Senado de la República

México, D.F., a 12 de abril de 2013.

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas: Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos; Comunicaciones y Transportes, y Radio, Televisión y Cinematografía, presida por el C. Senador Raúl Cervantes Andrade, celebrada en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, hoy por la mañana. (10:00 horas)

|-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Muy buenos días, señoras y señores senadores, si les parece vamos a empezar, por eso estamos en sesión permanente y se irán integrando algunos señores senadores, es un día largo.

Le pediría al maestro José Antonio Ardavín, Director del Centro de la OCDE, que nos hiciera el favor de hacer uso de la palabra en tribuna, por favor, y bienvenido.

Les pedimos silencio para escuchar al orador, por favor.

-EL C. MTRO. JOSÉ ANTONIO ARDAVÍN ITUARTE: Muchas gracias, señor senador; señores senadores.
Es para mí un gusto y un privilegio el acudir a esta convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para comentar el dictamen de Reforma Constitucional al sector de las telecomunicaciones, aprobado por la Cámara de Diputados y ahora en discusión en esta Cámara alta.

El análisis y recomendaciones de la OCDE respecto al sector en cuestión, están ampliamente desarrolladas en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, dado a conocer en 2012, cuya recomendaciones son plenamente vigentes en la actualidad y de forma más condensada y actualizada en el documento “Wet Nitruait” que el Secretario General Ángel Gurría le entregó al Presidente Enrique Peña Nieto en enero de este año, en el que además se comentan los compromisos del Pacto por México.

El pasado miércoles el Secretario General Ángel Gurría, en un artículo en el periódico Reforma, calificó esta Reforma como uno de los pasos más importantes que nuestro país ha dado para impulsar su competitividad.

En palabras de nuestro Secretario General, se trata de una reforma ambiciosa de gran calado, inspirada en las mejores prácticas internacionales.

A la OCDE le da gusto ver que prácticamente la totalidad de las recomendaciones vertidas en ambos documentos sobre este sector están contempladas en la minuta en discusión y, por lo tanto, en plena consistencia con nuestros análisis podemos recomendar ampliamente a esta Cámara como lo hace nuestro Secretario General en su artículo, aprobar estos cambios que apuntan a resolver las disfuncionalidades del sector.

Estas disfuncionalidades se pueden resumir en una excesiva concentración y falta de competencia, una excesiva litigiosidad que ha erosionado la capacidad del regulador de ejercer su función, en parte por falta de definiciones claras de atribuciones de las instituciones involucradas y de lagunas jurídicas.

Todo esto se ha traducido en altos precios de una pérdida de bienestar y competitividad considerable que mantiene a México rezagado en un sector que aún en el contexto de la crisis ha crecido sin tregua y otorga a los ciudadanos y empresas de otros países ventajas competitivas muy considerables.

Permítame desglosar algunos de éstos puntos.

Primero.- La propuesta introduce elementos fundamentales para fortalecer la autonomía de los órganos reguladores y evitar que se aplique la suspensión en contra de sus resoluciones. En consistencia con la reciente Reforma a la Ley Sobre Amparo, ya vigente.

Sólo como referencia, permítame mencionar que como nuestro estudio constata en su anexo uno, entre 2005 y 2010 se presentaron 138 amparos en este sector, 83 por ciento de los cuales fueron denegados, pero que al retrasar la acción del regulador y en algunos casos hasta por diez años, beneficiaban sobre todo al operador dominante.

En la totalidad de los países de la OCDE la decisión del regulador se mantiene firme hasta que un tribunal resuelva la controversia. Y si no lo hace, esa controversia se resuelve de forma expedita.

Además la creación de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ayudará a reducir dramáticamente la litigiosidad imperante y el abuso que se daba del derecho de revisión.

Segundo.- La Reforma clarifica las atribuciones del órgano regulador a nivel de la propia Constitución y elimina las dobles ventanillas, otra de nuestras recomendaciones.

El hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones asuma, como se plantea en la propuesta, las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia en materia de telecomunicaciones, particularmente en el ámbito del análisis exante de los mercados de telecomunicaciones, nos parece pertinente para eliminar así la doble ventanilla en ese aspecto que además requiere de significativa especialización.

No obstante se podría considerar que la Comisión Federal de Competencia mantuviera algunos poderes spots en la materia.

Si bien llevado a la Constitución tiene un gran significado político y jurídico y hace que las disposiciones se deban observar sin desarrollo legislativo adicional, habrá que cuidar que se garantice cierta flexibilidad en un contexto tecnológico y económico que evoluciona rápidamente.

Una amenaza latente que no debe ignorarse es el riesgo de que las dos instituciones dotadas de autonomía constitucional. Es decir, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, se vean afectadas por una excesiva politización. Estas juegan un papel eminentemente técnico y sus funciones deben ser desempeñadas por profesionales de probada capacitación y experiencia en el sector. Su funcionamiento no debe estar sujeto a los vaivenes del escenario político y debe garantizarse que la experiencia acumulada en la COFETEL y en la Comisión Federal de Competencia permanezca.

Por otro lado, nosotros entendemos que autonomía, como sucede en algunos otros países, no excluye mecanismos de coordinación con el Ejecutivo en un abanico de áreas en las que ciertamente se requiere de ésta. Por ejemplo, la implementación de una agenda digital o asuntos relacionados con el espectro radioeléctrico.

Tercero.- Otra de nuestras recomendaciones era reformar el sistema de concesiones. La reforma adopta la figura de títulos de concesión únicos, lo cual ayudará a simplificar los trámites para desplegar nuevas redes, facilitar las inversiones en este sector y propiciar la convergencia plena de redes y servicios.

Todo lo anterior contribuirá a una mayor seguridad jurídica y agilidad de los procedimientos.

Cuarto.- En la mayoría de los países de la OCDE, la regulación asimétrica es la base de la regulación de las telecomunicaciones.

Hasta ahora en México ha sido incapaz el regulador de aplicarla.

La Reforma incluye provisiones para la aplicación de regulación asimétrica a los operadores con poder de mercado, incluyendo la desagregación de la red de última milla, facilitando el acceso a infraestructuras esenciales como recomendamos en nuestro estudio y como sucede en 30 de los 34 países de la OCDE, e incluso la posible separación funcional o estructural de operadores con poder de mercado, como ha sucedido, por ejemplo, en Australia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Estas nuevas atribuciones harán que las autoridades mexicanas cuenten con poderosos instrumentos legales para hacer frente a las fallas de mercado.

Sobre este punto quizá sólo vale la pena poner a su consideración que el umbral del 50 por ciento para las  determinaciones de dominancia puede resultar útil en muchos casos, pero existen otros criterios ya desarrollados por la Comisión Federal de Competencia que pueden implicar situaciones de dominancia para cuotas de mercado incluso menores.

Quinto.- La OCDE ha recomendado la supresión efectiva, unilateral de restricciones a la inversión extranjera directa, no sólo en este sector, por cierto, por ser de interés de México como una medida para promover mayor competencia y adopción de tecnología.

La eliminación de la barrera de entrada a la inversión extranjera de hasta el cien por ciento en Telecomunicaciones y de un 49 por ciento en radio difusión, es consistente con la diferenciación en la que en la apertura de estos dos sectores que se da en muchos países del mundo y contribuirá a la competencia, el aumento de la calidad de los servicios, así como la reducción de los precios.

Sexto.- Las obligaciones de “Moscary y Mostofer” no cuenta con un estándar internacional identificado como mejor práctica, pues dependen en gran medida de las estructuras de los mercados.

Sin embargo, para México era muy importante, como recomendamos en nuestro estudio, definir estas obligaciones claramente dentro de un principio general de gratuidad y atendiendo a las condiciones de mercado, como la reforma lo hace.

Además la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta y la conclusión de la transición a la televisión digital terrestre, representan decisiones de la mayor relevancia para mejorar este sector clave para el desarrollo de México.

Séptimo.- La ambiciosa apuesta por una política de acceso universal, con especial énfasis en el acceso a banda ancha e Internet, asciende a un mejor uso del espectro y la infraestructura disponible. Otra de nuestras recomendaciones es un elemento primordial de la Reforma.

Ello debo contribuir a fortalecer la democracia e impulsar el acceso pleno del país a la sociedad de la información y el conocimiento.

También contribuirá a la democratización de la productividad de la que ha hablado la nueva administración como objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo.

Nosotros entendemos que la referencia en el artículo 16 transitorio del decreto a que el Estado instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, no implica….

(Sigue 2ª parte)
. . . . . . . . . . . . .............en el Artículo 16, transitorio del decreto, a que el Estado instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, no implica necesariamente que el Estado sea el que asuma el despliegue de una red inalámbrica en los 700 megahertz. Quizá la forma más efectiva de dar cumplimiento a los objetivos públicos, es una regulación efectiva junto con acciones concretas de inversión pública, por ejemplo, a través de asociaciones público-privadas o bien, la concesión de esta banda a un operador que sólo opere a nivel mayorista.

En suma, y aunque toda la reforma es perfectible reconocemos en esta reforma las bases de un cambio estructural profundo, y valoramos y respetamos los consensos alcanzados, primero en el seno del Pacto Por México, y después en la Cámara de Diputados.

La OCDE aplaude la firme decisión y el compromiso de Gobierno Mexicano, y los actores políticos por impulsar la reforma de gran calado en el sector de las telecomunicaciones  y de la radiodifusión que México se merecía desde hace tiempo.

Hacemos votos por su pronta aprobación y su diligente y efectiva implementación.

Estamos seguros de que esta reforma rendirá frutos muy importantes para mejorar la competitividad económica de México y el bienestar de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

- EL C. PRESDIENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, Maestro José Antonio Ardavin. Le pedimos al licenciado Ernesto Piedras Feria, Presidente The Competitive Intelligence Unit, por favor pasar a hacer uso de la palabra,  y bienvenido.

- EL C. LIC. ERNESTO PIEDRAS FERIA: Gracias, señores senadores; gracias a la Comisión de Puntos Constitucionales porque hacen esta suma de opiniones técnicas, jurídicas, de mercado o económicas porque esta no es una reforma menor. La siguiente lámina, por favor.

Bueno, siempre insisto que cuando hablamos de telecomunicaciones, de tecnologías de la información, de lo que estamos hablando es de desarrollo integral, de aquella capacidad tecnológica que, con los cambios tecnológicos de hace dos siglos no tuvimos la oportunidad de aprovecha: ferrocarriles, telegrafía, telefonía. Hoy se nos abre una ventana de oportunidad, la tenemos abierta hace varios años ya, pero no la estamos aprovechando óptimamente; mi pregunta, y creo que es el espíritu de esta reforma, es:

¿Tenemos la reforma, tenemos el sector de telecomunicaciones que queremos y necesitamos?

Y, yo sistemáticamente he llegado a una respuesta negativa, no; categóricamente no. Porque hay mucha gente desconectada, cuando hablamos de los 41 millones de internautas en el país se nos olvida entonces que hay 74 millones de mexicanos que no están regularmente conectados, esa es una brecha injustificable en este año 2013.

El espíritu de la reforma también lo entiendo es, cómo sí cerrar esa brecha, cómo garantizar conectividad en términos de calidad, cobertura y precio, pero para todos los mexicanos, si no estaremos incubando, estaremos engendrando una nueva separación en dos o más México’s, es un tema de desarrollo integral, es un tema social, es un tema de productividad, es un tema para todo México que se atiende aquí. Siguiente lámina, por favor.

No es desconocido, nos hemos convertido en este hombre de la comunicación a distancia, el Homotelecom; consumimos más en voz, en datos, en contenidos culturales, educativos, y elementos productivos y seguimos avanzando la presentación, insisto, hoy nos sirven para todo, hoy están en nuestros bolsillo, en nuestras mochilas, en nuestros escritorios, en los de nuestros hijos, pero no para todos los mexicanos. Siguiente lámina, por favor.

Y, bueno, no entro a los detalles de la reforma en todos sus elementos, esa se viene discutiendo en estos días.

Otra vez, el espíritu de esta reforma también es preguntar ¿hemos tenido un mal marco legal? Y no, la respuesta es no.

Yo no he visto en la ley vigente desde el 95 una cláusula que diga: “se tolerará concentración de mercados; se tolerará y aceptará falta competencia”; lo que yo he visto es una ley procompetencia que no logra aplicarse, hemos sido un país que no aplicamos a cabalidad los principios legales, me parece que la piedra de toque de esta reforma es el corpus institucional al que busca migrar; puede ser un fortalecimiento del existente, por ejemplo, la COFETEL concentrando facultades, puede ser esta propuesta que se hace en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero lo que necesitamos es un árbitro que aplique esa ley. Podemos tener la ley más vanguardista, que no distamos mucho de ello, a mi entender de mi experiencia con los abogados del sector, pero lo que necesitamos es garantizar que se aplique, ¿para qué?, para contar con competencia efectiva, y ese no es un fin, ese es un medio. Bienestar, maximización del bienestar es lo que queremos para todos los mexicanos, pero sí, la competencia, tenemos esos resultados subóptimos que hemos testificado. Siguiente lámina, por favor.

Entonces, es el corpus institucional, lo acaba de decir, el representante de la OCDE, me sumo a ese pronunciamiento, es autonomía, es músculo legal y músculo de acción para el órgano regulador; independencia, puede ser muy peligroso tener un órgano regulador plenamente independiente, descontrolado incluso, desbocado por 9 años con comisionados, tiene que haber un escrutinio muy fino para seleccionar gente con capacidad probada; es injustificable que  este sector periódicamente hayan llegado funcionarios muy destacados pero que no tienen experiencia en el sector de telecomunicaciones, tiene que ser esa combinación de experiencia con integridad ética, con autonomía y mucho escrutinio de nuestra parte; los términos que se plantean para esa selección, 5 años, experiencia probada, me parecen razonables, pero es muy importante, sí, que reporte y tenga una línea directa de responsabilidad con el ejecutivo que hemos elegido muchos mexicanos. Siguiente lámina, por favor.

No abundo en las propuestas de la OCDE, ya también fueron presentadas aquí por José Antonio Ardavín. Cuando me pregunto, ¿están integradas en esta iniciativa de reforma? Encuentro que sí. ¿Se cumplen a cabalidad?, todavía no, por eso, señores senadores, su trabajo no es de bulto, no es de medirse por kilos; su trabajo es muy fino, porque esta va a ser la reforma que norme puntualmente la operación del sector más transversal que tenemos en el país junto con el de la electricidad; hoy ya no existe la pregunta de si las telecomunicaciones son importantes, las usamos abundantemente para lo social, para lo educativo, para lo productivo, lo importante es cómo la tenemos todos en los mejores términos. Es como la electricidad, sin ello se paralizaría el país, hay estudios recientes que demuestran que 52 por ciento del aparato económico quedaría inmediatamente paralizado en ausencia de algún tipo de conectividad, eso hay no es una sorpresa, ¿cómo lo podemos tener a precios accesibles?, con la calidad necesaria y en toda la cobertura nacional.

Entonces no nos confundamos, por favor, señores senadores, gracias por invitarnos a los que trabajamos en estos temas; sí están ahí los elementos, pero eso no significa que sean o que estén vertidos de la manera óptima, falta afinarlos, creo que la combinación de oportunidad en tiempo para proceder con la reforma no está divorciada con hacer una reforma correctamente. Siguiente lámina por favor.

Y, termino hablando del tercer punto específico que me interesa comentar.

La propuesta de regresar a ver formatos de estado como agente económico dentro de las telecomunicaciones.

Recuerden que este es un sector que viene de ser un monopolio en casi todo el mundo, incluso un monopolio gubernamental, no por perversión de nadie, porque cuando usamos ese vocablo se suele pensar en intereses ocultos, no.

Hay características técnicas, economías de escala que en el mundo hicieron más procedente que fueran los gobiernos quienes emprendieran estas infraestructuras de altos montos de inversión, lento término de despliegue, y mucho más lento período de recuperación de las inversiones. Y así estuvieron los monopolios.

Al invadir, al entrar los economistas y abogados al sector hemos instrumentado regulación que nos permite habilitar competencia, y con ello tener sectores que disparan su operación en inversión, en ingresos, en cobertura, y de eso precisamente es de lo que se trata.

¿Debe haber un dogma en contra de la participación del Estado como agente económico? No, otra vez, categóricamente no. Pero tampoco, y también es categórico, está justificado ni demostrado que en este año 2013............

(Sigue 3ª. Parte)
. . . pero tampoco y también es categórico, está justificado ni demostrado que en este año 2013 nuestro Estado Mexicano, nuestro Gobierno deba emprender su participación más a fondo en el sector, cómo se decide cuando entra el Estado, cuando hay una justificación de carácter social, cuando hay una imperfección de mercado, cuando hay una carencia de participantes privados, no se ha preguntado al mercado y a los inversionistas que están operando o que querrían operar mexicanos y extranjeros si están dispuestos a invertir en la banda de 700, de 25, se tiene que hacer una  exploración antes de decidir por qué si no vamos a regresar a esos periodos de estancamiento en las inversiones que tuvimos en las últimas décadas de TELMEX, de la operación insuficientemente satisfactoria, incluso de Telégrafos, de varias empresas del estado, incluso ahora, y lamento mucho decirlo, de CFE Telecom, que ha tenido un impacto pírrico en la operación del sector de telecomunicaciones.

No me pronuncio en contra de la participación del Estado en la economía, pero no se han investigado alternativas privadas  de otro carácter y me parece que estamos siendo dogmáticos  proestado y es muy tarde para todo esto, en el 2013 hemos aprendido mucho del sector y de la operación económica.

Termino reiterando mi agradecimiento señores senadores, pero termino invitándolos por favor a que este trabajo como lo están haciendo y usen todos los recursos de los que aquí estamos, lo hagan muy detallado, no es una reforma menor, está de por medio la educación, la cultura y la productividad del país y con too el bienestar integral de México.

Gracias.

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:   Gracias Licenciado Piedras.

Licenciado Carlos  Casaús, expresidente  de la COFETEL, bienvenido.

-EL C. LIC. CARLOS CASAUS: Muchas gracias a las Comisiones organizadoras de este evento, como ciudadano agradezco la oportunidad de comentar y de participar en esta  reforma tan importante para el país.

Parto del análisis de las posiciones de muchos expertos que han estado participando tanto en la prensa como en la radio, la televisión, foros de discusión específicos  claramente el Consejo Consultivo de COFETEL tiene un gran acervo de conocimientos en el tema  y mucha gente experta, el CIDE, el Instituto Mexicano de la Competitividad en lo individual, expertos como Irene Levy y Javier Lozano, Judith Mariscal, Clara Luz Alvarez, Salma Jalife, Enrique Merlose, Ernesto Flores, Ernesto Piedras, el panel de discusión que organizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias respecto de la reforma.

Me parece que una contribución que a mí me ayuda es el decir que esta reforma, la discusión debe de girar alrededor de cuatro temas macro.

A mí me parece que el primero es el marco institucional; el segundo  es el definir claramente qué debe estar en la Constitución y qué debe estar en la legislación secundaria; el tercero es el tema del Estado como operador de servicios de telecomunicaciones y; el cuarto es una definición   precisa de los derechos constitucionales y la naturaleza jurídica de los servicios de telecomunicaciones.

Inicio con la discusión del marco institucional y creo que una primera  consideración  es la distinción entre órganos autónomos y órganos reguladores. Los órganos autónomos surgen en la Constitución  para hacer una contención a la labor de gobierno, no queremos al Ejecutivo organizando elecciones,  controlando  la oferta monetaria,  haciendo sus propias estadísticas para evaluar su desempeño económico.

Por eso surgen órganos como el IFE, como BANXICO,  como el INEGI, como el IFAI, como la futura Comisión Anticorrupción, son órganos que son contrapesos al estado.

Los órganos reguladores es una figura que no existe actualmente en nuestro marco constitucional. Básicamente se requieren en sectores graves, transversales  de la economía y lo que se busca  al tener una Comisión  en contra de asignar la regulación al Ejecutivo, como lo hacen países como Chile, en que la regulación está dentro del Ejecutivo, en que se busca básicamente tener órganos colegiados. Esto es, que no sea una única persona la que tenga la facultad de decidir y que fundamentalmente el proceso de decisiones colegiadas sea totalmente transparente.

Tiene un propósito fundamentalmente de evitar la captura regulatoria  y de evitar la posible corrupción que tradicionalmente se ha dado en estos sectores en nuestro país.

Estos órganos reguladores deben de tener  facultad para emitir regulación clara, la COFETEL actual no la tiene jurídicamente o ha sido continuamente  cuestionada en los procesos jurídicos, debe de tener claras facultades para sancionar, deben, como dicen ser órganos colegiados y totalmente transparentes.

Deben ser la última palabra en la materia regulatoria, deben de ser cerradas las dobles ventanillas, no puedo yo imponer una sanción y que luego se revise en otra instancia.

Para ellos se buscan que los comisionados sean electos por periodos fijos, independientes de los siglos  políticos, un servicio social de carrera en estas agencias y un presupuesto predeterminado.

Pero lo que es clave es que estos órganos reguladores rinden cuentas  y están sujetos tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo  y al Poder Ejecutivo, y lo que estamos hablando aquí es de un órgano regulador no de un órgano autónomo que sea un nuevo  poder de contención del estado mexicano, debe ser un instrumento del Estado Mexicano.

La siguiente, por favor.

En cuanto a transparencia, lo que se debe de buscar es que tengan votos razonados y públicos de todas las decisiones del pleno, no se vale votar sí o no, hay que decir por qué se vota, y esto va creando de alguna manera una jurisprudencia  dentro del órgano de por qué se están tomando las decisiones y se hacen públicas y disponibles para regulados y público en general, debe de asegurarse que estos órganos tengan un proceso de consultas públicas, como hacen los americanos, los famosos “notis” o “proposulmeking”, los avisos de propuestas de que se va a emitir regulación, de que se va a hacer una licitación, etcétera, y deben de estar abiertos a comentarios y debe de haber un récord público de los comentarios que se presentan, el público tiene derecho a saber cuál es la argumentación  de las entidades reguladas respecto de estas posibles emisiones de regulaciones.

Debe de haber rendición de cuentas, debe claramente rendirle cuentas al Legislativo con la comparecencia de los comisionados, los  comisionados deben de ser evaluados por parte del Poder Legislativo de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a este récord público de justificación, de sus decisiones y debe de existir la capacidad de que el Estado con la misma pluralidad con la que los nombra los debe de poder remover, basta de comisionados que nada más llegan a votar y que no trabajan, Poder Ejecutivo debe de poder incluir al órgano regulador en los programas  sectoriales y en el Plan Nacional de Desarrollo y deben de coordinar la política pública y claramente el Poder Judicial no debería de haber suspensión de todos los actos. . .

(Sigue 4ª parte)
...  deben de coordinar la política pública, y claramente el Poder Judicial, no debería de haber suspensión de todos los actos, sino restringir los actos en que hay suspensión a resoluciones de interconexión, a determinaciones de dominancia, a resoluciones de espectro, pero la gran cantidad de decisiones que toma el gobierno para un regulador, digo, perdón, para un operador en un pueblo, para un cablero, que son el gran número por qué no tiene derecho a contestar una sanción que probablemente sea injusta.

A mí me parece que esto desprotege a los operadores más chicos y que son los que queremos que crezcan para que haya efectiva competencia en el país.

El tema de política pública y órgano regulador, a política pública son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.

La política pública en materia de telecomunicaciones la debe de fijar el Ejecutivo electo, el órgano regulado debe seguir la política pública que fije el Ejecutivo.

Dentro de este contexto las facultades que debiera tener el IFETEL, aquí algunas consideraciones que me parece hoy no están debidamente precisadas en la iniciativa. Yo creo que hay que cerrar las dobles ventanillas, el IFETEL debe ser la última palabra en decisiones regulatorias y de espectro, concesiones, valor del espectro, contraprestaciones por concesiones, sanciones; preocupa mucho el que vuelva a dársele opinión, y no dice si es vinculatoria o no, opinión a la Secretaría de Hacienda, esto ha sido un gran freno de la política del sector.

Creo que es importantísimo el que se especifique la facultad para renovar concesiones tanto “alámbricas” pero especialmente de espectro, tenemos un vacío jurídico importantísimo en cómo se deben de renovar las concesiones de espectro, hay jurisprudencia de la Corte, que desde mi punto de vista no es técnicamente correcta, por lo menos debería de ser discutida, pero aquí hay una gran oportunidad para establecer cuáles deberían de ser los criterios de renovación, y claramente el tema es que hay que tener reglas claras, oportunas, transparente, y predecibles para que tenga certeza jurídica el potencial inversionista del sector.

Hay que darle la facultad de rescata y reordenar el especto radioeléctrico, hay que darle una facultad inequívoca de emitir regulación de carácter general, facultad de imponer regulación asimétrica, facultad de imponer sanciones; facultad  de prórroga y modificación de concesiones, facultad de regular todos los derechos de vía en poder del Estado, esto me parece clave, el problema es que a pesar de que está en la Ley el otorgar los derechos de vía en poder del Estado, esto nadie lo regula.

Comisión Federal de Electricidad no presta sus torres para instalar fibra óptica, este es un gravísimo problema para el sector, debería de haber una facultad expresa para regular los derechos de vía. Faltan las facultades en materia satelital, que me parece que es un error, estamos habiendo la inversión extranjera en materia satelital y nadie la regula.

Plazos también para emitir su propio estatuto orgánico. Aquí el sector ha pasado eternidades y todavía no hay un reglamento interno de COFETEL.

Facultades en materia de competencia me parece que la determinación de dominancia, de acuerdo a la capacidad de fijar precios por encima de costos incrementales de largo plazo, debe tomarse en cuenta no únicamente un porcentaje del mercado nacional, aquí, entre otras cosas puede haber dominancia a nivel regional, cuando un cablero es monopolista en una ciudad, es el único, no hay otra, bueno, ese debería de poderse regular por dominancia si tiene verdaderamente posibilidad de fijar precios por encima de costos marginales.

El tema de los comisionados, quizá meto un rollo terrible, pero no hay comisiones de siete comisionados en el mundo, la “SCT”  tiene cinco comisionados. Me parece que si estamos buscando expertos debemos de buscar expertos y tener el órgano colegiado, siete me parece verdaderamente excesivo, terriblemente complicado.

Creo que los requisitos deben de ser sabe de la materia, pero no únicamente, se requiere experiencia, reputación, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de articular opiniones y de comunicar.

Me parece que el tema este de un examen me parece terriblemente simplista, estoy seguro que muchos grandes comisionados que ha tenido COFETEL hubieran reprobado cualquier examen económico, porque a lo mejor no sabemos despejar ecuaciones simultáneas, o no sabemos la física del espectro radioeléctrico.

Me parece que  el que, el que tiene mejores calificaciones en el examen es al que debemos recomendar, me parece absolutamente que no saben lo que se necesita para ser comisionado.

Y creo que también estamos excluyendo gratuitamente la experiencia en el sector privado, a mí me parece que ahí hay grandes acervos de conocimiento, al que obviamente garantizar que no haya conflicto de intereses, pero vamos, deberíamos de aprovechar la experiencia que hay en el sector.

Bueno, otra cosa que me parece gravísima, es el órgano que provee el servicio radiodifusión sin fines de lucro, vamos, cómo le va a hacer sino le estamos asignando que canales de televisión va a operar, va a tener el 11, el 22, las televisoras estatales, estaciones de radio, o no va a tener canales, no sé, no se establece ni su patrimonio ni su presupuesto ni su modelo de negocio, podrá vender publicidad en la televisión pública, esto creo que es una de las cosas que ha limitado el financiamiento de la “difusión”, no hay una discusión al respecto, lo estamos llevando a la Constitución.

Tenemos un consejero ciudadano pero no estamos estableciendo qué facultades tiene, porque no hay modelo de negocios, no hay presupuesto, ¿quién va a regular a este Instituto?  ¿Lo regula el IFETEL? No se ha establecido, y creo que vamos a decir, está grave llevarlo a la Constitución sino estamos resolviendo este tipo de preguntas.

El siguiente tema es qué debe estar en la Constitución. Aquí yo temo que el elevar numerosas disposiciones a rango constitucional presenta el riesgo de generar rigidez en sectores en que la autoridad necesita flexibilidad para enfrentar la innovación tecnológica y los cambios en los mercados.

Hay que mantener los mandatos abiertos y establecer el detalle en la legislación secundaria o en la regulación, y creo que aquí es una oportunidad para quitar a Telégrafos de la Constitución, ¿por qué sigue telégrafos en la Constitución? Porque la Constitución es muy difícil de cambiar.

Si ponemos las cosas en la Constitución no las vamos a poder cambiar,  esto va a dar pie a cualquier cantidad de litigios jurídicos.

Hay que simplificar los artículos, artículos en que estamos pidiendo “en moscardón mos ofer”, que tiene media página, creo que deberíamos de decir: oye, queremos que el órgano regulador analice y emita regulación sobre este tema, pero los específicos cambian, cambian por el mercado, cambian por la tecnología, cambian porque dejan de ser importantes, estaríamos de alguna manera regulando los “VIPS”,  que de alguna manera traían los doctores, digo, no sé, la tecnología cambia demasiado rápido.

Aquí tengo una lista de artículos que yo creo que todo esto se deberían de simplificar, dramáticamente y dejar a la regulación secundaria los específicos. ¿Qué debería quedar en la Constitución? Creo que debería quedar la creación de los órganos reguladores con sus características generales, facultades para emitir regulación, colegiados y transparentes, sin doble ventanillas, con comisionados electos por períodos fijos, que rindan cuentas.

Creo que esta sería una grandísimo contribución y que eventualmente se podría aprovechar para la reforma energética que viene y creo que esto el daría naturaleza jurídica  este tipo de ...

Creo que deberán estar los lineamientos generales de política, pero no los detalles que impidan responder a cambios tecnológicos y económicos, en una industria tan cambiante.

Y finalmente, el derecho a la información y el acceso a las telecomunicaciones. Deberíamos de tener una reforma constitucional mucho más simple en aras de evitar un mundo inflexible y litigioso.

Otro tema es el del Estado como operador de servicio, el Estado no es el mejor de servicios, los recursos humanos y financieros del Estado deben de priorizarse en promover la competencia entre operadores privados, y en fomentar la cobertura social.

El asignar constitucionalmente la explotación de la fibra óptica de la Comisión Federal, y el espectro más .....

(Sigue 5ª parte)
...y en fomentar la cobertura social. El asignar constitucionalmente la explotación de la fibra óptica de la Comisión Federal y el espectro más valioso del que dispone el país a telecomunicaciones de México generará grandes ineficiencias e incentivos perversos a la inversión privada.
Nada más quiero que piensen que el Estado mexicano no tiene torres de telecomunicaciones, ¿dónde vamos a poner las células, dónde las va a poner el Estado? No hay torres, ¿las vamos a expropiar? ¿qué vamos a hacer? ¿y como cuántas son, y la necesidad es impresionante, y vamos a violar todas las leyes de adquisiciones para que el Estado pueda licitar todas las torres que vamos a…? Es una pesadilla, esto no debería de ser.
Bueno, en cualquier caso se debería hacer una amplia consulta pública respecto de esa estrategia e incluirse en la legislación secundaria, pero no en la Constitución, por favor.
Finalmente el tema de los derechos constitucionales y naturaleza jurídica de los servicios de telecomunicaciones.
México se ha caracterizado por su vida a rango constitucional, aspiraciones legítimas que considera de importancia sin que después se materialicen en beneficio de la población. Lo que México requiere no son más derechos en la Constitución, sino las políticas públicas que conviertan en realidad los derechos hoy día previstos en la Carta Magna.
Para que los mexicanos gocemos del acceso a banda ancha no es necesario que exista un precepto constitucional que muchas veces queda en letra muerta, lo importante sería implementar de inmediato políticas públicas que incrementen la oferta, precios accesibles y la demanda entre la población.
Los nuevos… aspiracionales del artículo 6 deberán ser definidos y acotados en la legislación secundaria. La redacción actual de la propuesta sugiere que el Estado garantizará el acceso libre, gratuito a las telecomunicaciones, ¿le vamos a regalar un celular a todos? Hay que acotar estos derechos ¿no?
Otro tema de gran preocupación es que se vuelve a una definición anticuada y contraria a la realidad de que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos, esto es que su prestación corresponde al Estado. Yo creo que pues todos los que usamos un Wi-Fi o tenemos un conmutador privado pues nos damos cuenta que no son servicios públicos, creo que hay que eliminar esto porque tiene consecuencias jurídicas posteriores, litigiosas posteriores que pues nos harán la vida mucho más difícil.
Finalmente se introducen conceptos que pueden llevar a la regulación de contenidos, por ejemplo, el apartado B fracción IV del artículo 6 dice: “que se establecerán condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público”, y esto es contrario a la libertad de expresión que se consagra en la primera parte del artículo, y que decimos que la libertad de expresión debe ser plena.
Gracias. Espero que esto ayude a ordenar la discusión.
-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Mil gracias, Licenciado Casaús.
Doctor Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, bienvenido.
-EL C. DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Señores senadores.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho para participar en este foro. Preciso que esta participación la hago junto con los doctores José Roldán y Josefina Cortés, y que en todos los casos las opiniones que expresamos son nuestro punto de vista y no representan la posición de las instituciones a las que pertenecemos, pues en ellas existe, para fortuna, una pluralidad de opiniones.
La iniciativa de reformas a la constitución en materia de telecomunicaciones propone otorgar autonomía constitucional plena al actual COFETEL y la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto implica una decisión soberana del Constituyente Permanente que genera una nueva condición constitucional, y por su novedad plantea problemas inéditos y complejos.
Quienes elaboramos este análisis compartimos los propósitos de la reforma, pero también en nuestra convicción que para que ella funciones efectivamente resulta indispensable considerar sus implicaciones jurídicas en el conjunto del sistema constitucional. Nuestro análisis busca contribuir a una mejor comprensión de esta condición, y con base en ella plantear alternativas de solución que den viabilidad jurídica a los objetivos y operación de la reforma.
La reforma implica una modificación de fondo de la arquitectura constitucional, pues se diferencia de otros órganos constitucionales autónomos, está creando dos organismos con funciones estrictamente administrativas que se constituyen como poderes distintos y en paridad al Ejecutivo Federal, cuando previamente eran órganos que formaban parte de éste.
Técnicamente ya no habrá una administración pública, sino tres administraciones públicas federales: la que se deriva del artículo 90 constitucional en sus vertientes centralizada y paraestatal, más las dos nuevas que se constituyen respectivamente con las competencias constitucionales que se le otorgan.
Esta autonomía constituye una innovación mayor, no tanto por razones orgánicas o institucionales, ya existían los órganos, sino porque por primera vez se le da autonomía constitucional a competencias que pertenecen al ámbito estrictamente administrativo, por ejemplo, emitir normas generales, otorgar concesiones, ordenar medidas de desincorporación o administrar bienes de dominio público.
Puesto que existirán varias administraciones resulta indispensable considerar cuál será la articulación de estas competencias con las que mantiene el Ejecutivo para evitar zonas de incertidumbre o de potencial litigio que impiden o retrasen el cabal cumplimiento de los objetivos de la reforma. Sin duda no existen soluciones perfectas, creemos que conviene avanzar en este camino para reducir los riesgos del fracaso.
Dicho de manera mucho más simple, si estamos constituyendo nuevas administraciones hay que verlas en su integralidad y tomar las decisiones que correspondan para evitar un conflicto potencial con la Administración Pública Federal, o sea con el Ejecutivo, con lo que queda del Ejecutivo, y entonces generar un impasse que impida que la reforma pueda conseguir sus objetivos.
Voy ahora a entrar en los aspectos puntuales. En primer lugar, que las políticas públicas de competencia y telecomunicaciones no se agotan en la acción de los nuevos órganos, pues existen áreas relevantes que permanecen dentro del ámbito de la acción del Ejecutivo, principalmente a través de las Secretaría de Economía, de Comunicaciones, de la SEP o de Relaciones Exteriores.
Cuando entra en vigor la reforma será necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir las facultades que actualmente tienen algunas Secretarías a los nuevos organismos. Por ello, y esta es la subpropuesta, conviene adecuar y crear nuevos mecanismos de coordinación, de preferencia constitucionales, que permitan articular la acción del Estado en estas áreas y se le dé a los tres órganos con competencias diferenciadas, Administración Pública, COFECO, IFETEL.
En este mismo sentido conviene, por razones que ya se expresaron previamente en otros ponentes, establecer su deber de actuar conforme lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que contiene la política pública. Esto permitiría una acción coordinada del Estado en la materia a través de los tres órganos que van a existir.
Segundo aspecto, los nuevos órganos tendrán competencias nuevas y distintas, constituyen en sentido formal poderes. Bajo esta hipótesis hay la posibilidad de que en ejercicio de sus facultades emitan actos o regulaciones que limitan o invaden la acción del Presidente o de otros órganos.
El sentido inverso, el Ejecutivo Presidente podría invadir la competencia de los nuevos órganos, o sea, esto camina en ambas vías. La reforma establece que las normas generales o actos u omisiones de estos órganos únicamente, subrayo, únicamente podrán ser impugnadas mediante amparo, por ello ni el Ejecutivo, ni el Legislativo podría impugnar esas normas o actos, pues no cuentan con mecanismos para controvertirlas.
Se recomienda enfáticamente reformar el artículo 105 para permitir la procedencia y la controversia constitucional entre los poderes y todos los órganos autónomos…

(SIGUE 6ª PARTE)

…reformar el artículo 105 para permitir la procedencia de la controversia constitucional entre los poderes y todos los órganos autónomos, esto garantiza la acción de ambos ámbitos de competencia.

Tercer punto.- La facultad reglamentaria, y aquí, disculpen si entro en cuestiones técnicas.

Hasta este momento la facultad de reglamentar las leyes ha sido considerada como una función constitucional exclusiva del Presidente de la República.

La reforma obliga a precisar cuál será el alcance de la facultad de emitir normar administrativas generales de los nuevos órganos respecto de las leyes que expide el Congreso, porque sabrán necesariamente, son la intercepción con el Ejecutivo Federal.

Desde nuestra perspectiva recomendamos asegurar, desde la Constitución, que la facultad de reglamentar las leyes expedidas por el Congreso, permanezca en el Ejecutivo Federal en su calidad de Jefe de Estado.

Por lo demás, este parece ser el sentido de la minuta cuando establece que las facultades de COFECO e IFETEL para emitir disposiciones administrativas de carácter general es, cito: “Exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria”. Fin de la cita.

Es decir, les otorga una facultad de formación general para el ejercicio de las funciones específicas que se le otorgan a cada uno de estos órganos, pero una facultad reglamentaria genérica. En todo caso esta es una cuestión que conviene precisar.

Siguiente punto.

Los actos y procedimientos de los nuevos órganos deberán sujetarse a los principios de legalidad y debido proceso que establece la Constitución.

Conviene, entonces, precisar si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo le será aplicable a la acción administrativa de estos órganos o se considera conveniente expedir una nueva legislación para esos órganos, y usar sólo de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Precisar esta materia, es una condición indispensable para asegurar la eficacia de los órganos, de la acción de estos órganos, que de otra manera, cuando sea impugnada en tribunales, aunque sean especializados, vamos a empezar a ver problemas de acción de los nuevos órganos constitucionales.

Una situación similar se presenta respecto de otras leyes administrativas de aplicación general. Por ejemplo, adquisiciones, obra pública, responsabilidades, transparencia, mejora regulatoria.

El punto a decidir es: si los reglamentos que expida el Ejecutivo para reglamentar esas leyes le serán o no aplicables a los nuevos órganos.
La pregunta, simplificando, es dicotómica. ¿Si o no? y si no ¿cuál es la consecuencia?

La consecuencia sería que entonces hay que dotarlos de facultades para reglamentar las disposiciones de esas leyes que les van a aplicar, obviamente con la consecuencia de multiplicación de normas en el ámbito administrativo.

Un aspecto particularmente importante se refiere a la emisión que tendrá que hacer IFETEL en el ejercicio de sus facultades de emitir normas técnicas, las famosas normas oficiales, facultad que se deriva necesariamente de su competencia para regular el espectro, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Hay que decidir ¿si se le va a aplicar las disciplinas y el procedimiento de la Ley Federal de Metodología y Normalización o no?

Y si no se le va a aplicar ¿Cuál va a ser el procedimiento para expedir estas normas es: cuál debe de cumplir con todos los estándares de transparencia y de mejoras regulatoria que ya incorporamos en el sistema jurídico?

Hay otros puntos que mencionamos en la ponencia, y que por obvio del tiempo, simplemente voy a señalar.

Una dimensión son los mecanismos de contrapesos y de rendición de cuentas.

Si se están creando nuevos poderes, deben de crearse los mismos mecanismos de control que tiene el Ejecutivo Federal, en particular, la obligación de comparecer, que está en el artículo 93 y no dejar ambigua la fiscalización que debe de recaer en la Auditoría Superior de la Federación.

El procedimiento para elegir a los comisionados es demasiado complejo, rígido, y se aleja de las mejores prácticas internacionales. La sugerencia es simplificarlo y confiar que una intervención en paridad de 2 poderes: el Ejecutivo y el Senado, puede garantizar un resultado adecuado.

Desde el punto de vista judicial, y este es un punto en el que quiero insistir, convendrá en su momento y a través de la legislación secundaria precisar cuál será el alcance del criterio de revisión que utilizarán los tribunales especializados sobre los actos de los nuevos órganos, ello para asegurar un control judicial preciso, riguroso, eficaz, expedito sobre la legalidad de la actuación de esos órganos, pero evitar un desplazamiento de las decisiones de fondo a los tribunales, esto es para garantizar que estos órganos constitucionales autónomos van a tener al última palabra y que no va a haber un segundo juicio de un tribunal que no es el órgano más capacitado para hacerlo.

Las facultades en materia de competencia, ya se refirieron a ella algunos colegas, hay que revisarlas.

Consideramos importante repensar la asignación a una sola empresa del Estado, la fibra óptica y el espectro. Esto tiene que ver menos con el concepto que con las condiciones reales de operación de las empresas públicas, de todas las empresas públicas del Estado mexicano que están sobre reguladas y no actúan como empresas.
El riesgo es poner a la súper carretera en manos de un elefante, todo lo anterior sin demérito que el Estado cuente con los mecanismos e instrumentos para asegurar que todos los mexicanos tengan acceso al uso de las redes digitales, especialmente en las zonas del país que actualmente no son cubiertas por los servicios comerciales.

Finalmente, concluyo con una reflexión que los invitamos a hacer de más largo aliento en una doble dimensión:

La primera.- Las consecuencias de llevar a normas constitucionales el detalle que implica la reforma, particularmente en una materia de alta sensibilidad al cambio tecnológico y que requiere de flexibilidad.

Se están generando condiciones constitucionales, cuyo cambio es complejo.

Los errores en cuestiones de detalle pueden tener un alto impacto.

La segunda cuestión, y esto es independiente de la reforma, es si la ruta de creación de autonomías constitucionales, especialmente de órganos administrativos, resulta en el conjunto una arquitectura institucional adecuada para una operación eficaz del Estado mexicano. Esta no es una cuestión menor.

Nos urge una reflexión de conjunto sobre cuál debe ser el contenido y la justificación técnica de las autonomía constitucionales.

Les agradezco mucho su atención. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, doctor López Ayllón.

-Te pedimos, por favor, licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, haga uso de la palabra.

-EL LIC. GERARDO GUTIERREZ CANDIANI, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial: Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Saludo con afecto a la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

Al señor Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Al Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

También a la señora senadora. Gracias.

Señoras y señores senadores;
Amigas y amigos;
Gentes de los medios de comunicación:

Muchas gracias.

A nombre del Consejo Coordinador Empresarial y de los organismos que lo integran, agradezco a esta soberanía por la oportunidad de participar en estos foros públicos.

Celebramos la apertura y la disposición al diálogo y a las propuestas del Senado de la República.

Reconocemos la disposición que vemos en el Senado para escuchar a todas las voces y permitirnos exponer nuestros principales puntos de vista…

(Sigue 7ª. Parte)
…Senado de la República.

Reconocemos la disposición que vemos en el Senado para escuchar a todas las voces, y permitirnos exponer nuestros principales puntos de vista e inquietudes, respecto a la reforma constitucional en materia de derechos a la información y expresión, competencia económica y telecomunicaciones.

Hemos manifestado puntualmente y lo ratificamos ante todos ustedes, que estamos ante una gran reforma de gran calado.

Queremos dejar claro a los representantes políticos de todos los mexicanos, que en el sector empresarial estamos a favor de dar este importante paso para el progreso del país.

En materia de telecomunicaciones, como en todas las áreas de la economía, el sector privado mexicano está por un entorno de mayor competencia, por la convergencia tecnológica y el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la digitalización en términos de desarrollo económico y social en su más amplia concepción.

Queremos que haya más empresas y más y mejores productos y servicios.  Una competencia que derive en menores precios, mayor acceso y calidad, para cerrar la brecha tecnológica y avanzar en la meta de que todos los mexicanos puedan contar con servicios de banda ancha.

Estamos porque haya más y mejores contenidos en todos los medios de información y comunicación. Por una mayor pluralidad y vehículos para el desarrollo de los derechos a la libertad de opinión, expresión e información.

Queremos que se multipliquen los espacios para la participación ciudadana, la difusión informativa, la transparencia y la innovación; para la cultura, la educación, el entretenimiento y la comunicación eficaz de los mexicanos; voz y datos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estamos convencidos de que el paquete de reformas en materia de telecomunicaciones que se presentó en el marco del Pacto por México, y que ha transitado ya por la Cámara de Diputados, apunta en esa dirección.

Coincidimos con los principios y los objetivos que se persiguen.

Lo que procede, en este momento, es que el Senado ejerza a cabalidad su papel constitucional de cámara revisora, para garantizar que el proyecto cumpla con su contenido.

Se trata de asegurar que las reformas tengan viabilidad en la política y que den los mejores resultados. De asegurar que no haya efectos colaterales negativos, ni vulneración de derechos, sobre todo por falta de diálogo y consulta.

Hoy, la tarea es enriquecer la minuta, enmendar todo aquello que deba corregirse o sea perfectible, y aprobar una reforma sólida.

Consideramos que, tal como se ha reflejado en estos foros, y en la opinión pública, hay diversos puntos del proyecto que ameritan revisión, para lograr una mayor precisión, erradicar inconsistencias, cubrir omisiones y en general perfeccionar la minuta.

Esperamos que estas audiencias, a partir de la participación plural de especialistas y representantes de distintos sectores, contribuyan en este sentido, ante la amplitud y la trascendencia de los temas que aborda la reforma.

En nuestro caso, queremos aprovechar la ocasión para concentrarnos en un tema que vemos con mucha preocupación. El hecho de que, dentro del paquete de telecomunicaciones, también se presenta una profunda modificación en el régimen de competencia económica a nivel general, con cambios sensibles en las facultades, funcionamiento y la misma naturaleza de la Comisión Federal de Competencia.

Más allá del estricto ámbito de las telecomunicaciones, se plantean medidas con efectos importantes, para todos los sectores productivos; incluyen una serie de puntos que, con absoluta convicción, consideramos negativos para el entorno económico, la inversión y el empleo.

Las reformas propuestas al artículo 28 constitucional, se crea un régimen de competencia encabezado por un órgano constitucionalmente autónomo y con facultades que no tienen precedente en la OCDE.

Un régimen, que insistimos, sería aplicable a todo el sector productivo, el cual requiere de un clima de competencia económico, eficaz, tanto como de certidumbre jurídica.

Con los ajustes planteados se puede dejar a las empresas sin acceso a justicia, independiente y efectiva en una situación de indefensión.

Estamos de acuerdo en la oportunidad de seguir avanzando en la mejor y fortalecimiento de la competencia en el país; para tener mercados más eficientes y en beneficio de todos los consumidores; pero no a costa de eliminar derechos fundamentales de defensa de los gobernados, ante un sistema sin los equilibrios necesarios.

Hemos afirmado, que la autonomía de la Cofeco y el propio Ifetel, es positiva; con la misma claridad señalamos nuestro total desacuerdo con una autonomía de poderes amplios, sin contrapesos, ni recursos efectivos de defensa legítima y legal a disposición de los entes regulados.

Entre las preocupaciones principales que el proyecto causa al sector privado.  Destacan dos principalmente.

Primero, no se permite más medios de defensa ante procedimientos y fallos de la autoridad reguladora, que el amparo indirecto sin derecho a suspensión. El riesgo es para todas las empresas y no únicamente, como en la nueva Ley de Amparo, para las que operan bajo permiso-concesión, respecto a bienes del domino del Estado.

Dos. Se otorgan al órgano regulador, que investiga y sanciona prácticas monopólicas, facultad de reguladoras de alcance impreciso, así como atribuciones decisorias que relegan, incluso, al Ejecutivo Federal, en la capacidad de generar políticas públicas.

Eliminando la justicia contenciosa administrativa, los amparos intraprocesales y la suspensión en el amparo indirecto, no existe la posibilidad de justicia efectiva, ante terceros independientes e imparciales.

Muy en especial, se podría causar daños irreparables a las empresas, el empleo y la sociedad, ante de que se pueda demandar un amparo, que además, cuando los daños se hayan consumado, sería improcedente.

La eliminación de tajo de la suspensión para todos los casos, sin posibilidad de ponderación alguna, implica el riesgo de hacer irremediables o fatales los perjuicios, aún de los actos más evidentes e irregulares por parte de los organismos reguladores, al grado de hacer inútil la justicia o dejarla sin materia.

De esta manera, tendríamos una reforma regresiva contraria al principio de progresividad de nuestra Constitución y el Pacto de San José, al suprimir en la Constitución derechos fundamentales al debido proceso que hoy existen. Con esto, insistimos, frente a organismos autónomos, con un poder que se podría abusar, sin medios efectivos para sujetarlos al imperio de la ley.

Se vulneraría gravemente el ambiente de inversión, con posibles incrementos en costos y precios por los riesgos inherentes de un modelo jurídico alejado de las mejores prácticas internacionales, en lugar de propiciar mejores condiciones para los consumidores, el efecto podría ser el contrario.

También podría derivar en violaciones por parte de México a sus obligaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros; dando lugar a reclamaciones de inversionistas de otros países, por posibles daños ocasionados por actos de la comisión, que no pudieron ser impugnados adecuadamente.

En el proyecto de reformas, se estipula que la nueva Cofeco, contará con facultades para ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones para eliminar efectos anticompetitivos.

Asimismo, estará facultades para emitir disposiciones administrativas generales, para el cumplimiento de su función regulatoria.

Sin embargo, no deja claro el alcance y límite de estas facultades, que podrían implicar, por ejemplo, la capacidad de ordenar la desincorporación de empresas, bajo cualquier supuesto anticompetitivo, no sólo ante concentraciones expresamente prohibidas.

Es evidente, que estos poderes, incluyen atribuciones materialmente legislativas, ejecutivas y judiciales; en principio las normas generales que emitan Cofeco o Ifetel, por ser órganos constitucionales autónomos no podrían revisarse mediante acciones de inconstitucionalidad, aún cuando invadieran la competencia del Congreso, el Ejecutivo Federal o autoridad locales.

Debería quedar claro que las leyes del Poder Legislativo, prevalecen y pueden acotar las disposiciones de órganos regulatorios.

Por otro lado, llama la atención que la iniciativa establece que la Cofeco, notificará al Ministerio Público de probables delitos, a pesar de que no exista resolución firme sobre la práctica anticompetitiva en cuestión…

(SIGUE  8ª. PARTE)
… a pesar de que no exista resolución firme sobre la práctica anticompetitiva en cuestión.

En relación con el asunto que tanto se ha debatido sobre las competencias de cada uno de los dos nuevos órganos autónomos, considerados que el IFETEL estaría interpretando y aplicando disposiciones de la misma materia que la COFECO, podría generarse criterios e interpretaciones contradictorios. El resultado sería menor eficacia de las políticas públicas e incertidumbre y más inseguridad para los particulares.

Además consideramos importante mencionar que la Constitución no es el ordenamiento adecuado para normar políticas coyunturales, el contenido específico de leyes ni políticas públicas. Al hacerlo se corre el riesgo de requerir sucesivas reformas, aspectos de detalle, cuando cambien las circunstancias y las mismas políticas públicas.

De esta forma la Reforma puede perder efectividad, implica rigidez en un entorno de constante evolución. Lo que se requiere son instituciones fuertes que den certidumbre jurídica sin que se vulneren las garantías constitucionales de personas o empresas.

Por todo lo anterior, hacemos un exhorto respetuoso y sentido a los señores senadores para que analicen a profundidad la Reforma, solicitando que la nueva COFECO sea un órgano independiente que regule la competencia e impulse el crecimiento de la economía. Así como que aplique y haga valer la normatividad vigente sin facultades ilimitadas, que se respete formalidades esenciales de procedimiento y se garantice el acceso a la justicia, principalmente conservando la suspensión del acto reclamado en función de la ponderación del interés social y el derecho. Esta es nuestra principal preocupación: que se logre un buen balance de pesos y contrapesos de acuerdo a estándares internacionales, fortaleciendo al órgano regulador.

Conservar los mecanismos de la defensa para actos arbitrarios de la autoridad durante el procedimiento y así evitar daños irreparables a las empresas y a la sociedad.
Les haremos entrega en esta sesión de una propuesta de ajustes mínimos indispensables a la minuta, en particular al artículo 28 constitucional para que sea analizada.

La relevancia de esta Reforma, de este tipo, con los riesgos implícitos, requiere de un proceso de consulta y de liberación; no realizarse en un proceso de vía expedita. Por eso reconocemos y agradecemos a los señores senadores su disposición para atender nuestras inquietudes y propuestas.

Señores legisladores, insistimos en la convocatoria al Congreso de la Unión, al gobierno de la República y a los integrantes del órgano rector del Pacto por México  a construir acuerdos y consensos con la participación activa de los distintos grupos de la sociedad.

El Pacto por México es un hito que está inyectando un nuevo dinamismo a la política mexicana, construyendo un contexto propicio para la conciliación, el acuerdo y el compromiso. No podemos permitirnos un movimiento pendular que nos lleve de una parálisis a una insuficiente deliberación: el hermetismo, la rigidez o el menoscabo de las facultades como representantes populares. Al contrario, el rol que tienen los diputados y los senadores de la República es más importante que nunca, fundamental para lograr las reformas que México necesita.

Ni los consensos logrados en el Pacto por México ni la voluntad de avanzar con paso firme en los cambios que necesita nuestra nación, tienen por qué estar peleados con la participación ciudadana y la capacidad de revisar y perfeccionar las soluciones.

Vamos adelante con la voluntad reformadora que está tomando forma en el país. En el marco de la democracia, el sector empresarial está comprometido en la historia que todos estamos escribiendo.

México cuenta con los empresarios y sus legisladores para lograr una sociedad más próspera, incluyente, justa, segura y, sobre todo, mucho más democrática.

Gracias, señores senadores.
(Aplausos)

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias licenciado Gutiérrez Candiani.

Le pedimos al doctor Raúl Trejo, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, haga uso de la palabra. 

-EL C. RAÚL TREJO DELARBRE: Muchas gracias, muy buenos días, agradezco muy cumplidamente esta invitación de las comisiones senatoriales que están analizando esta relevantísima Reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El documento que voy a leer es presentado por el Instituto de Estudios de la Transición Democrática y es suscrito por Ricardo Becerra Laguna, que es Presidente de nuestro Instituto que está presente aquí y por los siguientes miembros de nuestra organización: Rolando Cordera Campos, Siro Murallama Rendón, Enrique Provencio Durazo, Pedro Salazar Ugarte, Adolfo Sánchez Rebolledo, José Woldenberg, y un servidor, algunos de ellos están aquí presentes acompañando esta presentación.

La democracia mexicana ha estado incompleta debido a la ausencia de reglas claras y de regulación eficaz para los medios de comunicación.

Durante tres décadas y media nuestro país ha perfeccionado los mecanismos para el cambio y la representación políticos. Hemos logrado y puesto en práctica varias generaciones de reformas electorales, sin las cuales no se explicarían la pluralidad que hoy tenemos en las instituciones políticas.

Sin embargo, esa universidad no se manifiesta siempre en los medios de comunicación. La concentración de muchos medios en pocas manos, la insuficiente cuando no deplorable calidad de sus contenidos y la consolidación de un poder extralegal fincado en las concesiones que usufructúan, han hecho de las empresas comunicacionales, muy especialmente de la televisión, actores políticos, como bien sabemos, que llegan a comportarse al margen de y en ocasiones en contra del Estado mexicano y sus instituciones.

Los medios de comunicación pueden ser formidables propagadores de información y cultura. Pero en las circunstancias mexicanas de los años recientes, distintos operadores y propietarios de los medios más relevantes han desafiado reglas e instituciones tanto electorales como en otros ámbitos, han distorsionado la competencia política, han sido herméticos a la diversidad que hoy se expande la sociedad y han mantenido una actitud patrimonialista como si las frecuencias que tienen concesionadas fuesen propiedad suya y no de la nación.

Por eso la Reforma Constitucional para la Radiodifusión en las Telecomunicaciones resulta inusitadamente alentadora. Las fuerzas políticas del país han demorado, nos consta en lo personal a varios de nosotros, han demorado varias décadas para responder al reclamo social a favor de la Reforma para los medios.
Durante larguísimo tiempo los ciudadanos y grupos sociales interesados en estos asuntos presentaron, presentamos numerosas propuestas en demasiados foros, animados por una convicción articuladora.

Los medios de comunicación y ahora las telecomunicaciones que están ligadas a ello, gracias a la convergencia digital, deben funcionar de acuerdo con el interés público y no solamente como recursos para el negocio privado.

Esta Reforma Constitucional es razonablemente satisfactoria porque recupera dicho principio básico, junto con buena parte de las exigencias que en ese dilatado trayecto presentó la sociedad organizada.

En la propuesta del Pacto por México hay una fundamentar reivindicación del servicio público como elemento articulador para los medios de radiodifusión y las telecomunicaciones.

A partir de ese reconocimiento, en la Iniciativa de Reforma Constitucional, se desarrollan ocho vertientes complementarias y esenciales que menciono a continuación.

La primera de ellas es la creación de una nueva institucionalidad para la regulación de los medios y las telecomunicaciones, garantizar diversidad de competencia, asignar concesiones, revisar su funcionamiento, administrar el aspecto radioeléctrico, son entre otras tareas que requieren de amplias y sólidas atribuciones.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá una capacidad regulatoria equivalente a los desafíos que debe enfrentar.

La autonomía del IFETEL es clave en esa aptitud regulatoria. Sin lugar a dudas es preferible que las concesiones sean entregadas por un órgano colegiado de meticulosa independencia a que las adjudique como hasta ahora el Presidente de la República.

Número dos.- Los concesionarios no pueden utilizar a su antojo las frecuencias de radiodifusión y mucho menos considerarlas como si fueran propiedad suya.

Por eso…….

(Sigue 9ª parte)
. . . . . . . . . . . . . . ........no pueden utilizar a su antojo las frecuencias de radiodifusión, y mucho menos considerarlas como si fueran propiedad suya.

Por eso es pertinente que se terminen las prohibiciones de las televisoras privadas para que los sistemas de televisión de paga retransmitan las señales ya difundidas de manera abierta.

Con el afán de resistirse al most offert, las televisoras han promovido en la semana reciente diversas alteraciones en las propuestas de reforma, pero al menos hasta ahora los partidos políticos han mantenido esa obligación.

Al mismo tiempo terminaría la restricción, una restricción que ha favorecido a las televisoras para que TELMEX ofrezca televisión de paga.

Otra medida que ampliará la diversidad de la oferta audiovisual que recibe la sociedad es la creación de dos cadenas de televisión privada. La sugerencia para que una de ellas sea desagregada en televisoras locales, sugerencia que ha sido presentada en este foro, le restaría eficacia al nuevo sistema, al nuevo esquema de televisión nacional en donde frente a las cadenas que ahora tienen Televisa y Azteca habría dos nuevas redes  nacionales.

3.- Una red nacional más sería de televisión de carácter público, la creación de un organismo autónomo encargado de la radiodifusión y en este organismo sin canales, como se acaba de decir aquí, es un organismo que en principio recibiría los canales que ya tiene el organismo llamado OFMA de la Secretaría de Gobernación.

Un organismo que estaría respaldado con recursos fiscales y sin fines comerciales será un interesante contrapeso frente a las empresas privadas.

Por primera vez, México tendría medios públicos dignos de ese nombre, en lugar de los medios de gobierno, algunos de ellos con trayectoria inéditos muy interesantes, pero dependiente siempre de cada administración gubernamental cuyo desempeño suele ser dificultado por esa subordinación administrativa y política.

4.- En el campo de las telecomunicaciones el establecimiento de límites a los corporaciones que domina la telefonía alámbrica y celular, TELMEX y TELCEL permitirá que haya competencia y abrirá la posibilidad para que los usuarios tengamos mejor servicios, pero eso no sería factible si la plena capacidad de la autoridad regulatoria.

La creación de tribunales especializados contribuirá a facilitar la resolución de conflictos en ese sector.

5.- El Estado Mexicano tendrá por fin, y después de una extensa con costosa omisión una auténtica política para impulsar el uso nacional de las redes digitales. El Estado se encontrará obligado a promover el acceso a Internet.

El Gobierno Federal desplegará redes de banda ancha tanto alámbricas como inalámbricas que deberán llegar a las zonas del país que actualmente no son cubiertas por los servicios comerciales.

6.- El derecho a la información que es prerrogativa fundamental de la sociedad se fortalece con cada una de las disposiciones de esta reforma constitucional. De manera específica el derecho de las audiencias, a contar con defensores institucionales es reconocido en el funcionamiento de los medios públicos, que son los que están obligados a funcionar con pluralidad y con una constante vocación de calidad. La calidad de los contenidos, por otro lado, sería fortalecida con la producción audiovisual independiente en todos los medios de radiodifusión.

7.- La propaganda engañosa y subrepticia que es tan frecuente en los medios, quedará prohibida, y eso no significa intervenir en la orientación y en el contenido de lo que dicen los medios de comunicación. Se trata de establecer reglas, por ejemplo, para vigilar la publicidad dirigida a los niños. Hoy en día esos asuntos son regulados o debieran serlo por la Secretaría de Gobernación. Ya hay regulación de contenidos en temas como el de la publicidad, es preferible que esta regulación sea ejercida por el organismo autónomo,  por una composición con gente calificada a que sea como está hoy, una atribución solamente del gobierno; no es verdad que esta iniciativa limite el derecho a la expresión, es absolutamente falso.

8.- Una nueva Comisión Federal de Competencia Económica tendrá la autonomía y los recursos jurídicos cuya ausencia hasta ahora ha impedido una eficaz respuesta al acaparamiento, las actitudes monopólicas y la especulación.

Como acabamos de escuchar en este sitio, algunos actores de la vida económica han expresado reticencias ante las capacidades regulatorias de esa comisión.

Los empresarios que no acaparan, los empresarios que no especulan no tendrían por qué desconfiar de la acción estatal ante esas conductas.

La iniciativa de Reforma Constitucional es resultado de un acuerdo político, allí se encuentra uno de sus rasgos plausibles, la voluntad de los partidos y el gobierno para poner por delante las coincidencias manifiesta una capacidad para hacer política, es decir, para buscar y articular acuerdos que es de suyo saludable. Es una reforma que favorece a la sociedad, al fortalecer la capacidad regulatoria del Estado.

Estamos, al mismo tiempo, ante una reforma que le resta facultades al presidencialismo en beneficio de la regulación autónoma y el interés de la sociedad. Se trata de una reforma que fortalece a la democracia al acotar la influencia desmedida que por omisiones del Estado y sus operadores han alcanzado, sobre todo, las televisoras.

El mecanismo, gracias al cual ha sido diseñada esta reforma no reemplaza al congreso, al contrario, lo provee de un insumo fundamental avalado por el acuerdo de los partidos.

El pacto ha sido necesario, pero además ha sido posible gracias a la pluralidad política que resultó de las elecciones federales del año pasado.

El hecho de que ningún partido tenga mayoría absoluta en el congreso favorece precisamente los acuerdos del pacto; la capacidad del pacto por México para obtener compromisos tan ambiciosos como esta reforma para las telecomunicaciones tendría que ser aprovechada por este congreso.

Como toda reforma, la que ahora se discute padece algunas carencias, hay asuntos específicos que no se mencionan o no con el énfasis que algunos quisiéramos, ninguno de esos asuntos es de tal magnitud que no pueda resolverse en la ley reglamentaria que debiera ser aprobada antes de medio año.

En esa ley secundaria caben los ajustes que hoy preocupan a muchos de cómo quienes, a varios de quienes me han precedido en esta tribuna, señalan ausencias en la reforma constitucional.

Y, en la nueva ley de telecomunicaciones será de difusión, deberán respetarse y preservarse los lineamientos de la reforma constitucional.

Entre los impugnadores de la minuta también se encuentra aquellos que desearían evitar cualquier cambio, y que ante la extensa adhesión que ha encontrado esta reforma, ahora tratan de prolongar su discusión.

Los senadores y las senadoras están plenamente conscientes de esos subterfugios, no podrían no estarlo. Nadie puede engañarse al respecto, si con el pretexto de examinar asuntos de detalle, la discusión de esta reforma se extiende de tal manera que en caso de recibir enmiendas en este senado, no pudiera ser examinada por la Cámara de Diputados, antes de que concluya el actual período de sesiones, entonces sus posibilidades quedarían seriamente limitadas.

Apreciamos el interés del Senado para conocer diferentes puntos de vista sobre esta reforma,  pero junto con ese reconocimiento exigimos que la reforma sea aprobada, que en caso de que se le hagan ajustes, se trate de modificaciones mínimas y que no alteren los principios que la articulan y que hemos enumerado.

Exigimos lo básico, que en este Senado de la República haya la seriedad y la responsabilidad que la sociedad demanda para que tengamos el nuevo régimen de telecomunicaciones y radiodifusión que establece la iniciativa de reforma constitucional.

Muchas gracias por su atención.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, doctor Trejo. Le pedimos de favor al doctor Ernesto Villanueva Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, haga uso de la palabra. No llegó. Pasamos entonces y si no tiene inconveniente el ingeniero Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, haga uso de la palabra.

- EL C. ING. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ: Buenos días, gracias al Senado por su invitación. El paradigma del desarrollo social y económico del Siglo XXI, es sin duda lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento, que no es otra cosa que el cambio estructural que se origina en el uso estratégico, intensivo de las tecnologías digitales de la información, de la comunicación, de la banda ancha y que da origen a nuevos y más eficientes procesos de producción, de distribución, de comercialización, de expansión bancaria y financiera. . . . . . ........

(Sigue 10ª.Parte)
. . . y que da origen a nuevos y más eficientes procesos de producción , de distribución, de comercialización, d expansión bancaria y financiera, de gestión, de formación profesional, de educación, de salud, de creatividad y de fusión cultural, de entretenimiento y de creatividad global.

Por tanto, la sociedad del conocimiento es mucho más que mejoras en las  capacidades educativas o escolares, es ante todo la libre producción, circulación y acceso a la información, infraestructuras adecuadas y de calidad con alcance nacional y global, es decir, redes terrestres y satelitales que posibiliten la transmisión, el almacenamiento y el procesamiento de información del sistema físicos y virtuales, recursos humanos formados con tecnologías educativas basadas en las nuevas ciencias del conocimiento, presenciales o a distancia, centros de investigación y desarrollo tecnológicos, laboratorios de creación y pensamiento,  empresas productoras de contenidos, normalización, estandarización del uso tecnológico y de procesos, es diseño de sistemas de productividad y competitividad basados en la creatividad y en la innovación.

Es en síntesis el predominio del uso del.. sobre el átomo y de la generación de contenidos inventándose en todas partes, revolucionando una sociedad en al que se promueve la cohesión social, el progreso, el desarrollo integral, donde se fusiona la nanotecnología con la física cuántica y la biología molecular con la medicina genética para beneficio de todos.

La sociedad del conocimiento es por ello un proyecto y no una determinación tecnológica que abarca el conjunto de las principales variables de desarrollo y de la inclusión económica y social del país, de manera tal que no se puede ver aislada  de ese microespacio a riesgo de segmentar  las decisiones y desaprovechar sus potencialidades.

Un proyecto de estos alcances no lo ha resuelto el mercado en ninguna parte, todos los países exitosos, Francia, Australia, Finlandia, Japón, Sur Corea, Singapur, Estados Unidos han sido producto de que definieron una sólida política de estado en el sector de las telecomunicaciones que es el motor principal de esta nueva economía del conocimiento y sociedad de la información.

Implica sí una comprometida participación del capital y de empresas privadas nacionales y multinacionales en competencia, pero sobre todo en el cumplimiento de las metas y los objetivos fijados por el estado como rector regulador, promotor inversionista y usuario de los  servicios e las tecnologías digitales en convergencia y en banda ancha, papel que en México lamentablemente declinó a favor de intereses privados desde hace muchos años.

El proyecto no son las telecomunicaciones ni la competencia de los mercados,  es la definición de nuevas prioridades que al resolver dejan al país con poderosas capacidades e instrumentos con los que enfrentar y resolver lo grandes e históricos problemas de atraso en la educación salud y productividad, superar la desigualdad y la pobreza, erradicar la violencia y revertir la desarticulación social y económica.

Así las cosas no hay la menor duda de que es una falacia el sostener que la sociedad del conocimiento surge de las bajas de tarifa y de la distribución de los mercados y se convierte esta falacia en una densa  cortina de humo que enmascara el problema, está principalmente en el bajo ingreso de los mexicanos, en la falta de participación del Estado como actor principal de la planeación y desarrollo en ese sector de las telecomunicaciones.

Está demostrado que si la conducción del Estado el mercado ni se autorregula ni produce desarrollo por sí mismo.

La crisis de las hipotecas se evidenció esto, y el talón de Aquiles fue precisamente la parte sagrada de este mito, el sistema financiero y bancario que se colapsó porque no hubo ni autocontrol, ni principios, ni ética ni mucho menos principios o intereses que no fuera la rentabilidad legítima o no.

El único beneficio derivado de esta catástrofe en el que al derrumbarse el mito del mercado arrastró con él otro mito  de magia de las recetas y las reformas estructurales promovidas por el consenso de ….
 

Hoy por fortuna, para salir adelante y superar la crisis podemos optar  de manera soberana, decidir por lo que mejor nos convenga, todos los países lo están haciendo, obviamente Siria o Grecia, están tragando la vieja y amarga  medicina que siempre da el Fondo Monetario Internacional, no debemos llegar a este extremo, pero tampoco continuar con la duplicidad  y la disciplina, porque eso no resuelve los problemas, al contrario, los agudiza, como ya vimos y ni siquiera  nos va a servir como calificación  porque ya no hay referente y se comprobó que seguir el instructivo no salvó de la crisis al país, se están multiplicando las posibilidades para los que tienen la decisión de asumir el cambio de manera soberana, hay que tomar el reto.

Si no salimos de esta dinámica inercial, la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto se va a desdibujar.

El Plan Nacional de Banda Ancha anunciado se está perdiendo en el debate sobre la competencia de mercados y sobre su estricta regulación, y esto, sin la guía  del plan y sin que éste se enlace a los cinco ejes del proyecto nacional ideado por el actual gobierno y que van a dar origen al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 difícilmente nos llevará a un buen destino  con la reforma que salga del Congreso de la Unión.

Por ello sostenemos que la deliberación tiene que darse en este terreno y que el debate considere el Plan Nacional de Banda Ancha como el eje rector y el gozne que enlace con los demás planes.

Programas y reformas particularmente  la Hacendaria y Fiscal, manteniendo en todo momento la  prioridad de asegurar el desarrollo de las infraestructuras, de las telecomunicaciones digitales.

Para cumplir con ese propósito es fundamental definir cuáles son la necesidades nacionales que se tienen que resolver, establecer los cambios  estructurales que rompan la inercia con la que nos movemos en este ámbito.

Si bien es cierto que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación se van a dar con o sin plan es inevitable que la diferencia estriba el plan permitirá sacar el máximo provecho de las virtudes de las redes y de los sistemas digitales convirtiendo a México en una potencia en las comunicaciones modernas.

Para darle sentido y asignarle la importancia al Plan Nacional es indispensable construir los indicadores y las metas a cumplir, los costos y la tecnologías  que deberán elegirse, las empresas y capitales que participarán, así como los tiempos y las  etapas para cumplir con el plan.

En este proceso es fundamental definir los términos de la participación del gobierno en el plan, particularmente los montos de inversión para considerarlos en la elaboración del presupuesto.

De igual manera se tiene que reconocer la magnitud de lo que representa la eficiente cobertura social  para las zonas rurales y urbanas marginadas, la ampliación de las redes de alta velocidad para los centros de investigación, la  inversión paral a formación de recursos humanos que se van a encargar de diseñar, administrar, operar y mantener las infraestructuras así como para desarrollar las capacidades que aseguren la transparencia, la asimilación  y la innovación tecnológica, tomar en cuenta la presupuestación para la producción de contenidos públicos, así como para la normalización, homogenización del uso de las tecnologías  de los sistemas.
 
Igual, tener presente que hay que dar respuesta a las contradicciones culturales que surgen del uso intensivo y generalizado de estas tecnologías que van desde el temor y la desconfianza usarlas hasta los efectos de usarlas con obsesión.

Contar con un Plan Nacional obliga a crear las condiciones que posibiliten a hacer lo que se requiere y no solamente lo que se puede o lo que el mercado dispone, pero para  conseguir este propósito es indispensable contar con un inventario de condiciones actuales y elaborar una perspectiva sólida de lo que queremos para México.

En términos de progreso y de  crecimiento con ello, tener identificado el trecho que falta por cubrir, más que redistribuir el mercado, hay que hacer que crezca, la demanda potencial es mucha, pero falta convertirla en real y la reforma debe encausarse a ese objetivo.
 
Otro mito es que si abrimos al 100 por ciento la inversión extranjera solucionaremos muchos de los problemas del sector, baste decir que ni la señora Margaret Tacher, siendo la precursora de las privatizaciones, dejó de tener el control de sus empresas estratégicas, nunca vendió más del 49 por ciento.

Lo que sí podemos afirmar es que la extranjerización del sector nos haría tener capacidad de maniobra en un sector determinante para el ascenso del país como ejemplo de ello tenemos a la banca.

Tampoco significaría más empleos, porque los grupos interesados son los más grandes corporativos de multimedias globales como son Sony, “Extreman”, “Taim” “Warner” o “Disney”, que tienen ingresos anuales…

(Sigue 11ª parte)
....   los más grandes corporativos de multimedias globales como son Sony, “Bertelsmann, AG”, “Time Warner”, o Disney, que tienen ingresos anuales superiores a los 35 mil millones de dólares, y lo más probable es que si les da la posibilidad de inversión al cien por ciento, lo que harán será comprar algunas de las empresas y no crear otras, seguramente les será suficientemente atractivo saber que pueden controlar el 50 por ciento del mercado nacional, habrá quien piense que eso está bien porque entonces nuestras vidas estarán llenas de imágenes dulces, ratones, perros y patos que hablan, hadas y príncipes que realizan sueños, nada de violencia ni de información que nos distraiga y nos haga pensar en el castillo de las fantasías.

Después de tratar de corregir el error dejaría el gobierno mexicano en el plano del populismo de Bolivia o de Venezuela, la trampa está clara, el problema no es tener grandes empresas, todos los países desarrollados las tienen, todos los países desarrollados la tienen, es parte importante de su fortaleza, el problema es no saber qué hacer con ellas, y solo quedarnos en la peregrina idea de destruirlas o venderlas para quitarnos el problema.

Desafortunadamente desde entonces a ningún gobierno le importó en esté país el tema, es hasta ahora, a casi un cuarto de siglo de distancia que aparece una propuesta gubernamental para desarrollar el potencial del sector mediante el establecimiento del Plan Nacional de Banda Ancha, la recibimos con entusiasmo, porque entre otras cosas importantes significa retomar la idea de la política de Estado para que éste recupere su función principal, que es la de conducir los destinos del país apoyándose, y  apoyando a los sectores estratégicos sin excluir a nadie, pero sí definiendo los términos y responsabilidades que cada quien tiene en el cumplimiento de los objetivos y de las políticas públicas.

Sería por tanto un injusto agravio que además del incalculable daño ocasionado al país por una mala decisión, los trabajadores sufriéramos también la degradación de nuestros derechos y nuestras expectativas de futuro; no obstante ser parte central de la existencia y del fusionamiento de lo que ahora nos permite pensar en un país más grande.

Los logros son destacados, y despreciarlos no ayuda al avance del país. Por eso quisiera, hoy antes que nada, agradecer en todo lo que vale al Senado estas consultas, este foro. Lamentablemente en el Senado no tuvieron esa disposición para escucharnos, en la Cámara de Diputados, perdón, hoy reconocemos esa disposición del Senado de tener esta apertura para escucharnos, la verdad es que no puedo negar que soy escéptico porque las presiones para que la minuta se quede como la mandaron de la Cámara de Diputados, parecen ser muy fuertes, pero confío en la disposición del Senado, de ser sensible a las propuestas que aquí se han presentado.

Y también tenemos que reconocer la voluntad política que hoy anima a la clase política, al generar los consensos que le permitan impulsar las leyes y los acuerdos, e impulsen el desarrollo del país. Solo solicitaría respetuosamente, con ese ánimo que hoy percibo en el Senado, que ojalá haya las condiciones para ampliar el acuerdo político por México para que haya una participación más amplia de la sociedad.

Creo, y estas consultas muestras que la sociedad tiene opinión, que la sociedad tiene conocimiento y que es difícil pensar que los senadores o los diputados sean todólogos, que ellos por sí solos sean capaces de elaborar, impulsar este tipo de iniciativas.

Y también quiero decirles que ojalá ahora que se está elaborando esta ley no entre en conflicto con el Plan Nacional de Desarrollo, ahí se está planteando la propuesta donde debe haber una política de Estado, y hay que pensar que debe tener una misma dinámica, pero, bueno, en realidad mi interés por participar en este foro, además de hacerles saber nuestra idea sobre lo que se está discutiendo de esta nueva Ley de Telecomunicaciones, desde el momento que se estaba discutiendo por los integrantes de algunos partidos, de tres, fundamentalmente, el PRD, PRI y el PAN, además de preguntarles qué es lo que se estaba considerando sobre la Ley de Telecomunicaciones, era también qué estaban pensando sobre los impactos que esta ley iba a tener sobre las cuestiones laborales.

No hubo un solo partido,  no hubo un solo actor que me dijera que algo habían considerado, ni siquiera lo tenían considerado. Cuando les empecé a preguntar sobre los impactos labores, parecía como si les estuviera preguntando si había vida en Marte o no, o sea realmente les cayó absolutamente de sorpresa y tuvieron que reconocer abiertamente que no tenían ninguna consideración sobre el aspecto laboral.

Bueno, lo estuve trabajando en la Cámara de Diputados, y afortunadamente todos los partidos se habían comprometido a incluir un transitorio que estableciera que en la Ley Reglamentaria iban a quedar asegurados los derechos laborales, conforme están definidos en la Ley Federal del Trabajo, en los convenios internacionales de la OIT, y en la Ley del Seguro Social.

En esas ocho fatídicas horas, entre que se constituía o no la asamblea, de repente nos desaparecieron el transitorio por no sé qué fuerzas que ahí se expresaron.

Y la verdad me dicen que es redundante, bueno, será redundante o no, porque a ley ya lo prevé, pero qué interés pueden tener en quitar esta parte de los derechos laborales, a mí me parece que solo puede reflejar mala intención, o que no tienen, porque les están dando a desparecer la COFETEL, se está hablando de partir a las empresas en 50 por ciento en participación del mercado, y en ello lo único que no tienen considerado es los impactos laborales sobre los trabajadores, por eso nosotros queremos dejarles a ustedes, además de esta presentación, la propuesta de un artículo transitorio para que esa parte pueda ser considerada en esta nueva disposición, en esta nueva ley. Gracias, muy amables. (Aplausos).

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Gracias, ingeniero Francisco Hernández Juárez.

Le damos la bienvenida al senador presidente, Ernesto Cordero, gracias por estar aquí.  Le pedimos al señor Melquíades Rosas Blanco, integrante del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, y representante legal de la Radio Indígena Mazateca, que haga uso de la palabra.

-EL C. MELQUIADES ROSAS BLANCO:   (Hablando en mazateco).  Señores senadores y senadoras, muy buen día, saludo también a los que nos están escuchando por el Canal del Congreso, que es contradictorio que el trabajo de los señores legisladores, para ver qué discuten, qué acuerdan y qué hacen a favor de la ciudadanía, tengamos que pagar; el Canal del Congreso, si queremos ver que hace cada uno de ustedes, señores legisladores, tenemos que pagar, aquí en la ciudad y de las comunidades, de donde nosotros venimos.

Queremos saber qué hacen ustedes, tenemos que hacer economías para pagar mensualmente a Sky, o “Disy” lo que ustedes hacen, y eso si es una ofensa muy pero muy grave, señores legisladores, porque ustedes son parte de este bien público, ustedes hacen el bien público, y para acceder a este bien público tenemos que pagar y eso no vamos a tolerarlo, y nunca lo vamos a tolerar porque es un bien de la nación el espectro radioeléctrico, y para eso nosotros como ciudadanos tenemos que tenerlo en nuestras manos.

Hablé en mi lengua materna, que es el mazateco, y ahora estoy hablando el español, y el español es nuestra segunda lengua, y en esta segunda lengua vamos a interactuar, pero no se puede interactuar si el Estado Mexicano, hoy aquí representado a través de los señores legisladores, senadores, no reconoce lo que dice en el segundo constitucional, esta nación es una nación pluricultural....

(Sigue 12ª parte)
...de los señores legisladores, senadores, no reconocen lo que dice en el segundo constitucional. Esta Nación es una Nación pluricultural, superamos la época de la Colonia, superamos a la época de esa visión homogénea de este país donde algunos legisladores, estoy hablando de 1800, decían que el atraso de esta Nación era porque había pueblos originarios, había pueblos indígenas, eso decían esos señores legisladores.
Todo eso se superó en el segundo constitucional donde se dice que esta Nación es pluricultural, y no se nos puede negar. Y más en el apartado 6 de ese artículo 2 constitucional que dice “que los pueblos y comunidades pueden operar y administrar sus propios medios de comunicación”. Por lo tanto, queremos que ese 30% del espectro radioeléctrico se reserve, se proteja porque es un derecho público, no solamente de los pueblos indígenas, sino de los obreros, de los campesinos.
Porque aquí en esta gran ciudad del DF aquí también hay diversidad cultural, y es urgente, y es necesario que ese 30% esté en manos de aquellos ciudadanos, de aquellos colectivos que quieren hacer uso de este espectro radioeléctrico, ¿para qué? Muchos dirán: “pues para seguir recreando nuestra cultura, para decir que esta Nación mexicana se reconoce como una Nación pluricultural, pero para eso necesitamos ese espectro radioeléctrico.
Manifestar nuestra manera de pensar, ¿qué aportes podemos darle a la sociedad nacional? Hemos dado mucho durante 500 años, hemos dado mucho, y por eso los Acuerdos de San Andrés si queremos honrarlos, si queremos honrar esos Acuerdos de San Andrés hoy se tiene esta oportunidad, señores senadores, señoras senadoras, de veras. Creemos que el estado de derecho, que con sangre se ha defendido, hoy se puede hacer.
Por otra parte, el IFETEL, un instituto adelante, que se cree ese instituto, pero que también estemos ahí los medios comunitarios e indígenas para que haya esa diversidad y podamos entender esta realidad y afrontar esta realidad pluricultural, diversa. Por lo tanto, señores senadoras y senadores, pedimos a ustedes que en tanto no haya una reforma de telecomunicaciones, porque la actual de veras que nos ha perjudicado.
Somos dos permisionarias indígenas y que, de veras, con la COFETEL no podemos avanzar. Y si hay este nuevo instituto que ahí esté representada también los medios comunitarios e indígenas para poder afrontar esta otra parte del Estado nación, que son los pueblos originarios.
Y la petición que hacía es que mientras no haya esta, porque todavía faltan otros procesos, faltan otros procedimientos legales y reformas institucionales, que cese la represión contra aquellos colectivos que hacen comunicación indígena.
Senador, por favor, hay en estos momentos colectivos que sufren una violencia institucional. Ayúdenos a que eso frene, a que eso se detenga. Y una vez que ya esté la nueva ley, si queremos vivir en una institucionalidad, nos vamos respetando lo que es el derecho, lo que es la vida institucional.
Que la Comisión de RTC del Senado, es otra petición, que nos, que saque un punto de acuerdo, no sé cómo llamarle, pero que exhorte a la COFETEL, dentro del ámbito del respeto, que ya se nos dé los refrendos, llevamos dos años y no podemos avanzar con nuestros refrendos. La Suprema Corte de Justicia amparó a una radio permisionada para poder acceder a la publicidad oficial.
No podemos hacer uso de ese amparo, de la Suprema Corte de Justicia, porque no tenemos el refrendo, y de esto ya hace dos años. Entonces hay un, por un lado apelas al derecho, pero por otro lado la parte administrativa te frena; entonces es importante que la parte administrativa no se ponga en un plan burocrático, sino que realmente a lo que diga la ley, pero entonces la COFETEL está incumpliendo ante una disposición de la Suprema Corte de Justicia, pero ahí están las cosas, por eso decimos que nos ayuden a que la COFETEL ya nos dé nuestros refrendos, y también de nuevo permisos.
Queremos también decirles, señoras senadoras y senadores, que esta palabra no es la palabra mía, sino es la palabra de muchos colectivos que están haciendo comunicación comunitaria e indígena. Algunos haciendo antena libre, porque, como les digo, la actual ley no nos permite más, pero ahí estamos firmes, conscientes de que es necesario llegar acá, y qué bueno que se den estas audiencias.
Es respetable y se saluda, pero también no olvidemos que queremos que en esta nueva ley o en esta ley que se está discutiendo, en esta Minuta que mandó la Cámara de Diputados a esta, a los senadores, ¿qué se entiende por medio comunitario?
Nosotros decimos que se entenderá por servicio de la difusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal, de interés público, prestado por organizaciones sociales con personalidad jurídica y sin fines de lucro, y orientando a satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad, propiciando la difusión de las ideas, ofreciendo mecanismos para la información e integración de la comunidad, estimulando y fortaleciendo la cultura y las lenguas nacionales, la convivencia social y permitiendo la capacitación de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la expresión y el acceso a la información.
Asimismo, deberán ser entendidas aquellas especificidades propias de la radiodifusión comunitaria e indígenas con base en los derechos consagrados en el artículo 2 constitucional. Su finalidad de estos medios comunitarios será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos sociales, no podrá promover ningún tipo de discriminación de acuerdo a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, esa es no solamente el concepto, sino en nuestra práctica.
Los que hoy  ya operamos una frecuencia radial así lo estamos haciendo, y es urgente que ese trabajo sea reconocido en esta ley, en esta reforma de la Ley de Telecomunicaciones. (Habló en su dialecto)
Muchas gracias, señores legisladores, y gracias a los que nos están escuchando, y a los amigos que nos siguen por el Canal del Congreso también un saludo respetuoso. (Aplausos)
-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, Don Melquiades Rosas Blanco.
Les informo a los senadores y senadoras que se iniciará en este momento la etapa de preguntas y respuestas. Un momento.
¿Se encontraba el Licenciado Francisco González Garza? No. Entonces iniciamos sesión de preguntas y respuestas.
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Si algún senador quiere hacer uso de la palabra.
Senadora Claudia Pavlovich.
-LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por su presencia, por sus valiosos comentarios.
Me parece muy importante lo mencionado, las palabra de José Antonio Ardavín, Director del Centro de OCDE, y sobre todo por los datos muy claros que existen sobre las pérdidas económicas debido al sistema, al mal sistema, a la disfuncionalidad del sistema de telecomunicaciones mexicanas donde claramente se establece que las pérdidas entre el 2005 y 2009 fueron alrededor…

(SIGUE 13ª PARTE)
…donde claramente se establece que las pérdidas entre el 2005 y 2009 fueron alrededor de 129 mil 200 millones de dólares.

Creo importante resaltar, que si bien es cierto, toda reforma es perfectible. Creo que estamos en un momento coyuntural importante donde se han logrado grandes acuerdos, donde hay grandes beneficios a favor del sector, pero sobre todo a favor de los usuarios, que yo creo que es una parte toral en esta reforma.

Los millones de usuarios de telefonía, los millones de usuarios que ven televisión, que escuchan la radio y que de alguna manera esperan de todos nosotros que lleguemos a acuerdos que finalmente se redunde en beneficio para ellos.

Es decir, la competencia, sin duda, incentiva al mercado, fortalece el hecho de que los ciudadanos de a pie, como muchos conocemos, estén en posibilidades de elegir en que ¿qué es lo que les parece? ¿qué es lo mejor, a un mejor precio, a una mejor calidad y con un mejor servicio?

Sin duda, son muy valiosos todos los comentarios vertidos sobre el tema, que tendremos que ver, sobre todo en la legislación secundaria, creo que es imprescindible, pero yo creo que es importante que se reconozca, como lo han hecho alguno de ustedes, que es una reforma de gran calado, que hemos esperado por muchos años millones de usuarios del sistema de telecomunicaciones.

Muchas gracias a ustedes por su presencia.

-LA C. MODERADORA SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Gracias, Senadora Pavlovich.

-Si les parece, por método habremos de hacer bloques de preguntas, para luego darle la palabra a los señores expositores.

Tiene la palabra el Senador Manuel Bartlett, y posteriormente sería el Senador Blasquez.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Muchas gracias.

Primero que nada, quiero felicitar al señor Presidente del Senado, que está con nosotros hoy, y desde luego a los presidentes de las comisiones dictaminadoras que han dado un importante giro a como se venían manejando las cosas en la legislación, a toda velocidad, sin discusión alguna, que hemos tenido reformas constitucionales sin que si quiera se haya pasado el dictamen sino minutos antes, lo cual ha sido muy vergonzoso.

Esto que estamos viviendo hoy, pues, es esperanzador, es devolverle al Congreso su función; debatir, discutir iniciativas, y por eso estamos aquí oyendo exposiciones muy importantes que nos sirven enormemente para poder ir tomando nuestras decisiones.

Yo quisiera nada más dejar a los participantes que pudieran contestar, desarrollar un tema, que me parece muy extraño que no se haya discutido.

Si se ha discutido todo, pero no se ha discutido para nada la inversión extranjera, y pareciera que es algo que está ahí nada más; 100 por ciento apertura en telecomunicaciones, y 49 por ciento en la televisión. Esto es de una enorme importancia.

No es cierto que esté abierto porque, cuando se comenta esto, se nos dice: “Está abierto todo”, no es cierto.

Hay una serie de presiones, se llaman obstáculos, pues, a los intereses económicos.

Se dice que la OMC lo aprobó. Pero en la legislación mexicana, no es cierto, no está, está reservado a capital nacional. Está la televisión inalámbrica, pero no está esas disposición, 100 por ciento abrir, así nada más de golpe; y el 49 por ciento en que está prohibida en la televisión mexicana la inversión extranjera.

Que han estado haciendo trampas desde hace año ¿Verdad? con la inversión que es una farsa, porque ya lo vimos cómo, me acuerdo, W-Radio se echaban la pelota entre Televisa y Pierce que ¿Qué quién era el que había corrido a una importante comentadora política de ese medio? Y se envió que el Grupo Pierce ejercía una función de control. Una farsa.
Pero por el hecho de que ya exista este tipo de argucias y trampas, no vamos a decir que ya está abierto, está cerrada la televisión a la inversión mexicana.

Es falso que ya esté abierto en todo el mundo, está abierta en algunas partes, eso obviamente es un…de los grandes intereses económicos trasnacionales, y obviamente tiene un impacto fundamental.

Hernández Juárez, hoy, a quien felicito que toque este tema, y lo describe, y tiene toda la razón, porque nadie lo ha tocado.

Las telecomunicaciones no son nada más un asunto económico financiero eso, estar, o enfocados exclusivamente en que haya ahí una recomposición en relación a los grandes intereses que existen en México en las telecomunicaciones y en la radiodifusión ¿Verdad? le da una connotación exclusivamente económica financiera, y no es así, son instrumentos fundamentales de la gobernación de una país, de la definición de un país, de la seguridad de un país.

Veamos lo que tiene Canadá, está Canadá muy semejante a nosotros.

Canadá dice, en materia de radiodifusión, en materia de televisión, dice: “Este instrumento, y lo conocemos y lo sabemos nosotros, define la cultura, la historia, las características, la identidad de Canadá”, por tanto la radiodifusión debe estar en manos de canadienses. Entonces, que no nos vengan a decir que está abierto, porque quienes están en la misma situación geopolítica que nosotros, que es Canadá, tiene perfectamente establecido que las, y se van cambiando los términos, pero…las industrias culturales, y las industrias culturales de un país definen su cultura, su historia, su comunicación literal, obviamente tomando en consideración lo que aquí se ha dicho sobre las radios indígenas, que es una tremenda omisión.

Pero la entrada, así nada más, del 100 por ciento de capital extranjero a telecomunicaciones, es una barbaridad que ni siquiera se ha discutido.

Y abrir la televisión al 49 por ciento de la inversión extranjera, es otra barbaridad que no se discutió, y que tiene efectos demoledores sobre lo que es la estructura de comunicación política y de seguridad nacional en México.

Yo lo saco a colación porque, pues aquí nos dio la entrada Hernández Juárez, entre otras cosas, como que algo que ya está señalándose, como a quitarle un brazo a unos, y a mover a otros y a desinversionar aquí, pues, los trabajadores dónde quedan.

De manera que tuvo ese acierto, y me da la oportunidad de que alguien lo haya lo señalado.

Tenemos que ver cómo esa presencia del capital trasnacional, que ya sabemos cuál es, no sólo chiquitos se inventan, es muy importante, y es una situación de poder.

Las telecomunicaciones no son cosas tecnológicas, muy bonitas, son cuestiones de poder, poder político nacional e internacional; y las industrias culturales deben de cuidarse para que respondan realmente a los intereses nacionales.
Muchas gracias por su atención.

Si hay alguno de los que han participado que pueda añadir algo a lo que ya dijo Hernández Juárez, pues, sería muy interesante oírlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

-LA C. MODERADORA SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias al Senador Bartlett por su participación.

-Senador Blasquez, por favor.

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Celebro también los ejercicios que realiza el Senado de la República, igualmente felicito y me felicito por ser parte de esta legislatura.

Decíamos que las telecomunicaciones tiene diferentes vertientes:

Tiene la vertiente de la cuestión del servicio público, social.

Tiene la vertiente de… su normatividad, y no debemos de desentendernos que se un negocio, finalmente es un negocio.

Se requiere de grandes inversiones, se requiere de grandes flujos de capital para poder operar una empresa de telecomunicaciones. Una radio, una televisión, desde el origen mismo de lo que es la adquisición de la concesión pública federal.

Ya mencionaba nuestro compañero de las razas primitivas, de las comunidades primitivas, que orgullosamente están en nuestro país, y que debemos preservar…

(Sigue 14ª. Parte)
…de las razas primitivas, de las comunidades primitivas que orgullosamente están en nuestro país,  y que debemos preservar y cuidar de la llamada antena libre.

A mí me hubiera gustado que se definiera exactamente qué es la antena libre. Y yo la puede definir, la antena libre, es el producto de una mala reglamentación de políticas de comunicación social.

Que orilla a muchos compañeros, precisamente, de esas razas primitivas y no denuesto al llamar primitivo la una comunidad, que ya estaba establecida antes del coloniaje; en donde se tienen que ver forzados a comunicarse a través de estas señales, porque no hay una reglamentación.

Yo quisiera establecer aquí, que no estamos para aplicar mayores rigores a los medios de comunicación; no estamos aquí para seguirlos forzando al cumplimiento de reglamentaciones que muchas veces ni el gobierno entiende.

Yo cito un ejemplo, cuando se crea la Cofetel, que es una deshonra nacional esa institución, en donde estamos con actos probados de corrupción, entre sus consejeros, inclusive al nivel de la presidencia de su conserjería; donde los recursos de Cofetel son utilizados para espiar telefónicamente a un secretario de Comunicaciones; es una empresa que es una deshonra nacional.

Inclusive tuvimos que llegar a la misma Corte, para que se dirimiera la diferencia competencial, entre ambas instituciones.

Entonces, yo si quiero establecer, que este órgano, con el cual no estamos enojados, por supuesto que no; pero no podemos utilizarlos con el mismo perfil, que se empleó Cofetel.

Si vamos por ahí, obviamente estamos dando un paso terrible. 

Otro punto donde inclusive se legisló hace unos años, que son la administración de los tiempos oficiales, de un órgano eminentemente político como es el IFE. Creímos que a través de un órgano colegiado, representado por diferentes partidos, íbamos a administrar de manera correcta, los tiempos oficiales y las concesiones públicas; y nos encontramos con que esos tiempos, finalmente muchos de ellos, se cometieron fraudes internos, se les concedió más tiempo a unos, menos tiempo a otros; y lo que sí ocasionó esto, fueron una serie de multas que en el argot político y hasta periodístico, no podríamos definir, sino multas para ablandar al medio.

Entonces, sí quisiera dejar establecido aquí, que los medios de comunicación, no pueden seguir siendo restringidos. No podemos seguir creando organismos de control, porque muchas veces estamos afectando sus propios contenidos.

Cuando hablamos de contenidos, yo creo que la manera como se regulan actualmente a través de la Secretaría de Gobernación y RTC, creo que es la forma correcta, en el medio periodístico no se ha escuchado una campaña o se ha elevado la voz, para señalar que hay actitudes inquisitorias, de parte de RTC; al contrario, me parece que es un órgano, que bien apoyado, que bien fortalecido puede dar resultados.
Y también he escuchado, el tema de la publicidad. Aquí se mencionó, mi maestro Raúl Trejo, lo mencionó.  Y creo que hay que entender el segundo perfil que yo les mencionaba de los medios.

Que en ese perfil, son un negocio. Y tenemos que ponernos en los zapatos de un concesionario, que tiene que pagar toda una estructura tecnológica, que tiene que pagar una nómina, que tiene que estar afrontando gastos, cuando viene una crisis presupuestal, y lo primero lo que el gobierno recorta, es publicidad.

Y el señor de la Coca-Cola y el señor de la zapatería, lo primero que recortan, es la publicidad.

Entonces, sí creo que como legisladores tenemos que ponernos también en los zapatos, y no nada más presentar a los señores concesionarios, como si fueran las brujas del cuento, y entender que la materia prima de un medio de difusión, es la libertad de expresión. Y yo quisiera agregar, también, la libertad de operación.
Muchas gracias, señora presidenta.

-LA C. PRESIDENTA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, senador Blasquez.

En este primer grupo, de tres senadores que han hecho una pregunta, dejaría yo abierto a la respuesta de los señores expositores, para quien desee hacer uso de la palabra, lo pueda hacer con entera libertad.

Adelante, doctor…

-EL C. MTRO. JOSÉ ANTONIO ARDAVÍN ITUARTE: Muchas gracias, senadora.

Hago referencia, exclusivamente, a la pregunta del senador Bartlett, sobre el tema de inversión extranjera directa.

Efectivamente, yo mencioné en mi texto, en el punto cinco, lo que la OCDE ha recomendado, siempre a México, y además no siempre… no solo en este sector, que es, en muchos sectores ha demostrado la apertura a la inversión extranjera, pues beneficios de competencia.

Y en este caso, como hemos dicho, claramente, el problema de este sector, tiene que ver gravemente con la competencia.

Entonces, la OCDE ha recomendado, particularmente en el tema de telecomunicaciones, la supresión efectiva, y mencionaba yo, unilateral de restricciones de la inversión extranjera, por ser del interés de México, como medida para promover mayor competencia y adopción de tecnología.

Esta diferenciación entre el 100 por 100 en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión, como menciona el senador, efectivamente, en distintos países en aras de defensa y del interés nacional y la promoción de la cultura nacional, hay diferenciación. Nos parece que esta diferenciación que se propone en la reforma de hasta 100 por 100 en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión, es entendible, hay varios países que tienen esta misma diferenciación, en el sentido de que, el interés nacional prevalezca, sobre todo, y si hay alguna fusión, pues sea con una mayoría nacional.

La posición de Canadá, es de sobra conocida entre los países, por ser una posición particularmente cerrada a la inversión extranjera directa, aunque hasta ahora, por ejemplo, recientemente también han planteado mecanismos para abrirla.

Canadá es un ejemplo, además, quizá de altos precios y falta de competencia también. Por lo que para la discusión de esta reforma, no es precisamente uno de los mejores ejemplos en esta materia.

Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, maestro.

Tiene la palabra el ingeniero Hernández Juárez.

-EL SR. ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ: Tampoco ése sea el mejor ejemplo, porque uno de los esquemas que más se promovieron para mejorar la competencia, para mejorar el desarrollo del país, fue precisamente la apertura en el sistema bancario, la apertura en a la inversión extranjera en el sistema bancario.

Y, bueno, hoy tenemos, todos los bancos, con mayoría de capital extranjero, y no son precisamente los más baratos del mundo; y no son precisamente los más eficientes del mundo.

Y en general, el capital extranjero lo que ha venido hacer, es a comprar los bancos, no abrir nuevos bancos, no abrir nuevos empleos, y pues no hemos visto claramente que la mayoría de sus utilidades se van a los corporativos de otros países.

De manera que, yo insisto, si no se ponen garantías… además, en el ámbito de las telecomunicaciones ha ocurrido un hecho, que no deja de ser sintomático.

Se habla de que haya 100 por 100 de capital extranjero en las empresas de telecomunicaciones. Y nosotros hemos dicho, creo que no es correcto, pero cuando menos se debería establecer un criterio de reciprocidad, que en los países que quieran venir a invertir en México, dieran las mismas facilidades para invertir en los países de donde viene ese capital.

Curiosamente en la mayoría de los países, no permiten ese nivel de inversión extranjera, como el que aquí está tratando de aperturar en México.

Gracias.

-LA C. PRESIDENTA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, al ingeniero Hernández  Juárez.

Compañero Melquíades Rosas.

-EL SR. MELQUÍADES ROSAS: Respecto a la… pueblos primitivos, no quiero aquí hacer una polémica sobre este concepto, pero solamente traeré aquí a la mesa o a este foro que se está organizando, de que las Naciones Unidas, en su… en una de sus asambleas, hizo la declaración de los pueblos y comunidades indígenas.

Y en ese tratado internacional la OIT, que también habla sobre pueblos y comunidades indígenas.

Ahí hay la definición, de qué es una comunidad, y de qué es un pueblo  indígena.

Casi ya, a estas alturas no se usa la expresión, pueblos primitivos, por la carga de discriminación que trae esta expresión.

En ese aspecto, pues ya todo un lenguaje jurídico, de cómo los tratados internacionales, y también nacional, y el segundo…