Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 -EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia de han acreditado 98 ciudadanas senadoras y senadores.

 En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del martes 11 de septiembre del año 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado de este día.

 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Ha sido aprobada el acta, señor presidente.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señora secretaria.

 Señoras y señores senadores: Como es de su conocimiento, el día de ayer, se suscitó el lamentable fallecimiento del escritor y filólogo Ernesto de la Peña, pilar de la cultura de nuestro país, miembro del Consejo de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación.

 Erudito de las letras, ensayista, traductor, lingüista, narrador y poeta, siempre fue reconocido como un mexicano de inagotable sabiduría y generosidad.

 Su ausencia llena de luto al mundo mexicano de la cultura. Gran humanista, poseedor de grandes conocimiento y un amplio dominio de más de 30 lenguas clásicas y modernas de toda índole. Fue galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos, el Premio Xavier Villaurrutia, en 1988; el Premio Internacional Alfonso Reyes.

 Asimismo, recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el año 2007. Y el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Pagés Llergo, en el año 2010.

 De forma reciente, fue galardonado con el vigésimo sexto Premio Internacional Menéndez Pelayo, por su preocupación constante por la transmisión del saber y el acceso a la cultura de las nuevas generaciones.

 Se trata, sin duda, de un mexicano insustituible.

 Esta Mesa Directiva desea honrar su memoria. Y para ello le pide a la Asamblea, ponerse de pie, para guardar en su honor un minuto de silencio.

(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)

 Muchas gracias, sírvanse tomar asiento, por favor.

 (Aplausos)

 Señoras y señores senadores: También y ante los retos que afronta nuestro país en materia educativa, es aleccionador y motivante para todo los mexicanos, enterarnos del reconocimiento al que se han hecho merecedores nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
 
 Ubicándose por segundo año consecutivo entre los diez primeros lugares del Estudio Anual del Ordenamiento de Universidades para América Latina, que elabora el Reino Unido.

 Este reconocimiento, da testimonio de la destacada reputación de las universidades líderes de México en América Latina, y son el reflejo de los rigurosos estándares académicos  y de sus altamente cualificados graduados.

 Es un gran orgullo, saber que la Universidad  Nacional Autónoma de México, logró avanzar en un año 53 puestos en este ordenamiento internacional, que agrupa a las mejores instituciones de educación superior a nivel global.

 Felicitamos desde esta tribuna a ambas instituciones académicas y deseamos que sigan avanzando en la calidad de la educación para seguir constituyéndose en un referente al cual deben aspirar todos los centros de educación superior del país.
 
 Muchísimas gracias.

 Secretaria, por favor.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió una comunicación del senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que remite una fe de errata sobre el artículo séptimo transitorio del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, por el presentado en la sesión del 6 de septiembre pasado.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Remítase a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

 Siguiente asunto, secretaria.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió un acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se establece el calendario para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 Remítase copia de dicho acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

 Siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo, la Cámara de Diputados remite oficio por el que informa la designación de los consejeros, por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Esta Asamblea se da por enterada.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Comunico a la Asamblea, que dichos Informes han sido distribuidos entre las senadoras y los senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Así también de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se turnarán, en su momento,  a la comisión de Gobernación.
 
 Informo a la Asamblea, que en tanto se conforman las comisiones, los asuntos que se les turnen se mantendrán en poder de la Mesa Directiva.

 Siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un proyecto de decreto, para adicionar el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra, el senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.

 -EL C. SENADOR AARON IRIZAR LÓPEZ: Con su venia, señor presidente.

 Compañeras y compañeros legisladores: Con la atribución que me confiere la fracción II del artículo 71 constitucional…

 
(SIGUE 2ª .PARTE)
… con la atribución que me confiere la fracción segunda del artículo 71 constitucional, hago uso de esta alta tribuna para presentar a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 El propósito de esta reforma es clarificar las disposiciones constitucionales relativas a la iniciativa preferente.

 En el decreto en que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política y publicada el 9 de agosto del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, se abordaron 11 temas, entre ellos el de la Iniciativa preferente, instrumento regulado por el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.

 Al establecer el trámite preferente, se facultó al Ejecutivo Federal para que presente iniciativas que sean atendidas en breve término en el Congreso.
 Se trata de fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y Ejecutivo con la atención legislativa preferente de las iniciativas que a juicio del Presidente de la República revistan prioridad nacional.

 El trato preferente no limita la facultad del Congreso para aprobar, modificar o descartar los proyectos legislativos presentados por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el decreto no señala la fecha a partir de la cual deba iniciar el cómputo de plazo máximo de 30 días naturales para que el pleno de la Cámara de origen discuta y vote la iniciativa de que se trate.

 En virtud de que es necesario el dictamen de comisiones para discutir y votar un proyecto en el pleno y que en la apertura el Primer Periodo de Sesiones de cada Legislatura en la Cámara de Diputados y de cada dos legislaturas en el Senado de la República, ambas Cámaras del Congreso todavía no cuentan con las comisiones de dictámenes instaladas, las iniciativas que han sido presentadas en estos periodos deben de tratar diversa manera en los demás periodos ordinarios de sesiones.

 Con la elaboración de los dictámenes correspondientes, el pleno camaral tendrá las condiciones necesarias para discutir y votar un proyecto, conociendo los segmentos de juicio considerados frente a los expuestos por el Ejecutivo Federal en su iniciativa preferente.

 Por lo anterior, presento a la consideración la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los 30 días naturales de plazo máximo para que el pleno discuta y vote el proyecto de decreto contenido en una iniciativa preferente, serán contados a partir de la fecha de su presentación, excepto cuando se trate de iniciativa presentada en la apertura del Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de origen, que ésta deba de integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso el plazo correrá a partir de las fechas de la instalación de éstas.

 Señor presidente, solicito muy atentamente se publique el texto íntegro de la iniciativa que presento en el Diario de los Debates.
 Es todo, señor presidente, muchas gracias.

 (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, señor senador.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 Se concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada, y Ernesto Ruffo Appel, para presentar proyecto de decreto que expide la Ley Federal para ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor presidente. Comunico a la Mesa Directiva que se han adicionado a la suscripción de esta Iniciativa los señores senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco, Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Lavalle Mauri, todos ellos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

 Compañeras senadoras, compañeros senadores.

 El derecho de réplica en nuestro país está regulado para las publicaciones impresas desde 1917, en una ley de carácter penal que se conoce como la Ley de Imprenta, presumiblemente reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución de 1917, pero que se publicó antes de que se promulgara la Constitución. Por lo que la ley ha sido catalogada como preconstitucional.

 Esta condición de ley preconstitucional la mantuvo durante mucho tiempo cuestionada en la validez de varios de los elementos formales que le dieron origen, entre otros, las facultades reglamentarias que Venustiano Carranza transformó en legislativas para proveer al cumplimiento de la nueva Carta Magna.

 Sin embargo esa ley, trazada bajo una óptica de resguardo político e inspirada bajo la moral de aquella época, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró: …”Tiene fuerza legal y debe ser cumplida en tanto no pugne con la Constitución vigente, o sea, expresamente derogada”.

 Y a pesar de que la misma ley, denominada oficialmente sobre delitos de opinión, dice expedir entre tanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6° y 7° de la Constitución, esa empresa legislativa no se ha verificado después de más de 90 años. Es el entretanto más largo de nuestra historia legislativa. A lo que se suma la decisión que el propio Congreso tomó en el transitorio décimo de la reforma electoral del 2007, que adicionó el derecho de réplica, será garantizado en los términos que las leyes establezcan. En ese transitorio la reforma electoral del 17 dijo que a más tardar el 30 de abril del 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución.

 Se trata, compañeras y compañeros, de una aberrante omisión legislativa que ha provocado el renacimiento positivo de la vetusta ley de imprenta, en la que descansan cientos de demandas o en ella se complementan las que se enderezan por la vía civil.

 En materia de radio y difusión, también presumiblemente está regulado el derecho de réplica. En el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión del 10 de octubre del 2010.

 Sin embargo esa reglamentación es tan inútil e ineficaz que si hay algunos casos que hayan prosperado en el ejercicio de ese derecho, son contados y se debe especialmente a la quiescencia de los concesionarios de la radio y televisión en quienes se dejó la potestad de conceder o no el derecho de réplica, un ridículo monumental.

 Sobre esta legislación pendiente del Congreso mexicano existen diversas iniciativas, tanto en esta Cámara como en la Cámara de los Diputados. La mayoría de ellas convergen en un punto fundamental: crear un procedimiento moderno, expedito y que combine un mecanismo de auto composición, es decir, que las partes, el aludido y el medio de comunicación, puedan llegar a un acuerdo para permitir el acceso gratuito al medio de comunicación, pero también se establece un procedimiento heterocompositivo. Esto es, que si las partes no llegan a un acuerdo, sean un tercero el que resuelva, esto es la autoridad.

 Y es precisamente en el tema de quién debe aplicar el derecho de réplica o quién debe garantizar ese derecho, en donde ha habido diferendos, distintos enfoques, diría yo, diversas propuestas legislativas. Algunos han propuesto que sea el IFE quien resuelva la controversia, pues se pensaba que al estar inscrita dentro de la reforma electoral del 2007, esta alusión constitucional o esta expresión constitucional aludía al derecho de candidatos y partidos para responder a imputaciones…..

(Sigue 3ª parte)
....  constitucional, o esta expresión constitucional aludía al derecho de candidatos para responder a imputaciones inexactas o agraviantes. Hay también quienes han pensado que debiera ser una instancia administrativa, hay iniciativas en este Senado y en la Cámara de Diputados que dicen que debiera ser la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Normatividad de México, que tiene una actuación de los medios de comunicación de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta posible alternativa tiene un inconveniente para los ciudadanos, sobre todo para el eficaz acatamiento de un ley en la materia, pus sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y las resoluciones de este tribunal, cometidas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual se traduce en más de tres instancias para las partes.

¿Qué es lo que nosotros proponemos? Quienes suscribimos esta iniciativa en realidad en un debate ya muy decantado, que recoge, precisamente que se enriquece de la diversidad de puntos de vista. Nosotros proponemos un procedimiento judicial sumario ante un juez de distrito en un plazo que no exceda de 22 días para que se determine el ejercicio del derecho de réplica ante el medio de comunicación, que no lo haya querido otorgar por la vía de la conciliación de las partes, que es la primera etapa que plantea la iniciativa.

Está muy discutido en el orden internacional, que el derecho de réplica es un mecanismo de libertad de expresión de quienes no tenemos para nosotros la potestad o la posesión de medios de comunicación. 

Se trata de una iniciativa que de aprobarse en esta Cámara de Senadores saldaría no sólo el entretanto de más de 90 años que formuló la Ley de Imprenta, también saldaría el transitorio de la reforma constitucional que elevó a rango constitucional el ejercicio de este derecho fundamental que resguarda la imagen de las personas,  la vida priva de las personas frente a imputaciones imprecisas, calumniosas, agraviantes del derecho a la propia imagen.

En la gaceta parlamentaria se contiene el texto completo de esta iniciativa, por supuesto debo decir, está un procedimiento expedito y están determinados con toda claridad qué debe entenderse por medios de comunicación: toda aquella instancia capaz de difundir y de propagar información y, por lo tanto, de generar un impacto social en lo que tramite.

Señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de los Senadores dejo a la consideración de esta soberanía la iniciativa por la cual el Congreso de la Unión pudiera saldar este compromiso, este adeudo con la democracia mexicana, con las libertades de expresión, de información y del derecho a la información de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senadora Silvia Garza. Sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza.

-LA C. SENADORA SILVIA GARZA GALVAN:  (Desde su escaño).  Si me permite sumarme a su iniciativa, senador Corral. 

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Tome nota la secretaría. Sonido en el escaño del senador Fayad.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  (Desde su escaño).  Gracias, presidente. Para preguntarle al orador si me permite  formularle una pregunta, respecto a tan interesante iniciativa. 

-EL C. PRESIDENTE  CORDERO ARROYO: Senador Fayad, suplicaría que estamos en una etapa de turnar a comisiones estas iniciativas. Yo le pediría, no es tema de debate ni vamos a discutir el fondo de la iniciativa. Yo le pediría que si tiene alguna pregunta, bueno, la pudiera platicar con el senador Corral fuera de este procedimiento. Gracias.

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  (Desde su escaño).  Presidente, conforme al reglamento.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Senador Bartlett. Sonido en el escaño del senador Bartlett. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  (Desde su escaño).  Muchas gracias, señor presidente, yo creo que sí se puede hacer...

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  (Desde su escaño). No prendió el micrófono, inaudible.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Sonido en el escaño del senador Bartlett. Senador Fayad, el reglamento establece que yo le puedo autorizar a usted hacer una pregunta, no se la estoy autorizando. Senador Bartlett, por favor.

EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  (Desde su escaño).  Yo quisiera hacerle una pregunta al señor senador Corral, desde luego felicitándolo por su valentía de plantear esta iniciativa, senador Corral, cuando terminen de discutir allá pasan la palabra otra vez.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Senador Bartlett, en esta parte del proceso, en la presentación de iniciativas, que no deliberativas, únicamente se turnan a comisiones, les pediría que fuéramos respetuosos del procedimiento que estamos llevando acabo, y se abstuvieran de hacer preguntas y de generar un debate, en una parte del procedimiento donde no existe y lo establece con toda claridad y con toda puntualidad el reglamento.

Yo les pediría su colaboración para poder desahogar y llevar acabo esta reunión en los mejores términos posibles. Gracias.  Sonido en el escaño del senador Blázquez.

-EL C. SENADOR  MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ SALINAS. (Desde su escaño).   Senador Corral, suscribo su ponencia y la celebro. 

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Tome nota la secretaría. Sonido del senador Zamora.

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ:  (Desde su escaño).  Señor presidente, de manera muy respetuosa  para la asamblea, y por supuesto, y en acatamiento a lo que dispone nuestro reglamento y la Ley Orgánica, me parece que es muy importante que respete el derecho de expresión que tienen los senadores.

El senado que ha solicitado el uso de la palabra, de nuestro grupo parlamentario, tiene el interés de adherirse, de sumarse a esta iniciativa, no de polemizar. Entonces es importante que sentemos precedentes en donde se respeten las intervenciones  de todos y cada uno de ellos.

También es cierto, que el señor presidente tiene la facultad de no concederle el uso de la palabra, pero por esa razón consideramos que estamos en una asamblea en donde es importante conocer todos los puntos de vista, porque es lo que enriquece precisamente la solución a los temas que vamos a debatir a lo largo de estos seis años, razón por la cual yo le solicito muy atenta y respetuosamente le pueda conceder el uso de la palabra, si es tan amable a nuestro compañero.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Senador Zamora, le agradezco mucho su atenta solicitud, y me permito leer el artículo 77 del Reglamento. Los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata; si el presidente admite la solicitud, situación que no estoy concediendo, y les pido su comprensión, senador Zamora. Le agradezco mucho.

Muy bien, procedemos a dar el turno a la iniciativa presentada por el senador Javier Corral y otros señores legisladores, y tomamos nota de todos los que se han adherido.  Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos segundo y noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  Con su permiso, senador Presidente, compañeras senadoras, ....

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Senador, me permite un momento por favor.  Sonido en el escaño del senador Gerardo Flores.

-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ:  (Desde su escaño). 

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Se me hace que no está usted en su escaño, senador.  Está en el escaño del senador Mayans. Gracias.
-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ:  (Desde su escaño). Muchas gracias, presidente. Sólo para solicitar la ampliación del turno que acaba de dar  a la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de esta soberanía. Gracias, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Gracias, senador. Se concede. Por favor, senador, continúe.

-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ:  (Desde su escaño).  Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...

(Sigue 4ª. Parte)
. . . . . . . . . ......... de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del segundo trimestre del 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios, ascendía a la cantidad de 404 mil 409.5 millones de pesos.

El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio en términos relativos es del 153 por ciento, y comparado con el que tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox, es de 346 por ciento.

En otras palabras, el crecimiento de la deuda se ha desbordado a lo largo de los años.

Permítanme señalar, compañeras, compañeros, algunos datos que ilustran a la perfección lo anteriormente expresado:

Del 2008 a 2009, ésta creció en casi 50 mil millones de pesos; de 2009 a 2010, aumentó en más de 60 mil millones de pesos; y para el ejercicio 2010-2011 se disparó el endeudamiento con más de 76 mil millones de pesos.

Por otra parte, resulta altamente significativo que el 58 por ciento del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234 mil 418 millones de pesos; mientras que sólo el 22 por ciento lo absorbió la Banca de Desarrollo con un monto superior a los 89,500 millones de pesos.

El 15 por ciento a emisiones bursátiles con algo más de 59 mil millones de pesos, y el 3 por ciento a fideicomisos con una cifra superior a los 13,748 millones de pesos, y el 2 por ciento restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7,554 millones de pesos.

En términos de las garantías de los endeudamientos encontramos que la mayor presión está sobre las participaciones estatales.

El 82 por ciento de todo el endeudamiento, es decir, más de los 332,500 millones de pesos está garantizado con ellos.

Otro 17 por ciento de lo que se adeuda, es decir, más de 67,847 millones de pesos está garantizado con ingresos propios.

Estos datos, compañeras y compañeros senadores significan serias desventajas para los contribuyentes ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de endeudamiento tendrán que crear forzosamente nuevas cargas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes para poder cumplir con su responsabilidad.  Un caso concreto sería la tenencia vehicular.

Del total del endeudamiento, el 79 por ciento corresponde a los gobiernos estatales.

El 7.6 por ciento a organismos estatales, lo que en su conjunto nos da el 87.5 por ciento; mientras que a los municipios les corresponde el 11 por ciento, y a los organismos municipales el 1.5.

El promedio de la tasa de interés nominal anual de endeudamiento al 30 de julio del 2012, era del 6.3 por ciento. Lo que significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año, solamente por servicio de la deuda un estimado cercano a los 25,478 millones de pesos.

Es precisamente en los estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados, y por lo tanto, donde encontramos las tasas de interés más altas.

Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al promedio de vencimiento de las obligaciones.

En el año 2001, éste era de 9.6 años; para el año 2006, había disminuido a 9.1 años; y para el último día de junio del presente 2012, correspondía a 14.9 años.

De lo anterior se puede colegir el riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un endeudamiento cada vez mayor, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos.

El tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa llega al 80.1 por ciento, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudios,  y que de no ponérsele la atención inmediata podría amenazar la viabilidad de las finanzas de varios estados. Toda vez que las participaciones son la principal fuente de recursos para respaldar al gasto corriente.

A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra participaciones federales es inferior al 40 por ciento. En tres estados la relación es superior al 70 por ciento. En 5 de nuestras entidades superan el 100 por ciento;  y en un estado supera el 200 por ciento, y en otro está prácticamente encima de los 300 por ciento.

No omitimos, compañeras, compañeros mencionar que en el período 2005 al 2010 la relación de obligaciones financieras  contra participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales; tendencia, que de no tomar las medidas necesarias podría seguir incrementándose.

Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda de los estados, radica en el hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se han estado erradicando a las entidades, más allá de los correspondientes a las participaciones y aportaciones.

Por ejemplo, del 2005 al 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915,633 millones de pesos a los estados entre lo que fue provisiones salariales económicas, convenios de descentralización y convenios de reasignación.

En el 2005, los recursos adicionales representaban el 10.8 por ciento del total, para el año 2011 representaron el 15.8 del total canalizado a los estados, es decir, más de 182,570 millones de pesos. Sin embargo, en el período de tiempo de 2005 a 2011 la deuda experimentó un crecimiento de más de 165 por ciento, es decir, en términos absolutos creció en más de 243,300 millones de pesos.

Si ampliamos la visión al período 2000-2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados, crecieron en términos relativos al 200.5 por ciento, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7 por ciento.

Esto nos señala que aún considerando la inflación acumulada tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener los salarios acorde a la inflación, y lo que realmente se pagó por servicios personales.

Ante la gravedad de esta situación, compañeras y compañeros establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de endeudamiento que comprenda los siguientes aspectos:

Primero, incrementar el fondo general de participaciones del 20 al 22 o quizás hasta el 25 por ciento de la recaudación federal participable.

De esta manera se inyectarían de mayores recursos a los estados, y deberá bajar la necesidad de endeudamientos.

Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos del fondo general de participaciones que no deberá ser superior al 50 por ciento de lo que se haya recibido por el fondo en el ejercicio fiscal anterior.

De esta manera disminuiríamos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de los estados.

También proponemos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos propios, que se garanticen con recursos propios no deberá ser superior al 75 por ciento de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De esta forma disminuiríamos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes; y al igual que el punto anterior, disminuiríamos el riesgo de comprometer su viabilidad.

También proponemos establecer el candado de que sólo se permita de que una entidad federativa contrate empréstitos con la banca comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda cuando la Banca de Desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado.

De esta forma, se garantizaría que todos los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación brutal de capital fijo al mismo tiempo que impulsaríamos el relanzamiento de la Banca de Desarrollo.

Finalmente, proponemos establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que se contraten en las entidades federativas no sean superiores al......

(Sigue 5ª. Parte)
. . . establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que se  contraten en las entidades federativas no sean superiores a los seis años, así se garantizaría que no se comprometa el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser materia de escrutinio en los procesos electorales inmediatos de su gestión.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senador, le suplicaría que terminara su argumentación.

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Concluyo, senador Presidente, es así, compañeras y compañeros por lo anteriormente expuesto y en aras de poner un límite a  la actual política de endeudamiento en que están  incurriendo los estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal que proponemos a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto, porque se reforman los artículos 2 y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

 Es cuanto, senador Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias Senador.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos.

 Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se  reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

  -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Con su permiso, señor Presidente.

 Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy presento una iniciativa en donde se busca una reforma  a once ordenamientos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y esto tiene que ver con el momento que vivimos las mujeres mexicanas, hay una serie de recomendaciones, la  CEDAO,  igualmente la Convención  sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de igual manera, habla sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  y creo que es muy oportuno hablar del tema, toda vez que estamos justo en un momento en que se toman decisiones en el Congreso General, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para la distribución de los órganos de gobierno de decisión y de dirección.
 
 Hemos luchado bastante para poder llegar a esta Cámara, y se ha celebrado tanto que hoy más del 30 por ciento de las curules y escaños son ocupadas  por mujeres, pero eso no será nada productivo y nada provechoso para este país y menos para las mujeres que no tienen voz y voto, sí la representación  en las comisiones ordinarias, especiales, comités, en la Comisión Política Permanente, en la Mesa Directiva de Ambas Cámaras no se establece este principio por el que hemos luchado.

 Precisamente por eso hoy presento esta iniciativa  y sé que podrán transitar  por la voluntad política que ha quedado demostrada tanto en los partidos políticos, sus organizaciones femenil en la sociedad civil, pero sobre todo por quienes hoy coincidimos en esta  honrosa responsabilidad  como diputadas y diputados federales, senadores y senadoras de la República.

 No le regateemos más la presencia de las mujeres en los cargos importantes en esta Cámara, no servirá de anda haber llegado más del 30 por ciento de mujeres, sí en la toma de decisión,  y de dirección de estas Cámaras, en los resolutivos, en las reformas la presencia de la mujer no es real, sustantiva para estas decisiones.

 Sé que contamos con el apoyo de los hombres y de las mujeres de ambas  Cámaras, por eso creo que lo qu está por venir se podrá reflejar una participación en una igualdad sustantiva de hombres y mujeres legisladores de México.

 Muchas gracias, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias a usted, Senadora. (Aplausos)

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,  y de Estudios Legislativos.

 Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre propio y de los Senadores Raúl Gracia Guzmán, y Daniel Avila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 237  y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos  electorales, y el artículo 403 del Código Penal Federal.

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias, le rogaría que también inscribiera como proponentes de esta iniciativa a lo senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Maki Esther Ortiz Domínguez, y el Senador Javier Corral Jurado.

 En ejercicio de la facultad  de iniciativa que asiste a los  senadores de la República, someto a consideración de esta Asamblea,  iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo relativo a encuestas y sondeos de opinión para fines político-electorales.

 A diferencia de la iniciativa anunciada por la Fracción Perredista en la Cámara de Diputados, esta iniciativa no pretende bajo ninguna circunstancia o concepto prohibir la  realización o difusión de encuestas ni criminalizar este tipo de ejercicios o a sus autores.

 Frente a esa visión que entiende que las  normas únicamente inducen comportamientos a través  de las penas, esta iniciativa apela al a transparencia como mecanismo para incentivar el uso  responsable y orientado al interés público  de las encuestas.

 No existe en esta propuesta un sólo dispositivo que limite las libertades de contratación, de información o de expresión.

 No propone establecer controles de calidad sobre el trabajo de los encuestadores, sino permitir que los ciudadanos  y los actores electorales tengan la posibilidad material de conocer, evaluar, juzgar y criticar en el marco del debate público las estimaciones sobre preferencias electorales que se difundan durante un proceso electoral, en el entendido de que en democracia todos los hechos políticos y sociales deben estar sujetos a la crítica social y que los poderes públicos tienen el deber de generar las condiciones para hacer posible esa crítica.

 Por el contrario, esta iniciativa reconoce que las encuestas son realidades consustanciales a la democracia, al libre flujo de información e ideas que  decida el pluralismo y al debate abierto sobre todo en contextos electorales.

 El propósito fundamental de esta iniciativa más allá de las experiencias recientes, es evitar que nuestra democracia ceda a una tentación, la tentación de borrar la frontera entre las encuestas electorales como instrumentos de opinión y las encuestas electorales  como formas veladas de propaganda electoral.

 Porque no podemos reconocer que las encuestas, sobre todo aquellas que tienen una intensa difusión en medios de comunicación inciden en las preferencias electorales, cientos de estudios empíricos en México  y en el mundo  han bordado sobre la influencia de las encuestas electorales en la formación de la voluntad electiva de los ciudadanos.

 Y tampoco podemos desconocer que nuestro país la presencia de las encuestas ha crecido sustancialmente en los últimos años desde sus primeras apariciones en 1994 hasta una realidad claramente visible en los pasados procesos electorales.

 Según estimaciones  durante el pasado proceso electoral se difundieron 52 encuestas nacionales, el Instituto Federal Electoral ha reportado que las solicitudes para realizar encuestas y sondeos de opinión se incrementó en un 135 por ciento  con respecto al proceso electoral de 2006 y en un 436 por ciento con respecto al proceso electoral de 2009.

 Estoas datos reflejan no sólo el crecimiento de un mercado, sino también el creciente interés de medios  de comunicación por difundir estudios  de preferencia electoral y también de los ciudadanos por conocer su contenido a lo largo de la campaña electoral.

 Pero también  pone en evidencia que en ausencia de controles razonables y proporcionales que atiendan al interés público pueden convertirse en nuevas formas de propaganda electoral  que evadan las restricciones de financiamiento y fiscalización  que están establecidas en la Ley Electoral.

 En ese sentido la iniciativa eleva a rango  de Ley obligaciones que hoy se encuentran  consignadas en acuerdos del Consejo General del IFE y que han sido resultado del diálogo institucional entre la autoridad electoral y los profesionales de la investigación de opinión pública que se han desenvuelto desde el año de 1994.

 Las iniciativas precisan estas obligaciones, las  amplía y establece con mayor claridad. . .

(Sigue 6ª parte)
...desde el año de 1994. La iniciativa precisa, esas obligaciones las amplía y establece con mayor claridad la forma de ejecución a cargo de los sujetos obligados.

Esta iniciativa también propone que quienes difundan encuestas electorales informen a la sociedad sobre la fuente de financiamiento, esto es sobre la persona física o moral que lo hubiere pagado o donado total o parcialmente su realización o difusión. Acorde con la tendencia internacional, y en particular razonando la experiencia canadiense, norteamericana y también francesa, la iniciativa propone la creación de un comité técnico en el IFE encargado de velar que toda la información sobre las encuestas esté disponible y accesible para los ciudadanos.

Tal y como se ha establecido en códigos de ética asumidos por asociaciones internacionales que reúnen expertos profesionales y académicos en la investigación de opinión pública, esta iniciativa propone incorporar en la Ley Electoral el deber de informar si existe vínculo jurídico o económico entre encuestadores, partidos políticos y candidatos. Esto es de revelar si el encuestador realiza actividades de asesoría, estrategia, mercadotecnia o de militancia con un partido o una candidatura.

Se trata de una obligación de revelar un conflicto de interés, tal y como hoy sucede para encuestas que se realizan para el sector privado. Siguiendo también la tendencia internacional, la iniciativa propone reducir el plazo de prohibición de difusión de encuestas de tres días previos a la jornada a un día previo a la jornada electoral, con el propósito no solamente de ensanchar las libertades de comunicadores y encuestadores, sino también para que dichos estudios puedan recoger las variaciones en las preferencias electorales que se realizan en los últimos días de la campaña.

De 2002 a esta fecha más de quince países han eliminado restricciones a la difusión, o bien disminuido el lapso de prohibición para su publicación o difusión.

Señoras y señores senadores, nuestra democracia debe cuidar que no se borre la frontera entre las encuestas como instrumentos de opinión, como fotografías de hechos políticos en un tiempo determinado y las encuestas como formas veladas de propaganda electoral. Ampliar la transparencia sobre el uso y difusión de encuestas no sólo mejorará el flujo de información que se daba en el debate público en contextos electorales, sino que también dará mejores razones a los ciudadanos para confiar en la valía de estos ejercicios y también dará mejores razones para tener disposición a revelar sus preferencias electorales.

Las obligaciones de transparencia, y no la criminalización, son la ruta para inducir al uso responsable de las encuestas sin poner en entredicho las libertades de informadores, encuestadores y actores electorales. Esta es la tendencia del mundo, y a esa tendencia debe sumarse nuestro país para mejorar la calidad de sus procesos políticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, Senador.

-EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: (Desde su escaño) Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

-EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: (Desde su escaño) Sólo para adherirme a esta iniciativa, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Tómese nota, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Cabeza de Vaca.

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA: (Desde su escaño) De igual manera, si me permite el orador adherirme a su iniciativa.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Tomamos Nota.
Senador Lozano.

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Para adherirme también, si está de acuerdo el orador.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias.

Senadora Calderón. Sonido en el escaño de la Senadora Calderón, por favor.

-LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERÓN HINOJOSA: (Desde su escaño) Sólo para adherirme a esta iniciativa, si me lo permite el Senador Gil.

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senadora Torres. Sonido en el escaño de la Senadora Torres.

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa, presidente.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Les pediría si todos aquellos senadores que quieren adherirse levanten su mano y podemos tomar nota, de una manera más económica.

Gracias. Muy amables.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Le pediría a los senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, al Senador Carlos Mendoza Davis, al Senador Alejandro Encinas y a la Senadora Martha Palafox, si pueden acudir fuera de este Pleno para atender a un grupo de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les agradezco mucho.

(La Comisión cumple)

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a nombre propio y del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 Constitucional.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros senadores; compañeras senadoras:

Los suscritos, Senador Fidel Demédicis Hidalgo y Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguientes consideraciones:

Las recientes reformas constitucionales a los artículos 1, 4 y 27 fracción XX a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos para generar políticas públicas para una adecuada alimentación nutritiva, resultan incompleta si no consideramos al mismo nivel el derecho humano al agua y a su saneamiento.

Este derecho resulta cada vez más necesario ante la insuficiencia creciente del preciado líquido, y la mala calidad en su tratamiento. El agua y su consumo humano, representa hoy en día un tema fundamental para el desarrollo del individuo, crucial para la reducción de la pobreza, indispensable para un desarrollo sostenible y para consolidar un mejor planeta.

El agua dulce debe entenderse como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida, su descuido representa un futuro decadente y produciría la falta de subsistencia de la vida. Por ello, debemos tomar las debidas providencias para explotar y usar racionalmente nuestros recursos hídricos.

La rectoría del agua limpia, impulsar el éxito, fracaso, en otras necesidades básicas, y del desarrollo social y de al producción, los servicios de agua potable merecen una especial atención por parte del Poder Legislativo, sobre todo en cuanto a las limitaciones y omisiones que se han presentado en otras ocasiones y que nos rebasan a una realidad cada vez más desorganizada.

Actualmente, este preciado recurso está agotándose y contaminándose rápidamente. La Organización Mundial de la Salud ya ha señalado en distintas ocasiones que el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo son causadas por la falta de agua potable.

Muchas enfermedades tienen su origen en aguas contaminadas en México y en el mundo, ya que cada cinco segundos un niño muere en algún país por problemas de la calidad del agua. Cabe mencionar también que cerca del 95 por ciento de los cuerpos de agua potable en México están siendo contaminados.

El agua contaminada puede ser mortal, alrededor de 1.8 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera, y millones más se enferman gravemente por una diversidad de enfermedades vinculadas con la mala calidad del agua, de las cuales son previsibles.

Ya el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución A/RES/64/292, con 122 votos a favor y 0 en contra, declaró que el acceso seguro a una agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.

En este sentido, es menester recordar que el derecho al agua nos obliga a cuidarla y nos impone acciones para su uso racional. Gobierno y sociedad estamos obligados a participar activamente en la conservación del medio ambiente y en manejo responsable de nuestras reservas de agua.

Por el bien de todos, el Senado de la República debe impulsar…

(SIGUE 7ª PARTE)
…de nuestras reservas de agua.
 Por el bien de todos, el Senado de la República debe impulsar la Constitución en la constitución del derecho humano y su garantía al agua potable como un paso fundamental para procurar su acceso a todas las personas, generando programas de infraestructura, abastecimiento y tratamiento; educar y crear la necesaria cultura del agua.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto.
UNICO.- Se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El Estado garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud.
Todas las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales, del ciclo vital y de privacidad. Deberán situarse donde pueda salvaguardarse la seguridad física de las personas.
T R A N S I T O R I O S
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que reglamente este derecho humano, y adecuar el marco jurídico vigente, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
Tercero. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre del año 2012.

ATENTAMENTE
SEN. FIDEL DEMÉDICIS. (Rúbrica).                 
SEN. ÁNGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA. (Rúbrica)
-Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, Senador.
-Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.
-Se concede ahora el uso de la palabra al Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: Le agradezco, y con su permiso, señor Presidente.
En el año de 1981, en el Estado de México, Francisco Rodríguez fue encontrado responsable de una conducta de carácter pernal que lo llevó a estar poco menos, poco menos de 6 años en la cárcel.
A Francisco esto le representó quedarse con el escaso patrimonio que había logrado en su vida; quedarse con menos amigos y también con una afectación familiar importante.
A Francisco también le representó el no poder esta en igualdad de circunstancias que el resto de los mexicanos para poder sacar adelante a su familia.
A Francisco le representó ser a la postre un exconvicto, esto debido a una mala práctica judicial del Estado que declaró culpable, y que ante un juicio realizado fue también declarado inocente.
Y lo único que recibió Francisco fue: “Francisco, discúlpanos, nos equivocamos”. Este tipo de prácticas del Estado mexicano ya no son extrañas, ni tampoco aisladas.
Ha habido ya algunos casos, no sólo similares, sino que también han involucrado a inocentes en el Estado mexicano.
Así fue el caso que, seguramente todos recordaremos, de José Antonio Zúñiga, de la película “Presunto Culpable”.
 El pasó 804 días en que no tuvo la oportunidad de poder resarcirle el Estado a José Antonio esta mala práctica, que hoy denominaremos: “Error Judicial”.
 Pero hay muchos, muchos José Antonios, anónimos, que no, no han tenido la oportunidad, ni la fortuna de salir en una película, y a quienes no sólo se les ha acusado injustamente, sino que se les ha ocasionado un daño verdaderamente irreparable, sin que hasta el día de hoy el Estado se haga responsable de ello.
 Por eso, señoras y señores Senadores, es que considero vital el que el Senado de la República pueda ya desde hoy incluir en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, al Poder Judicial.
 Una práctica normal, un error judicial puede provocar daños irreparables como el caso de Francisco Rodríguez, como el caso de José Antonio Zúñiga que hoy merecen nuestra atención, y también, por supuesto, el que ellos merezcan cuando menos una parte que les repare el daño que el Estado mexicano ha causado.
 Por es que hoy pongo a su honorable consideración el que se reforme el artículo 17 Constitucional para que no sólo se reconozca que una mala práctica debe ser indemnizada por parte del Estado mexicano, sino también que se regule.
 Es cuanto, Senador-Presidente.
 Muchas gracias. 
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias, Senador.
 -Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.
 -Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.
 -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Buenos días.
 Gracias, señor Presidente.
 Compañeras y compañeros Senadores:
 La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es industria que produce una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos, al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.
 No obstante, actualmente no existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana; no existen cadenas ni medios de distribución adecuados. El cine mexicano se produce en difíciles condiciones, y sin embargo, las películas tienen un alto valor.
 Lo más lamentable es que en México contamos con los elementos para lograr una cinematografía pujante, además el talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con una sólida asistencia de nuestra ciudadanía a las salas de cine.
 Con 3 mil 700 pantallas, nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en asistencia del público a sus salas; y el 11 por ciento de recaudación de ingresos en taquilla. Pero de los 156 millones de boletos que se venden cada año en el territorio nacional, sólo el 5 por ciento toca a la exhibición de las películas hechas por cineastas mexicanos, indudablemente  que una nueva legislación eficaz y la instrumentación de políticas públicas adecuadas en fomento al cine detonarían enormes beneficios para el país.
 Actualmente el sector de la cultura aporta el 7 por ciento del Producto Interno Bruto, ese porcentaje aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y vigorosa.
 A pesar de esto, el cine mexicano ha quedado virtualmente al margen de la competencia por las condiciones del mercado. El mercado le impone condiciones en las que no puede desarrollarse plenamente.
 El cine mexicano, no obstante de haber aumentado la calidad y la cantidad en sus producciones cinematográficas en los últimos años, ve enormemente limitada su posibilidad de exhibición local debido a la agresividad comercial de las empresas trasnacionales.
 Esto, como consecuencia, de que son las grandes corporaciones norteamericanas las que han definido los criterios respecto a lo que tiene que ver con lo que se distribuye y se exhibe en nuestro país.
 Frente a ello, resulta…

(Sigue 8ª. Parte)
… los criterios respecto a lo que tiene que ver con lo que se distribuye y se exhibe en nuestro país.

 Frente a ello, resulta apremiante equilibrar desde la legislación esta situación de desventaja y desprotección del cine nacional, ante una industria transnacional hegemónica, que impone formas de distribución, exhibición y, obviamente, consumo. Garantizando una cuota de pantalla y un tiempo de permanencia, suficientes en favor de las películas nacionales.
 
 En este objeto, mediante la presente iniciativa, compañeras y compañeros, se proyecta reformar, en el primer párrafo, el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, efecto de establecer que los exhibidores reservarán, no el 10 por ciento, como estable actualmente, sino el 20 por ciento del tiempo total de exhibición para la proyección de películas nacionales, en sus respectivas salas cinematográficas en nuestro país.
 
 La cuota de pantalla, por definición, es el establecimiento por parte del Estado, de una cantidad obligatoria de películas, por sala, en un período determinado; constituye el instrumento de regulación del capital… de capital importancia a la hora de hacer efectiva una verdadera oferta cinematográfica, que nos garantice y asegure la diversidad cultura y que proteja la producción nacional.

 La finalidad de esta cuota de pantalla, es, obviamente, facilitar el estreno de todos los títulos de películas mexicanas. 

 No obstante, si la reforma sólo quedara en aumentar esta cuota de pantalla, indudablemente dejaría abierta la posibilidad de sacar a las películas mexicanas de las pantallas en un corto tiempo, como viene ocurriendo actualmente. En muy corto tiempo de exhibición. Y esto tiene que ver con la presión que ejerce el mercado global y, obviamente, los títulos de las grandes distribuidoras de Hollywood, que están haciendo presión de manera permanente, para que sean sus películas, vistas en nuestras salas.

 Para compensar esta debilidad, resulta también pertinente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía. Para establecer como una medida de continuidad, de que toda película nacional, que se estrene en salas, por un período, inferior a tres semanas dentro de los seis meses siguientes, a la fecha de que ésta sea inscrita en el registro público correspondiente.

 El que garantizamos, por lo menos, tres semanas de exhibición de las películas nuestras, producidas en nuestro país, nos da garantía de que la audiencia tenga la posibilidad de que en este lapso de tiempo, se difunda y podamos saber si una película, efectivamente es buena o no.

 Toda vez que conforme al vigente párrafo del artículo 19, de la Ley Federal de Cinematografía, se concede sólo una semana de garantía a las películas nacionales. Desde mi perspectiva, dando concesiones a la industria cinematográfica norteamericana, para que puedan ellos tener prioridad a la hora de exhibir sus películas.

 Por último, dejando ahí esta iniciativa, pretendemos establecer hacia una legislación, que cuente con dos herramientas, que se complementan para la aportación del cine mexicano, en los efectos de asegurar, una mínima cantidad de pantallas para la producción cinematográfica nacional.
 
 La obligatoriedad de exhibición en la cuota de pantalla e imposibilidad de levantar un film, por un período de tres semanas, y una semana como actualmente establece nuestra legislación.

 Es cuanto, señor presidente. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Túrnese a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

 Se concede, ahora, el uso de la tribuna al senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana.

 Y por el que se inscribe con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras: “Congreso de Anáhuac 1813”.

 Por favor, senador.

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente.

 La presente iniciativa, compañeros y compañeras senadoras, tiene la finalidad de iniciar una conmemoración, que desde mi estado, el estado de Guerrero, desde las tierras del sur del país, parece importante iniciar, con miras a los 200 años de la celebración de los Sentimientos de la Nación.

 Me permito hacerlo frente a ustedes el día de hoy, pues estamos a tan sólo dos días, de que se celebre el próximo 13 de septiembre, los 199 años, de que José María Morelos, allí, en Chilpancingo, planteara una visión, de una nación emergente, de un país naciente, diferente a todo lo que había sido en su historia, una nación que fuera libre y que fuera soberana.

 Y nos parece importante presentar, esta conformación, de una medalla que logre celebrar, por parte del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, entre el Senado de la República y la Cámara de los Diputados; y que permita poner en el centro de la discusión, no solamente aquellas personas, hombres o mujeres que han aportado a la vida constitucional del país, a través de una medalla, que se llame Congreso de Anáhuac de 1813. Primer Constituyente de la Nación Mexicana.

 Y que se ponga en letras de honor, allí en San Lázaro, precisamente la conmemoración de este Congreso, sino que arranquemos una profunda discusión sobre lo que es nuestra Constitución.

 Que arranquemos una revisión puntual, sobre la que en estos años ha significado esos Sentimientos de la Nación, que hoy siguen vivos, pero que hoy siguen pendientes y que están latentes para una nación que no logra consolidarse todavía.

 Esperamos que esta medalla, logre poner una discusión de fondo, que estoy convencido, estamos convocados las legisladoras y las legisladoras de LXII Legislatura.

 Qué es lo que ha ocurrido, con lo que planteó José María Morelos, hace ya casi 200 años, cuando en el artículo 4, señalaba que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarlo en sus representantes, dividiendo los poderes de ella, en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos, sabios y de probidad.

 Me parece que es una reflexión importante que hay que hacernos en este inicio de legislatura. En un inicio de legislatura, que tiene pendiente pensar, cómo un país como México, con 115 millones de hombres y mujeres, que viven en él, se conforta con tener casi 52 millones de personas, de hombres y mujeres que viven la pobreza.
 Cómo lo que estamos aquí en el Senado representando el Pacto Federal, nos conformamos con que año con año sigamos apareciendo entre los primeros países que más aportan a la lista de Forbes.  De los hombres más ricos del mundo. Y que algunos incluso se lleguen a vanagloriar de que tenemos al personaje que mayor riqueza tiene en todo el globo terráqueo.

 Pensarlo, es remontarnos hace precisamente 200 años. Hace 200 años, aquellos primeros hombres que pensaron a la nación independiente, aquellos de los cuales, bien este Senado, esta LXII Legislatura, planteaban, y bien lo decía Morelos: “que como la buena ley, es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tales que obliguen la constancia y patriotismo; modele la opulencia y la indigencia. Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

 Cincuenta dos millones de pobres. El 80 por ciento de la riqueza nacional, del producto interno bruto, concentrada tan sólo en el 20 por ciento de la población. Mientras que el otro 80 por ciento, tan sólo puede gozar del 20 por ciento de los ingresos.

 Son 200 años, que como nación libre e independiente, no hemos logrado hecho realidad esto.

 Y me parece importante decirlo desde el sur.  Porque no tan sólo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas hoy…

(SIGUE 9ª. PARTE)
… desde el sur, porque no tan sólo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas hoy los que representan esa pobreza lacerante. Hoy el Sur no solamente tiene una geografía y no solamente tiene una ubicación en una parte del territorio específica del país. Hoy la pobreza, y hoy es indigencia, se vive en la zona huichol, la zacatecana. Hoy se vive en las partes más intrincadas de Ciudad Juárez y hoy se vive también en la parte de la Sierra Potosina.

 Esa pobreza y esa indigencia de la cual hablaba Morelos, hoy sigue siendo el reto nacional.

 Y hoy sigue siendo una necesidad de que este Congreso, que estos senadores y senadoras que estamos aquí, pensemos a la patria nuevamente, que aprovechemos ese legado histórico para celebrar y para conmemorar. Por eso se plantea esta medalla como la máxima presea que pueda dar la República desde su poder legislativo.

 Pero es la oportunidad para repensar lo que tenemos qué hacer en las grandes transformaciones cuando se plantea por parte de José María Morelos que hay que abatir la ignorancia.

 Nos ha tocado escuchar de reformas estructurales que van y vienen, que patinan desde hace 25 años y que no logran trascender y que tan sólo nos siguen llevando a un país que no crece más del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto. “Abatir la ignorancia”, dijo hace 200 años Morelos.