Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la participación de la senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la inauguración del Foro Digital “Garantía del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID-19”.

 

Muy buenos días a todos. Antes que nada, un saludo muy afectuoso al presidente del INAI, al maestro Francisco Acuña, me da mucho gusto saludarte, ver que estás en este panel casi de puras mujeres.

 

Veo a también a Oscar Guerra, no eres el único, pero me da muchísimo gusto saludarte.

 

Por supuesto saludar y felicitar por este esfuerzo, por este trabajo, por este tesón que ha estado poniendo desde hace un par de meses, a la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que viene trabajando esto desde hace mucho y me da muchísimo gusto, gracias Blanca por invitarnos, gracias por poner estos temas en el centro del debate.

 

No alcanzo a ver a todas, pero creo que también está la comisionada Josefina, la saludé hace ratito al inicio.

 

Y, por supuesto, con muchísimo gusto, mucho respeto, magistrada Yasmin, ministra, me da muchísimo gusto saludarla; y a mi amiga, la magistrada Mónica Aralí Soto.

 

Me da también muchísimo gusto a Cande Ochoa, a Claudia Corichi, amigas, me da muchísimo gusto verlas, saludarlas, ver que están bien, ver que están aquí y que espero que todo esté muy bien.

 

Hay muchas amigas, amigos que no alcanzo a distinguir, pero un saludo para todas y para todos.

 

Gracias por la invitación a este importante foro virtual sobre el derecho de acceso a la información pública y género, porque a pesar de guardar la cuarentena y continuar respetando las medidas de sana distancia por el bien de México; es imprescindible continuar dialogando y concientizando sobre los problemas que debemos afrontar y superar, para continuar evolucionando como nación y como sociedad.

 

Quiero comenzar recordando que, en 1922, el célebre jurista Hans Kelsen, escribió que la democracia tiende fundamentalmente hacia la seguridad jurídica, y por tanto, a la legalidad y previsibilidad de las institucionales estatales.

 

Su relevancia radica en que la democracia se apoya en procedimientos de ley y que estos deben estar a la vista de todas las personas.

 

La inclinación natural del Estado por crear organizaciones de control que garanticen la legalidad, lo llevó a identificar en el principio de la publicidad, la transparencia, el valor de la transparencia en términos contemporáneos, que es una de las garantías esenciales del Estado.

 

Y, en ese sentido, hoy poca duda cabe de que el derecho a la información es inclusive un derecho humano imprescriptible, y a este principio se han consagrado instrumentos del derecho internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

 

De ello, lo que podemos extraer es que el derecho a la información es consustancial al derecho de opinar y expresar las propias ideas, ni más ni menos. También, la Comisión Americana de los Derechos Humanos, hace eco de estos antecedentes.

 

Y, también es importante recordar que la Comisión misma plantea que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tal como el abuso de controles oficiales o particulares para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o aparatos usados en la información, de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas.

 

En otras palabras, se advierte sobre la falsedad y omisión en el manejo de información, como una vulneración del mismo derecho. Y ha sido precisamente, bajo esta perspectiva, y aunque es jurídica, pero al mismo tiempo humanista; que a través de diferentes reformas y esfuerzos y gracias al artículo 6º y a las reformas en nuestra Constitución, se ha instituido el principio de libre manifestación de ideas; pero también los derechos de réplica y sobre todo a la información, que deberán ser garantizados por el Estado.

 

Es un derecho de la ciudadanía y de cualquier persona, que sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

 

En esta base es que contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; que es una institución que está llamada, todos los saben, a cumplir con una deuda histórica del Estado mexicano, que es la de contribuir en los procesos democráticos y al mismo tiempo, en garantizar un derecho humano que es insoslayable: el derecho a la información.

 

Podría incluso decir, que es un derecho a exigir nuestros derechos.

 

Ahora bien, con esta intervención, con este preámbulo, no crean que los voy a cansar mucho; quiero aprovechar para sentar un compromiso de estrecha colaboración y corresponsabilidad con el INAI y con las mexicanas y los mexicanos; de dar un paso juntos en la defensa del derecho a la información, particularmente en materia de género.

 

Es cierto que en el pasado, el Senado ha trabajado en esta dirección tanto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; como con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley federal; sólo que ahora es tiempo de avanzar también en el reconocimiento no solamente de los derechos de una ciudadanía sin rostro, digamos que en abstracto.

 

Esta vez, las mujeres de todos los estratos económicos y condiciones sociales del país, hemos alzado la voz para que se nos reconozca por fin el derecho a la representación igualitaria, a la paridad en todos los órganos y espacios en los que se legisla, en los que se define la política pública y se asigna el presupuesto.

 

Es por ello que con la reforma del año pasado, de junio, en materia de paridad de género y la reforma en abril de este año sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, en el Senado y en esta legislatura en particular, están tratando de dejar su propia huella en la conquista de los derechos de las mujeres.

 

Y hay que insistir en que es relevante, porque ahora también existe una gran responsabilidad del INAI, no únicamente en términos de conformarse de manera paritaria, sino en el sentido de hacer valer todo lo que corresponda al ejercicio de estos nuevos derechos alcanzados y que involucra a las principales instituciones del Estado Mexicano, como los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los llamados niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, al INE, a los OPLES, etcétera.

 

Con las nuevas reformas, el INAI, a través de la vigilancia del respeto al derecho de la información, podrá contribuir directa e indirectamente en el cumplimiento de los principios de paridad y en el ejercicio de los derechos políticos, para evitar padecer violencia política en razón de género, toda vez que cada uno de estos órganos tiene la obligación de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de violencia política en los términos de la Ley General de Acceso.

 

Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente, todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres, en razón de género.

 

Y, en el caso de en el caso de los partidos, tendrán que elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente y con detalle sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción, el desarrollo y liderazgo político de las mujeres, entre otras obligaciones.

 

Y, por otro lado, también es importante que aprendamos a ejercer nuestro derecho a la información todos, y especialmente todas las mujeres; no solamente en esta coyuntura en la que nos aqueja terriblemente la pandemia del COVID, en la que se está recrudeciendo la violencia en contra de las mujeres, sino en todo momento; porque está visto que existe una violencia de género sistémica, que es física, emocional, simbólica y cultural, en los diferentes ámbitos de las relaciones sociales, económicas, políticas.

 

Y es por tal motivo que es el Congreso de la Unión, y específicamente en el Senado, tenemos la convicción de que el peso político real que hemos alcanzado, nos permitirá, por supuesto con el apoyo de muchos compañeros legisladores, traducir nuestra paridad en más y mejores leyes en beneficio de las mujeres mexicanas de todas las edades, condiciones y a lo largo y ancho de nuestro país.

 

En este sentido, se trata de que el principio constitucional de máxima publicidad, del que hablaba Kelsen, se convierta en un puente de comunicación entre las mujeres y el ejercicio de sus diferentes derechos por una democrática sinergia con el INAI.

 

Por delante, aún tenemos el reto de garantizar de manera absoluta e incondicional el derecho humano de las mujeres a la información, que diferentes comités de la ONU han recomendado a los Estados desde hace 15 años, por ejemplo en materias como en educación, en salud para niñas y adolescentes, incluidos los métodos de planificación familiar, asegurar a las mujeres la igualdad de derechos para acceder a la información y asesoramiento sobre planificación.

 

Tener acceso a la información y medios para ejercer el derecho de las mujeres a decidir el número y el intervalo del nacimiento de sus hijos; facilitar a las adolescentes, a las y los adolescentes el acceso a la información sexual y reproductiva, con inclusión de la planificación familiar y de los contraceptivos, los peligros de un embarazo precoz, la prevención del VIH y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

 

Porque el derecho de las mujeres a la salud, exige que se supriman todas las barreras que ponen al acceso de las mujeres a los servicios de salud, educación e información.

 

Y, desde luego, uno de los capítulos continúa siendo una herida abierta y lacerante, que es el feminicidio y todos los tipos de violencia que se continúan ejerciendo contra las mujeres.

 

Como ustedes saben, la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tuvo como uno de sus aportes principales el reconocer las implicaciones de los estados en la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres, por eso llamó a los estados a asumir soluciones.

 

En México hemos avanzado en esa línea con varias leyes, como lo he comentado, pero no es suficiente, estamos lejos de poder hacer realidad los principios madres que rigen esta ley.

 

Por ello no extraña que lamentablemente durante esta cuarentena se hayan intensificado los casos de violencia.

 

Es por ello que cobra sentido tener información oportuna, clara y veraz respecto a la situación de las mujeres en el campo, en el hogar, en los hospitales, en las cárceles, en los centros de trabajo, en todos los espacios en los que se desarrollan de manera presencial o virtual.

 

Es una realidad que bajo ningún concepto puede haber una auténtica democracia sin paridad e igualdad sustantiva.

 

Permítanme concluir, exhortando a todas y a todos a que nos comprometamos a defender juntas y juntos, a respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género, para que las mujeres tengamos mejores herramientas y más derechos para poder salir adelante en este camino.

 

Muchas gracias y perdón si me excedí de tiempo.

 

Gracias, Blanca Lilia.