... -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor Presidente, me permito informar a usted y al Pleno que, conforme al registro electrónico, se emitieron 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
-Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el decreto por el que se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral uno del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República.
Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 constitucional.
-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso, compañero Presidente.
Compañeras senadoras; compañeros senadores:
Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos venido impulsando el tema de la pensión no contributiva para las personas adultas mayores como un derecho universal, por tanto exigible y permanente. Se trata de una medida justa que reconoce su aportación al desarrollo del país y les devuelve la autonomía y la dignidad, que les es negada constantemente.
Pero la presente iniciativa parte de una consideración más amplia, sostiene que se requiere una reforma de mayor impacto y alcance. México no está preparado para garantizar un envejecimiento digno a las futuras generaciones, porque seguimos tomando decisiones coyunturales, remediales y emergentes en vez de construir políticas de Estado.
Hemos abandonado, en los hechos, una tarea esencial para la vida del país, como es la planeación a largo plazo de políticas y acciones de gobierno que les garanticen a la población un mejor estado de bienestar social. Necesitamos construir una sociedad más justa y solidaria, una sociedad para todas las edades; ello pasa necesariamente por adoptar una perspectiva del envejecimiento que nos permita afrontar como sociedad los cambios demográficos que tendrán profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida de las personas y las comunidades.
No se trata sólo de crear programas para un sector de la población, porque en envejecimiento es un proceso que involucra a la sociedad en su conjunto. Todos seremos adultos mayores en un tiempo y otros ya se encuentran en esa realidad.
Reconocemos que ha habido avances importantes en muchos asuntos legislativos en los ámbitos federal y local, pero el tema del adulto mayor sigue siendo un asunto pendiente que sólo aparece en el discurso político, en la agenda de los partidos o del gobierno, por eso necesitamos impulsar cambios de mayores dimensiones.
Antes de discutir qué programas o qué presupuestos necesitamos ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿Cómo construir desde la sociedad un entorno propicio para que las personas a medida que envejecen puedan disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política para que todas y todos podamos envejecer con dignidad?
Hace falta mucha sensibilidad entre quienes conformamos las instituciones del Estado, pero también en las familias y entre la población en general. No obstante, reconozco que hay sobre este tema esfuerzos y propuestas muy valiosas de grupos y organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a enriquecer con sus experiencias y aportaciones la iniciativa de reforma constitucional que hoy se presenta.
Esta iniciativa es resultado del ejercicio de la participación ciudadana de todas ellas, pues una parte sustantiva de su contenido se ha construido con las aportaciones recopiladas en las reuniones que se llevaron a cabo con organizaciones de la Sociedad Civil Organizada de Michoacán, así como en el foro “Los Derechos de los Adultos Mayores”, realizada el pasado 22 de febrero en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Agradezco por ello, como legislador y como mexicano, el interés mostrado sobre el tema, especialmente de organizaciones como: Fundación Nosotros los Jóvenes de Tepuxtepec, Comisión Regional de Derechos Humanos de Ciudad Hidalgo, Asociación Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Vigilancia Permanente de la aplicación de la Ley, Cascadas de Ichaqueo, Biopoder de Uruapan, Sociedad Mexicana de Derechos Humanos, Centro de Investigación y Proyectos Geográficos, Centro de Apoyo a la Salud Alternativa, Fuerza Migrantes sin Fronteras, Movimiento Unido Mexicano de Zacapu, Educación y Servicio Comunitario, Mieduca de Ciudad Hidalgo, Convihve, Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el SIDA, Tiquechihuaske, Náhuatl Chikahuac, Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza, Comisión por la Verdad y la Justicia y el Grupo Petámuti, así como de académicos, investigadores y activistas sociales en defensa de los derechos humanos, de la calidad del Maestro Cuauhtémoc Manuel De Dienheim y Cristina Cortés Carillo, entre otros.
Con todas estas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, hemos arribado a una conclusión: “Hablar del adulto mayor en México, es hablar de una realidad de pobreza, desigualdad, maltrato, abandono y discriminación”.
Llegar a esta edad cronológica implica, entre otras cosas, ser expulsado del mundo del trabajo, de la vida productiva, en el mejor de los casos, incursionar en condiciones de precariedad laboral…
(SIGUE 6ª PARTE)
… entre otras cosas, se expulsado del mundo del trabajo, de la vida productiva en el mejor de los casos, incursionar en condiciones de precariedad laboral, siete millones de adultos mayores no tienen trabajo; 12 por ciento de los que sí trabajan no reciben ingresos. Es decir, en pleno Siglo XXI hay adultos mayores en condiciones de verdadera esclavitud, laborando jornadas arduas sin salarios, a veces explotados por su propia familia.
Ellos tienen que enfrentar, además por su cuenta, problemas de acceso a la vivienda, luchar porque es una práctica común que nadie quiera dar crédito al adulto mayor.
Cerca de 3.5 millones de personas adultas mayores de 65 años viven en pobreza y más de 800 mil se ubican en pobreza extrema, 5.1 millones, casi la mitad de la población de esta edad, se encuentra en rezago educativo.
Es común que se les niegue la atención médica o que ésta sea de baja calidad y con malos tratos. Pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas.
Otro grave problema es el de la violencia que también permanece invisible ante las autoridades en México.
Por estudios académicos sabemos que los casos de maltrato duplican el promedio de toda América Latina. Esta es una pequeña parte de un diagnóstico grave, pero más grave es la indiferencia o indolencia de la sociedad y del poder público.
En nuestra opinión, la reforma que aquí se plantea rescata el carácter social y solidario para con la tercera edad como rasgo esencial del estado mexicano.
Las personas adultas mayores no deben ser abandonadas a su suerte, no basta con programas de apoyo, condicionados que dependen en todo caso de la voluntad del gobernante en turno.
Por estas y otras consideraciones, se plantea reformar el artículo 4° para señalar que toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo. Además se hace explícito el deber del Estado de garantizar que en la legislación, en la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos, se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores.
En esta reforma se propone tomar en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales. Asimismo se plantea atender los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad que han sido proclamadas al seno de la propia Organización de las Naciones Unidas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa constitucional de mérito, será el establecimiento del derecho a una pensión alimentaria que será universal.
Esta medida reconoce la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, independientemente de su situación laboral.
Hoy en día miles de mujeres que no cuentan con seguridad social encuentran en este tipo de pensiones un merecido ingreso económico. Igual sucede con adultos mayores del campo o aquellos que habitan en comunidades indígenas.
Todos ellos fueron excluidos en el esquema del Estado corporativo.
Proponemos establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda.
Finalmente se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra todas formas de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo y las sanciones aplicables en dichos casos.
Sabemos que es indispensable generar un cambio cultural en México para arraigar en la sociedad el respeto, reconocimiento y aprecio de las personas adultas mayores y una percepción positiva del envejecimiento, porque, como hemos señalado, es un proceso que nos concierne a todos.
Esperamos que con la discusión, en su caso la aprobación de esta Iniciativa de Reforma Constitucional, podamos contribuir al establecimiento de una sociedad más solidaria, más incluyente y, sobre todo, más responsable con sus adultos mayores.
Por su atención, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, buenas tardes.
Estoy presentando y me acompañan, y les agradezco, varios senadores, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objetivo central de esta iniciativa es el consumidor, es el usuario de los servicios de telecomunicaciones.
Y cómo le vamos a ayudar mejor a ese consumidor, a ese usuario, pues fortaleciendo la competencia y fortaleciendo también las atribuciones del órgano regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Concretamente ¿qué planteo?
Planteo dejarle a la COFETEL, como está en términos de un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque considero que no es necesario cambiar su naturaleza jurídica, sino tan sólo fortalecerla. Así lo que propongo es eliminar una doble ventanilla que se da en tres vertientes, me explico.
La primera es que pueda COFETEL imponer directamente sanciones y que no dependa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de otras unidades administrativas, para que esas sanciones impongan.
Hoy una de cada cinco de las propuestas de sanción que plantea COFETEL, apenas una de cada cinco, llega a ser una multa y tarda muchos meses para que ello ocurra con otra.
Estoy planteando que se aumente por cuatro veces el monto de las distintas sanciones por infracciones a la ley. Es decir, cuando en 95 se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones, era otro el mercado, otras las necesidades y, por lo tanto, otro el monto de las sanciones.
Hoy pareciera que las sanciones ya no le están doliendo a los operadores que abusan de la ley.
Por lo tanto, COFETEL impone sanciones directamente y las sanciones son más altas.
Segundo.- Que COFETEL pueda también otorgar directamente las concesiones en materia de telecomunicaciones, tal como ya está previsto para Radio y Televisión. Y de esa manera no depende de la voluntad política de la Secretaría, sino solamente con el estricto rigor técnico que debe caracterizar este acto administrativo.
Tercer.- Que para efectos de la declaratoria de dominancia en mercados relevantes de las telecomunicaciones, no tenga que ser la Comisión Federal de Competencia quien haga la declaratoria correspondiente en términos de la ley de competencia económica, sino que lo pueda hacer directamente la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tanto la declaratoria de dominancia, cuanto la expedición de las disposiciones o regulación asimétrica para el operador dominante.
Un acosa muy importante. Se fortalecen las atribuciones de COFETEL en el tema, digamos, esencial de la interoperabilidad entre redes. Es decir, que en tratándose de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, las resoluciones de la COFETEL no sean objeto de suspensión ni provisional ni definitiva en caso de juicio de amparo. Esto por considerar de interés público el tema de la interconexión como el recurso esencial de las telecomunicaciones.
Algo muy importante es que se está agregando todo un capítulo de la protección de los derechos de los usuarios. Parece mentira, pero hoy no tenemos un verdadero catálogo de las obligaciones de la autoridad, de las obligaciones de concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones, y por lo tanto lo que vemos constantemente son quejas de los usuarios porque el servicio es un desastre en algunos de los servicios móviles particularmente. Y la bonificación que recibimos los consumidores o los usuarios es muy poca, la verdad, en comparación con la grave afectación que presenta constantemente este servicio.
En tal virtud, se está planteando que la COFETEL pueda y deba dictar disposiciones de carácter general en materia de calidad de los servicios, al tiempo de agregar una serie de causales de sanción que están totalmente vinculadas con esta prestación de servicios en cuanto a calidad, precio, etcétera.
Se le da una intervención adicional a la Procuraduría Federal del Consumidor para efectos de que también intervenga junto con COFETEL para hacer esta verificación de calidad, de precio, de los contenidos mismos en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, mismos que por cierto también lo que se está estableciendo es una obligación de los permisionarios y concesionarios de no revelar a ninguna persona ni el contenido de lo que se transmite a través de sus redes ni tampoco los datos personas de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Se les está garantizando a los usuarios acceso gratuito a los servicios de emergencia en telefonía. Y algo muy importante, que avisen 24 horas antes de que se vaya a presentar la falla en alguna red tanto autoridades cuanto a los usuarios para efecto de que se tomen las medidas conducentes y que los contratos tipo que se registren ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones contengan tipo de servicio, área de cobertura, precio, calidad, mecanismo de atención de quejas, las bonificaciones o la política de bonificaciones que se va a seguir y que la facturación de todos los usuarios sea estrictamente desglosando por cada tipo de servicio, y que no por el sólo silencio ante una…..
