Senado de la República

Versión de la conferencia de prensa ofrecida por los senadores panistas Héctor Larios Córdova y Roberto Gil Zuarth, previo al inicio de la sesión ordinaria
Senador Héctor Larios Córdova (HLC): Buenos días, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, más bien. En primer lugar, lo que queremos manifestar de parte del Grupo Parlamentario del PAN es que ayer, el día de ayer en la Secretaría de Gobernación, en el marco de la visita de Human Rights Watch, del relator para México, se tocó el tema de los desaparecidos.
Es público que hay 490 desaparecidos documentados, pero la Secretaría de Gobernación ayer declaró que tiene una base de datos de 27 mil desaparecidos. En el marco de la Ley General de Víctimas, que está vigente en este momento, establece el derecho de los familiares de las personas desaparecidas, el que se conozcan plenamente los datos de identificación, que se expresen la medidas para su localización y la integración de las averiguaciones previas correspondientes.
Es un derecho de los familiares saber que las autoridades tienen registrada a la víctima de una desaparición. El Grupo del PAN exige al gobierno --que tiene la obligación-- publique esta lista de los 27 mil desaparecidos si es que son tales, si es que existen, con nombre y apellido, y los datos de identificación para darle cumplimiento al derecho que les da la Ley General de Víctimas a los familiares, de conocer que las autoridades están haciendo lo que corresponde para localizar a sus familiares.
Es un tema que el Partido Acción Nacional va a poner el dedo en el renglón, le va a dar seguimiento, porque nos parece que los temas de seguridad pública deben de manejarse con absoluta concreción, con absoluta seguridad y seriedad y si hay 27 mil personas desaparecidas, estas personas tienen nombre y apellido, tienen denuncia de su desaparición y tienen otros datos que creo que es obligación…no creo, estoy seguro de que es una obligación el ponerlas al conocimiento público.
Ese es el motivo de esta declaración, de esta posición del Grupo Parlamentario y tanto el senador Roberto Gil, como un servidor, estamos a sus órdenes.
Pregunta (P): yo les quería preguntar, precisamente con respecto a ese asunto, ayer estos organismos de derechos humanos calificaron el sexenio del presidente Calderón como uno en los que hubo el mayor número de desaparecidos. Hablan ellos de situaciones, pues prácticamente de tragedia nacional. Yo quisiera que me dieran una opinión con respecto a estos calificativos, que prácticamente reprueban al sexenio del presidente Calderón. Usted senador Gil Zuarth, que incluso fue Subsecretario de Gobernación.
HLC: Primeramente permítame hacer un comentario. Human Rights Watch documenta 249 casos. No necesariamente los casos documentados son todos los casos, de ahí a hablar de 27 mil, me parece que lo que importa es que se documenten, pero no es una solicitud que este hecha con base en un capricho de Acción Nacional, es una obligación que establece la Ley General de Víctimas, es un derecho de un familiar. Si cualquiera de los aquí presentes tuviera un familiar desaparecido, quisiera en primer lugar tener la certeza de que el gobierno lo tiene registrado como una persona desaparecida y la única manera de darle certeza es que se publique esa base de datos, es una obligación, es un derecho de los familiares de las víctimas de desapariciones.
Y lo más importante y por eso hacemos este énfasis, es que se publique esta lista, que nos dé la seguridad absoluta de que cuando se ponen calificativos como los que tú has hecho mención, tiene sustento en la realidad. Cada persona desaparecida tiene, insisto, un nombre y un apellido; tiene un lugar de residencia; tiene un familiar que denunció la desaparición. Tienen que aparecer los nombres de estos 27 mil, sí es que existen los 27 mil. Lo que queremos es exigir al gobierno que trate los asuntos de seguridad con absoluta seriedad y no con planteamientos de tipo político a base de activos y calificativos como los que se han expresado.
Lo que hubo en la administración pasada fue un combate frontal al crimen organizado y efectivamente debe haber personas desaparecidas, algunas de los 249 que documenta Human Rights Watch, son cerca de 100, en donde ellos documentan la participación de Fuerzas Federales o estatales del orden público. Me parece que tienen que integrarse las averiguaciones previas y sancionar a cualquier funcionario público que haya participado en una cosa de estas, pero también debe de publicarse la lista completa.
P: O sea, ¿ven ustedes inflada esa cifra, la ven de mala fe, cómo la calificarían?
Senador Roberto Gil Zuarth (RGZ): Tal  y como fue presentada la existencia de la base datos por la Secretaría de Gobernación, no sólo es un listado de nombres –supuestamente--, sino un conjunto de evidencias sobre circunstancias de hecho en las cuales las supuestas desapariciones o la no localización de personas.
En ese sentido, la información, hacerla pública, no solamente favorece la posibilidad de que los familiares, víctimas indirectas de desapariciones y personas no localizadas, puedan tener elementos sobre el lugar donde supuestamente se dieron los hechos, sino también las autoridades iniciar las averiguaciones previas correspondientes.
La base datos así como la tiene planteada la Secretaría de Gobernación, no sirve para nada. Debe surgir de esa base de datos, los derechos inalienables de las personas de los familiares, de encontrar a la persona que ha desaparecido o que no está localizada y de inmediato iniciarse las averiguaciones previas en el ámbito del fuero común, donde se dieron los hechos de desaparición o de no localización.
Lo que queremos justamente es que se haga pública, no solamente para que los familiares puedan tener información sobre el paradero de sus familiares, de sus seres queridos, sino también para que las autoridades inicien la acción que corresponde en el ámbito de sus atribuciones.
P: Senador Roberto Gil, cuando usted fue Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, ¿quiere decir que usted desconocía esta cifra o no se tenía este listado?, ¿o de dónde habrá salido este listado que ahora tiene la Secretaría de Gobernación? Y también preguntarle, ¿no será una confusión de la subsecretaria Lía Limón en cuanto a desaparecidos y desapariciones forzadas, que estaríamos hablando de dos cosas diferentes, y la que tienen en Human Rights Watch es precisamente en la que participa el Estado, que serían las desapariciones forzadas y esta no precisa si es en las que también participa el Estado?
HLC: Antes de pasarle la palabra al senador Gil. Me parece que lo que documenta Human Rights Watch es 249. Ellos admiten que incluso en un solo estado se habla de mil, pero lo que tenemos que pasar para poder hacer evaluaciones, para saber si están inflados, para evitar usar calificativos, para juzgar una política, que por cierto se sigue aplicando actualmente en materia de seguridad y no simplemente voltear para atrás y descalificar, es dar datos exactos, precisos. Que no solamente es por hacer transparentes, es por que es una obligación  legal.
El artículo 123 de la ley que publicó el presidente Peña Nieto, obliga a hacer pública esta información en beneficio de los familiares. Esa es la única en que los mexicanos podemos determinar si los calificativos con los que, de manera muy superficial, están calificando el pasado, tienen sustento o no tienen sustento y sobre todo, que se haga justicia para esas personas, si es que existen.
RGZ: A nuestro juicio es una irresponsabilidad de la Secretaria de Gobernación, dar por hecho la existencia de una base de datos y fijar esa cifra sin haber revisado la base de datos, sin haber compulsado la información de esa base de datos con averiguaciones previas, en su caso, abiertas en el ámbito local; ni tampoco haber distinguido entre 3 supuestos distintos. Una cosa son las desapariciones, otra cosa son las desapariciones forzadas y otra muy distinta la no localización de personas.
La Ley General de Víctimas trata de manera diferenciada estos tres supuestos, lo mismo que el Código Penal y las leyes vigentes. Es una absoluta irresponsabilidad que lacera el drama de muchas familias, la forma en que la Secretaría de Gobernación ha hecho pública esa información.
Precisamente para aclarar objetivamente todos sus elementos, es obligación legal, por la Ley General de Víctimas, y ética, que la Secretaría de Gobernación haga pública esa base de datos para que los familiares puedan, en el caso de que se aporten mayores elementos, saber dónde está la persona desaparecida o no localizada y también para que las autoridades actúen de inmediato y apliquen la ley.
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