Senado de la República

Compañeras senadoras y senadores:
Informo a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, el pasado 29 de noviembre, se autorizó un rectificación del turno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Gobernación. La Mesa Directiva ha emitido las comunicaciones para que las comisiones tomen conocimiento de esta rectificación.
Compañeras y compañeros senadores:
Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo a través del Canal del Congreso.
Solicito a la secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Acuerdo con procedimiento para la transmisión de asuntos a través del Canal del Congreso.
Distribución.- La grabación de las iniciativas y proposiciones se realizarán una vez por semana los días miércoles, a las 17:00 horas, durante cada Período de Sesiones Ordinarias.
Dos.- La grabación televisiva será de 60 minutos de duración.
Tres.- El programa resultante se transmitirá los días jueves a las 10:00 horas.
Cuatro.- Los grupos parlamentarios podrán presentar asuntos de su interés conforme a la siguiente distribución:
PRI, 4 iniciativas o proposiciones.
PAN, 3 iniciativas o proposiciones.
PDR, 3 iniciativas o proposiciones.
Partido Verde Ecologista, 2 iniciativas o proposiciones.
Partido del Trabajo, 2 iniciativas o proposiciones.
Cinco.- Cada senador dispondrá de un máximo de grabación de 3 minutos para la presentación de su respectiva iniciativa o proposición. Si su intervención excede de ese tiempo, el Canal del Congreso hará la adición necesaria para que las apariciones en televisión de senadores ocurra en términos de equidad.
Inscripción de senadores y asuntos en las grabaciones semanales.
Seis.- Cada martes, hasta las 14:00 horas, los grupos parlamentarios deberán notificar a la Mesa Directiva la relación de senadoras y senadores, asuntos de su respectiva fracción, que acudirán a la grabación correspondiente, y la iniciativa o proposición que presentaran en su caso.
Siete.- La Secretaría General de Servicios Parlamentarios hará los avisos a los senadores el día anterior al de grabación para informarles de la inscripción de su asunto y presentación en el guión del programa correspondiente a esa misma semana.
Ocho.- La Secretaría General de Servicios Parlamentarios, en coordinación con el personal del Canal del Congreso, brindará los apoyos necesarios y la coordinación técnica correspondiente.
Orden de grabación.
Nueve.- El derecho de turno de cada senador para grabación será conforme se presente a la cita para el inicio de la jornada correspondiente cada miércoles, conforme al horario marcado en el numeral 1 de este procedimiento.
El orden de aparición en pantalla de cada senador en el programa se trasmitirá de la siguiente manera:
Número 1.- PRI.
Número 2.- PAN.
Número 3.- PRD.
Número 4.- Partido Verde Ecologista.
Número 5.- PRI.
Número 6.- PAN.
Número 7.- …

(Sigue 8ª. Parte)
… de la siguiente manera:
Número 1, PRI.
Número 2, PAN.
Número 3, PRD.
Número 4, Partido Verde Ecologista.
Número 5, PRI.
Número 6, PAN.
Número 7, PRD.
Número 8, Partido del Trabajo.
Número 9,  PRI.
Once.- En caso de que algún senador no asista para la presentación del asunto que pretendan, se reprogramará su participación en el siguiente día de grabación. Ante la eventualidad de que no se graben todas las intervenciones de senadores, la transmisión semanal de los jueves se hará con el material de video que se alcance a conformar.
Turno de los asuntos transmitidos por televisión:
Número 12. La transmisión que se haga en los asuntos descritos en el párrafo anterior, no involucra el inicio de ningún procedimiento legislativo parlamentario.
Número 13. Los asuntos transmitidos por televisión serán inscritos en el orden del día de la sesión inmediata siguiente, para su respectivo anuncio y turno directo formal a comisiones.
La presentación por televisión no tendrá efectos de recepción y turno a comisiones para su trámite correspondiente.
Generalidades.
14. Las grabaciones y difusión televisiva a través del Canal del Congreso, a que se refiere este procedimiento, se utilizará para presentar únicamente iniciativas y proposiciones que requieren turno a comisiones para su trámite correspondiente.
15. No se permitirá la utilización de esta forma de presentación para otro tipo de asuntos.
Firmado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2012.
Y firman todos los integrantes de la Mesa Directiva.
Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias.
Está a discusión el acuerdo…
En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, a través del Canal del Congreso.
Comuníquese.
Hago del conocimiento de esta Asamblea, que esta Mesa Directiva, también suscribió un acuerdo para designar al representante del Senado, ante el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Acuerdo.
ÚNICO.- Se designa a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, como representante propietario. Y a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, como representante suplente del Senado de la República, ante el Consejo Técnico Consultivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Firman todos los integrantes de la Mesa Directiva.
Es todo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Está a discusión el acuerdo.
No habiendo participaciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias.
Aprobado el acuerdo por el que se designa a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, como representante propietario. Y a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, como representante suplente, ante el Consejo Técnico Consultivo, establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Comuníquese.
Informo, también a esta Asamblea, que la Mesa Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 239, párrafo 1, fracción V del Reglamento del Senado, suscribió otro acuerdo.
Éste en torno a la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo Federal.
Solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura a los resolutivos del acuerdo.
Primero.- Serán sujetos de ratificación los nombramientos que realice el Presidente de la República, respecto de los siguientes empleados superiores de Hacienda:
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Subsecretario de Egresos.
Subsecretario de Ingresos.
Procurador Fiscal de la Federación.
Tesorero de la Federación.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
Administrador General de Recaudación.
Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.
Administrador General de Aduanas.
Administrador General Jurídico.
Administrador General de Grandes Contribuyentes.
Jefe de la Unidad de Crédito Público.  Y
Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
Segundo.- Los nombramientos que realice el Ejecutivo Federal, deberán de remitirse a la comisión de Hacienda y Crédito Público, para que elabore el dictamen correspondiente, en un plazo, no mayor, de 30 días naturales.
Tercero.- La comisión de Hacienda y Crédito Público, directamente o a través del pleno del Senado, podrá solicitar información adicional a cualquier autoridad o dependencia, así como los propios empleados sujetos a ratificación, acerca de su desempeño profesional o académico.
Cuarto.- La aprobación ante el pleno deberá de ser votación nominal, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento del Senado.
Quinto.- Los empleados superiores de Hacienda, que sean ratificados por el Senado, deberán presenta la protesta de ley.
Sexto.- Se deja sin efectos el acuerdo del 12 de diciembre de 2000. Así como su modificación del día 7 de diciembre de 2006.
Es todo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias.
Está a discusión el presente acuerdo…
No habiendo participantes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, sean tan amables de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Es aprobado el acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el acuerdo sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo Federal.
Comuníquese.
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, de la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.
Una más, del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la comisión de Pesca.
Una más, del senador  Aarón Irizar López, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos.
Una, del senador Francisco García Cabeza de Vaca, presidente de la comisión de Reforma Agraria.
Y una, de la comisión de Relaciones Exteriores, Europa.
Con las que remiten los planes de trabajos de esas comisiones.
También se recibió una comunicación de la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa que el pasado 26 de noviembre quedó instalada la comisión especial para el Desarrollo Metropolitano.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuesta de nombramiento de los siguientes empleados superiores de Hacienda.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76 constitucional, en su fracción II:
Fernando Aportela Rodríguez, como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.
Miguel Messmacher Linartas, como subsecretario de Ingresos.
Fernando Galindo Favela, como subsecretario de Egresos. Y
Aristóteles Núñez Sánchez, como jefe del Servicio de Administración Tributaria.

-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Túrnese dicha documentación a la comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: También se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe de la visita privada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el 18 de noviembre del año en curso.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Esta Asamblea se da por enterada.
Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de España y del Presidente del Gobierno español.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Esta Asamblea ha quedado enterada.
Remítase el Informe a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite hoja de servicios del ciudadano Gerardo Bagatella Minutti,  para ratificación del grado de Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Túrnese a la comisión de Defensa Nacional, para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente…

(SIGUE 9ª. PARTE)
...Fuerza Aérea Piloto Aviador.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Así también de la Secretaría de Gobernación se recibió solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: De la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite la Evaluación de Diseño del Programa U001 "Apoyos para el Desarrollo de la oferta Turística".
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Remítase a la Comisión de Turismo.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de octubre de 2012; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2012; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre del año en curso.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió el informe sobre la Reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en atención a lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Remítase esa información a la Comisión de Energía.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación su Informe anual de actividades 2011.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Remítase dicha información a las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a los Grupos Vulnerables.
Siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Para los efectos de los artículos 66 inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2012.  (Leyó, se inserta documento)
Es todo, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto.
Por no haber quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de Presupuesto.
-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente.)
-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente.)
Aprobado el proyecto de Presupuesto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre del año 2012.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Informe del Presupuesto ejercido en el mes de octubre del 2012.
(Leyó, se inserta documento)
Es cuanto, Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Compañeras y compañeros senadores, debido a la gran cantidad de iniciativas inscritas en nuestra agenda de hoy, solicito a las y los senadores que presenten estos asuntos respetar el tiempo máximo de cinco minutos en tribuna para dar lectura a su proyecto.
En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
-EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: Con su venia, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Agradezco a mis compañeras y compañeros senadores por la atención que se sirvan brindar a la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ante este pleno respetuosamente vengo a exponer lo siguiente:
Las relaciones entre los proveedores y consumidores de bienes y servicios públicos se vuelve cada día un proceso más complejo, por lo que es urgente la creación de un marco jurídico claro que otorgue la certeza jurídica al desarrollo fluido de esas relaciones y, sobre todo, que resuelva las controversias conforme a derecho cuando se presenten.
El marco jurídico existente para salvaguardar los derechos de los consumidores ha quedado rebasado, esta iniciativa tiene el propósito de actualizarlo dando a la sociedad con herramientas eficaces para la defensa de sus derechos e intereses económicos, así como para la protección social. La idea es seguir avanzando en nuestro compromiso de atender las demandas sociales que en este renglón son cada día más urgentes.
Lo que propongo es el perfeccionamiento del instrumento legal para realizar de manera efectiva las acciones colectivas, esto permitirá un reconocimiento institucional traducido en resultados verdaderos y concretos donde el rezago de la justicia se resuelva evitando el burocratismo en la atención de los expedientes judiciales.
La justicia para ser realidad debe ser pronta y expedita, y con esta iniciativa se conseguirá un procedimiento más ágil al disminuir de manera considerable los tiempos de duración de los procedimientos judiciales, con lo que los ciudadanos podrán contar con atención seria, profesional y sensible a sus demandas.
En cuanto al derecho comparado es importante señalar que en los países europeos la sociedad es más participativa para asociarse en la defensa de sus derechos. El 78% de sus habitantes se encuentran organizados en diversas agrupaciones para velar por sus intereses, por el contrario en nuestro país estamos alejados de todo lo que a agruparse se refiere.
Contamos con una ínfima cifra del 4.5% de nuestra población que participa en alguna asociación. En los países de Latinoamérica los ciudadanos en este supuesto sólo alcanza el 17%. Con las herramientas jurídicas concretas nuestros conciudadanos acudirán en mayor medida a buscar asociarse en defensa de sus intereses legítimos, por ello la reforma que se propone coadyuvará a que tengamos una sociedad más participativa, y sobre todo protegida con las instituciones para el desarrollo colectivo.
Es necesario dotar a los consumidores de los instrumentos adecuados para su protección, ser garantista de su condición y velar por sus intereses. Quienes vendan los servicios y presten, quienes venden los bienes y presten los servicios tienen ya un acto jurídico adecuado para salvaguardar sus intereses. Por ello, la competencia de los tribunales quedará sujeta a los intereses de los consumidores en la medida que ellos podrán elegir el lugar que convenga más a sus intereses para la atención de sus demandas.
Debemos atender el carácter social de estos procedimientos, son conquista de la sociedad ganadas en el terreno…
(SIGUE 10ª PARTE)
… atender el carácter social de estos procedimientos, son conquistas de la sociedad ganadas en el terreno legislativo, son grupos vulnerables las víctimas de los abusos de los  referentes de bienes y servicios de mala calidad.
Se requiere la rigidez propia de los jueces sin perder el sentido social de los juicios.
Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor senador González Cuevas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En uso de la tribuna, el senador Carlos Mendoza Davis, para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que adiciona los artículos 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el 31 de la Ley General de Turismo.
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores.
La modernidad demanda una gran responsabilidad y la competitividad demanda, sin duda, sustentabilidad.
El planeta sufre las consecuencias de un sistema económico que en su esencia conceptual parece haberse agotado. Se agotó en sus beneficios, pero se agotó también y más importante en su relación con los recursos naturales que lo nutren.
Los seres humanos hemos generado riqueza como nunca antes. El conocimiento ha propulsado un cambio vertiginoso.
Tan sólo en el Siglo XX la economía creció 60 veces más que en el resto de la historia de la humanidad.
En el mismo periodo, sin embargo, el hombre ha contaminado más el mundo que en toda su historia.
La paradoja de la economía del Siglo XXI es entonces que mientras más riqueza se genera producto de los bienes de la tierra, más pobre es el planeta por el daño a los recursos naturales.
Tenemos que proponernos alcanzarnos un modelo de desarrollo amplio y generoso, uno donde quepamos todos, nuestras vidas, nuestros hijos y la naturaleza misma.
Es posible hacerlo, es más, es nuestra obligación.
Tenemos una alta responsabilidad desde esta soberanía: impulsar el crecimiento. Pero un crecimiento que se convierta en desarrollo sustentable. Hay que asegurar la prosperidad en un sentido amplio, el que incluya, el que preserve, el que garantice que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recibirán un patrimonio ambiental.
La riqueza natural de nuestro país da bienestar a millones de mexicanos. Hoy la preservación de esta riqueza que constituyen nuestras áreas naturales, se ve amenazada por una actividad que si bien contribuye innegablemente a la generación de empleos y al crecimiento económico de nuestro país, al no estar adecuadamente limitada en su ejecución, provoca efectos negativos en el ecosistema y riesgos graves en la salud de los ciudadanos, me refiero a la actividad minera.
Es un hecho indiscutible que no obstante su muy importante contribución a la producción interna, la actividad minera es por naturaleza depredadora del ambiente e insostenible. Por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone por supuesto su agotamiento.
De manera particular la minería metalúrgica que se realiza a cielo abierto implica contaminación por polos y ruidos, disminución de la calidad del paisaje, modificación a la geomorfología, generación de residuos, pérdida de capa orgánica, modificación de la topografía natural, caminos de penetración, pérdida de cubierta vegetal y modificación del hábitat, entre muchos otros efectos.
Para obtener un kilo de oro se remueven toneladas de tierra, se utilizan miles de litros de agua y grandes cantidades de cianuro, que es un elemento potencialmente devastador.
No olvidemos que en muchas partes del país, incluyendo a mi propio Estado, Baja California, Sur, porque carecemos de ella, el agua vale más que el mismo oro.
Sobre la riqueza está la vida y sobre la utilidad está la salud. Que quede claro, no decimos no a la minería, a la inversión, al espíritu emprendedor. Decimos no y ese sí responsable y firme al desequilibrio, a la devastación, a la inversión a cualquier costo.
Si la minería es importante para el país, no menos lo es la preservación de nuestros recursos naturales que en buena medida dan vida también a la actividad turística, fuente de empleo, divisas y orgullo de México.
La iniciativa que con el aval del Grupo Parlamentario del PAN suscribimos 36 senadoras y senadores de Acción Nacional, trata de reforzar la protección de áreas naturales protegidas y las zonas de desarrollo turístico sustentable, impidiendo que en ellas, sólo en estas áreas, puedan llevarse a cabo actividades depredadoras como la minería a cielo abierto con fines metalúrgicos.
La ecuación es simplemente sencilla, no hay desarrollo que valga el sacrificio del legado natural de futuras generaciones.
En México las áreas naturales protegidas se determinan con la finalidad de preservar nuestra gran biodiversidad para salvaguardar la diversidad genética, la flora y la fauna, así como el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. Por su parte, las zonas de desarrollo turístico sustentable son declaradas como tales por su capacidad de generar bienestar con base en el respeto al entorno, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.
Por ello resulta legalmente incongruente que por un lado de manera responsable se determinen áreas naturales protegidas y de desarrollo turístico sustentable; y por el otro, se permita que dentro de ellas se realicen actividades depredadoras y riesgosas para el medio ambiente, como la minería abierta con fines metalúrgicos.
Compañeros y compañeras senadores, Antony Guines, querido maestro, alertó hace años que nuestro tiempo estaría marcado, por lo que denominó la economía del riesgo.
La devastación permanente que producen los fenómenos naturales y la irresponsabilidad humana, lamentablemente, tristemente le han dado la razón.
A mi juicio, la mejor forma de enfrentar el riesgo es previniéndolo, hagámoslo ahora. No lo olvidemos, el crecimiento sin sustentabilidad es irracionalidad.
Lo escaso es siempre doblemente valioso, los recursos siempre escasos e infinitos, protejámoslo. Se los pide un mexicano, se los pide un legislador que proviene de una tierra que conoce el desespero de la escasez, pero también del orgullo de defender la naturaleza como patrimonio común.
La minería debe florecer ahí en donde sus beneficios se maximizan y sus riesgos se reducen.
En Baja California, Sur, sabemos que una de las mayores obligaciones que tenemos es preservar lo que la naturaleza de manera generosa nos ha dado.
Pero seguro estoy que todos ustedes, cada uno de ustedes, saben lo mismo de las entidades a las que representan.
Defendamos a la mejor minería, siempre y cuando se establezca en las áreas que tengan esa vocación. Ofrezcamos al mundo el mejor turismo, obtengamos lo mejor de ambas actividades preservando el medio ambiente y de paso la enorme satisfacción de saber que cumplimos bien y a tiempo con México.
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, ante esta asamblea propongo el proyecto de decreto para reformar el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, así como el 31 de la Ley General de Turismo, para prohibir el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera con fines metalúrgicos en áreas naturales protegidas y en zonas de desarrollo turístico sustentable, cuyo texto solicito se inscriba íntegro en el Diario de los Debates.
Por su atención y potencialmente por su apoyo a esta noble iniciativa, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Mendoza. Como lo solicita, se hace la inserción del texto de manera íntegra y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera.
En uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 constitucional.
No se encuentra presente.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se recibió del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que se turna a las Comisiones Unidas, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
En uso de la tribuna, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General.
-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros senadores.
Una realidad de nuestra vida cotidiana es que vivimos en una sociedad de consumo, que todos somos consumidores….
(Sigue 11ª parte)
. . . . . . . . . . .......una realidad en nuestra vida cotidiana es que vivimos en una sociedad de consumo, que todos somos consumidores, y que a veces nos convertimos en consumistas.
Nuestro sistema jurídico-político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural de la población que atienda a los diversos problemas que se presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política y económica y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la cultura, a la tecnología de la información, entre muchos otros satisfactores.
El mandato constitucional que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.
Que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza que permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
En este contexto el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
Fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo aprovechamiento y uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos y créditos, así como el expedir la legislación reglamentaria, que aquí mencionó mi compañero Isaías, para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.
Es muy importante contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional, el consumo popular, así como imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de los precios. Además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses.
El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental, para tal fin, debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimiento al imperativo constitucional de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas estableciendo las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación de daño.
El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales, leyes secundarias que nos permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos representantes populares.
Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del Estado Mexicano, además conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o tecnológico, y muchas veces sólo por el crecimiento demográfico se vuelven más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país.
En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes.
Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica por encima de los intereses, derechos, y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo.
Por ello, se considera necesaria la creación de una comisión ordinaria de competencia económica y derechos de los consumidores, que entre otras funciones revise y actualice el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores.
Para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita, es indispensable además que sea revisada, actualizada o creada, de ser necesaria, las disposiciones legales que regulan la prestación de bienes y servicios cuidando siempre el beneficio del consumidor final, que es el que paga todo.
De igual forma, proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas con lo que se evitará la especulación, el acaparamiento y el alza indebida de productos básicos lo que beneficiará al comercio, a la economía y a los consumidores.
Es por eso que propongo el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para incluir, dentro de las comisiones ordinarias la de competencia económica y derecho de los consumidores para quedar como sigue:
Primero.Las comisiones ordinarias serán las del: 1 al 30, y la 31 diría: “...Competencia económica y derechos de los consumidores...”.
Muchas gracias, le pediría a la Presidencia que sea inscrito el texto completo del documento.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Con mucho gusto senadora, se hace la inserción del texto de manera íntegra.
Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda.
En uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que presenta proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 134, Constitucional.
- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, buenas tardes compañeras, compañeros senadores, con el permiso del Senador  Presidente de la Mesa Directiva.
En nuestro país existe una gran corriente de pensamiento que ve como un gran despropósito que la Contraloría, encargada de vigilar el manejo de los dineros esté a las órdenes del Ejecutivo Federal.
Aquel que se encarga de detectar y sancionar l os actos de peculado y de corrupciones al servicio, y por lo tanto al arbitrio del titular de la máxima magistratura.
Y hay que decirlo, nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el contralor de la nación sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo.
Y para logar una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos en la que la sociedad se puede erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.
Sólo a través del empoderamiento ciudadano con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.
Es por lo anterior que se propone ciudadanizar la Contraloría, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México.
La corrupción a nadie le es ajeno, es el gran lastre que.....
(Sigue 12ª. Parte)
. . .  solamente al pueblo de México.
La corrupción a nadie le es ajena, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia una estadía de bienestar y desarrollo económico.
Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios ha imantado su imperio en todos los órdenes de gobierno, así como todos los sectores sociales del país.
Una instancia sólida,  queda claro y ciudadana debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacia abajo.
En materia de combate a la corrupción  México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido.
La Convención Interamericana contra la corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones comerciales internacionales y apenas en el 2004 nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estos instrumentos, de conformidad   con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la Ley Suprema de toda la unión. Por eso con la creación de una  contraloría ciudadana, México estaría honrando lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado especialmente en lo que respecta al artículo 6º de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Países como Venezuela  ya cuentan con una contraloría autónoma, esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial sino a lo que ellos denominan “poder ciudadano”.
Una de las funciones primordiales de esta contraloría ciudadana sería por tanto encargarse de coordinar todo sistema de control y evaluación gubernamental, de igual forma sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.
De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad de los procesos de responsabilidad penal que se instauren por falta u omisiones de cualquier funcionario público.
 
Un punto más a destacar de esta propuesta es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción cuando por cualquier medio se entere de que algún medio se entere de que algún servidor público violó la Ley.
También podría iniciar sus  investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.
Es indispensable vigilar y ahí se aboca la presente iniciativa que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer con carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito.
Perfil que dicho sea de paso, no considera la propuesta del que nos ha enviado aquí recientemente.
La Comisión Nacional Anticorrupción que ahora proponen los compañeros del Partido Revolucionario Institucional sólo se aúna a una simulación en un tema tan delicado como es el combate a la corrupción.
No podemos concebir a una instancia creada a este efecto sin dos elementos fundamentales: capacidad para perseguir delitos, es decir, que cuente con dientes y la introducción de un procedimiento de selección  donde intervenga la sociedad civil.
La iniciativa, por lo tanto, que hoy presento a esta soberanía, compañeras y compañeros, cuenta con ambas; por un lado se dota a la contraloría ciudadana de la facultad de perseguir ante los tribunales federales de todos los delitos relacionados con actos de corrupción o uso indebido de los recursos públicos cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos y por el otro, se garantiza la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del contralor ciudadano, siendo que las universidades, las instituciones de educación y las organizaciones civiles, propondrían a los individuos que de acuerdo a su accionar profesional, currículum, honorabilidad, encajen con el perfil deseado.
El contralor ciudadano general será después elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, es la propuesta que vengo a presentar ante este pleno.
Es cuanto, Senador Presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador Robles.
Se turna a las Comisiones Unidas  de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
Señor Senador Rufo.
Sonido en el escaño del Senador Ruffo.
-EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL (Desde su escaño): Señor Presidente Burgos, para preguntarle al senador Benjamín  Robles, si es posible aceptar mi adhesión a su propuesta.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  ¿Acepta, Senador?
-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Acepto.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:   Aceptada.
Tomo nota, aceptada.
Se recibió de las   Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera y los senadores Isaías González Cuevas, Armando Neyra Chávez y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que se turnan a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.
En uso de la tribuna, el Senador Fernando Herrera Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley de Vivienda.
-EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: Con el permiso de la Presidencia.
La actual consolidación mundial en la industria solar, es una realidad y en México parece que apenas lo estamos advirtiendo.
Varios países en el mundo muestran hoy sus avances tecnológicos basados en energía limpia y en eficiencia energética en lugar de seguir confiando en la energía nuclear y en los combustibles fósiles.
La generación de empleos, la seguridad energética y la protección climática representan hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.
Nunca como ahora el mundo está mostrando su preocupante adicción a las energías fósiles, especialmente del petróleo.
El modelo fosilista de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad  del mundo contemporáneo debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX.
La historia del consumo energético así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica que el cambio climático es  en buena parte, consecuencia precisa de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo  y el gas que generan que general graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero y al cambio climático.
Según datos recabados por  la Organización Green Peace y el cuarto Informe de evaluación de febrero del 2007, del grupo intergubernamental de expertos en el cambio climático, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado  unos puntos 74 grados centígrados en el último siglo. En Europa este aumento ha sido del .95 en las últimas décadas; mientras que el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo 20, y para el año 2010 se previó una subida adicional de 19 a 58 centímetros.
Este aumento de temperatura es el mayor de los últimos 10 mil años al igual que la velocidad con que se ha producido, se está alterando el clima de manera que ya la humanidad está sintiendo estos efectos.
Ante esta situación, urge que nuestro país inicie el tránsito hacia las energías limpias, ello implica, cambio social, cambio tecnológico y cambio económico estructural que haga posible un cambio de paradigma energético que no abrigue ningún temor en el tránsito de una economía petrolera hacia una economía limpia.
Basada en  fuentes de energía renovables, México tiene la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.
Llegó el momento, compañeras y compañeros senadores  de poner en marcha en nuestro país la transición hacia un sistema energético basada en la explotación directa e indirecta  de la energía solar, fuente la última instancia de toda energía disponible en esta tierra.
Bajo este contexto y considerando que el uso de energías renovables en México es todavía limitado, propongo a esta soberanía una reforma al primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que se promueva el uso de la energía solar  en viviendas y que éstas cuenten con captadores solares  para el calentamiento de aguas sanitarias y sistemas fotovoltaicos para la producción de electricidad de origen solar entre otros.
Por lo expuesto y fundado y en congruencia con la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética  y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la energía, me permito poner a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto.
UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo. . .
(Sigue 13ª parte )
....  la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Unico. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden al artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue.
Artículo 71. Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas “fotovoltaicos”, para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.
Transitorio.  Unico. El presidente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Muchas gracias, senador Herrera, se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.
Se recibió del senador Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, y Jorge Luis Preciado Rodríguez, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso de la General, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, segunda.
En uso de la tribuna, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas senadoras, para presentar proyecto de decreto por el que se adicional dos párrafos al artículo cuarto constitucional.  
-LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA:  Gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en representación de mis compañeras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Estela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlobich Arellano, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, y la de la voz, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI,  venimos a proponer a la más alta tribuna la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presente iniciativa propone establece, regular, implementar e impulsar, fomentar y promover por parte del Estado cuatro grandes rubros que han de ejecutarse de manera transversal, íntegra y concurrente.
Número uno. Una cultura de educación alimentaria sana y nutricional en nuestro país.
Número dos. Una producción y consumo preferente de los alimentos elaborados a nivel local, que propicien una autosuficiencia alimentaria, incluyendo activamente los mecanismos adecuados y eficaces para el abasto oportuno, suficiente, incluyente de alimentos a la población.
Tres. Un desarrollo y crecimiento del país, a través de la promoción y aseguramiento de la seguridad y soberanía alimentaria.
Y cuatro. Una completa sustentabilidad agroalimentaria para toda la sociedad mexicana.
Educación Alimentaria Sana. La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaría y nutricional.
El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos, están propiciando a factores socioculturales, que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados, y una serie de enfermedades, como la diabetes, la anorexia, la bulimia, la obesidad, las cuales traen problemas nutricionales que repercuten en la calidad de vida de la población.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblo a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña mediana producción, respetando sus propias culturas y diversidad de los modos campesinos, pesqueros, e indígenas de producción y comercialización agropecuaria, y de gestión en los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.
La seguridad alimentaria ha sido conceptualizada como el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuven a su desarrollo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONVEVAL,   ha reportado que de un total de 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria, el 46 por ciento está en situación de pobreza multidimensional, donde el grano más importante de la dieta es el maíz, es el que se ha visto más amenazado por el alza de su precio, la disminución de la superficie de cultivo y el impacto negativo al medio ambiente.  
Datos adicionales en torno a la seguridad agroalimentaria en nuestro país se presenta en los índices de importación de México, los cuales reportan que el país compra al exterior poco más del 25 por ciento del maíz, casi la mitad del trigo, un 80 por ciento del arroz, un 90 por ciento de soya, un 40 por ciento de sorgo, y el siete por ciento de fríjol que consumimos.  
Nuestro país importa el 40 por ciento de los alimentos que se requieren para lo que se destinan más de 20 millones de dólares al año.
En conclusión, es una necesidad prioritaria hacia modelos que permita comprender, mejorar y diseñar sistemas de producción agrícola, y de transformaciones  a escala territorial, es decir, hacer realidad la exportación de lo que se produce en cada estado, se trata de regionalizarlo, a fin de que en base a las necesidades o abundancia de cada entidad federativa se implementen las acciones pertinentes para actuar en específico al caso concreto, es una actividad integral, concurrente y transversal entre todos los sectores, tanto públicos como privados, no sólo se trata de reconocer el derecho a la alimentación, sino la implementación de políticas prioritarias y la inclusión de esquemas de herramientas de cooperación social, tendientes a fortalecer la educación alimentaria sana, nutricional, la seguridad y la soberanía alimentaria, y como consecuencia la sustentabilidad agroalimentaria.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno legislativo de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos párrafos al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Para quedar como a continuación se señala.  
El Estado promoverá una cultura de educación alimentaria sana, preferentemente de los alimentos producidos a nivel local.
El Estado impulsará las acciones necesarias para el desarrollo de la soberanía y la  seguridad alimentaria, que permitan la sustentabilidad agroalimentaria de la población mexicana.  
Es cuanto, señor presidente. Solicito sea integrada la iniciativa al “Semanario de los Debates”.  (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Gracias senadora. Como lo solicita se hará la inserción íntegra de su documento. Muchas gracias.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera.  
En uso de la tribuna, el senador Ernesto Roffo Appel, a nombre propio y de  integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presenta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General.
-EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL:  Señor presidente de la Mesa Directiva, Enrique Burgos, compañeras y compañeros senadores, el pasado 27 de septiembre aprobamos el acuerdo mediante el cual se conformaron las 59 comisiones ordinarias encargadas de dar trámite a los diferentes asuntos, competencia de esta Cámara.
Sin embargo, el funcionamiento de varias de esas comisiones no se ha podido concretar debido a que en algunas de ellas aun existen senadores que no han sido designados para sus respectivos grupos parlamentarios, debido a que la totalidad de ellos ya forman parte de hasta cuatro comisiones que la Ley Orgánica de este Congreso General permite conformar.
De esas 59 comisiones existen 14 que carecen de la designación de uno de los secretarios de la Junta Directiva, dejando en una situación de incertidumbre la senda cantidad de actos jurídicos que, conforme al Reglamento deben ser aprobados por esta, tales como formular los proyectos del orden del día, de las reuniones de las comisiones.
Dos comisiones más de manera irónica, sólo cuentan con la designación de su presidente, propiciando que su funcionamiento prácticamente sea inoperante. Esta situación es comprobable con una sencilla operación aritmética, en la que habiendo 128 senadores, que sólo pueden formar parte de hasta cuatro .....
(Sigue 14ª parte)
…sea inoperante. Esta situación es comprobable con una sencilla operación aritmética en la que habiendo 128 senadores que sólo pueden formar parte de hasta 4 de las 59 Comisiones Ordinarias, resulta imposible lograr su conformación total a pesar de que varias de las 59 comisiones se integran con tan solo 3 senadores.
La limitación que prevé nuestra ley orgánica de no poder formar parte de más de 4 comisiones, resulta mucho más complicada para los grupos parlamentarios minoritarios, ya que prácticamente tienen que hacer una selección a de cuáles comisiones dar prioridad, pues insisto, aritméticamente les resulta imposible designar representantes en las 59.
Es indubitable que la inoperatividad de los órganos legislativos de esta Cámara no puede detenerse y que somos nosotros los senadores los primeros responsables de dar ejemplo del apego a la legalidad de nuestros actos, pero además dotar de lo necesario a nuestros órganos legislativos para que funcionen correctamente.
Por esta razón, compañeros y compañeras, es que me permito someter a su consideración el que reformemos el numeral 1 del artículo 104 a efecto de que sólo en casos excepcionales y a juicio de la Junta de Coordinación Política algunos de nosotros podamos formar parte de más de esas 4 comisiones con el único objetivo de completar la conformación de las comisiones ordinarias.
Espero que las comisiones dictaminadoras vean viable esta propuesta y procedamos a darle una solución rápida a la situación que les he comentado.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador Ernesto Ruffo.
-Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-En uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 constitucionales.
(La Senadora Lorena Cuellar Cisneros no se encuentra en el Salón de Sesiones)
-No se encuentre presente, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.
-En uso de la tribuna el señor Senador Luis Fernando Salazar Fernández, para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 117 Constitucional.
-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ: Honorable Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Estimadas senadoras;
Estimados senadores:
Hoy vengo a esta tribuna a impulsar una reforma constitucional de la mayor trascendencia para nuestro país, me refiero a la urgencia de poner un freno al endeudamiento excesivo de los estados.
En la historia de México el endeudamiento ha sido un verdadero descalabro. Como ejemplo, en el Siglo XIX el endeudamiento, aunado a la voracidad de financieros y gobiernos extranjeros generé guerras injustas como la segunda intervención francesa en 1862.
Se puede decir que el Presidente Benito Juárez tuvo que enfrentar deudas financieras con potencias extranjeras que su gobierno no pacto, puede decirse de manera coloquial que pagó los platos rotos de otros, así como hoy lamentablemente pagan los ciudadanos las deudas que adquieren los gobernadores.
El endeudamiento sin responsabilidad, ni límites, ha sido siempre pernicioso en la historia de nuestra nación.
Con estos antecedentes de por medio el Constituyente plasmó en nuestra Constitución General, en la fracción VIII del artículo 117 lo siguiente:
“Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive, los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”.
Como podrán ver, el objetivo de esta disposición es contundente, impedir que los recursos de las deudas públicas se destinen a fines distintos a lo que se entiende por inversiones públicas productivas.
Sin embargo, hoy en el país observamos todo lo contrario. Estamos ante un escenario en el que varios estados de la república han aumentado de forma desproporcionada y colosal sus deudas públicas.
En cifras globales, diversos medios de comunicación revelaron, meses atrás, que la deuda de los estados había crecido en un 623 por ciento los últimos 18 años, y siendo realidad que la mayor parte de este pasivo aumentó, se ha verificado en el período de 2007 a 2011.
Coahuila, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, son ejemplos de entidades que aumentaron su deuda de forma colosal en los últimos 4 años.
En Coahuila, particularmente, la deuda creció de 350 millones a 36 mil millones en solo 3 años, un incremento escandaloso de más de 10 mil por ciento, cifra que no se justifica bajo ningún argumento.
Sin duda, contratar créditos para financiar necesidades relativas al gasto público, es un derecho de los 3 órdenes de gobierno y de sus respectivos organismos.
Pero es crucial entender que no es una prerrogativa sujeta a los caprichos de los gobernadores en turno. Los gobernadores duran en su encargo sólo 6 años, pero las deudas que dejan duran décadas.
Cualquier familia sabe que es irresponsable vivir con lujos gracias al dinero ajeno; que es irresponsable vivir en el exceso 6 años para vivir después en la miseria en los siguientes 60 años.
En conclusión, en los hechos tenemos lo siguiente:
- La fracción VIII del Artículo 117 Constitucional, presenta las siguientes fallas o vacíos:
Inciso a).- No plantea un límite para lo que se entiende por inversiones públicas productivas. Ello ha permitido que las legislaturas locales y los jefes del Ejecutivo por conducto de estas, plasmen lo que a su criterio debe entenderse.
Inciso b).- No establece un tope o límite a la capacidad de endeudamiento de los estados, el Distrito Federal y los municipios, dejando estos límites al criterio de las legislaturas locales, y esto, como ya quedó demostrado, genera deudas que pueden crecer de forma exponencial.
Lamentablemente, dejar los topes de endeudamiento a la voluntad de las legislaturas locales, nos llevará a potenciales riesgos como los ya mencionados.
Veremos un país con estados súper endeudados por un lado, y por otro lado, estados con un pasivo muy bajo o financieramente sanos, pero, lo cierto es que siempre se dependerá de la honestidad, responsabilidad y capacidad administrativa del jefe del ejecutivo en turno, del grupo dominante en cada legislatura, sean estos del partido que sea: PRI, PAN PRD o coaliciones.
Las finanzas de un Estado y sus municipios no pueden pender de un hilo, no pueden ser como una moneda arrojada al aire; no pueden depender de la buena voluntad de los gobernantes, al menos en el aspecto de poner límites a los niveles de endeudamiento.
Segundo.- El tope de endeudamiento no es el único problema que nos enfrentamos actualmente en las entidades federativas y sus municipios, la transparencia en el manejo de los recursos de los pasivos ese otro gran tema que debemos abordar.
 Finalmente, señalar que otro problema serio, es el hecho de que en muchos casos, se permite en las leyes de deuda local  la contratación de forma directa por parte de las autoridades estatales, municipios y respectivos organismos, empréstitos que son solicitados sin permiso o autorización del Congreso Local, y que llevan a cabo de forma arbitraria a incrementar aún más los niveles de endeudamiento de estas. Una situación que dista mucho de ser fácilmente controlada o regulada.
Ante el eminente riesgo de que gobiernos locales corruptos repitan el ejemplo de los Estados que se han estado endeudando de manera desorbitada, debemos actuar ya.
No debemos olvidar que son los contribuyentes…

(Sigue 15ª parte)
…endeudando de manera desorbitada. Debemos de actuar ya. No debemos olvidar que son los contribuyentes los que pagarán esas deudas, esos actos de corrupción.
Por esta urgente situación que enfrenta la patria, se propone establecer un límite al endeudamiento de un 15% del total del Presupuesto de Egresos del Año Fiscal que corresponde al Estado, municipio u organismo solicitante.
Además de solicitar a la publicación de las solicitudes de obligaciones y empréstitos contratados, previa autorización de dos terceras partes de las legislaturas locales.
Señoras y señores: El grupo parlamentario del PAN, es consciente de que… y los senadores aquí presentes, estamos conscientes de que representamos a los estados, y por eso mismo debemos de defender a los ciudadanos de nuestras entidades y no nada más a los gobernadores.
La de hoy es una propuesta histórica para poner un freno al grave problema que amenaza la viabilidad financiera de los estados; y que en realidad constituye un golpe altero al federalismo mismo.
Sí, porque la autonomía de los estados han ganado a lo largo de los siglos, no puede ponerse en riesgo por el capricho de malos gobernantes, que endeudan a sus ciudadanos sin límite, sin reparo, sin rendir cuentas a nadie.
La libertad, no puede convertirse en irresponsabilidad.
Como Cámara de Senadores y de representantes de cada uno de nuestras entidades federativas, el Senado tiene la obligación moral, no sólo de convertirse en un contrapeso  sobre el Ejecutivo Federal, sino también de aquellos ejecutivos estatales, que amenazan con llevar a la quiebra impunemente a sus ciudadanos.
Esos malos gobernantes, parecieran decir, después de mí, el diluvio.
Y en nuestras manos está impedir esa atrocidad.
Señoras y señores: Los invito a sumarse a esta iniciativa que presento. Defendamos a nuestros ciudadanos. Pongamos un alto al endeudamiento injustificado e injusto de los estados; las generaciones de hoy  y de mañana se los agradecerán.
Muchas gracias, presidente.
Solicito que la iniciativa que aquí se presentó, sea integrada en los términos en las que fue presentada en la Mesa Directiva.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias.
Como lo solicita se hará la inserción íntegra de su texto.
Y se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Reiteramos nuestra respetuosa solicitud, para que… de las iniciativas que se están presentando, si bien el Reglamento concede diez minutos, dada la acumulación de asuntos pendientes, ojalá pudiera hacerse un esfuerzo por compactarlo a cinco minutos.
En uso de la tribuna la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 de la Constitución.
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Con su permiso, señor presidente.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la seguridad social universal y crear el Sistema Único de Salud Pública, presentada por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con su anuencia, señor presidente.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores: Me permito hacer uso de esta tribuna, para registrar, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la seguridad social universal y crea el Sistema Único de Salud Pública, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:
Las recientes y muy controvertidas elecciones presidenciales, permitieron a los ciudadanos atender las ofertas de los candidatos en representación de sus partidos. Así como las reflexiones y opiniones de un sinfín de analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales.
En los más diversas materias, concluyendo, que en el ámbito económico y social, la situación de México, no es con mucho la deseable.
Se combino que un crecimiento económico mediocre, con un, el más bajo promedio de crecimiento sexenal, desde los años 80, propició que el trabajo formal fuera a la baja y el informal a la alta. Así como una pérdida severa del poder adquisitivo de los ingresos.
De modo tal, que la pobreza se disparó hasta alcanzar alrededor de la mitad de los mexicanos. Impactando así el ejercicio de sus derechos humanos y sociales.
Ello es un agresivo y progresivo contexto de concentración de la riqueza, de dimensiones tales, que al cierre del 2011, unos cuantos acapararon alrededor del 13% del PIB, cuando en el 2006, acapararon el 6%.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 65.5% de la población, carece de acceso a la seguridad social.
El 40.7% a los servicios de salud.
Y el 21.6% a la alimentación.
Un 21.7% presenta retraso educativo.
Un 18.9% carece de servicios básicos en su vivienda.
Y el 17.5% de calidad y espacio en el hogar.
En este  contexto, candidatos, dirigentes y militantes de los partidos políticos, analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales, aludieron con vehemencia conceptos como los de política social, solidaria, política social de estado, estado socialmente responsable, estado de bienestar, estado social de derecho y de derechos, entre otros.
Expresando explícita o implícitamente que los sociales son derechos humanos y que el Estado, es el responsable de garantizar el acceso a su ejercicio universal y pleno.
Desde esta lógica, en nuestro caso, los antecedentes más destacados son las constituciones de 1814, 1824, 1857 y 1917, cuyo desarrollo se relaciona con la redimensión de los derechos humanos y sociales a nivel mundial, a través de diversos tratados, pactos, convenios y otros instrumentos internacionales, avalados y firmados por el Estado mexicano.
Acorde con el antecedente de la Constitución de 1917, el desafío es, que México sea punta de lanza en la transformación de las ideas y se redimensione como un país con voz propia, de vanguardia, y sólo a nivel global. De manera que la razón esencial del Estado, sea retomar y fortalecer el sendero del bienestar y de la justicia social, resguardando los más elevados horizontes en la calidad de vida de todas las personas, para estar a la altura de las exigencias de nuestra época histórica, así como de las pretensiones, urgencias y anhelos de los mexicanos.
De manera que sean libres, dignos e iguales en un país soberano, democrático y justo.
De acuerdo con lo anterior, resulta congruente que se reconozca a los derechos sociales, su carácter universal, indivisible e irrenunciable; que los tratados, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales en la materia, adquieran rango constitucional y que el Estado haga lo que sea necesario, para que sean exigibles y no sólo reconocimientos de buena voluntad.
Las anteriores reflexiones son la base para justificar la necesidad de elevar a rango constitucional la seguridad social universal. Y uno de los instrumentos que hace posible su dimensión sanitaria, el Sistema Único de Salud Pública en los términos que más adelante exponemos.
El propósito esencial: es dejar claro a los mexicanos, que en adelante y lo largo plazo, podrán ejercer, de acuerdo con la responsabilidad y rectoría del Estado, de manera universal y plena, independientemente de la condición laboral y socio-económica de cada persona, su derecho a la seguridad social, que garantice la asistencia y las prestaciones sociales, a través de un sistema solidario, público, unificado e integrado-financiado por los trabajadores, los patrones y los impuestos generales.
Por otra parte, el actual Sistema Nacional de Salud Pública, es tan institucional y poblacionalmente fragmentado y es operativa y financieramente caótico.
De manera que resulta superfluamente ineficaz, ineficiente y costoso. Tal problemática se resolvería, si se formula y se realiza un Sistema Único de Salud Pública, solidario y equitativo, con servicios integrales y…

(SIGUE   16ª. PARTE)
…ineficaz, ineficiente y costoso. Tal problemática se resolvería si se formula y realiza un Sistema Único de Salud Pública, solidario, equitativo, con servicios integrales y financiamiento público, proveniente de la tributación general y de la seguridad social, de manera que permita que los más ricos, los más sanos y los más jóvenes se solidaricen o subsidien, a los más pobres, los más enfermos y los más viejos, al contrario del IVA incrementado y generalizado que beneficia a los que más tienen y potencia el gasto de bolsillo.
Desde luego, ello supone la portabilidad de manera que los derechohabientes o beneficiarios acudan a la institución sanitaria pública que más les convenga, de acuerdo con sus condiciones específicas, independientemente de dónde trabajen y coticen, pero sobre todo que estar desempleado o tener un empleo informal no suponga la negación al acceso de los servicios públicos de salud en cualquiera de sus niveles.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:
Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 4º; y se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4º.- Toda persona tiene derecho a la salud. El Estado federación, estados, Distrito Federal, y municipios, garantizará el acceso universal, integral y equitativo a los servicios de salud, mediante un Sistema Único de Salud Pública, con el objetivo de garantizar el más alto nivel de salud física y mental, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, con una atención de calidez, oportuna y eficiente.
Las instituciones humanitarias que no tengan fines lucrativos podrán colaborar completamente en el Sistema Único de Salud Pública.
Queda prohibido otorgar subsidios públicos a las instituciones privadas con fines lucrativos.
Queda prohibida la participación directa o indirecta de empresas o capital extranjero en el Sistema Único de Salud Pública.
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a la seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y desempleo. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la asistencia y prestaciones de seguridad social y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad social, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 y el Artículo 123 de esta Constitución.
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, salubridad general y seguridad social de la República.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre del 2012.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias, Senador.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
En uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Con su permiso, Presidente.
Amigas; amigos senadores:
Comparezco ante esta Asamblea para presentar, con las facultades que en mi carácter de senador me confiere la normatividad respectiva, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de productos derivados del tabaco.
Tenemos que reconocer, observar y analizar una muy importante y cruda realidad. El número de consumidores en el mundo derivados del tabaco es de aproximadamente mil millones de personas. El número de consumidores en México anda alrededor de 14 millones de personas, de éstos más de 10 millones iniciaron a fumar e iniciaron con la adicción al tabaco antes de los 14 años de edad, y así lo prueba la última encuesta en adicciones.
Cada año mueren en el mundo 6 millones de consumidores o adictos al tabaco a consecuencia de enfermedades o secuelas de la misma. En México cada año fallecen aproximadamente 60 mil personas por estas mismas causas, enfermedades o secuelas de éstas producidas precisamente por el uso del tabaco.
México se encuentra en este momento en el sexto lugar mundial por consumidor, por consumo, es decir por el número de consumidores de tabaco, y un dato muy importante, el segundo lugar en fumadoras mujeres. La edad crítica para el inicio en el hábito del uso del tabaco se ubica en México entre los 15 y 17 años de edad.
Por todo lo anterior y otros argumentos importantes, se considera al tabaquismo un problema mundial de salud pública considerándolo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por el incremento en el consumo y por el incremento también de las enfermedades y la morbimortalidad que produce este hábito, una epidemia mundial.
En el caso del tabaquismo en jóvenes, en el Atlas del Tabaco Mackay señala que una gran mayoría de varones jóvenes fumadores empezó a consumir tabaco antes de alcanzar la edad adulta. Casi un cuarto de la gente joven que fuma probó su primer cigarrillo antes de los diez años de edad, y la aceptación del tabaquismo entre varones jóvenes se incrementa con la comercialización por parte de la industria del tabaco, el fácil acceso a los productos del tabaco, los precios bajos, la venta de cigarros por unidad, el uso y aprobación del tabaco por sus padres y por sus hermanos, es decir hay atrás de esto un grave problema familiar, que fumen los amigos y la concepción errónea sobre que el fumar aumenta la popularidad social.
De los 14 millones de adictos al tabaco que hay en México, les comentaba que más de 10 millones lo iniciaron antes de los 14 años de edad. Los adolescentes son propensos a que por curiosidad o por presión social, amigos, círculo en el que viven sean inducidos al riesgo de contraer adicciones, y no nada más del tabaco, sino también del alcohol y los estupefacientes, que es algo todavía más delicado.
El tabaco y el alcohol se consideran como las sustancias aditivas de inicio, de entrada a otras, al uso de otras drogas u otras sustancias más adictivas y que causan más problemas a la salud.
El tabaquismo ocupa en México el segundo lugar en incidencia en adicciones después del alcoholismo. En cuanto a la aplicación de impuestos en el 2010 se fijaron 35 centavos, lo mismo el año pasado, lo que permitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudar en el año 2011, 30 mil millones de pesos; pero la cruda y alarmante realidad es que el costo nacional por atención de las enfermedades crónicas y las secuelas a causa del tabaquismo se eleva, y ese es un dato muy importante que deberíamos de considerar, se eleva, el año anterior y este año andará alrededor de 75 mil millones de pesos.
Repito, este es el costo que tiene que pagar las instituciones de salud públicas y privadas por la atención a las secuelas que produce esta adicción.
Entre las enfermedades que se encuentran relacionadas con el humo, y este es…

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… entre las enfermedades que se encuentran relacionadas con el humo, y éste es otro concepto importante de segunda mano, son cáncer de pulmón, exacerbación de bronquitis asmática, infarto al miocardio, partos prematuros, bajo peso al nacer, derrabe cerebral, infecciones del oído medio en menores de edad, infecciones respiratorios bajas como bronquitis y neumonía en menores, inducción o exacerbación de bronquitis asmáticas en menores.
Es decir, lamentablemente las adicciones no únicamente afectan al consumidor, sino también a quienes lo rodean, es decir, hay efectos serios en el consumo del tabaco sobre la salud en quiénes rodean a estos mismos.
De acuerdo a estudios, mientras los países desarrollados mantendrán tasas de consumo estables e incluso disminuirán debido a las políticas de control del tabaco, en aquellos que se encuentran en desarrollo se prevé que estas tasas aumenten desproporcionadamente.
México es signatario del convenio marco para el control del tabaco, el cual el estado mexicano, desde luego y este Senado de la República ya lo signamos, lo ha ratificado por razones y compromisos que obliga a una política pública de cumplimiento irrestricto hacia los connacionales en beneficio de la salud individual y las finanzas públicas estatales.
Por todas estas consideraciones y en respeto al tiempo que nos han pedido, estamos proponiendo el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un cuarto párrafo del inciso c) fracción I del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue.
Uno a tres, adicionalmente a las tasas establecidas en este inciso, se pagará una cuota de 90 centavos por cigarrillo enajenado importado para los efectos de esta ley se considerará que el peso de un cigarrillo equivale a 1.75 gramos del tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.
La cuota de 1.90 centavos por cigarrillo enajenado importado se actualizará anualmente. Dicha actualización se efectuará en el mes de enero de cada año aplicando el factor que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondiente al mes de diciembre del año anterior, entre el citado índice correspondiente al mes de enero del mismo año.
Esta disposición se ajustará a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Con esto apenas estaríamos acompletando los 75 mil millones de pesos que se requieren por las instituciones de salud para públicas y privadas, para atender las secuelas delicadas, graves y que producen una alta mortalidad en los consumidores del tabaco y entre quienes los rodean.
Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: ¿Senadora? Sonido al escaño de la senadora Dolores Padierna.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño): Solamente preguntarle al senador si me puedo adherir a su punto, porque además hemos trabajado el tema y tenemos el mismo plan de trabajo.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: ¿Acepta, senador?
Tome nota la secretaría de las adhesiones que se están proponiendo, muchas gracias.
Se turna a la Cámara de Diputados.
Y en uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 constitucional.
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señoras y señores senadores.
La figura del arraigo en México fue incorporada al sistema penal mexicano por primera ocasión en 1983 tras la Reforma del Código Penal de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se introdujo como una medida preventiva para garantizar la disponibilidad de los acusados durante la investigación preliminar y durante el proceso penal.
Esta figura era aplicada a solicitud del Ministerio Público cuando la naturaleza del delito o la pena no requería de prisión preventiva y existía una base bien fundada para suponer que la persona acusada podría evadir la justicia.
Esta forma de detención preventiva podría aplicarse, entonces hasta por 30 días y permitía una renovación por un juez o jueza, a petición de la persona titular del Ministerio Público.
Sin embargo, el Código no especificaba el lugar en donde debía llevarse a cabo la detención, lo que permitía que se llevara a cabo en instalaciones especiales, a veces militares, en hoteles o en hogares privados, práctica claramente inconstitucional.
En 1984 el arraigo fue incorporado al sistema penal dentro del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y territorios federados.
Durante los años del 2006 y 2007, previo a la aprobación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, se presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que confluyeron finalmente en un dictamen de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2007.
Dentro de la iniciativa, aprobada por el pleno de esta Cámara, se incluyó la reforma al artículo 16, consagrando la figura del arraigo a nivel constitucional.
Es el 18 de junio del 2008 en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, a fin de transformar el sistema judicial que tradicionalmente se ha venido aplicando en México por uno adversarial, en el que las pruebas y las evidencias sean desahogadas en igualdad de condiciones. Es decir, en un juicio, en un sistema acusatorio.
Dentro de estas reformas a la Constitución, se introduce la figura del arraigo como una medida federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas por pertenecer al crimen organizado.
A petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona en los siguientes casos.
a)Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación.
b)Se trate de la protección de personas o bienes jurídicos.
c)Que exista riesgo fundado de que la persona inculpada se sustraiga a la acción de la justicia.