Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

 


PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE

 


-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 79 ciudadanos senadores y senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria.

Se abre la sesión del jueves 19 de septiembre,  correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Solicito a la Secretaría, informe al pleno de las resoluciones que ha adoptado la mesa directiva, sobre los diversos asuntos que se han abordado en la reunión de esta mañana.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron en la reunión de hace unos momentos.

La mesa directiva con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó siete ampliaciones de plazo, al mismo número de asuntos que le solicitó la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la presentación de los dictámenes respectivos.

Estos asuntos se publicarán en la Gaceta.
De la misma manera, se les comunica que en el cumplimiento al numeral tercero del artículo 177 del Reglamento del Senado, la mesa directiva autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por los senadores del PRD, el 14 de agosto pasado, para quedar en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera.

Son todos los asuntos, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.

Compañeros senadores: Por acuerdo de la mesa directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al Día Nacional de Protección Civil.

Antes, respetuosamente, solicito a la Asamblea, que puesto de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el sismo de 1985.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se les solicita ponerse de pie.

(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias.

Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

No se encuentra…

Entonces, tiene el uso de la tribuna la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Entonces, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por favor, senador.

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Con su permiso, señor presidente.

Senadoras y senadores: Hoy recordamos los sismos de la ciudad de México de 1985.

Y lo hacemos en un momento, en donde nuestro país está afectado, lastimado y dolido por los fenómenos meteorológicos que están lastimando a buena parte de la sociedad y del país.

Creo que este es un momento, en donde cada uno de nosotros tiene que poner lo mejor que tiene, para recordar bien, para no olvidar y para contribuir a que estos problemas que hoy vive nuestro país, se resuelvan de la mejor manera posible.

Recuerdo el cuadro, que todos conocemos de 1985.  Se destruyó la infraestructura de la ciudad, los teléfonos no funcionaban; pero sobre todo, quedaron 100 mil personas… 100 mil familias sin vivienda, medio millón de habitantes de esta ciudad, que no tenían a dónde vivir.

Estábamos frente a un drama, creo yo, comparable con lo que hoy se está viviendo en el país. Y esa situación, llevó a una gran descoordinación inicial, a grandes enojos, a movilizaciones, para finalmente lograr, lo que parecía muy difícil de conseguir, que era, que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre lo que tenía que hacerse en esta ciudad y hacerlo con puntualidad y hacerlo con honestidad y hacerlo con efectividad.

Yo quisiera, simplemente, en este momento, decir lo que me parece que serían las lecciones del 85, para el 2013. 

La primera. Estos asuntos requieren de coordinación interinstitucional y requieren de mando. No se pueden atender, si esto no existe, y esto es distinto a simplemente aparecer en los medios y dar la apariencia de que las cosas están siendo atendidas.

Se trata y se necesita, de una verdadera coordinación institucional, que llegue a los lugares y a las familias afectadas.

Lo segundo que se necesita en momentos tan difíciles, como el que hoy vive el país y vivió en el 85, es un gobierno que se decida a actuar con un espíritu de justicia y de inclusión social.

Cuando estas cosas ocurren lo más afectados son los más pobres. Y tiene que haber un principio de equidad en la atención. No se puede tratar a todos igual, tiene que haber recursos para compensar los daños a los afectados.

Lo tercero. Es que se necesita dinero, se necesita dinero con oportunidad y se necesita un manejo escrupuloso de los programas, completamente transparente, donde no haya nadie que pueda decir, que alguien se corrompió, que hay funcionarios que se enriquecieron con los programas de asistencia.

Lo cuarto. La cuarta lección, es que estos proyectos, de reconstrucción, de reconciliación, de atención, no solo son proyectos económicos o técnicos, son proyectos en donde hay que combinar la mejor técnica, con el adecuado financiamiento y con un componente social, que es indispensable, de otra manera, los proyectos van a fracaso.

La quinta lección, me parece importante, es la definición de la participación de los sectores de la sociedad.  Una tragedia de este tamaño no la puede resolver solo el gobierno.  Se necesita de la colaboración del sector privado, sobre todo de la industria de la construcción, y se necesita del respaldo y de la aprobación de las comunidades.

Y la combinación de estos tres, se tiene que hacer sobre una definición clara, de dónde están los límites de actuación del gobierno, de las empresas y de la comunidad.

Y por último, quiero recordar, que cuando ocurren estas tragedias, se genera una enorme turbulencia en la vida política de las comunidades.

Yo creo que, la ciudad de México cambió después del 85, no volvió a ser igual.

Y el 85 trajo un cambio en la correlación de las fuerzas…


(SIGUE   2ª. PARTE)
... después del 85 no volvió a ser igual. Y el 85 trajo un cambio en la correlación de las fuerzas que se reflejó en las elecciones de 1988, y por esas elecciones del 88 se hizo la reforma política de la ciudad, de tal manera que el México, Ciudad de México de 1985, ya no tenía nada que ver con el México de los 90 y el México del año 2000.

Entonces me parece que tenemos que estar preparados para que lo que hoy ocurra en el país, sabiendo que va haber repercusiones políticas seamos absolutamente escrupulosos en no utilizar los programas con propósitos clientelares porque eso no hará más que revertir las acciones de ayuda en contra de las autoridades que se dediquen al clientelismo político y electoral.

Se necesita, frente a una situación como la que hoy está viviendo el país y como la que se vivió en el 85, una enorme generosidad, una gran capacidad de atender los asuntos sin predilecciones políticas, y una determinación democrática que será la única que sea capaz de absorber estos conflictos y canalizarlos hacia una recuperación y reestablecimiento de al vida normal de las comunidades y de la fortaleza de las instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador.

-Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Si usted nos lo autoriza entregar por escrito el posicionamiento del grupo parlamentario para que quede registrado en el Diario de los Debates una conmemoración tan importante.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se le concede.

-Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy con profunda tristeza recordamos el movimiento telúrico, uno de los más fuertes registrados a nivel mundial, que acaeció en nuestro país en la mañana del 19 de septiembre de 1985. Hoy hace 28 años México se vistió de luto ante este sismo tan impresionante con el que la naturaleza nos castigó.

Las pérdidas materiales tan sólo en la Ciudad de México fueron inmensas con inmuebles dañados, que en su gran mayoría posteriormente tuvieron que ser demolidos, las pérdidas humanas fueron cuantiosas superando la cifra de 6 mil muertos, cuando menos oficiales, e incontables heridos

Creo que esto nos debe dar una directriz de en qué estado está nuestro país en materia de protección civil. Creo que lo que hoy estamos sufriendo en la gran parte del territorio nacional, a donde se ha llenado de luto, de dolor, de tristeza a un sinnúmero de familias que aún se encuentran todavía enterrados en los aludes o en sus casas que se ha llevado la corriente es cuando debemos poner un mayor énfasis en que cada uno de nuestros estados en materia de protección civil debemos prever todo lo que pudiera acontecer.

Pero dentro de todos estos males debemos de reconocer la solidaridad de nuestro pueblo que proporciona sin limitaciones ayuda, esfuerzo, para que el gobierno pueda paliar los daños. No obstante que se rememora con tristeza hay que reconocer que en México los avatares que nos han tocado vivir siempre los mexicanos salimos con la frente en alto.

Solamente que hoy tenemos un gran reto también de ser vigilantes de que no se aproveche este dolor, esta pena para que haya abusos, abusivos o ladrones que traten con el oportunismo característico de sacarle raja a esta desgracia que hoy estamos viviendo los mexicanos.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senadora.

-A nombre del Senado de la República damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Pascual, Presidente de la Federación Mexicana de Charrería; a la señorita Melissa Primera, reina de los Charros de México; a la señorita María Esther Terán Velázquez, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales; así como a los representantes de diversas asociaciones de charros de la República mexicana, todos invitados por la Senadora Cristina Díaz Salazar. Sean ustedes bienvenidos. (Aplausos)

-Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

-LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, Senador Presidente.

En estos días hemos vuelto a experimentar la vulnerabilidad que tenemos como país frente a los desastres naturales. Hoy lamentamos la pérdida de más de 80 vidas, que 155 municipios hayan tenido que recibir la declaratoria de emergencia, que haya 218 mil damnificados, más de 1.2 millones de mexicanos afectados y daños millonarios causados por el huracán Ingrid y el ahora también huracán Manuel.

Es paradójico que la misma riqueza que entraña nuestra posición geográfica, la orografía y nuestros litorales comprenda el costo implícito de enfrentar cotidianamente los riesgos de sismos, fenómenos meteorológicos, como huracanes, tormentas tropicales, sequías prolongadas, incendios forestales, erupciones volcánicas, entre otros.

Ante estas eventualidades pareciera que poco podemos hacer, la realidad es que gracias a los avances tecnológicos y al conocimiento si bien no podemos evitarlo, sí es posible prevenir que los daños sean mayores y estar preparados para reaccionar. La conmemoración del día 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil, establecido desde al año 2001 como recordatorio de los sismos ocurridos en 1985, nos da la oportunidad de reflexionar si hemos evolucionado como sociedad, sobre todo en materia de prevención, si contamos con las herramientas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, prestar auxilio y emprender acciones de recuperación posterior a un desastre.

Hoy, por fortuna, ya contamos con una Ley General de Protección Civil de donde se desprende el Sistema Nacional de Protección Civil, el Atlas Nacional de Riesgos y el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan ejes de acción no sólo reactivos, sino preventivos. En los estados ya contamos con reglamentos de construcción y de protección civil específicos, se realizan también simulacros en escuelas, oficinas y edificios públicos.

Las preguntas que surgen entre la población son muy diversas: ¿México está preparado para enfrentar la ocurrencia de sismos con magnitudes similares a los de 1985? ¿El gobierno Federal y los gobiernos estatales están haciendo lo necesario para reducir los riesgos y minimizar el impacto de los desastre naturales? ¿Los ciudadanos contamos con información suficiente para saber cómo actuar antes, durante y después de una catástrofe? ¿México cuenta con las previsiones económicas para hacer frente a una contingencia mayor y posee los instrumentos financieros como fondos y seguros para solventar riesgos de tipo catastrófico?

Cada uno de estos cuestionamientos tienen respuestas parciales, y en otros casos insuficientes, pero es labor tanto del Poder Legislativo, como del Ejecutivo impulsar las acciones necesarias para que el enfoque de nuestra estrategia de protección civil sea integral y se encuentre adecuadamente balanceado en los rubros de prevención, mitigación, reacción y recuperación. Por fortuna hemos avanzado mucho, pero hay una agenda pendiente.

La lamentable situación ante las inundaciones y lluvias torrenciales que enfrentan la mayor parte de nuestros estados y que ha golpeado severamente a 13 de ellos…


(SIGUE 3ª PARTE)
. . . inundaciones y lluvias torrenciales que enfrentan la mayor parte de nuestros estados y que ha golpeado severamente a trece de ellos, vuelve a poner énfasis en la necesidad de estar preparados; preparados ante la ocurrencia de mil 500 sismos de baja y mediana intensidad al año, de más de 20 huracanes y tormentas tropicales anualmente, del riesgo que implican 12 volcanes  activos en nuestro territorio nacional; de sequías e incendios forestales recurrentes y ahora también por las amenazas de los mismos seres humanos como lo es el calentamiento global.

Insisto, hemos logrado enormes avances en materia de legislación y planeación, pero la tarea pendiente es frenar la corrupción en algunos órdenes de gobierno que hace posible que se construya vivienda en zonas de riesgo, en barrancas, en cuencas, en zonas lacustres y a los márgenes de ríos.

Esta tarea pendiente debe ocuparnos hoy más que nunca impulsando desde el Senado una adecuada planeación de las zonas urbanas y no quitar el dedo del reglón exigiendo dos acciones urgentes; que se reubiquen a las comunidades que están en riesgo y evitar a toda costa el desarrollo urbano en zonas que representan un peligro.

Recordemos que el 19 de septiembre de 1985 fue la sociedad civil las y los mexicano quienes se volcaron a las calles  y prestaron auxilio a los necesitados. 

Así, como no hay desastre natural que podamos detener, tampoco hay desastre natural que frene la solidaridad de nuestro pueblo.

Es cuanto, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Mariana Gómez del Campo.

Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-EL C. SENADOR EVIEL PEREZ MAGAÑA: Hace 28 años la ciudad de México vivió y sufrió una tragedia de dimensiones sin límites a consecuencia de un terremoto que derivó incalculables víctimas y pérdidas materiales.

Sin embargo, de la experiencia dramática que se vivió, han surgido ordenamientos que garantizan la protección de la vida y del patrimonio, me refiero al sistema Nacional de Protección Civil y al Programa de Protección Civil.

En el año del 2000 se publicó la Ley Federal de Protección Civil que fue modernizada en junio del 2012.

A lo largo de estos años hemos tenido avances sustentables, lo que ha significado una reducción en riesgos de pérdidas de vidas humanas y en la protección del patrimonio y del entorno.

Pese al largo camino que hemos recorrido, hoy tenemos nuevos retos que enfrentar, los recientes desastres generados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel que impactaron en el Golfo de México y El Pacifico, y que causaron la pérdida de más de 80 persona y afectaciones a un millón 200 mil habitantes son muestra que debemos redirigir los esfuerzos en la materia.

El Gobierno Federal tiene a la prevención como eje central de la política de protección civil; por un lado se encuentra la política estratégica para la prevención de desastres y; por otra parte está la gestión de emergencia hacia atención eficaz de desastres.

La operación de la estrategia de México seguro ante desastres, el inicio de una extensa campaña de difusión de la cultura de prevención y cultura civil con especial énfasis en zonas vulnerables.

La actuación del Atlas Nacional de Riesgos, la implementación del Programa Nacional de Respuestas a Siniestros, emergencias y desastres; diseño de protocolos de acción para atención de desastres, estrategia y gestión son ejes rectores para el mejoramiento de esta materia ante emergencias, fenómenos naturales y situaciones de riesgo, así también.

La protección civil  ocupa un lugar prioritario en la agenda de la administración federal. Me atrevo a decir con respeto que por primera vez existe una estrategia definida en la materia  que consiste en seis acciones de carácter prioritario; la creación y operación del Sistema Nacional de Alerta.

Si bien es una política y estrategia nacional de protección civil, es becario que las entidades homologuen sus leyes estatales, privilegien en todo momento la prevención  por encima de la remediación, no podemos seguir siendo un país que reaccione ante los fenómenos naturales sin una estrategia de prevención.

A la fecha, sólo seis entidades federativas  han actualizado sus leyes estatales de protección civil y no debemos seguir así, los nuevos lineamientos que rigen el ordenamiento federal, debemos de cambiarlo.

Debo citar algunos de los avances de la nueva Ley Federal, ellos por ejemplo, el funcionamiento, los objetivos y la nueva estructura del Sistema Nacional Civil, SINAPROC, así como la coordinación en los tres órdenes de gobierno, el Comité Nacional de Emergencias con cuyo objetivo es analizar la situación de emergencias y desastres que afecten al país y vigilar el cumplimiento de las acciones para mitigar dichas situaciones.

La cultura de protección civil como un tema de mayor importancia, pues enmarca el fenómeno a la participación individual y colectiva de la población.

Se crea también el sistema civil de carrera  para los servidores públicos responsables de la protección civil y define la responsabilidad para que los gobiernos estatales y municipales regulen el ingreso, formación, permanencia, formación, promoción y evaluación de los miembros del servicio civil de carrera.

Prevé también la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil como un organismo independiente a cargo del CENAPRED, que orienta la formación del capital humano a través de la capacitación, actualización y especialización.
 
Por ello, en el día mundial de protección civil, se debe reflexionar sobre la importancia de que los gobiernos estatales y municipales trabajen en la prevención de los desastres generados por fenómenos naturales y actualicen sus leyes a fin de generar plena coordinación con las autoridades federales. 

El tema de la prevención, atención y remediación es integral, por lo que requiere esfuerzos conjuntos.

Compañeras y compañeros senadores, el estado mexicano entendido como los Tres Poderes de la Unión y la Nación en su conjunto, conocemos que no hay adversidad que no podamos esperar con solidaridad y trabajo, no hay desastres que superen a nuestra voluntad, no hay limitaciones que no generen pasividad, aprendamos de la historia, de los hechos pasados, trabajemos en la perseverancia y la perseveración de la vida, no es momento de buscar culpables ante fenómenos naturales cada vez de mayores dimensiones, unamos esfuerzos para fomentar una verdadera cultura de protección civil, ese es el camino para que los desastres naturales sean enfrentados con estrategia, con previsión, con recursos principalmente y con la firme voluntad que se requiere para salir adelante.

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias Senador Eviel Pérez Magaña.

Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que se remite un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: También de la Cámara de Diputados, se recibió un oficio con el que remite  un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías renovables y el financiamiento de la transición energética.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para presentar a nombre propio y de los senadores Blanca Alcalá Ruiz, Cristina Díaz y Miguel Angel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En el uso de la palabra hasta por cinco minutos, señor Senador.

-EL C. SENADOR RAUL AARON POZOS LANZ:  Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros senadores, a nombre de las senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Cristina Díaz y del Senador Miguel Angel Chico Herrera. . .


(Sigue 4ª parte)
.........- EL C. SENADOR RAUL AARON POZOS LANZ:  Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras, compañeros senadores: A nombre de las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Cristina Díaz y del Senador Miguel Angel Chico Herrera, integrantes de esta legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero someter a la consideración de esta honorable representación nacional una propuesta para modificar el articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y cuyo propósito reviste la mayor importancia por las implicaciones que tiene en la seguridad de los ciudadanos.

Es indudable el desarrollo que han alcanzado las telecomunicaciones en el país, el impacto que han tenido en las estructuras económicas, políticas y sociales de la nación, se ha traducido en una mejora sustancial de la conectividad y la productividad. Sin embargo, con el impulso de este sector en México ha habido efectos colaterales con graves consecuencias como son las extorsiones telefónicas. Según los registros del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A. C., la extorsión telefónica es uno de los 8 delitos que más impactan a la sociedad; se estima que en el país operan cerca de 1,000 bandas de extorsionadores, quienes cometen este agravio desde los distintos centros penitenciarios del país, se sabe que en agosto de 2008, cada 24 horas se intentaban 4,400 extorsiones; y de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 se incrementaron a 6,179 por día.

Son lamentables las cifras que nos informan que durante el período comprendido del 2001 a diciembre del 2009, y cito estas cifras, porque son los informes que tenemos, 7 millones 324,660 personas habrían perdido entre 1,000 y 50,000 pesos.

Ello significó que los extorsionadores obtuvieran un monto a nivel nacional que superó los 750 millones de pesos.

Para tal efecto se emplearon más de 483,127 celulares para cometer este delito.

Se estima también que el 52 por ciento de las llamadas son realizadas esencialmente desde el Distrito Federal, y el resto de los estados adicionalmente el 7 por ciento proceden de los Estados Unidos. Es decir, que hay personas en libertad que en complicidad con los internos operan desde el país vecino.

En lo que va de 2013 cada 24 horas intentan más de 6,700 extorsiones, es decir, que a finales del presente año podrían haberse realizado 2.4 millones de delitos de extorsión en todo el país, y si bien, algunos sólo quedan en tentativas al menos el 30 por ciento de los casos logran su fin.

Desafortunadamente todos hemos sufrido una situación similar o estado cerca de personas que han sido víctimas de este delito, simplemente la angustia de un padre o de una madre al sentir que su hijo podría estar en peligro por segundos, pueden ser suficientes para afectar su salud, o cometer actos que en condiciones de estabilidad mental no harían, debemos pensar en las familias de México, siempre y para bien.

El Estado Mexicano ha puesto en marcha esfuerzos para hacer frente a esta modalidad de delito.

El 3 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento “Lineamientos de Colaboración Entre Autoridades Penitenciarias y Los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición”, cuyo principal objetivo es que con redes públicas se puedan cancelar o anular de forma permanente o en los centros de readaptación social y su perímetro las señales de telefonía celular, así como de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

En el mismo sentido la Ley Federal de Telecomunicaciones en sus artículos 7, fracción XIV, XLIV, fracciones XXVIII y XXX; así como el Artículo 71, francio VI, se estableció con toda claridad la obligación de los concesionarios del servicio de telefonía para trabajar en coordinación con las autoridades a fin de mitigar y erradicar de las cárceles mexicanas las señales de telefonía celular que permitan llevar a cabo extorsiones previéndose que en caso de no acatar este mandato serían acreedores a multas.

A pesar de estos esfuerzos en la práctica, el proceso por medio del cual se inhibe la señal a la telefonía celular en centro de readaptación social no ha sido del todo efectivo, las cifras que he comentado con anterioridad son ilustrativas de esta situación.

Por ello el propósito de la presente iniciativa, es el de reforzar la reglamentación existente para el caso de la inhibición de señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social del país, obligando a los concesionarios a inhibir de manera efectiva, y en su caso a no incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia más allá de lo normado, respecto de la señal para telefonía celular en los centros penitenciarios con los que cuenta el país, a partir de estas consideraciones sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo.

U  N  I  C  O

Se adiciona a la fracción XVIII, corriéndose las actuales fracciones XVIII, XIX y XX para pasar a ser la XIX la XX, y la XXI respectivamente.

Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un tercer párrafo a la nueva fracción XIX del Artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, recorriéndose subsecuentemente el siguiente párrafo para quedar como sigue:

Artículo 44.

Las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones deberán: XVIII, abstenerse de colocar o reubicar antenas, bases y radiobases y/o repetidoras de señal de telecomunicaciones a una distancia de por lo menos 2 kilómetros del perímetro del centro penitenciario o de readaptación social, según se le denomine, ya sea federal o estatal; considerando incluso las zonas de amortiguamiento de los propios centros.

La XIX, deberán sujetarse a la disposición de las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores federales o de las  entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

Se agrega el párrafo tercero para quedar de la siguiente manera:

“...Asimismo, los concesionarios se abstendrán de incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia de todas las bandas de telecomunicaciones, más allá de lo normado por la autoridad competente con la finalidad de evadir los efectos de los inhibidores de señal celular colocados en los centros penitenciarios.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Sonido en el escaño del senador Jesús Casillas, ¿para qué asunto?

EL C. SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO (Desde su escaño): Gracias, Presidente, nada más para solicitar a través de su persona si el autor de esta iniciativa me permite sumarme a la misma.

EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: ¿Senador, acepta la adhesión?, igualmente el Senador Oscar Román Rosas, ¿para el mismo asunto?, sonido, por favor.

EL C. SENADOR ROMAN ROSAS GONZALEZ (Desde su escaño): Para el mismo asunto, para solicitarle al Senador Raúl  Pozos y a los proponentes, si me permiten sumarme a esta iniciativa que se acaba de presentar.

EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Pido a la Secretaría que tome nota de ello; igualmente el Senador Víctor Hermosillo, con mucho gusto; e igualmente la Senadora Martha.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda. Sí, Senador don Fidel Demedicis, ¿para el mismo asunto?, pido a la Secretaría que tome nota también de la adhesión de usted a este proyecto, con todo gusto.

Saludamos a las mujeres que nos visitan de diversos estados del país, invitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.........


(Sigue 5ª. Parte)
…..Saludamos a las mujeres que nos visitan de diversos estados del país, invitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

(Aplausos)

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Fernando Salazar Fernández, para presentar a nombre propio y de los senadores Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 constitucional.

En el uso de la palabra, hasta por diez minutos, señor senador.

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: Gracias. Con el permiso de la presidencia.

Los suscritos Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Lavalle Mauri, senadores de ésta Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción primera, 164 numeral uno, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de decreto por el que se modifican los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

El objetivo de privar  la libertad a una persona por medio de una sentencia judicial, es muy claro: castigar una conducta antisocial, clasificada como delito en la legislación penal vigente. Para hacerlo, se atiende a los elementos constitutivos de la figura delictiva, las agravantes y atenuantes del caso, y los criterios que, con apego a derecho, manifiesten y sostengan el representante social o Ministerio Público y el juzgador. Asimismo, se atiende a los extremos de los años de privación de libertad fijados por el legislador para cada delito.

La reforma del artículo 8 constitucional, de fecha de publicación en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008, estableció que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley....”

Imponiendo como un plazo límite, según el transitorio 5° para la implementación de estas medidas, cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

Sin embargo, lo cierto es que rebasados en exceso estos tres años, no se aprecian ni las reformas secundarias con la precisión y la calidad legislativa que demanda el 18 constitucional, y mucho menos los cambios esperados. La realidad es que el  sistema penitenciario es un tema que la mayor parte de las autoridades ejecutivas prefieren obviar y evitar.

En las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social, se establece la separación de categorías de los reclusos.

Dice que los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarle.

Desde siempre, los centros de extinción de penas privativas de la libertad, mejor conocidos de forma genérica como cárceles, penales o centros de readaptación social, presentan en México diversos problemas para cumplir con sus objetivos primordiales, entre los cuales se encuentra principalmente las sobrepoblación, la cual genera enormes gastos e impide el fin principal del sistema penitenciario, según nuestra Carta Magna, y que para solucionarla se debe atender a los siguientes elementos principales que la generan.

La falta de inversión gubernamental y privada en la construcción y la ampliación de los centros de readaptación social.

El combate al crimen organizado que ha derivado en un incremento exponencial de la población de reos y reclusos de la competencia federal.

La explosión demográfica y, por ende, de los defensores o delincuentes de tipo común.

Y la falta de aplicación de opciones alternativas para que extingan sus condenas a aquellos que no cometieron delitos graves.

Desde el año 2012, México ha intentado reparar la crisis carcelaria, ya que en 2006, sólo tenía seis cárceles federales de alta seguridad; y en 2013 el número subió a 15. En sólo dos años el gobierno federal ha asignado casi 30 mil millones de pesos para esos centros federales, pero la transferencia de presos ha sido lenta. Hoy en día esos penales sólo tienen el 10 por ciento de la población penitenciaria. Es decir, 25 mil presos.

En fecha del 24 de febrero de 2012, el gobierno federal reveló que el sistema penitenciario debería de derogar cerca de 236 mil pesos anuales por cada reo sujeto. El gasto que el gobierno federal presupuestó en 2011 para financiar al sistema federal penitenciario, asciende a 10 mil 751 millones de pesos, el cual cubre los costos necesarios para el resguardo de 45 mil 500 presos que cometieron algún delito del fuero federal.

En suma, la población penitenciaria del fuero federal y común, ascendió a 224 mil 246 en 2011, distribuidos en 400 centros penitenciarios en el país, los cuales tiene la capacidad instalada para resguardar a 184 mil 193 reos.

Se estima que el Sistema Penitenciario de México presenta una sobrepoblación de 40 mil 53 personas.

Un informe de la Auditoria Superior de la Federación del año 2011, revela que los casi 31 mil reos federales recluidos en esas fechas, en penales estatales, no están correctamente separados de los reos del fuero común. Asimismo señala que en cuatro de los doce penales federales, los reos de alta peligrosidad no están separados de aquellos que son de baja peligrosidad o que han cometido delitos no relacionados con actos violentos.

Los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y faltas de programas efectivos de reinserción social, irán a la alza si no se hacen cambios estructurales e institucionales de fondo, y todo seguirá como hasta ahora y empeorando cada día.

Países como Honduras y El Salvador, que han debido enfrentar los últimos diez años problemas de sobrepoblación en sus prisiones, han transitado hacia reformas en sus legislaciones como el proyecto de las denominadas Granjas Penales, lugares que cuentan con la infraestructura necesaria para que los reclusos que califican para formar parte de ellas puedan desarrollar una actividad productiva real, ya sea en talleres o en zonas de cultivo de alimentos. Se trata de que estos centros sean autosustentables y que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayor apoyos externos o al menos a reducir éstos considerablemente.
 
La deficiencia de la legislación penitenciaria secundaria es clara. Por ejemplo, en fecha 2 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 10 de la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, la cual establece porcentajes sobre el destino del producto del trabajo del reo, ya que según la sentencia de referencia, dicho precepto atenta contra los derechos y principios protegidos por la Constitución federal, tales como el mínimo vital, la libertad de trabajo, la igualdad, seguridad jurídica y, por ende, en contra del principio de dignidad humana, base y condición de los demás derechos.

Creemos y consideramos que para atajar y hacer que las reformas secundarias se traduzcan en leyes coercitivas, efectivas y de resultados concretos, el artículo 18 constitucional debe ser reformado y adecuado, incluyendo términos como la industria penitenciaria, los beneficios procesales, los centros alternativos para el cumplimiento de las penas y la separación de los reos de acuerdo a su perfil y clasificación, con objeto de que sean disposiciones coercitivas, obligatorias para las autoridades y rectoras de los ordenamientos secundarios que de ellas deben emanar.
En mérito de lo anterior expuesto, someto a  consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de decreto.

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se modifica el contenido de los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 18. Sólo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas…

(Sigue 6ª parte)
...   solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Los centros de reclusión para los sentenciados deberán contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad, pudiendo un solo sitio contar con las áreas que reúnan los tipos antes señalados, mediando una separación total entre estas.

Los sentenciados purgarán sus penas en el centro o área que les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos, y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes, estas valoraciones se realizarán por lo menos una vez al año en cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro de área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los  derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte como medios, las autoridades en coordinación con otras instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias propias al interior de los centros de reinserción social para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto, los sentenciados en los casos que estable la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilio, y en su caso reúna los requisitos legales, aprueben las valoraciones correspondientes, cumplir sus condenas en granjas penales en sus domicilios con las restricciones aplicables o en la  libertad limitada con el apoyo del sistema de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada, y respecto de otros internos que requieran  medidas especiales de seguridad.

Transitorios: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señor presidente. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias, señor Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segundo. Sonio en el escaño de la senadora Iris Mendoza Vianey. ¿Para qué asunto?

-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA:  (Desde su escaño).  Para solicitarle al senado si me permite sumarme a su proyecto.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Luis Fernando Salazar, acepta la incorporación a tu proyecto de iniciativa de la senadora Mendoza. Aceptado. Igualmente la senadora Luisa María Calderón para el mismo asunto.

Esta presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por el senador Fidel Demédicis Hidalgo. Bienvenidos. (Aplausos).

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejando Encinas Rodríguez para presentar a nombre propio y de la senadora Dolores Padierna Luna, y Layda Sansores San Román un proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera.  En el uso de la palabra, señor senador, hasta por diez minutos.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, toda vez de que no hemos reglamentado, no hemos dado cumplimiento a la disposición constitucional para que los ciudadanos de este país puedan tener, ejercer su derecho a presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, las senadora Layda Sansores, la senadora Dolores Padierna Luna y un servidor hemos hecho nuestra una iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera propuesta por distintas organizaciones sociales, y movimientos que han enfrentado la problemática de la explotación irresponsable de los recursos minerales de nuestro país. 

Es una iniciativa elaborada entre otras organizaciones por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, la Asamblea Veracruzana y de Defensa Ambiental en el caso de la Minera Caballo Blanco, habitantes de San José del Progreso, de los Valles  Centrales de Oaxaca, y de "Calpulalpan", también en el Estado de Oaxaca, pobladores de la Mira, en el Municipio de Lázaro Cárdenas  en Michoacán, el Barzón de Chihuahua, representantes de la comunidad de "Tetela" hacia el Futuro en el Estado de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas, que han contado con  el apoyo de distintas instituciones de educación superior para la formulación de esta ley, y particularmente de algunos académicos, en donde se busca enfrentar uno de los mayores problemas de irracionalidad en la explotación de un recurso natural que es de todos los mexicanos, y que lamentablemente no deja ningún beneficio a nuestro país y menos aún a las comunidades donde se realiza esta explotación.

Actualmente más del 30 por ciento del territorio de nuestro país ha sido concesionado a empresas mineras en las que existen 850 proyectos mineros registrados hasta el mes de diciembre de 2012, en manos de 285 empresas, la mayoría de estas de origen canadiense.

Estas empresas mineras prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación, y son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto, que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes, que dejan enormes pasivos ambientales.

De acuerdo al análisis, que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México se encuentra muy por debajo de países como: "Botswana", Mali, "Madagascar", Indonesia, Colombia o Guatemala, en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero.

Nuestro país se ubica, de acuerdo a estos indicadores, en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis en prácticas con procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condición de desarrollo a la comunidad y normas laborales, entre otros.

Por ello la propuesta que hoy presentamos busca establecer con mayor claridad normas que permitan un manejo sustentable de estos recursos, de esta actividad productiva, pero también busca que esta actividad impacte favorablemente al desarrollo de las comunidades, y al mismo tiempo se obtengan recursos para el desarrollo nacional.

Dentro de los ejes que contempla esta iniciativa, busca que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades, se establece la participación vinculante de la población, sobre toda la decisión, reconociendo los derechos de los pueblos originarios y las comunidades a participar en la definición y asignación de estas concesiones y el desarrollo de los proyectos.

Se establece la licencia social a través de los procedimientos y consultas para el otorgamiento de concesiones para explotación y beneficio minero, se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencia del territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras.

Se separan las concesiones de exploración de lo que son las concesiones de explotación y beneficio minero, estableciendo para sus diferentes de vigencia, duración y prórroga. Se establecen límites que normen donde no se puede entregar una concesión, así como en qué condiciones no se pueden otorgar estas.

Se anulan las cláusulas existentes de confidencialidad que hoy ocultan información que deben entregar las empresas concesionarias al Estado Mexicano. Se establecen regímenes diferenciados para la minería artesanal, lo que corresponde  a la pequeña, medina y gran minería.

Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras, así como que se introducen el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor de volumen de minerales, producidos a boca de mina, y no sobre los ingresos reportados de las empresas, los cuales ocultan en gran medida el enorme volumen de riqueza que se extraen de las minas del país.

Se elimina la protección por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco, y se fortalecen, finalmente los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la ley, incrementando las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que puedan acarrear multas, o cancelaciones a dicha concesión.

Estamos conscientes de que se han presentando otras iniciativas en materia de la legislación de la actividad minera en el país, y esperamos que el Senado entre a una discusión seria y responsable para frenar...

(Sigue 7ª parte)
…otras iniciativas en materia de legislación de la actividad minera en el país, y esperamos que el Senado entre a una discusión seria y responsable para frenar el enorme saqueo de que es objeto los recursos mineros de nuestro país, y al mismo tiempo los abusos de los concesionarios frente a las comunidades en donde se establece esta actividad.

Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

-Se concede ahora el uso de la palabra al Senador David Monreal Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 28 constitucional.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con su permiso, señor Presidente.

Los estados y sus municipios tienen la facultad para cubrir su financiamiento a recurrir a sus fuentes ordinarias de ingresos,  impuestos recaudados por sus propias autoridades y apoyos otorgados por la Federación. Si estos recursos  son insuficientes, pueden entonces recurrir a ingresos extraordinarios: deuda pública.
Sin embargo, varias entidades federativas están pasando por severo bache económico, esto se debe a que a los gobernadores, en complacencia con sus congresos locales decidieron endeudar a sus respectivos estados sin rendir cuentas a nadie.
Esta problemática se ha venido fraguando, creciendo desde el año 2009.
Por su parte, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reportó que durante el pasado sexenio, 9 entidades federativas registraron un incremento exponencial en su deuda:
Chihuahua, con más del 8 mil por ciento de su crecimiento.
Zacatecas, con un aumento de más del 2 mil por ciento.
Campeche, con mil 788 por ciento.
Chiapas, con mil 562 por ciento.
Tamaulipas, con mil 266 por ciento.
Quintana Roo, con un alza de 664 por ciento.
Veracruz, con 518 por ciento. 
Michoacán, con 473 por ciento.
Derivado del déficit presupuestario en el que han estado inmerso los estados y municipios, estos se ven en la necesidad de solicitar préstamos a entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano.
Al respecto, en el análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, indicó:
“La deuda pública subnacional al cierre del 2011, muestra que por tipo de deudor, el 80.9 por ciento es deuda de los gobiernos de las entidades; el 11.3 por ciento de los municipios, y el 6.3  de organismos estatales, 1.5 de organismos municipales.
dicho informe señala que la deuda pública subnacional, por tipo de acreedor, la banca comercial es el principal prestamista con el 51.3 por ciento; la banca de desarrollo el 23.5 por ciento de emisiones bursátiles; el 14.9, y a través de fideicomisos 5.0, vía SOFOME y SOFOLES, 5.3.
Es importante mencionar, que con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco Interacciones es el líder  del otorgamiento de créditos a gobiernos subnacionales, al administrar el equivalente del 73 por ciento de su portafolio total de obligaciones; le sigue Multiva, con una proporción de 56 por ciento de su cartera, así como Bansi y Afirme, que tienen 33 por ciento de sus portafolios de crédito otorgado a las administraciones locales.
Asimismo, es inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México no tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública, y en este sentido existen supuestos cálculos que realizó dicha asociación de algunos de los estados más endeudados, pero no cifras claras y lo peor aún, reales de la cantidad que se debe.
Las entidades federativas son entes autónomas, sin embargo, han demostrado incapacidad para controlar la adquisición de deuda pública, lo que podría provocar un grave riesgo financiero que desemboque en una crisis económica que afecte el bolsillo de los mexicanos.
Derivada de dichos suceso, el Congreso de la Unión aprobó una Iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Federal en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, con dicha innovación se concreta una estructura legal que garantizará la certeza jurídica y fijará límites al endeudamiento subnacional.
Sin embargo, es imprescindible que en el tema de deuda pública no se privilegie el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y en la adquisición de deuda pública subnacional, pues, los acontecimientos recientes han demostrado que los bancos y los gobiernos locales han excedido los límites racionales para la adquisición y otorgamiento de la deuda pública.
Al respecto, el Titular del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano, aseveró: que el financiamiento de los bancos conceden a los gobiernos subnacionales, no es invertido en proyectos que impulsen el desarrollo del país, como la creación de infraestructura, sino que se agota en gasto corriente.
Asimismo, mencionó que es muy atractivo prestarle a los estados y los municipios, dado que su deuda está garantizada mediante las participaciones que otorga el Gobierno Federal anualmente a estas entidades.
Lo anterior empeorará cuando no existe una clara rendición de cuentas, ni mucho menos transparencia.
De tal forma que el endeudamiento estatal puede crecer sin ningún tipo de freno y de contrapeso.
Es necesario e impostergable romper el círculo vicioso que existe entre gobernadores, congresos locales y la banca comercial, en virtud de que estos tres actores se han beneficiado a costa del pueblo. Por tal razón se debe redoblar esfuerzos  para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas a través de candados efectivos.
Es decir, los ciudadanos deben contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se ha manejado los recursos públicos.
Se necesita contar con información completa, oportuna y confiable para así poder evaluar los créditos y poder medir la voluntad de pago. Por tal razón es necesario trabajar en coordinación con las entidades federativas a fin de ofrecer alternativas viables para el manejo del financiamiento por medio de la deuda pública.   
Es motivo, la presente Iniciativa tiene por objetivo que las entidades del sector financiero informen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los préstamos que solicitan los estados y municipios, lo cual, permitirá a este órgano nacional financiero, medir el riesgo del posible endeudamiento, mantener informado al Congreso de la Unión e impedir que las entidades financieras continúen realizando préstamos impagables para los estados y municipios.
De esta manera se le pondrá un candado más al endeudamiento de los estados y municipios.
Aunado a los que ya fueron aprobados, se dará otro paso en los controles de deuda sin que ello implique que acá hayamos concluido este proceso.
La deuda que hasta este momento accede en los estados, en su mayoría, va dirigida generalmente a gasto corriente, pocas veces se orienta a la infraestructura. Es una deuda mal orientada y que seguramente tendrá sus consecuencias.
Como dato, solamente, casi, según datos, porque no son precisos, son más de 4 billones de pesos los que deben ya las entidades federativas y los municipios, se acerca a los 5 billones de pesos.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación; la Ley General de Cultura Física y Deporte, y se expide la Ley de Fomento a la Charrería.


(Sigue 8ª parte)
… institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura Física y Deporte y se expide la Ley de Fomento a la Charrería.

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, señor presidente.

A nombre de mis compañeros, a quienes reconozco también su disposición a esta iniciativa, a la senadora Martha Elena García, al senador Manuel Cavazos Lerma.

Pues, primero, a nombre de los tres, desde esta tribuna saludamos al Presidente de la Federación Mexicana de Charrería, a nuestro amigo, al doctor Miguel Ángel Pascual, a Melisa I, Reina de los Charros de México, y a los representantes de las diversas asociaciones de charros de la República Mexicana.

Muchas gracias, y sean ustedes bienvenidos y ser testigos de este acto. (Aplausos)
Con motivo del día 14 de septiembre, que se conmemoró el Día del Charro.

Señoras y señores senadores: La iniciativa que presento el día de hoy, tiene una especial relevancia para la sociedad mexicana, para los niños y jóvenes de México.

La mexicanidad e identidad nacional debe ser fomentada dentro del proceso educativo nacional.

La presente iniciativa, si bien reforma la intención de aquélla que fue presentada en la Cámara de Diputados, por la entonces diputada amiga, María Esther Terán, propone reformas a la Ley General de Educación, a la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como a la expedición de la Ley de Fomento a la Charrería, con la finalidad de establecer que en el proceso educativo, el Estado, deberá también fomentar el reconocimiento y la práctica de la charrería, como deporte nacional.

Fomentará además el valor de las tradiciones, las actividades culturales y deportivas, que son símbolo de mexicanidad y de identidad nacional.

Cierro la cita, de la diputada María Esther Terán.

Con ello, quiero dar un claro reconocimiento a nuestro deporte nacional, poniéndolo como un elemento fundamental del sistema educativo,  y así impulsar a que las nuevas generaciones se sientan identificadas con una de las más importantes tradiciones mexicanas.

La charrería tiene una historia de menos de un siglo. Si bien es heredada de una larga tradición cultivada durante 100 años por un sector de la sociedad rural, con la llegada de los charros a las ciudades como consecuencia del nuevo orden que trajo el reparto agrario, producto de la Revolución Mexicana, al poner fin a los grandes latifundios y haciendas, aquel sector se convirtió y convirtió sus actividades productivas tradicionales, en un deporte, las faenas del campo, elevadas al rango de las artes y una fiesta reproduciendo así sus gustos y diversiones en el ámbito urbano.

Fue en 1931, cuando el entonces Presidente de la República, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, estableció el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro.

Asimismo, se expidió el decreto oficial, para que el traje de charro adquiriera el título de atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad. Y en el año de 1933, por decreto presidencial, la charrería es considerada deporte nacional en México.

La charrería es un espectáculo ecuestre de gran colorido que ofrece fuertes emociones alrededor del lienzo. Un especie de paisaje vivo, con riquísimos matices de historia, significados y valores mexicanos.

Los elementos que actúan en la fiesta charra, parecen recrear el juego cultural de significados provenientes de diversas fuentes, los relativos a la identidad nacional y regional, así como a la reafirmación de una ética y una estética específica, de un México entre lo tradicional y lo moderno.

Esta iniciativa pretende formar a través de la educación, una correcta apreciación del charro mexicano y de la charrería, como una disciplina deportiva y ecuestre que combina lo artístico en la ejecución de sus faenas, como una representación de las actividades campiranas en México.

La fiesta charra es actualmente el escaparate público en el que se pone en escena todo un paisaje conformado por signos visuales, auditivos y lingüísticos, como son los trajes, sombreros y vestimentas de hombres y mujeres, que participan en las faenas, artesanías y talabartería, en las monturas, albardas, sogas, herrajes, frenos, la música, el argot charro, los dichos y refranes, los relatos escritos y orales sobre la historia charra, sobre la mexicanidad.

La charrería es también un símbolo de unión familiar, una tradición que se hereda entre familias y fortalece los lazos entre éstas, a través de ellas se forma una representación única de nuestra tierra mexicana. Fomentar la charrería es entonces fomentar, por supuesto, la convivencia familiar.

En este contexto, es importante que la charrería cuente con la mayor difusión y el Estado mexicano fomente su práctica estableciendo los medios que permitan, a cualquier persona interesada en ella, hacerlo  sin ningún obstáculo.

Desde 1996, la charrería se incorporó a la Comisión Nacional del Deporte, formando parte del Fondo Nacional del Deporte, y en la actualidad existen más de mil asociaciones charras federadas y más de 300 equipos de escaramuzas, un colegio varonil y femenil de jueces y una coordinación de locutores, los cuales se rigen por estatutos y reglamentos de la Federación Mexicana de Charrería.

Sin embargo, reconocemos que las familias y algunos centros de trabajo agropecuario, los que mantienen viva esta tradición y hacen funcionar las escuelas locales, donde grupos de niños y jóvenes se inician en el deporte nacional.

Por tal motivo, con la finalidad de fomentar el desarrollo de este deporte y de esta expresión cultural, proponemos a través de la expedición de la Ley de Fomento a la Charrería, símbolo de mexicanidad e identidad nacional, la creación del Instituto para el Fomento  y Práctica de la Charrería, mismo que será el encargado de coordinar la creación y funcionamiento de las diversas escuelas de charrería, en todas las entidades federativas, espacios donde confluya de manera integral la cultura y, desde luego, se mantenga las disciplinas ecuestres.

Elevar la valoración que tiene la charrería, como símbolo de mexicanidad e identidad nacional, va permitir que niños y jóvenes, principalmente aquellos que viven en las ciudades, puedan reconocer las raíces del pueblo mexicano y conservar con ello una de las más ricas e importantes tradiciones de nuestro México independiente.

La charrería es y será símbolo de identidad nacional, y reflejo de una sociedad respetuosa de sus orígenes y promotora del deporte ecuestre mexicano.

“Vestirse de charro, es vestirse de México”  Como escribiría el poeta Delfín Sánchez.

Que no se acabe esta raza de hombres y mujeres de a caballo.

Por ello, agradecemos a nombre de los promoventes, su servidora, Manuel Cavazos Lerma y la senadora Martha Elena García.

Es cuanto, señora presidenta. (Aplausos)

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: (Desde su escaño) Presidenta…

-LA C. PRESIDENTA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Senador Casillas, ¿con qué objeto?
Sonido en el escaño del senador Casillas.

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: (Desde su escaño) Primero, para felicitar a los autores de esta iniciativa.

Y como senador del estado de Jalisco, no puedo menos que reconocer esta propuesta que mis compañeros senadores hacen, porque es precisamente en mi estado, cuna y origen de este deporte nacional, la charrería.

Recién acabamos de celebrar la Gala Internacional del  Mariachi y la Charrería.

Hay equipos muy importantes, está el equipo Tres Potrillos, de don Vicente Fernández y muchos más.

Y por eso, pedirle a través de su persona, senadora presidenta, si le puede solicitar a la autora de esta iniciativa, el que me pueda sumar a esta extraordinaria iniciativa, que sin duda es hacerle justicia a quienes por muchos años han impulsado este deporte.

Y como bien dice la senadora…


(SIGUE 9ª .PARTE)
...a esta extraordinaria iniciativa que, sin duda, es hacerle justicia a quienes por muchos años han impulsado este deporte, y como bien dice la Senadora le han dado identidad a nuestro país a través de este, que ya no solamente es un deporte sino también una cultura, si es tan amable.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Con gusto, Senador.

-Senador Hilda, ¿con el mismo objeto? Senador Barroso, Senador Puente.

-¿Senadora Cristina Díaz, acepta? Con gusto tomamos registro.

-Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, y ruego a la secretaría tomar nota de las senadoras y senadores que se adhirieron a esta propuesta.

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: (Desde su escaño) Presidenta.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Senadora Martha Elena, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la Senadora, por favor.

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: (Desde su escaño) Igualmente con el mismo gusto le pido a la Senadora Cristina que vamos a estar trabajando en conjunto con ella para que esto sea una realidad, todos mis compañeros de Acción Nacional están de acuerdo. Muchas gracias. (Aplausos)

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño) Presidenta.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias.

-Senadora Graciela Ortiz. Sonido en su escaño, por favor.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Solamente para decir que de parte del Grupo del Partido Revolucionario Institucional nos adherimos a esta propuesta hecha por nuestra compañera Senadora Cristina Díaz.

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: (Desde su escaño) Presidenta.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Se registra.

-Senadora Alcalá.

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: (Desde su escaño) Gracias, señora Senadora Presidenta.

Sin duda reconocer la iniciativa presentada por mis compañeros y no puedo abstraerme como Presidenta de la Comisión de Cultura para que efectivamente esta iniciativa prospere y podamos poner en el lugar que se merece a la charrería y a sus representantes en nuestro país, pedirle que me acepte incorporarme. Muchas gracias.

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: (Desde su escaño) Presidenta.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Acepta la proponente.

-Senador Carlos Puente.

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta. Simplemente para agradecerle la atención a la Senadora Cristina Díaz, que nos haya permitido sumarnos a esta importante iniciativa, y como Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte reiterarles nuestro respaldo a la charrería, darles la más cordial bienvenida a todos los charros que el día de hoy nos acompañan.

Muy bienvenidos, muchas gracias. Es cuanto.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: (Desde su escaño) Presidenta.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Se toma registro de todas las… Senador Tello, perdón.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: (Desde su escaño) Muchas gracias. Igualmente para sumarnos a esa iniciativa, como zacatecano, en donde tuvimos la fortuna de tener recientemente el Congreso Nacional Charro, pedirles que nos permitan sumarnos. Es cuanto.

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador.

-Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Con su permiso, Presidenta.

A nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova presento ante ustedes esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Uno de los aspectos importantes en la agenda del Congreso de la Unión debe ser la búsqueda de mecanismos eficaces que logren detonar el desarrollo económico en el país, a través de un marco jurídico potente que establezca alternativas legales ágiles y versátiles en el sector comercial, pero que a la vez proporcione certeza jurídica para todas las personas que intervienen en los actos de comercio.

En efecto, dado el fenómeno de la globalización y de la apertura comercial de nuestro país en el mundo, hace que debamos responder de manera clara, oportuna y certera a las exigencias de competitividad y productividad, a través de esquemas de organización claros y sencillos, que detonen inversión, tanto interna como externa.

Es así que en la búsqueda de mejores esquemas regulatorios en materia mercantil, particularmente en el esquema relativo a los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades mercantiles existentes dentro de nuestro ordenamiento normativo, surge el tema de las sociedades unipersonales o empresas unimembres como se les conoce en algunas otras latitudes del mundo.

En efecto, estas sociedades unipersonales conocidas así por la doctrina y por el derecho comparado a nivel internacional son sociedades de un sólo socio, su carácter de sociedad puede o debe, no puede negarse, su existencia en realidad, tanto en México como en el derecho extranjero, constituye una realidad evidente reconocida y analizada por la doctrina.

Dentro de sus principales características esta sociedad tiene la de ser una figura jurídica mercantil aplicable a personas físicas o morales, misma que dota de total personalidad jurídica al comerciante, basado en la creación de un patrimonio autónomo y propio, destinado a una definida explotación económica.

Tal como se va ha venido señalando por expertos en la materia, las sociedades unipersonales nacieron en Alemania, extendiéndose a otros países de Europa, siendo el caso que actualmente algunos países de América Latina ya reconocen las sociedades de un solo socio.

De acuerdo a estudios en la materia, se calcula que en la Unión Europea su economía y finanzas están sustentadas en las llamadas Mipymes, que tienen una representación del 70% de todas las empresas económicamente activas y de éstas el 70% están constituidas por sociedades de un solo socio. En México se estima que el 95.2% de las empresas económicamente activas son Mipymes y su economía y finanzas también se estima que están basadas en el liderazgo de una sola persona.

Diversos estudios en la materia coinciden en que la naturaleza de esta figura que principalmente hace referencia a un esquema de empresa unipersonal, basado en la creación de un patrimonio autónomo propio, destinado a una definida explotación económica. En estos casos la persona, como dije anteriormente, sigue siendo titular del patrimonio afectado, sin que se forme una persona jurídica.

Se ha señalado que tal concepción se separa de la clásica idea del patrimonio, como atributo de la personalidad, es uno solo y único, y que no puede dividirse sin que se divida la persona titular de los derechos y obligaciones. En este caso, el patrimonio autónomo en sí mismo considerado permite la afectación de unos bienes de la persona al cumplimiento de una determinada finalidad, de tipo comercial.

La legislación mexicana aún no reconoce la figura de la sociedad unipersonal y este motivo se fundamenta en el no reconocimiento proveniente de la propia definición hecha en la Ley de Sociedades, ya que esta actualmente establece que para la constitución de una sociedad se requiere que existan más de dos socios, si bien y es cierto que la ley no la reconoce, debemos observar que existe una tendencia hacia la constitución de sociedades o al menos de sociedades anónimas con un número menor de socios, esto gracias a las reforma de 1992 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual redujo el número de socios de cinco a dos y puede darse el caso de que muchas sociedades anónimas en realidad la mayor o la totalidad de las acciones pertenezcan a un único socio, a mayor abundamiento podemos señalar que existen sociedades en las que concurren cinco socios para su constitución, pero resulta que uno solo tiene el noventa y seis por ciento de las acciones o bien de las partes sociales. Este panorama crece a medida que las sociedades en su capital son más pequeñas, es decir, a las Mipymes.

Cabe señalar que en los países donde sus legislación contempla a las sociedades unimembres o unipersonales, este tipo de figuras pueden llegar a conformarse cuando se haya creado de forma inicial como sociedades unipersonales o bien cuando siendo pluripersonales la totalidad de las acciones haya pasado a un solo socio, ante el cual se convierte en único propietario.

Al respecto no se desconoce que en el mes de octubre de 2010, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles con la finalidad de incorporar a nuestro orden jurídico nacional el reconocimiento legal de las llamadas sociedades unipersonales, no obstante, dichas reformas fueron objeto de observaciones por parte del Ejecutivo Federal en el mes de noviembre de 2010, y mismas que no fueron superadas por el Congreso de la Unión lo que ocasionó que la reforma legal correspondientes no tenga vigencia.

El Ejecutivo Federal en aquel momento, entre las observaciones emitidas, estimaba incorrecto, técnicamente hablando, crear una modalidad especial para las sociedades unipersonales y en consecuencia un capítulo que las regulara sugiriendo que la alternativa…


(SIGUE 10ª PARTE)
. . . únicamente hablando, crear una modalidad especial para las sociedades unipersonales y en consecuencia un capítulo que la regulara, surgiendo que la alternativa acorde al principio de desregulación, era simplemente la modificación del requisito del número de socios para la constitución de la sociedad.

Se observaba también la necesidad de establecer al mismo tiempo que todas las referencias empleadas por la Ley General de Sociedades Mercantiles en el sentido de utilizar socios o miembros en su caso accionistas entenderían aplicables al socio único en el caso de unipersonalidad.

Pero a pesar de estas observaciones y a pesar de estas reflexiones, el Ejecutivo Federal en aquel momento reconocía en las mismas la utilidad y conveniencia de de esta figura mercantil, por lo que el motivo principal de las objeciones realizadas versaban sobre la forma en cómo se había constituido esta figura. Es decir, observó la inconveniencia  de constituir una modalidad especial para las sociedades y unipersonales, lo cual desde su óptica podría ser resuelto a través de la modificación del requisito del número de socios.

Al respecto, es preciso señalar que esta figura de derecho mercantil no es ajena a otros sistemas que la han creado a propósito de otorgar flexibilidad en la organización comercial. Esta figura permitiría dotar de servidumbre jurídica a las contrapartes y los terceros en el momento de llevar a cabo contrataciones con dichas personas jurídicas.

Esta figura permitiría combatir los fenómenos que de manera cotidiana se presentan en los que un socio es propietario prácticamente de todo el capital social y se deja a otro con el carácter de minoritario tan sólo una acción o mínima proporción del capital para el cumplimiento del requisito impuesto por el ordenamiento inherente a la pluralidad.

Propiciaría agilidad en los mecanismos de constitución y operación de las sociedades a la vez que generaría circunstancias de flexibilización y dinamismo de los procesos económicos y se salvaguardaría el respeto absoluto al estado de derecho.

Es necesario contar con herramientas jurídicas necesarias que no representen trabas para el desarrollo y que propicien un genuino parteaguas en el desarrollo económico y un mecanismo de organización legítimo entre otras.

Se estima que a pesar de que ha habido otros esfuerzo legislativos posteriores, se sigue presentando un esquema similar al proyecto observado anteriormente por el Ejecutivo y es por ello que la presente iniciativa pretende entre otras cosas ajustarse a los procesos dinámicos que impone el desarrollo comercial de nuestro país, a efecto de crear un  ordenamiento funcional que bajo la óptica de la desregulación administrativa propicie un marco jurídico proclive al desarrollo económico que detone en una mayor y mejor competitividad y productividad sobre la base de la certeza y seguridad jurídica para las personas que intervienen en los actos de comercio y los tercero.

Es por ello que el día de hoy proponemos modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles para que se admita la conformación de sociedades mercantiles con un solo integrante.

En otras palabras para que se permita la posibilidad de tener sociedades unipersonales, y con ello adquirir las siguientes ventajas: potenciar el desarrollo económico y la competitividad nacional, brindar más opciones para ejercer actos de comercio dentro de un marco justo y legal, estandarizar el marco jurídico nacional en materia  de sociedades mercantiles con el resto de las economías como resultado de la globalización; evitar simulaciones o ficciones legales en la Constitución de sociedades mercantiles, ajustar la realidad jurídica, las empresas que de hecho más no de derecho pertenecen a una persona.

Otorgar certeza jurídica a los intervinientes de los actos de comercio y a los terceros, propiciar una mayor recaudación tributaria ante el aliciente de una posible disminución del comercio informal al flexibilizarse los esquemas para el ejercicio del comercio entre otros.  

Es por ello que ponemos a su consideración la presente iniciativa y solicitamos se asiente íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, Presidenta.

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias Senadora.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Amparo.

-EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, Senadora Presidenta.

Compañeras, compañeros senadores, como ustedes saben, el pasado 2 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo; una nueva Ley producto de un amplio consenso, que como ustedes recuerdan, tuvo como objetivo la reestructuración del juicio de amparo en aras de adaptarlo a las necesidades y a la dinámica de nuestro sistema de justicia acusatorio y por supuesto al nuevo programa constitucional de protección a los derechos humanos.

En el Grupo Parlamentario del PRD, debo reiterarlo, estamos convencidos de que con la nueva  Ley de Amparo, ampliamos y también potencializamos la esfera de protección para las personas, también con esta acción fortalecimos al amparo y lo consolidamos como un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico y de la protección de los derechos humanos en nuestro país.

El amparo, vale la pena reiterarlo en esta máxima tribuna, se modernizó al incluírsele figuras como el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, la posibilidad de ampararse contra actos de particulares y el establecimiento también de un procedimiento específico para probables casos de desaparición forzosa por mencionar solamente algunos de ellos.

A pesar de todo lo anterior, creo que todos los presentes somos conscientes de que en la práctica cotidiana, en la aplicación de esta ley en los tribunales, pueden presentarse aún situaciones no previstas en el texto normativo, y ello nos obligará a estar trabajando en aras de su perfeccionamiento, pues esa es una, evidentemente de nuestras responsabilidades que tenemos como legisladores.

Compañeras y compañeros, la nueva Ley de Amparo, también permite que en materia penal, el quejoso interponga y sustancie el juicio de amparo sin que sea obligatorio para él contar con la asistencia o asesoría de un abogado.

Tampoco es obligatoria la asistencia de abogado para promover el amparo contra actos que interpongan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, casos que en cualquier persona puede promover el amparo, incluso menores de edad.

La finalidad de esto no es vulneral, así lo determinamos, el derecho a una defensa adecuada sino facilitar el acceso al juicio de amparo para materias y casos que son de especial delicadeza y urgencia por virtud del bien jurídico afectado o en riesgo.

Pero la Ley, compañeras y compañeros, también establece requisitos formales que deben ser observados en la interposición de la demanda y la falta de algunos de estos requisitos da lugar hoy en día a que el juez requiere al promovente para subsanar su omisión o de lo contrario tendría que dar por no interpuesta la demanda.

La iniciativa que vengo a presentar a este pleno, a su consideración, compañeras y compañeros, plantea que en la materia penal y en los casos que señala el artículo 15 de la ley, sea aplicable una especie de suplencia de la queja cuando el quejoso exprese incorrectamente la denominación de la autoridad responsable.

Pues en estas hipótesis que implican gran urgencia resulta imposible e ilógico que el quejoso investigue la correcta denominación del cargo de un servidor público cuando está apunto de ser privado de la libertad o deportado o extraditado o cualquier otro de los actos que ya he señalado.

En función de esto, señora Presidente, compañeras y compañeros, es que vengo a presentar a ustedes propuestas para reformar, como expresé en un principio, los artículos 108, 109 y 114 de la Ley de Amparo, reformas y adiciones a estos artículos, que, como todos sabemos, la Ley de Amparo, pues es la reglamentaria a los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

Es todo, Senadora Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senador Benjamín Robles Montoya.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. . .


(Sigue 11ª parte)
. . . . . . . . . . . ........a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desecha el proyecto de reformas a los Artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que dé lectura sólo a su parte resolutiva.

-C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA:  Con todo gusto, señor Presidente.

     U  N  I  C  O

Se desecha la iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo VII, del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Sector Social de Economía.

Es todo, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaría, está a discusión dicho proyecto. No habiendo oradores pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse el presente proyecto.

-LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

-Es aprobado, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaría, aprobado el acuerdo, comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de su registro, darlo por concluido e informar al promovente.

A continuación tenemos la discusión de dos dictámenes de Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales que contienen punto de acuerdo, debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que dé lectura únicamente a su parte resolutiva.

-LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Doy lectura.

Primero.El Senado de la República se congratula por la aprobación del tratado sobre el comercio de armas, celebrado el pasado 2 de abril de 2013, en la Asamblea General  de las Naciones Unidas.

Segundo.El Senado de la República facilita a la Delegación Mexicana encargada de su negociación por su proactiva y determinante participación en la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado Sobre el Comercio de Armas.

Tercero.        El Senado de la República se congratula por la expedita firma de México del Tratado Sobre Comercio de Armas el 3 de julio de 2013 ejerciendo congruentemente el liderazgo que nos caracteriza en ese tema dentro del ámbito internacional.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, en consecuencia, están a discusión.

-No habiendo quien haga uso de la palabra, pido, perdón, sonido, por favor en el escaño del Senador Benjamín Robles, para participar en la discusión.

-EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA (Desde su escaño): Y para informarle, señor Presidente que he presentado por escrito mi posicionamiento, y le rogaría mucho que quedara registrado así en el Diario de los Debates.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Con todo gusto, se instruye a la Secretaría para que quede registrado en el Diario de los Debates, había solicitado también hacer uso de la palabra el Senador don Fidel Demedicis Hidalgo, ¿continua con el interés de hacer uso de la misma?

Se le concede el uso de la palabra el Senador Fidel Demedicis Hidalgo, hasta por cinco minutos; en la participación del Senador don Fidel Demedicis sería en el segundo dictamen, por lo que pido  a la Secretaría que dé lectura al mismo.

- LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Doy lectura a resolutivos del segundo dictamen.

Primero.     El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la edad mínima para ingresar a la actividad laboral con la finalidad de contribuir al abatimiento del trabajo infantil.

Segundo           El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.

Tercero.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca estrategias y planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Es todo, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, en consecuencia se abre la discusión de estos dictámenes, en primer término se le concede el uso de la palabra al Senador Fiel Demedicis Hidalgo, y en su turno a la Senadora Angélica de la Peña.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero Presidente; compañeros senadores, compañeras senadoras. “La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños”, Federico Nietzsche.

Sin duda que un tema obligado después de que hemos discutido ampliamente la Reforma Educativa en México, dirían los maestros, la mal-llamada Reforma Educativa, que más bien es una reforma laboral, que una educativa; sin duda es tratar estos temas que tienen que ver con la erradicación de las peores formas del trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, y por supuesto el tema de la edad mínima para los trabajos de los infantes en nuestro país suscrito por México hace 40 años, y hace 37 años que entró en vigor, y fíjense cómo ha pasado el tiempo, de 1973 al 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, la Comisión de Relaciones Exteriores hoy nos hace un llamado al Senado para que aprobemos este punto de acuerdo, y exhortemos al Ejecutivo Federal a que ya suscribamos este Convenio 138.

Habría que revisar qué gobiernos hemos tenido de 1973 al 2013, sinceramente yo espero que el señor Peña Nieto no se niegue a este exhorto respetuoso del Senado de la República y con carácter de urgente, firme este Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 3 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en nuestro país, 50 por ciento de ellos no reciben ingresos o su pago es en especie, los niños trabajan fundamentalmente para cubrir necesidades básicas y para contribuir al gasto familiar.

¿En qué trabajan los niños de nuestros país?, y muchos de ellos a su corta edad son jefes de familia, en esta ciudad tan grande, y en las ciudades importantes........


(Sigue 12ª. Parte)
… son jefes de familia. En esta ciudad tan grande y en las ciudades importantes de nuestro país, a cuántos niños de los que denominamos niños de la calle, vemos que están de limpiaparabrisas, que están de tragafuegos, que están haciendo circo, maroma y teatro, buscando cómo un compadecido automovilista le regala un peso, para que contribuyan al gasto familiar o cubran sus necesidades básicas.

Los cerillos, como comúnmente se les conoce a los que trabajan en las tiendas de autoservicio, niños que van a buscar un empleo en ese lugar porque en su casa no alcanza para el sustento y hay que buscar cómo se contribuye al gasto familiar.

Dramatismos como en los cortes de caña de nuestro país en donde niños de 5,6,7,8,9 y hasta la edad mínima que señala a la OIT, de 17 años, están ya en estos duros trabajos del corte de caña.

Y algo que hemos censurado, pero que no hemos logrado eliminar la prostitución infantil. Hemos sido insistentes en que la pobreza es el caldo de cultivo más efectivo para evitar la calidad de la educación. Aquí se ha hecho caso omiso de eso y no se ha planteado respuestas sinceras, firmes, para evitar la calidad, para evitar que se dé, para lograr que se dé calidad educativa.

Compañeros senadores, compañeras senadoras, por supuesto que el Senado debe ser sensible ante el llamado de la Comisión de Relaciones Exteriores, apoyar este exhorto al Presidente de la República, sinceramente lo decimos, ojalá y ya lo suscriba, lo firme, porque los niños deben estar en las escuelas, no expuestos al abuso, maltrato y violencia que dañan su integridad física mental al realizar actividades agrícolas industriales, comerciales, artesanales o domésticas a su corta edad.

Reflexionemos sobre este tema y ojalá lo votemos por unanimidad. Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Fidel Demédicis Hidalgo. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña; y en su turno, a la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, señor presidente. El 6 de septiembre de 2012, ante esta plenaria, es decir, hace más de un año, presenté el punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que enviara a esta soberanía el Convenio 138 de la OIT, que refiere a la edad mínima de admisión al trabajo.

Me preocupa, señor presidente, que no se ha dictaminado mi punto de acuerdo cuando, insisto, desde el 6 de septiembre de 2012, fue suscrito por esta servidora. No está tomado en consideración en la minuta que hoy se pone, en el dictamen que hoy se pone a consideración de esta plenaria.

Entonces, eso quiero dejar constancia, además de que hay una excitativa reiterada hace unos meses para que se dictaminara y no ha sido así. Ese es otro asunto que refiere más bien a cómo la Mesa Directiva de este Senado decide el turno de los temas que me parece que tienen que tener una dinámica de una visión de integralidad para que sean tomados en consideración en tiempo y forma los asuntos que venimos a tratar aquí.

Bien, entonces, le pido, por favor, que tome pedidas en ese sentido, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con todo gusto, senadora Angélica de la Peña.

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Ahora, eso no demerita de ninguna manera el dictamen que está poniendo a consideración de esta plenaria, el que México sea el último país, el único país en América Latina en no tomar consideración del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para que eleve un año más la admisión al trabajo de niñas y niños de 14 a 15 años, es verdaderamente lamentable.

El propio Convenio establece que los estados parte tienen que ir tomando gradualmente medidas, acciones gubernamentales para ir erradicando el trabajo infantil, que es el preámbulo indispensable, elemental, fundamental, para que niñas y niños gocen de los otros derechos que son necesarios para lograr concretar su aspiración y sobre todo su proyecto de vida.

Es ni más ni menos que garantizar que el derecho a la educación pueda ser un derecho viable, ejercido por niñas y niños a lo largo y ancho del país.

Por desgracia no ha sido así, hace algunos meses supimos de la intención del Presidente de la República para reformar la Constitución, también hay iniciativas en ese
sentido, para elevar un año más la admisión al trabajo en congruencia con este Convenio. Y entonces estos dos temas están ligados.

Una cosa es que el Ejecutivo nos mande el 138 y lo aprobemos en sus términos; y otra cosa es garantizar que la Constitución efectivamente sea reformada para elevar un año más de 14 a 15 años de admisión al trabajo.

Pero no solamente, para comprometernos como nación, como Estado, a tomar todas las medidas presupuestales, administrativas, sociales y culturales, y por supuestos legislativas que sean necesarias para garantizar a hacer realidad a las niñas y a los niños ser felices desde ahora, y no asumir responsabilidades que son impropias a su edad, y sobre todo que afectan otros derechos fundamentales como es el derecho al juego, ya dije, el derecho a la educación; el derecho a la recreación; el derecho a la cultura; y sobre todo el derecho al ocio.

Los niños y las niñas de nuestro país no deberían trabajar, no deberían realizar ninguna actividad que les distraiga del ejercicio de otros derechos que son fundamentales para su futuro como personas adultas.

De tal forma que es muy pertinente que hoy estemos aprobando este punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que ciertamente lo más pronto posible pueda mandarnos a este Senado de la República, a enviar a este Senado de la República de manera formal, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que México tiene que tomar medidas graduales para erradicar, para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas.

Es cuanto, muchas gracias.
(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Angélica de la Peña. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias, señor presidente. Y yo estoy muy contenta porque una propuesta que hicimos para esta ratificación del Convenio de la OIT el número 138, que tiene que ver con el trabajo infantil, hoy transita en la pluralidad de esta Cámara, con la anuencia de, estoy segura que así será, de todas y todos los senadores.

Tiene la mayor importancia, ha sido una lucha interminable el poder parar, el poder frenar el trabajo infantil.

Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene algunas medidas que nos han servido para muy poco. De hecho, además de presentar esta propuesta, yo…..

Calendario

Abril 2024
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5