… no me cabe duda que el conocimiento se potencializa cuando se comparte y cuando se puede acceder con libertad a la información.
Tenemos como ejemplo la construcción del mapa del genoma humano, que se pudo realizar en menor tiempo, a menor costo, gracias al acceso y la interoperabilidad de la información. Y es el caso también del desarrollo de medicamentos y de estudios sobre padecimientos genéticos.
Existe una tendencia mundial a la que esta soberanía no puede cerrar los ojos.
Entre investigadores, instituciones y gobiernos, para compartir el conocimiento científico, utilizando las ventajas tecnológicas que hoy nos ofrecen Internet y, por supuesto, la digitalización de la información.
Hace apenas 20 días, el pasado 22 de febrero, la oficina de políticas para la ciencia y la tecnología de Estados Unidos, emitió una serie de lineamientos para la publicación en formato de acceso abierto de todas sus investigaciones realizadas con recursos federales.
El gobierno de Estados Unidos invertirá cien millones de dólares para que las instituciones académicas y de investigación garanticen el resguardo de los documentos y el acceso abierto a través de Internet de todas sus investigaciones futuras.
Este es, sin duda, uno de los más recientes logros en el camino por garantizar el acceso abierto como un formato de divulgación científica.
Desde el año 2002, con la declaración de Budapest, por acceso abierto a los textos científicos, debe entenderse su disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar el texto completo del artículo.
El único límite claro está a la reproducción y distribución de los artículos publicados, no puede ser otra que garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser acreditados y citados.
En 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la que pertenece el Estado mexicano, emitió los lineamientos y los principios para que el acceso abierto para datos e investigaciones financiadas con recursos públicos pueda ser una realidad.
En dicho documento se establece la accesibilidad, la flexibilidad, la transparencia, la legalidad, por supuesto la protección intelectual, la sustentabilidad, la calidad e interoperabilidad, como los principios rectores de las políticas de acceso abierto de todos los países miembros de la OPEC.
En este documento se establecen todos estos lineamientos como principios rectores de los países miembros.
Reconozcamos que el progreso de la ciencia no depende sólo de nuevas tecnologías, sino también de la rapidez de lo rápido que se adapten las políticas de investigación, las prácticas, los formatos y, por supuesto, hasta los valores culturales de los países que deseen sumarse a la cooperación científica global.
Según el estudio de publicaciones de acceso abierto, publicado en 2012 por la Comisión Europea, tomen nota de este dato, México es el país con mayor dificultad para obtener fondos para la publicación científica de los 30 países evaluados.
Considero que es una obligación del Estado mexicano encontrar las herramientas para maximizar la divulgación de las publicaciones científicas, especialmente las que son financiadas con recursos públicos.
A pesar de la falta de legislación y ejecución de políticas públicas en materia de acceso abierto, algunas instituciones mexicanas, como la UNAM, son pioneras en América Latina en esta política de difusión.
Y aquí quiero detenerme para hacer un reconocimiento público a la máxima casa de estudios de mi Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México que es también pionera en este tipo de esfuerzos.
Quiero decirles que su trabajo inspira en gran medida esta iniciativa, pues el acceso abierto en la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, mejor conocido como REDALIC, agrupa a más de 800 revistas de distintas universidades y pone a disposición de investigadores y de estudiantes también más de 260 mil artículos científicos.
El año pasado la Máxima Casa de Estudios del Estado de México, emitió un acuerdo por el que se fija el mandato institucional de acceso abierto para el desarrollo de la universidad digital, en el que se compromete a incentivar la creación de un repositorio institucional con el fin de promover la difusión del conocimiento y del patrimonio cultural universitario para permitir su libre consulta, su uso y, por supuesto, su divulgación.
Con mucho orgullo puedo decirles que esta Iniciativa ha sido incluso reconocida por la UNESCO.
Establecer el acceso abierto como la política de Estado en materia de divulgación de la ciencia permitirá que el conocimiento que se produce en México y por los mexicanos, pueda contribuir al desarrollo científico global.
Las modificaciones jurídicas que hoy vengo a proponer a todos ustedes son el cimiento legal para una nueva política de divulgación de la ciencia en nuestro país, para democratizar el acceso al conocimiento científico en el marco de las grandes reformas educativas y de telecomunicaciones que promueven hoy las diferentes fuerzas políticas y el gobierno de la República.
¿Qué objetivos quiero proponer a ustedes con esta Iniciativa para el acceso abierto como política de divulgación de la ciencia, como una nueva forma de democratizar al acceso al conocimiento?
Primer señalar que es obligación del Estado mexicano utilizar las herramientas tecnológicas para la máxima divulgación de las publicaciones científicas, especialmente las que son financiadas con recursos públicos.
Definir jurídicamente que no está regulado hoy en la legislación mexicana el acceso abierto y los lineamientos de interoperabilidad con las que las instituciones obligadas deberán publicar y resguardar los textos científicos producidos en el futuro, entre otros aspectos de esta Iniciativa.
Quiero, compañeras y compañeros senadores, invitarlos a sumar esfuerzos. Democraticemos el acceso al conocimiento científico.
Sumemos al sueño de Vasconcelos la posibilidad de motivar una sana competencia, de incrementar el acceso a la educación igualando las oportunidades de los mexicanos para poder acceder al conocimiento científico de la manera más económica de mayor calidad y con la máxima cobertura.
Para elaborar esta Iniciativa, quiero compartirles que me reuní con quienes pensé podrían tener alguna resistencia, los propios generadores del conocimiento.
Textualmente me dijeron, y creo que su respuesta es contundente:
“Senadora, lo más que podemos perder es el anonimato en el que hoy se encuentra nuestro trabajo al que dedicamos no solamente mucho tiempo, sino convicción y una enorme pasión”.
Pido su apoyo, compañeras y compañeros senadores, para esta Iniciativa que no me cabe duda, permitirá difundir el talento y la capacidad de los investigadores mexicanos dentro y fuera de nuestro país.
Potenciar el Presupuesto público que se destina a esos trabajos, enhorabuena y democratizar el acceso al conocimiento que cada mexicano que desee acceder al conocimiento de calidad, no encuentre en su condición económica una limitación para alcanzarlo.
Hago entrega, señor presidente, hice algunas modificaciones a la Iniciativa que había suscrito hace una semana. Entrego la propuesta con modificaciones.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera.
Senadora Ana Lilia, ¿acepta las adhesiones?
Pido a la secretaría que tome nota de las senadoras y senadores que desean incorporarse a esta Iniciativa. Con todo gusto.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.
En el uso de la palabra, senadora.
-LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, presidente.
Esta Iniciativa que estoy presentando el día de hoy ha sido firmada por todas las mujeres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En los últimos…….
(Sigue 3ª parte)
. . . . . . . . . . . . ...........que esté presentando el día de hoy ha sido firmada por todas las mujeres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En los últimos doce años se han logrado importantes avances en materia legislativa y de política pública a favor de las mujeres.
En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres.
En 2003 se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En 2012 aprobamos aquí la Reforma Laboral, reconociendo con mayor igualdad el rol de las mujeres y el derecho a la maternidad.
En poco tiempo hemos dado los pasos más importantes a favor de la justicia hacia las mujeres en las últimas décadas. Nadie puede dudar del compromiso que tenemos las mujeres con nuestro país, somos quienes proporcionalmente quienes más votamos, quienes más participamos para solucionar los problemas de la comunidad, lo hacemos desde una óptica más sensible, y aportamos dinamismo al mercado laboral.
Es justo en este último rubro en donde es inadmisible que existan vacíos legales que fomenten la violencia contra las mujeres en sus espacios de trabajo, fenómeno que conocemos como “acoso laboral”.
La situación es alarmante, 7 de cada 10 víctimas de acoso laboral conocido internacionalmente como “moving”, son mujeres.
Quiero aclarar que no es lo mismo el “acoso sexual” que el “acoso laboral”. Este último implica que hay personas a quienes se les agrede física o psicológicamente por el simple hecho de que un superior quiere demostrar autoridad porque no cae bien a sus compañeros, por envidia o celos profesionales, no necesariamente involucra violencia física, puede ser verbal o a través de actos ofensivos y tratos humillantes.
Esto es muy grave porque en la mayoría de los casos es ejercido por los jefes o superiores, por lo que la víctima no tiene a quién recurrir. En muchos otros casos se le amedrenta para renunciar, generando a mayor edad niveles cada vez más elevados de estrés y de presión que pueden orillar a esa persona a quitarse la vida.
El Distrito Federal, es según el INEGI, la tercera entidad, por debajo de Jalisco y el Estado de México que presenta el más alto porcentaje de violencia contra las mujeres, 76.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más, han sido víctimas de algún incidente de violencia.
Las mujeres de 15 años y más, que trabajan, declararon ser víctimas de violencia en el medio laboral durante 2011.
Representan el 20.6 por ciento de las mujeres trabajadoras.
El porcentaje de mujeres que sufre violencia laboral aumenta de los 15 a los 44 años de edad, y disminuye entre las mujeres de 45 años y más.
Quiere decir que las mujeres más jóvenes y quienes tienen una esperanza de vida laboral más larga, son quienes padecen con mayor frecuencia este tipo de violencia que demerita su calidad de vida.
Las situaciones más comunes consisten en haber sido humilladas en el 37 por ciento de los casos, haber tenido menos oportunidades para ascender que los hombres, el 11 por ciento, que por el mismo trabajo ellas perciban menos remuneración que los hombres, 10.7 por ciento.
Además, 7 por ciento ha recibido menos prestaciones que un hombre con el mismo puesto, al 5.7 por ciento, todavía le pidieron la prueba de embarazo; y a 4.4 por ciento le bajaron su sueldo, la despidieron o no la contrataron debido a su edad o condición civil.
Esto es inaceptable, pero es todavía más grave que el Estado no cuente con los instrumentos para defender a las víctimas.
Hoy los acosadores operan en completa impunidad lesionando doblemente la dignidad de las personas. Por un lado, agraden sin tener consecuencias legales, y por otro, el sistema propicia que las víctimas sean quienes lleven la peor parte ya sea aceptando las vejaciones, porque no tienen otra opción o perdiendo sus empleos.
Por lo que estamos frente a un fenómeno muy serio de revictimización.
Desde nuestra óptica, este debe considerarse un delito grave frente al cual tienen que imponerse sanciones severas, y sobre todo contemplar que el agresor tiene que hacerse cargo de resarcir el daño con trabajo a favor de la comunidad.
Por eso, hoy estamos presentando una iniciativa para tipificar en el Código Penal Federal el “acoso laboral” o “moving”.
Será a través de la creación del capítulo 2, del título tercero bis, y la visión del Artículo 149-quater al Código Penal Federal.
Buscamos que a la letra el Artículo 149 quater diga: “...Al que en el ámbito de una relación laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma reiterada, sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, y le cause un daño que afecte su dignidad; se le impondrá de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad , y multas de 50 a 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal...”.
Con esta iniciativa estaremos creando mecanismos para la defensa de las víctimas, estaremos llenando un vacío legal, y creando soluciones para poner alto a la violencia.
Ahora, quien pretenda agredir a otra persona en su lugar de trabajo podrá reconocer fácilmente que se arriesga a recibir una sanción e incluso podría terminar en la cárcel.
Estamos obligados, quienes trabajos en política a impulsar una agenda a favor de la igualdad y el trato digno.
Todavía faltan muchos cambios positivos que impulsar, pero tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto.
La muestra, como ya decía en un principio, es que en los últimos 12 años se promovieron más acciones a favor de las mujeres que en las 6 décadas anteriores juntas.
Para finalizar quiero recordar que el pasado 8 de marzo, conmemoramos 102 años del Día Internacional de la Mujer y también debe motivarnos que en 2013 se celebran los 60 años del voto femenino en México.
Estoy segura que con iniciativas como estas seguimos abonando que en nuestra sociedad no detenga su transformación y ponga alto al rezago y a la discriminación.
No podemos cruzarnos de brazos ni las mujeres podemos quedarnos calladas, cuando todavía seguimos viendo episodios de violencia, feminicidios y violaciones.
¡Ni una mujer golpeada o agredida más en México!
Es cuanto, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
Sonido por favor en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?
- EL C. SENADOR LOPEZ BRITO (Desde su escaño): Para felicitar a mi compañera senadora por esta importante iniciativa y pedirle si me acepta sumarme a este proyecto de iniciativa.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Senadora Maríana Gómez del Campo, ¿acepta la incorporación?, así como de la Senadora Ana Lilia Herrera, y pido a la Secretaría que tome nota de ello, con mucho gusto.
Esta Presidencia saluda la presencia de los alumnos de la carrera de Derecho, del Centro de Estudios Universitarios del Sur, de la Universidad de Guadalajara con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, invitados por el Senador Jesús Casillas Romero, bienvenidos.
(A P L A U S O S)
- A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social.
- LA C. SENADORA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores: La iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía............
(Sigue 4ª. Parte)
….compañeras y compañeros senadores, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía, marca importantes precedentes en materia de política y programas sociales, puesto que se trata de una propuesta que garantiza el acceso incondicional a beneficios monetarios y en especie que bajo la modalidad de programas sociales se enmarca en una política que tiene como principios los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de derechos económicos sociales y culturales.
Así el Gobierno ya no podrá justificar su incumplimiento manifestando que no tiene la obligación jurídica o que este tipo de derechos no tienen mayor carácter vinculatorio que el de una sugerencia para la política social.
En otras palabras, estamos proponiendo un marco normativo fundamentado que obliga además a que el Estado actúe y no sólo se abstenga en regular la conducta de actores gubernamentales y privados de cometer actos que atengan contra la dignidad de las personas.
Justo el día de ayer en la primera sesión del año de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, se reconoció por parte de la Secretaría de Desarrollo Social cierto sesgo asistencialista en la Cruzada Nacional contra el Hambre y la importancia de reducirlo, así como de ubicarla en una perspectiva de cumplimiento de derechos.
Los manejos tradicionales de la política social que sexenalmente se nos ha impuesto, dejaron severas consecuencias, cuyos resultados son evidentes, pocos tiene muchos y millones carecen de lo más indispensable, los altos niveles de pobreza, marginación e indigencia en el país, han lacerado el tejido social, deteriorándolo al grado que vivimos en un constante descontento, inseguridad, y la amenaza permanente de la ingobernabilidad social.
De tal manera la pobreza no está sólo ligada a la carencia de recursos económicos, depende de muchos factores, entre ellos los políticos e institucionales. Con ellos se verifica la interdependencia de derechos humanos como garantía s para el goce e instituciones democráticas. En otras palabras, el debate de fondo reside en el sentido y la orientación de las estrategias públicas inscritas en una política social de Estado, más que en programas asistenciales de corto plazo concebidos como la solución del fenómeno en sí mismo, dicho de otro modo, los programas compensatorios y asistenciales, no pueden ser la única solución al problema de la pobreza, éstos deben inscribirse en una visión más amplia y de largo plazo de desarrollo nacional, para orientar al país a ciertos objetivos se requiere que el Estado y la sociedad impulsen políticas integrales en el ámbito económico y social, principalmente aquellos que transforman la política social con la prioridad de eliminar la desigualdad y superar la pobreza, gestando así el bienestar para todos los mexicanos, de acuerdo con las garantías individuales y los derechos sociales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presente iniciativa de Ley no está concebida como la panacea para resolver por sí misma el agudo problema de la población pobre del país, sino que pretende sencillamente convertir las acciones asistenciales compensatorias de corto plazo y discrecionales en política de estado al estar cobijadas por un marco normativo al nivel de Ley Secundaria, derivada de las garantías individuales y de los derechos sociales que otorga nuestra Constitución para el logro de la muy postergada justicia social. Es decir, por una parte reorienta el sentido de algunas políticas públicas y de otra estrecha el lumbral de la manipulación social y la operación política que humilla a la población beneficiaria.
Dicho de otro modo, no se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante sí, sino de que la población reclame, exija si es necesario, el ejercicio pleno de la Ley ante la autoridad gubernamental.
Es momento de construir acciones de estado, colocando a los derechos económicos, sociales y culturales en el lugar que les corresponde en cuanto a su exigibilidad jurídica, por ello, esta iniciativa considera a sectores de la población que históricamente han sido discriminados de los beneficios y prestaciones sociales, como los hogares cuyo matrimonio es entre parejas del mismo sexo, migrantes, niños y adultos mayores cuya dependencia económica se encuentre en una situación que lo tiene privado de su libertad.
En síntesis, esta iniciativa induce la estrategia para construir una plataforma social básica para que millones de mexicanos superen su situación de pobreza y por lo tanto, accedan a las garantías individuales y los derechos sociales que otorga la Constitución del país e instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano a través de un conjunto integral de beneficios, prestaciones, financiamientos y aportaciones monetarias de carácter compensatorio asistencial y temporal, la mayoría vigentes en las actuales políticas públicas, pero con cambios sustantivos que revierten una visión en extremo individualista focalizada, paternalista, manipuladora y humillante que ha estado vigente a lo largo de cuado menos dos décadas.
No se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante si como hasta ahora ha sido, sino que la población recupere su dignidad y exija sus derechos y el ejercicio pleno de la Ley ante la autoridad. Con esto, los mexicanos pasaremos de ser beneficiarios de un programa a sujetos de derecho que exijan el acceso a los mismos por garantía de Ley.
Compañeros y compañeras legisladores, la iniciativa que presento asume la demanda de la presente y futuras generaciones sobre derecho al bienestar y al desarrollo pleno de las capacidades y la dignidad de la población mexicana en situación de vulnerabilidad.
Por ello los convoco respetuosamente a que haga suya esta propuesta, de modo que hagamos realidad la ansiada justicia social para aquellos millones de mexicanos que constituyen los pilares de nuestra nación, asegurando las condiciones de vida digna que se merecen y a las que tienen derecho.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, ciudadana Senadora Lorena Cuellar Cisneros.
Túrnese esta iniciativa las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la igualdad de género y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de hoy, y con fundamento en el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura.
A continuación pasamos a la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Energía con Proyecto de Decreto por el que se ratifica la estrategia nacional de energía, debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, quienes estén a favor de que se omita la lectura de este dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente)
-Quienes estén en contra, manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea no asiente)
-Se omite la lectura, Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se le concede en primer término el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión en los términos. . .
(Sigue 5ª parte)
...el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub para presentar el dictamen a nombre de la Comisión en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras senadoras y senadores:
Se ha puesto a su consideración, en segunda lectura, el dictamen por el que la Comisión de Energía ratifica y somete a este Pleno la Estrategia Nacional de Energía. En la Comisión de Energía se votó a favor por 11 de sus integrantes, 3 abstenciones y 1 ausencia.
Como es de su conocimiento, hace cinco años este honorable Congreso y esta Cámara formularon reformas y algunas leyes en materia energética, entre ellas se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a las atribuciones del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía.
En su artículo 33 la citada ley, fracción VI, estableció que la Secretaría de Energía elaborará, con el apoyo del Consejo Nacional de Energía, la estrategia nacional en la materia, la cual debe tener un horizonte de 15 años, actualizarse anualmente y remitirse al Poder Legislativo para su ratificación.
La fracción VI del artículo 33 obliga a la Secretaría de Energía a integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeación energética. El Consejo Nacional de Energía propone a la Secretaría criterios y elementos de política energética, así como presta apoyo a la dependencia en el diseño de la planeación energética a mediano plazo.
El Consejo, de acuerdo a la ley, cuenta con un foro consultivo en el que participan representantes de los poderes Legislativo Federal y estatales, de autoridades locales, instituciones públicas de educación superior e investigación científica y de los sectores social y privado.
El Ejecutivo Federal se obliga, de acuerdo a este ordenamiento, a enviar en el mes de febrero de cada año para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía.
Doy cuenta de estas obligaciones legales y de los procedimientos que la propia ley nos marca y establece para informar a este Pleno que fueron observados rigurosamente durante el procedimiento de elaboración de la Estrategia Nacional de Energía. La Secretaría de Energía del Ejecutivo Federal formuló un proyecto que se procesó al interior del Consejo Nacional de Energía, el que a su vez convocó a un foro plural, como la ley en la materia lo establece, que enriqueció considerablemente las propuestas a ratificación que envió el Jefe del Ejecutivo a esta Cámara de Senadores en Cámara de origen.
No es un documento que se haga bajo el libre albedrío del Ejecutivo, se escucharon todas las voces y se consultó al Consejo Nacional de Energía. La estrategia cumple con objetivos múltiples, pero dos son fundamentales: uno es el papel que el sector energético desempeñará como apoyo al crecimiento y desarrollo social del país, y otro también fundamental es el que se propicie la inclusión social de la población y los beneficios que derivan del uso de al energía.
En un punto de partida la Estrategia Nacional de Energía, durante su desarrollo temático, reconoce que en los últimos 12 años, en particular en los últimos 6, se han llevado a cabo importantes acciones que han permitido mejorar considerablemente la situación del sector energético, se han multiplicado las inversiones con actividades exploratorias, las cuales han permitido revertir la declinación natural de la producción y alcanzar un nivel de restitución de reservas probadas superior al cien por ciento.
Se ha fomentado la diversificación del sector a través de nuevas regulaciones que incentiven la participación de las energías renovables y se ha materializado la reconfiguración de refinerías a lo largo y a lo ancho del país comenzando con un importante programa de expansión del Sistema de Transporte de Gas Natural en nuestro querido México.
En esta estrategia está guiada por tres criterios: seguridad, eficiencia y sustentabilidad. En cuanto a seguridad lo que se pretende lograr con la estrategia es energía para el crecimiento económico, avanzar hacia la transición energética y mantener un superávit de energía; bajo el criterio de eficiencia se trata de disminuir la intensidad energética, unificar y consolidar la infraestructura energética y garantizar la integridad y eficiencia en instalaciones; en lo que se refiere a su sustentabilidad se trata de lograr un desarrollo incluyente, apoyar a la población menos favorecida y reducir la huella ecológica del sector.
Los logros que pueden alcanzarse con la aplicación de la instrumentación de esta estrategia es que la producción de hidrocarburos no sea menor que en el año inmediato anterior que se deberá contar con reservar probadas de al menos 10 años que la producción de hidrocarburo sea suficiente para abastecer la demanda de petrolíferos en el período de análisis mas tres años.
Por lo que respecta al gas natural, además de que la producción no sea menor que en el año anterior y de que se cuente con reservas probadas de al menos 10 años, se precisa contar con infraestructura de importancia para abastecer la demanda y se orienta a ser llegar combustibles a regiones del país que no cuentan con acceso a ella.
En lo que respecta a la electricidad, el sector eléctrico deberá considerar para su expansión proyectos que permitan alcanzar metas estipuladas en la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética, se incorpora una metodología que reconozca los costos ambientales y sostenga la seguridad energética. La cobertura debe ir a la par del crecimiento demográfico, las líneas de transmisión compartirán los recursos de generación en regiones, y se aprovecharán las fuentes energéticas locales para abastecer la demanda.
Debo decir que la estrategia puede verse como una respuesta propositiva al ya largo debate en materia energética que han sostenido las diferentes fuerzas políticas, todas respecto a la orientación y a las modalidades de operación del sector. No pretende ser la verdad absoluta ni una fórmula mágica, se inserta en el diálogo que con pasión e inteligencia se lleva a cabo en el México contemporáneo.
A riesgo de ser reiterativo, debo de resaltar que en la Estrategia Nacional de Energía por primera vez en mucho tiempo nos ofrece un diagnóstico que hace posible un piso común en el intenso y a veces inconcluso encontrado debate del tema. Es esta una buena oportunidad para tener un nuevo punto de partida en el intercambio de razones y argumentos sin que antepongamos simples opiniones, creencias y a veces incluso hasta suspicacias no siempre justificadas.
Es tan importante el tema para la nación que hago un llamado a la racionalidad, a la objetividad y a la frialdad, precisamente porque es tan importante para todos. En balance estamos ante un lugar de partida y no un punto de llegadas, pero coincidamos o no, estemos de acuerdo o no, el piso de salida para la modernización del sector energético en México consideramos que está contenido en esta estrategia.
Entiendo perfectamente que el debate energético no se agota en una eventual ratificación de este instrumento, pero hago votos porque sea un referente que en los meses por venir abra paso a una deliberación racional, fundada, sin ocultamientos ni prejuicios que nos permita arribar más adelante a una reforma en la materia que permita el óptimo aprovechamiento para todos los mexicanos de los recursos energéticos renovables, y no renovables del país.
De manera que me atrevo a decir que el sector energético constituya el pilar básico de la estrategia del crecimiento nacional y de inclusión social en las próximas décadas. Debo de agradecer y reconocer la participación de todos y cada uno de los partidos políticos en la constitución de los foros de consulta y en la apertura al debate de las ideas.
Como Presidente de la Comisión de Energía lo reconozco, y por lo anterior confiamos en que este Senado de la República ratifique este planteamiento y esta discusión.
Por su atención, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador David Penchyna Grub.
Para fijar su posicionamiento sobre este dictamen que hoy nos ocupa, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo…
(SIGUE 6ª PARTE)
.... del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que presenta la Comisión de Energía a este pleno, fue aprobado no obstante que los diversos participantes, y que finalmente lo aprobaron, expresaron una serie de limitaciones que hubieran ameritado, desde luego su no aprobación.
Vuelvo a analizar los conceptos que vertí en esa reunión de la Comisión de Energía, porque considero que está casi inédito, porque de acuerdo con la difusión que se tiene en este Senado de la República, muy restringida para quienes no están de acuerdo con la mayoría, lo que yo dije resultó casi inédito, y por eso me voy permitir repetirlo aquí para información de este pleno.
La estrategia nacional de energía que remite el Ejecutivo al Congreso no debe aprobarse, no constituye una estrategia nacional para dirigir la política energética, carece de diagnóstico del sector energético, real, no define una política para lograr nuestra independencia energética, y tiene una clara intención de ampliar la inversión privada extranjera, que es contrario a la Constitución de la República.
Explico. En materia de hidrocarburos, la estrategia debería de explicitar la situación financiera de PEMEX, no lo hace, no se menciona que los últimos 12 años PEMEX transfirió a Hacienda más de 7.3 billones de pesos como impuesto, endeudaron a PEMEX con créditos Pidiregas por 1.3 billones de pesos para cubrir la extracción de crudo, por lo que habrán de pagarse casi 4 billones de pesos durante 25 años.
Mencionan que se restituyeron las reservas probadas en un cien por ciento, lo cual es falso. En 2012 las reservas son menores en un 30 por ciento que en el 2003, fueron mínimos los recursos de inversión destinados a exploración en todo el sexenio.
Ocultan que durante los últimos 12 años México exportó 7 mil millones de barriles, exportó 7 mil millones de barriles de crudo, en su mayoría a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que explicará muchas cosas que se nos van a imponer.
Se exportó la mitad de nuestras reservas probadas actuales, en solo 12 años, y agotaron prematuramente el crudo de bajo costo de Cantarell. No establece esa estrategia políticas para desarrollar la industria petroquímica nacional, y desaprovecha así su potencial capaz de generar un valor 60 veces mayor que exportar crudo; abandonan la oportunidad de convertirla como pilar del crecimiento de la economía, todo para entregarla a intereses extranjeros.
Oculta que en el último sexenio se erogaron 25 mil millones de dólares para maquilar en Estados Unidos la refinación de gasolinas, suficiente para construir dos refinerías de alta tecnología y mejorar las existentes. Infundadamente se insiste en que no es rentable construir refinerías.
La proyección de Tula, tan mencionada, con tanta alharaca, está paralizada, convertida en un engaño; no menciona la estrategia que PEMEX ha invertido más de 80 mil millones de pesos en proyectos exploratorios en Chicontepec y aguas profundas sin lograr la producción programada ni reservas probadas; proyectos clasificados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de muy baja rentabilidad y muy alta incertidumbre.
Los únicos beneficiados han sido los consorcios extranjeros contratados, inconstitucionalmente que obtienen enormes ganancias. Se ha retrazado la investigación y los proyectos de instalación en aguas someras, de alta rentabilidad.
No reconocen la compra de acciones de PEMEX en Repsol, todos lo recordamos; la compra de PEMEX en Repsol por 22 mil millones de pesos, acciones que se devaluaron por presión del gobierno español en aras de la españolidad, recuerden ustedes que aquí están los españoles metidos hasta en la cocina, allá bloquearon la inversión absurda de PEMEX.
No aparece la compra de hoteles flotantes, y plataformas a empresas españolas por diez mil millones de pesos, PEMEX Internacional opera sin regulación del Congreso y ...de nadie. Incomprensible que subsidiemos los combustibles con 222 mil millones de pesos anuales, si en el año 2012 recibió de PEMEX por la vía de impuestos 800 mil millones de pesos.
En materia de electricidad. Mencionan el mandato legal de generar el 35 por ciento de la electricidad con energía renovables sin asegurar que sea la Comisión Federal de Electricidad quien aproveche los grandes recursos eólicos nacionales.
Promueven claramente que las empresas extranjeras especulen con una energía renovable expoliando a los municipios con la alta tarifa de alumbrado público, inconstitucionalmente. No cita que México posee un potencial importante para generar energía con carbón nacional, para contribuir a nuestra independencia energética y disminuir costos, utilizando sistemas anticontaminantes.
Para ejemplo, les recordamos que Estados Unidos genera el 50 por ciento de su electricidad con carbón. Se oculta que en México opera el mercado de electricidad privado inconstitucional, denominado Autoabastecimiento Remoto, que es una venta disfrazada de las empresas extranjeras falsos asociados.
Se benefician además del subsidio que les hace la Comisión Federal de Electricidad de los gastos de inversión y de operación, de transmisión y distribución en que incurre la CFE, empresas extranjeras subsidiadas, nada se mencionan.
En 2011 las pérdidas de energía, no técnicas, robos de energía, significaron montos de 35 mil millones de pesos por año, no son las áreas populares marginadas las que más inciden como a veces se acusa, en el monto de estos robos son miles de empresas grandes y medianos, y usuarios de áreas residenciales y la CFE, y la Secretaría de Energía no hacen nada y no lo mencionan.
A diciembre del 2011 la CFE recibió financiamiento Pidiregas para la expansión de la generación y la transmisión por 230 mil millones de pesos, que implicarán un pago anual de 28 mil millones de pesos durante 25 años.
Se ha incurrido para esto en una sobre inversión, esa inversión de 230 mil millones no es justificable, porque la CFE ha planificado la expansión a largo plazo pronosticando tasas de crecimiento anual de las ventas del cinco por ciento, siendo que en la última década, la tasa histórica es de dos por ciento, de manera que esa deuda de 230 mil millones de pesos, para expandir el sistema eléctrico es un absurdo porque está sobrada la producción energética, eléctrica en el país.
El costo futuro de inversión para la expansión del sistema eléctrico nacional podría reducirse hasta en un 60 por ciento.....
(Sigue 7ª parte)
