Versión estenográfica de la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, durante la inauguración del Foro “Hacia una Política de Regulación de la Cannabis”, llevada a cabo en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República.
Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas.
Hoy tendremos la conversación, en este primer tramo del evento, del doctor Jorge Alcocer Varela, él es el secretario de Salud del Gobierno mexicano.
Nos acompañan distintos legisladores de las comisiones de Salud, de Justicia, de Puntos Constitucionales; que están muy cercanos a la iniciativa y revisando las posibilidades de la regulación de la cannabis.
La mariguana es la sustancia ilícita más consumida en el mundo y en México. En años recientes, varios países han modificado su legislación para permitir el uso, ya sea médico, terapéutico o lúdico de esta planta.
En Estados Unidos, vecino del norte, diversos Estados de la unión han cambiado el régimen legal en esta materia. Y Canadá ha sido el último país que ha legislado sobre el tema; así como Uruguay, que ya regula toda la cadena de producción, comercialización y venta.
Estas nuevas reglas han traído consigo un debate en nuestro país respecto a la pertinencia de modificar el actual régimen de prohibición absoluta que subyace en México, donde este paradigma ha sido llevado a sus últimas consecuencias, convirtiéndolo en un discurso que más que en razones, está fundado en estado de ánimos; a veces viscerales o con francas reacciones derivadas del temor, del miedo, del pánico.
A ello se suma el uso económico y hasta político que las autoridades han obtenido en esta materia.
Este modelo ha tenido más costos que beneficios, pues, lejos de disminuir la producción interna de la mariguana, de la cannabis, su mercado interno o su consumo ha resultado y ha provocado la detención de miles de personas que son expuestas a condiciones carcelarias difíciles. En muchas ocasiones a la violación sistemática de derechos humanos.
De acuerdo con cifras de la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la Nación, de las personas entre 18 y 29 años de edad detenidas o indiciadas bajo una averiguación o carpeta de investigación por delitos contra la salud, entre 2006 y 2014, 35 por ciento fueron detenidas por posesión, 31 por ciento por consumo y solamente el 7 por ciento fueron detenidas por tráfico, producción o suministro de cannabis.
En términos de uso, la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, reveló que la mariguana es la droga ilegal que más se consume en la población mexicana, tendencia que ha ido a la alza en los últimos años.
Conforme a la investigación “Mariguana en México”, el peso de la prohibición, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2016 del INEGI, que carece de estadísticas y es opaco en los datos de los sistemas estatales, dado que el 40 por ciento de los casos la sustancia involucrada se desconoce.
De los casos en que las substancia sí es conocida, las más frecuentes es la mariguana.
Por lo tanto, si se sustrae ese 40 por ciento del que no tiene información, mil 742 personas están privadas de la libertad por posesión de mariguana, y mil 641 por posesión con fines de venta o suministro.
Estos datos revelan de modo contundente un aparente fracaso de la política prohibicionista, que es justo lo que nos convoca hoy en este espacio.
La voluntad del Poder Legislativo, de intentar construir los consensos necesarios, de ser posible, para esbozar una nueva etapa de aproximación a la política de salud y seguridad en materia de cannabis.
Ya es un logro ver que el debate puede ser presentado en México. No había ocurrido así en las últimas generaciones y años.
Y ha sido, en nuestro país, generado, precedentes jurídicos constitucionales de obligación. Su observancia es ya una norma constitucional.
La Corte ha generado jurisprudencia y, también, hay un gran número de iniciativas que hoy están siendo valoradas en las cámaras del Congreso, una de las cuales ha sido el punto de partida para analizar y discutir en estos foros, la presentada por la ministra Olga Sánchez Cordero.
Al poner sobre la mesa esta iniciativa, todos coincidimos que es necesario revisar la regulación del cannabis, que, por vez primera en nuestro país, se está discutiendo, se está deliberando, se está escuchando a expertos, a ciudadanos, a organizaciones.
Sí debemos asumir una actitud equilibrada, segura, sensata que no comprometa ni la seguridad de la nación y que garantice el respeto y protección al derecho, al libre desarrollo de la personalidad en términos de la Constitución y de los tratados internacionales.
Es necesario encontrar un enfoque diferente para abordar el tema. Sí, un enfoque de salud pública, por eso es que está aquí el doctor Jorge Alcocer, un enfoque que anteponga el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor, como principales ejes rectores de investigación.
La eliminación de la prohibición o la despenalización de la marihuana en su uso implica regular la producción, la distribución, la comercialización, el consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales o cualquier otra mercancía.
Se tratar de arrebatarle al narcotráfico, a las bandas del crimen organizado, el control de este proceso productivo, distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control ni calidad ni gravámenes fiscales y en una situación de riesgo para el consumidor, que esta expuesto a consumir sustancias adulteradas y a poder ser privado de su libertad.
La regulación implica reglamentar las condiciones en que se produce y se vende la cannabis, es decir, información que debe ser proporcionada y ofrecida en su contenido, para normar y vigilar el proceso productivo, cosecha, cultivo, manufactura, embalaje, etcétera, para que el producto cumpla controles de calidad, no dañe la ecología y no dañe la salud o la comercialización, siendo necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente al comerciante.
La despenalización, legalización obligará al Estado a supervisar y regular todo el proceso productivo y comercial de una o varias drogas. Sacará al consumidor de los espacios oscuros donde se realiza la venta ilegal de sustancias.
Permitirá que el Gobierno, ahorre considerables sumas de dinero para destinarlas a la rehabilitación y a la prevención. Informará sobre los efectos de éstas y atenderá los abusos en el consumo.
También servirá para proteger a los menores de edad que dejarán de ser asediados por vendedores ilegales. La regulación por sí misma no acabará con el consumo, pero estamos convencidos de que tampoco la estimulará.
Las experiencias históricas recientes que han liberalizado parcialmente el consumo de la marihuana y otras drogas, como Portugal, Holanda, Canadá, Uruguay, Estados Unidos, muestran que una mayor accesibilidad para comprar una droga, antes ilegal, no genera necesariamente un amento en el consumo.
Repito, es un gran avance, que finalmente estemos discutiendo si se debe o no regular el uso de la marihuana. Hay voluntad de los legisladores para escuchar todas las voces y para tomar una decisión sensata, que le permita al país avanzar por el camino correcto.
Por eso es que estamos aquí escuchándolos. Pronto, una vez que concluyan este tipo de audiencias, habremos, en las comisiones redactoras, la de Justicia, la de Salud, la de Puntos Constitucionales, de emitir un dictamen o aprobatorio o no a la despenalización y legalización del uso de la marihuana.
Por eso estamos escuchando, por eso estamos deliberando, esta es la idea y la intención del Senado de la República en esta nueva etapa.
Bienvenidos sean todos, bienvenidas sean todas y le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Jorge Alcocer Varela, para que dicte una conferencia magistral sobre el tema.
Muchas gracias, buenos días y vamos a proceder a inaugurar este evento.
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