senadoras:
Acudo a esta comparecencia, como establece la ley, en atención a la convocatoria emitida por las juntas directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.
Como se establece en dicha convocatoria, el propósito de esta comparecencia es hacer del conocimiento de esta Honorable Cámara de Senadores, nuestra opinión y posición respecto de la iniciativa en materia de Reforma Energética enviada recientemente por el titular del ejecutivo federal a esta soberanía.
El formato de esta sesión prevé, además, un intercambio posterior de opiniones entre los señores y señoras senadores y quienes tenemos el honor de comparecer, por lo que si a juicio de ustedes, durante mi exposición, algún tema ha sido insuficientemente expuesto o ha sido omitido, con mucho gusto lo abordaré en mi segunda intervención.
Inicio esta exposición poniendo en contexto la propuesta de Reforma Energética que el Ejecutivo ha planteado a esta legislatura.
Como es de conocimiento general y como se ha señalado en diversas ocasiones en el Senado de la República, nuestro país ha mostrado un desempeño económico mediocre y, sin duda, por debajo de su potencial y de las aspiraciones de los mexicanos durante las últimas décadas.
Para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ésta es una situación inaceptable.
Así lo hizo explícito el entonces candidato durante su campaña en busca del voto de los ciudadanos, y en consecuencia, propuso un conjunto de reformas en el terreno económico, destinadas a sacar a México de esa trayectoria de crecimiento inferior a la potencial.
Dentro del conjunto de reformas propuestas para volver a ubicar a la economía mexicana en una trayectoria de crecimiento alto y sostenido, la reforma energética ocupa un lugar, sin duda, de primera línea.
Este papel preponderante del sector energético en el propósito de relanzamiento del crecimiento económico obedece en primer lugar al peso de las industrias petrolera y eléctrica en la economía nacional y de esta última en las finanzas públicas.
Obedece, también, a la ventaja competitiva que para el conjunto de las actividades productivas, y en particular las manufacturas y el transporte, representa el disponer de una oferta de energía abundante y a precios competitivos.
Y, en tercer lugar, obedece al potencial que tiene la industria petrolera, si crece al ritmo que puede y debe, para generar oportunidades de negocio y de desarrollo de cadenas de proveedores, las cuales, huelga decirlo, tendrían un efecto positivo considerable sobre la creación de empleos productivos y bien remunerados.
Sin embargo, estos tres motivos, por si mismos justificarían revisar diversos aspectos del funcionamiento de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera para retomar y acelerar su crecimiento, pero no necesariamente una reforma constitucional.
Esos aspectos, desde luego, forman parte de la propuesta de reforma de la presente administración, y varios de ellos han sido mencionados en la intervención del Secretario de Energía.
Si queremos que la industria del gas y el petróleo retome una senda de crecimiento elevado, resulta evidente que Pemex requiere contar con un nuevo régimen fiscal, similar al que enfrentan sus principales competidores en el resto del mundo, que le permita invertir más de lo que invierte hoy.
En este tema se puede percibir un consenso relativamente amplio.
De la misma manera, creo que hay acuerdo en que Petróleos Mexicanos requiere modernizar su esquema de organización interna para ser más ágil, más eficiente y más competitivo.
La forma en que estamos proponiendo hacer frente a este reto es mediante la supresión de los organismos subsidiarios de Pemex y su sustitución por dos divisiones, una encargada de las actividades “aguas arriba”, esto es de exploración y producción, y otra a cargo de las actividades industriales “aguas abajo”.
En esta división se agruparían las actividades de transformación del petróleo y del gas en los centros procesadores de gas y las instalaciones de refinación y producción de petroquímicos.
Éste es el esquema con el que operan las compañías petroleras más competitivas del mundo y se trata de un esquema que permitirá evitar duplicidades y generar ahorros en materia de mantenimiento, procura y suministro y gastos administrativos entre otras cosas.
Un segundo aspecto de la modernización de Petróleos Mexicanos que sin duda contribuirá a lograr los objetivos de contar con una empresa más ágil y eficiente, es el que tiene que ver con la introducción de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.
Lo que buscamos es contar con un Consejo de Administración más profesional, con mayores facultades y con menos trabas burocráticas, que funcione como el brazo administrativo de los propietarios de la empresa, los mexicanos, y que sea responsable ante su representante, el Estado.
Por último, las propuestas harán frente, también, a la necesidad de aumentar la flexibilidad de Petróleos Mexicanos en el ejercicio de su presupuesto y en la definición de una política de remuneraciones y de manejo de los recursos humanos propia de una empresa y no de una dependencia administrativa del gobierno federal.
Además de un nuevo régimen fiscal y una reorganización interna a fondo en Petróleos Mexicanos, creo que también existe un amplio acuerdo en torno a un tema de crucial importancia para la opinión pública y que representa un legítimo reclamo ciudadano: Pemex tiene que avanzar sustancialmente en materia de transparencia y de rendición de cuentas.
Como señaló el Secretario hace unos minutos, la reforma habrá de incluir propuestas de cambios en la normatividad y seguramente, en el caso de Pemex, la creación de nuevos mecanismos internos de fiscalización, que garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos sin provocar, como ha sucedido en el pasado, la parálisis de la empresa.
Todo ello se orienta hacia el objetivo de garantizar una gestión transparente de los recursos de todos y la operación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción pronta y justa a quienes incurren en prácticas indebidas.
Estamos empeñados, pues, en un proceso de transformación de Petróleos Mexicanos que conduzca a tener un Pemex más fuerte: un Pemex que pueda invertir más, un Pemex más eficiente y un Pemex más transparente.
Confiamos en que estas propuestas, el nuevo régimen fiscal, la reorganización de Pemex y la reforma de su gobierno corporativo, que como he mencionado, gozan de mayor o menor grado de consenso, contribuirán a dinamizar la industria petrolera en México.
La pregunta natural es entonces: ¿para qué; qué sentido tiene, plantear una reforma constitucional que por su propia naturaleza resulta mucho más polémica?
La respuesta a esta pregunta es clara.
En las condiciones actuales, tecnológicas y de mercado, el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos es condición necesaria pero no suficiente para hacer el mejor uso posible de los recursos de hidrocarburos con que cuenta la nación.
De hecho, ya en 2008 se ensayó una reforma centrada en la ley reglamentaria y resultó insuficiente.
Al afirmar que el fortalecimiento de Pemex no es suficiente y que requerimos de una reforma constitucional parto de una premisa que, hasta donde sé, no es cuestionada por ninguna fuerza política.
Esta premisa de consenso es que la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos no está discusión.
El objetivo de la propuesta de reforma constitucional no es cambiar el régimen de propiedad de los hidrocarburos; el objetivo de la propuesta es dotar al país del marco legal para obtener el máximo de riqueza de sus hidrocarburos para sus dueños, para todos los mexicanos.
Desde este punto de vista, la necesidad de modificar la constitución en el sentido propuesto por el ejecutivo federal surge del cambio que se ha venido operando en los últimos años en la tecnología y en los mercados petróleo y gas en el mundo y, muy particularmente, en América del Norte.
La posibilidad de explotar reservas que no hace muchos años eran inaccesibles, ya sea en yacimientos no convencionales o en aguas profundas y ultraprofundas ha abierto una enorme oportunidad de expansión para la industria petrolera en México.
De hecho, 43% de los 45 mil millones de barriles de reservas 3P del país corresponden a yacimientos no convencionales, sobretodo en Chicontepec, y a yacimientos en aguas profundas.
A largo plazo la dependencia de este tipo de recursos es aun mayor. 75% de nuestros recursos prospectivos corresponden a aguas profundas y petróleo y gas no convencionales.
La oportunidad de crecimiento y el futuro mismo de México como potencia petrolera que estos recursos y las nuevas tecnologías entrañan, viene acompañada, sin embargo, de tres retos que son los que, a final de cuentas aconsejan cambiar el marco constitucional de la industria.
El primero de estos retos tiene que ver con la intensidad de capital implícita en la tecnología para explotar este tipo de recursos.
Mientras que el costo total por barril, incluyendo descubrimiento, desarrollo y producción en yacimientos terrestres convencionales es, en promedio de 8 dólares y de 11 dólares en aguas someras, en aguas profundas y en yacimientos no convencionales en tierra 37 y 35 dólares respectivamente.
Si Pemex mantiene el ritmo de inversión actual, del orden de 24 mil millones de dólares, podemos esperar, en los próximos diez años, una producción promedio de crudo ligeramente superior a la actual (2.8 mmbd) y una producción de gas similar a la de hoy (6.1 millones de pies cúbicos diarios).
En el otro extremo, si queremos alcanzar el máximo potencial en los próximos diez años, tendríamos que invertir del orden de 62 mil millones de dólares anuales y alcanzaríamos una producción promedio de 4 millones de barriles de crudo y una producción de gas considerablemente superior a la actual, 16 mil millones de pies cúbicos diarios frente a los 6.1 que producimos hoy.
Resulta evidente que incluso con un nuevo y mucho más favorable régimen fiscal para Pemex, e incluso tomando en cuenta su capacidad de endeudamiento no podríamos acercarnos a los niveles de inversión que se requieren para aprovechar el potencial.
Desde este punto de vista, es un hecho que necesitamos atraer capitales para acercarnos al ritmo máximo de explotación de nuestros recursos.
Lograr esto en la magnitud requerida sin modificar las reglas constitucionales de operación de la industria no es factible.
Aun si lo fuera, sin embargo, nos enfrentaríamos al segundo de los retos que quisiera mencionar.
Me refiero al reto de la capacidad de ejecución, de la capacidad de administrar dentro de una sola empresa el número de proyectos que aprovechar al máximo nuestros recursos supone.
En el escenario base, que mantiene la inversión en niveles similares a los actuales, Pemex operaría un promedio de 24 mil pozos todos los años.
En el escenario máximo potencial al que aludí antes, el número de pozos que tendría que operar es del orden de más de 62 mil en promedio.
Esto en buena medida se debe a las características geológicas y tecnológicas de los yacimientos terrestres no convencionales.
Los depósitos en lutitas producen volúmenes pequeños en cada pozo, lo que obliga a perforar un gran número de ellos. En el caso de México estimamos que sería necesario perforar más de 3,000 pozos cada año.
No estamos hablando aquí de la capacidad de Pemex en particular para encarar el reto logístico y organizacional que esto supone.
El hecho es que la revolución “shale” en Estados Unidos no es una revolución de grandes empresas como Pemex, Exxon o BP, sino que es producto de la suma de la actividad de cientos, miles, de empresas medianas, porque la geología de estos yacimientos no se presta al despliegue eficiente de empresas gigantes como la nuestra.
La explotación óptima de los yacimientos no convencionales sugiere, entonces, la necesidad de atraer más jugadores a la industria. Se trata en este caso de atraer a decenas de operadores dispuestos a invertir cantidades relativamente menores (del orden de 7 millones de dólares por pozo) en un número limitado de pozos.
De nuevo, al igual que en el tema del monto de recursos a invertir, no parece posible atraer a nuevos participantes en el número necesario sin modificar el marco constitucional para su operación.
Está, por último, el tercero de los retos que debemos superar para aprovechar la oportunidad abierta por el desarrollo tecnológico y la dotación de recursos naturales de México.
Me refiero al reto de la administración del riesgo, sobre todo en los yacimientos en aguas profundas.
Si examinamos la experiencia en otros países, encontraremos que en general las grandes empresas petroleras rara vez encaran proyectos de desarrollo y producción en aguas profundas por sí solas.
El esquema más frecuente es que una de ellas encabece un proyecto y otra o varias adquieran una participación en el mismo.
Las razones para que este sea el esquema que prevalece son, por una parte, que se reducen los riesgos financieros y geológicos que en este tipo de proyectos son particularmente altos; y, por la otra, que se comparten costos de investigación, pruebas y prototipos.
En el marco constitucional actual las posibilidades para que Pemex pueda asociarse con otros operadores son, prácticamente, nulas, privándola así de una herramienta que todas sus competidoras han utilizado para desarrollar sus capacidades al menor costo posible.
Señores senadores, señoras senadoras:
México tiene frente a sí el reto de revertir un largo período de crecimiento mediocre de la economía, del empleo y de los ingresos de la población, muy por debajo de lo que los mexicanos requieren y, con justicia, reclaman.
En el sector energético, y muy particularmente en la industria del gas y el petróleo, el país cuenta con una poderosa herramienta para recuperar al camino del crecimiento acelerado.
El desarrollo tecnológico de los últimos años y los recursos de nuestro subsuelo abren la posibilidad de utilizar esa herramienta.
Concretar esta posibilidad supone modernizar a Petróleos Mexicanos y hacerlo más transparente. Para ello se están proponiendo una serie de medidas de cambio del régimen interno de Petróleos Mexicanos y del contexto institucional y legal en que se desenvuelve.
Son medidas importantes, que se reflejarán en un mejor desempeño de Pemex y en un mayor aprovechamiento de nuestros recursos.
Pero estas medidas no son suficientes.
No son suficientes ni ante la magnitud del reto que enfrenta el país ni ante el tamaño de la oportunidad que se nos presenta.
Esta oportunidad se nos presenta precisamente porque los hidrocarburos son propiedad de la nación.
Es por ello que nos podemos plantear un proyecto de desarrollo de la industria petrolera en función de los intereses de la nación.
La naturaleza y la magnitud de la oportunidad que se nos presenta aconsejan modular la manera en que ejercemos el inalienable derecho de propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, mediante la reforma constitucional que el ejecutivo federal ha presentado a esta Honorable Cámara de Senadores.
He expresado aquí los argumentos que, a mi juicio, hacen procedente modificar la Constitución en el sentido propuesto por la administración.
Estoy convencido de que la alternativa que se nos presenta se da entre un proceso de avance gradual en el mejor de los casos, y la posibilidad de desencadenar el potencial de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera para impulsar una nueva etapa de desarrollo económico acelerado en México.
Por su atención, muchas gracias.
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