Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras de la minuta de Ley de Seguridad Interior con gobernadores y alcaldes, en el Senado de la República.


SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Damos la bienvenida al senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

A la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Al senador Fernando Torres Graciano, también presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

A la senadora Dolores Padierna, muchísimas gracias.

Y muy especialmente a los gobernadores por acudir a este ejercicio de diálogo sobre un tema de máximo interés para todos los mexicanos.

La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad del Estado de Derecho y la tranquilidad de la sociedad.

Hoy, en el poder Legislativo tenemos la gran responsabilidad de dar vida a un marco normativo que pueda delinear la actuación del Estado ante las distintas amenazas a la seguridad interior.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad. Debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan; las Fuerzas Armadas deben actuar bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.

Por eso, la Ley de Seguridad Interior es fundamental para dar certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, para procurar nuestra seguridad.

Queremos reconocer el esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados y decirles que, bueno, a partir de que nos llegó la minuta correspondiente, hemos estado trabajando, escuchando a todas las voces.

Hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido también la posibilidad de escuchar a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros el Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Han estado también el presidente comisionado del INAI y, bueno, hoy nos da mucho gusto recibir a los gobernadores de Jalisco, de Colima, de Guerrero, de Tlaxcala, de Querétaro, de Durango, de San Luis Potosí, sean muy bienvenidos, dada la responsabilidad que en materia de seguridad ustedes tienen en sus entidades federativas y la coordinación obligada, y qué bueno, que tienen con autoridades locales, que la siguiente reunión será con alcaldes y por supuesto con la autoridad federal y con el Ejército en particular, nos interesa mucho escuchar su opinión.

Cedo el uso de la palabra, le damos la bienvenida al senador Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que hay que decir que no es de las comisiones dictaminadoras, pero que ha estado presente en todas estas reuniones.

Cedo el uso de la palabra al presidente del Senado, el senador Ernesto Cordero.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Muchas gracias senadora Presidente.

Les agradezco a todos su atención. Saludo a mis compañeros senadores, me da mucho gusto verlos. Saludo a los señores gobernadores, al señor gobernador de Jalisco, de Colima, de Guerrero, de Tlaxcala, al señor gobernador de San Luis Potosí.

Con principal aprecio le doy la bienvenida a nuestros compañeros senadores, al señor gobernador de Querétaro y al señor gobernador de Durango, los tenemos prestados en sus gobiernos estatales, pero son senadores de esta legislatura y bienvenidos a su casa.

Saludo al senador Lozano también y, bueno, yo creo que el ejercicio democrático que estamos haciendo en el Senado, como siempre, de escuchar a todos los actores antes de dictaminar una ley, es algo que ha caracterizado a este Senado de la República.

Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica.

El tema que nos compete el día de hoy es de la mayor relevancia, celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país.

Esta reunión reviste pues ahora sí que la mayor relevancia, están aquí los actores centrales de esta ley, que son los gobiernos locales, gobiernos locales que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados, donde las familias mexicanas están siendo amenazadas por las amenazas de seguridad interior por la delincuencia organizada y qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos una ley tan importante.

Muchas gracias Presidenta y te agradezco mucho la invitación.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Al contrario, muchas gracias.

Antes de cederle el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, que nos hará el favor de conducir esta reunión, quiero agradecer la presencia de nuestro compañero Javier Lozano, senador por Puebla, por supuesto, pero quien viene hoy además con la representación del gobierno de Pueblo.

Y por supuesto, a Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina en el Senado. Bienvenidos. Está el senador José María Tapia, está el senador Juan Carlos Romero Hicks, el senador y exgobernador Ernesto Ruffo y el senador Héctor Flores.

Muy bienvenidos todos.

Adelante.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Gracias.

Una disculpa que omití mencionar a mi compañero, el presidente de la Comisión de Marina, a don Ricardo, y también a mi compañero, el senador Benjamín Robles, quien también dictamina esta iniciativa.

Gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. Muy buenos días, presidentes.

Presidenta de la Junta de Coordinación Política, presidente de la Mesa Directiva, senador Cordero; presidentes de las comisiones que integramos este proyecto de dictamen que estamos trabajando en comisiones unidas.

Agradezco mucho a la secretaria de la Comisión, la senadora Dolores Padierna, su presencia. Y, sin duda, ustedes, señores gobernadores, que hoy nos acompañan.

Debo señalar como un antecedente importante, y seré breve, primero señalar lo siguiente:

La sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, se celebró el día 30 de noviembre del presente año; se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. El mismo, es remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Y el 30 de noviembre del 2017, mediante oficio, llega a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remite el expediente con la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

El 1º de diciembre de 2017, mediante oficio, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, instruyó turnar el proyecto referido a las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El proyecto de Ley de Seguridad Interior, se compone de 34 artículos organizados en seis capítulos y cuatro artículos transitorios. Es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Aborda, en principio, que la ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Las disposiciones de la presente son materia de seguridad nacional.

Define, asimismo, esta minuta, a la seguridad interior como la condición que proporciona el Estado Mexicano, que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional.

Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinadas para dichos fines, respetando en todo momento los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional, en los términos de la presente ley.

En las atribuciones de seguridad interior, se observarán los principios previstos en el artículo cuatro de la Ley de Seguridad Nacional, y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

La Ley de Seguridad Interior, no es sólo una ley diseñada para las Fuerzas Armadas, sino es una responsabilidad de todo el Estado Mexicano, tanto de la población y gobiernos en los tres niveles, siendo así de orden público, interés general y observancia obligatoria.

Regula, por lo tanto, no la dinámica de las Fuerzas Armadas sino, y subrayo, la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas.

En conjunto, la Ley de Seguridad Interior está diseñada para salvaguardar la seguridad interior del país, y lo que plantea es que, en caso de amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias, observando en todo momento los derechos humanos y garantías.

Y concede también la plena libertad para las protestas sociales o de motivo político-electoral, misma disposición que va en apego a derecho.

Una de las características de la Ley de Seguridad Interior es que no se centra en el detalle, sino que nos remite a otros marcos jurídicos donde, por supuesto, ya se encuentran previstas estas consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.

Con estos antecedentes, les damos, pues, la más cordial bienvenida.

He ha solicitado la presidenta de JUCOPO, la senadora Ana Lilia, que la participación de cada uno de los señores gobernadores, lo hagamos, si ustedes están de acuerdo, por entidad federativa de acuerdo al orden alfabético.

Así que, si me permiten, tendrá el uso de la palabra el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.


GOBERNADOR JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ: Muchas gracias, muy buenos días.

Agradezco en todo lo que vale la invitación que nos hace respetuosamente la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Y saludamos también con mucho gusto a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Mi saludo respetuoso al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, así como a los integrantes de las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, así como a todas las senadoras y senadores que aquí nos acompañan.

También saludo respetuoso a los gobernadores de las distintas entidades federativas que participan en este ejercicio, a las autoridades del Gobierno Federal, y a los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Para el gobierno de Colima, es necesaria una Ley de Seguridad Interior, considerando el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años.

El análisis de esta posibilidad, debe superar, a nuestro juicio, las posiciones de tipo político, partidista o electoral.

Este importante tema, demanda objetividad y, por ello, reconozco este ejercicio republicano de diálogo responsable, y agradezco la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones.

La seguridad interior y la seguridad de las familias mexicanas exigen una respuesta de Estado. Los elementos ausentes de la política pública en materia de seguridad, deben atenderse; y el diseño y análisis de la misma, debe ser un ejercicio permanente.

En Colima, la principal exigencia ciudadana es restablecer las condiciones de seguridad, y se requiere de toda la fuerza del Estado para lograrlo.

Creo que todo análisis sobre los alcances de la ley que nos convoca, requiere compartir la experiencia cercana.

En el caso del estado de Colima, hemos experimentado un deterioro en los índices de seguridad, particularmente un aumento en los homicidios dolosos del fuero federal, como resultado de una confrontación entre peligrosos grupos de la delincuencia organizada.

No debemos omitir que las fuerzas locales de seguridad, han sufrido lamentables bajas, en un esfuerzo permanente de contención y lucha contra estos grupos, cuyo liderazgo tiene su sede en espacios que normalmente van más allá de nuestras fronteras estatales.

En este sentido, Colima no es un estado generador sino importador de violencia.

Los colimenses, somos un pueblo que respeta la ley y que exigimos vivir en paz y armonía.

En esta difícil circunstancia, hemos contado siempre con el respaldo de las Fuerzas Armadas del país, sea del Ejército Mexicano o de la Marina Armada de México, que han actuado en todo momento en estrecha coordinación con las fuerzas estatales y municipales, y con una actitud de pleno respeto a nuestro orden legal y a los derechos humanos.

El pueblo de Colima agradece el apoyo de las instituciones armadas, y solicita su presencia para coadyuvar a restablecer las condiciones de seguridad.

Ese respaldo, logró contener algunos momentos, el avance de los grupos delincuenciales, y nos ofreció respaldo institucional frente a una circunstancia difícil.

Si tuviéramos de una forma más consistente y permanente el respaldo de estas instancias, amparadas en una ley como la que aquí se comenta, considero que nuestros resultados serían ya distintos.

No debe olvidarse que la ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, mismas que estamos en camino de fortalecer.

Tampoco generarán sustitución de estas autoridades ni establecerán un Estado de excepción, pues desde la Constitución en su artículo 89, fracción VI, se expresa cómo facultad y obligaciones del Ejecutivo, el preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Me parece que una ley que otorgue certeza jurídica a las intervenciones en materia de seguridad interior, con la adecuada regulación de sus implicaciones, alcance y duración, las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión, sin olvidar el respeto irrestricto a los derechos humanos, puede ofrecer un marco adecuado para construir un nuevo modelo de participación de las Fuerzas Armadas en estas importantes tareas.

No debemos olvidar que la filosofía que inspira a las Fuerzas Armadas del país, es la defensa de la soberanía nacional, lo que implica la preservación de los valores nacionales de libertad, paz y estabilidad.

Me parece que en estos momentos la amenaza a la soberanía y a estos valores, no depende de naciones adversarias, sino de fuerzas locales que actúan extralegalmente, sin límites económicos y haciendo uso de armas de alto poder.

Esto además es un reto que trasciende nuestras fronteras. Creo que todo ello brinda argumentos y evidencias más que suficientes, para acreditar la necesaria participación de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a este desafío de contribuir entre todos a fortalecer la seguridad nacional y la permanencia del Estado de Democrático de Derecho, desafío que se muestra como el más importante de nuestra época.

Entiendo que han surgido diversos cuestionamientos por parte de prestigiados organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, pero me parece que la Ley de Seguridad Interior no entra en conflicto con esa sensible materia.

Esos cuestionamientos, si bien inspiran un prudente análisis, precisamente para que la normatividad los considere y garantice, no deben significar la restricción del deber del Estado para imponer sobre grupos delictivos que están amenazando la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas.

La ley considera los principios de racionalidad, proporcionalidad, responsabilidad, legalidad y respeto a las garantías constitucionales y los tratados internacionales.

La ley además ofrece certeza a la coordinación interinstitucional entre autoridades civiles y militares y prevé la intervención de los representantes de los organismos de protección, ya que establece una notificación previa a la Comisión Nacional y a la Comisión Bicameral de los derechos Humanos.

En suma, para el gobierno de Colima esta ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar el reto de la seguridad interior, dentro del sistema constitucional y en el respeto a los derechos humanos, dando orden y certeza jurídica a lo que en realidad se viene realizando desde hace tiempo.

Es necesario hacerlo así por México.

Muchas gracias a todas y a todos por su atención.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias señor gobernador José Ignacio Peralta.

Tiene en estos momentos ya la palabra el doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango.

GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO: Gracias senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación; presidenta de la Junta de Coordinación Política, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo; señor presidente del Senado, Ernesto Cordero, y a todos los senadores presidentes de las comisiones dictaminadoras, los saludo con mucho afecto.

Nos da un gran gusto estar aquí, en esta que fue nuestra casa y coincidir con nuestros amigos, nuestros compañeros gobernadores y tocar hoy un tema que nos parece de la mayor importancia.

Deciles que, como gobernador de Durango, vengo a pedirle el respaldo a nuestros legisladores, a los senadores de la República, para que se pueda aprobar la minuta que acordara, que aprobara, que enviara la Cámara de Diputados, minuta que hemos revisado en el ámbito de las responsabilidades que en materia de seguridad tenemos en el estado de Durango.

Y lo que hemos podido observar es que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos y nos parece que hoy que en el tema de la seguridad pública y de la seguridad interior ha habido una confusión en términos de que hace años sólo la autoridad civil, como es la responsabilidad que tiene hoy en día el tema de la seguridad pública, que tiene que ver desde la prevención, la investigación y la sanción a quienes cometen un delito.

Pero hoy en día, por las circunstancias, con la presencia que tienen los grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, han rebasado lo que en el pasado sólo era un tema que debiéramos de atender las autoridades civiles y ahora hemos pasado a un tema de seguridad interior.

¿Por qué?

Porque en el pasado, sólo en el caso de la droga, México sólo era un país de paso, era sólo el trasiego de la misma y ahora esa droga, una parte se queda en el país, se consume en el país y los grupos de la delincuencia organizada ya no sólo han actuado en materia del tráfico, de la distribución de droga, sino también de otras actividades ilícitas que ponen en riesgo precisamente la seguridad interior.

No es que nosotros estemos abandonando la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad pública, esa la estamos asumiendo, pero al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, indudablemente que eso pasa o transgrede la seguridad interior.

Y en esa parte es donde necesitamos que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza e igual que la sociedad tenga la certeza de la actuación del Ejército.

Hoy en día, el Ejército puede participar y no necesariamente tenemos los protocolos que garanticen una actuación apegada a derecho y con esto, lo que buscamos es que, con lo que yo he podido, después de la revisión de esta minuta, se observa claramente que ahora habrá protocolos a los cuales se tendrá que ceñir el propio Ejército o cualquier corporación de las Fuerzas Armadas, al marina, la Fuerza Aérea y eso permitirá darle certeza a la sociedad y, desde luego, hablo en el caso de Durango, la participación del Ejército Mexicano y de la marina ha sido muy importante para poder restablecer la tranquilidad, para recuperar la paz.

¿Por qué?

Porque las acciones en las que ellos están participando no son en materia de seguridad pública, sino son de seguridad interior, de no tener el respaldo del Ejército Mexicano y de la marina, indudablemente que no habíamos recuperado esa tranquilidad en la Laguna, en el resto del estado y hoy lo que queremos es que tanto el Ejército y la marina tengan esa certeza de que para actuar, en caso de que pongamos en riesgo la seguridad interior, pueda haber la garantía, los protocolos que nos garanticen el pleno respeto a los derechos humanos.

Por eso, para nosotros, la aprobación de esta minuta que envía la Cámara de Diputados, es de la mayor importancia, en tanto se fortalecen las capacidades institucionales, para que hoy los gobiernos estatales estaríamos más obligados a avanzar con mayor rapidez, no sólo en tener un mayor número de elementos en las corporaciones policiacas, sino a tener la capacitación que se requiera, para poder garantizar la seguridad pública.

Pero aquí estamos hablando de un tema que sobrepasa la seguridad pública, que es la seguridad interior y esta seguridad interior, derivado de lo que señala la propia Ley de Seguridad Nacional, hay protocolos muy claros a los cuales se tiene que sujetar.

Por eso, para nosotros, hablo en el caso de Durango, es muy importante el respaldo de las y de los senadores, para aprobar esta minuta y de esa manera poder garantizarle a la sociedad que habremos de seguir trabajando, no sólo para garantizar la seguridad pública, sino para garantizar la seguridad interior. De no hacerlo así, ponemos en riesgo la seguridad interior, hablo en el caso particular de Durango.

Y también quiero decirles que nos han pedido los compañeros gobernadores de Baja California Sur, de Aguascalientes y el gobernador de Tamaulipas, que por razones de agenda no estuvieron, expresarles exactamente el mismo sentir, la misma preocupación que hoy estamos manifestando y creo que en esta parte, más allá de cuestiones de colores partidarios, lo que tenemos es un compromiso con la sociedad, y para poder cumplir con ese compromiso tenemos que tener este marco jurídico que permita esa participación de los tres órdenes de gobierno en los temas sí de la seguridad pública, tal y como lo señala el artículo 21 de nuestra Constitución, pero en este caso necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior.

No estamos pidiendo el apoyo para seguridad pública, lo estamos pidiendo para la seguridad interior, que eso es lo que hoy en día tiene preocupada a la sociedad.

Creo que la mayor inquietud de los ciudadanos es cómo garantizar esa seguridad interior, y que desde luego en la parte de la seguridad pública, nosotros tendremos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar ello.

Hoy, creo que con esto, con esta nueva ley, estaríamos seguros de que le damos la certeza a las Fuerzas Armadas, y también le damos la certeza a los ciudadanos de que éstas actuarán siempre con estricto apego a derecho, y por ende con estricto respeto a los derechos humanos.

Por eso, les agradezco mucho, amigas y amigos senadores, la oportunidad que nos dan de expresar las razones por las cuales requerimos la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, gobernador Rosas Aispuro.

Damos la bienvenida al coordinador del Grupo Parlamentario, don Manuel Bartlett del grupo PT-MORENA. Bienvenido sea usted.

Y al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Benjamín Robles.

Tiene la palabra el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, el gobernador de Guerrero.

GOBERNADOR HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos.

De manera muy especial, me es muy grato saludar a quien ha convocado a esta reunión, a la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Y de la misma manera, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación.

A todos y cada uno de los presidentes también de las comisiones que intervienen en esta iniciativa, que es minuta, y a todos y cada uno de los senadores y senadoras que están aquí presentes.

Saludo a mis compañeros y amigos, paisanos, senadores, que están aquí presentes: Esteban Albarrán y Sofío Ramírez, muchas gracias.

Entendiendo la responsabilidad que tienen los senadores de la República y las senadoras, por haber estado también en el Senado de la República en algún momento, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa y responsable.

Lo primero que les tengo que decir es que no es la primera ocasión que los gobernadores nos reunimos para conversar sobre este tema.

En diversas ocasiones, en diversos lugares, en diversos encuentros, los gobernadores y la gobernadora, hemos tratado este tema de la Ley de Seguridad Interior.

Si bien recuerdo, y no me dejarán mentir aquí los gobernadores que están presentes, salvo alguna opinión de algún gobernador, incluido por supuesto también el Jefe de Gobierno de la ciudad, ha sido en sentido positivo la opinión de gobernadores y gobernadora.

Me parece muy correcto que el Senado de la República convoque para escuchar la opinión de quienes tenemos representaciones en las
Entidades federativas.

Su servidor, en mi carácter de gobernador de Guerrero, me siento con el valor político para expresarles a ustedes que las circunstancias por las que atraviesa el país, orientan a darle la mayor atención y responsabilidad a este tema.

La suma de factores estructurales y de coyuntura, han colocado al país, y especialmente a Guerrero, a una circunstancias de riesgo para la seguridad del país.

He expresado, y lo manifiesto aquí en la representación del Pacto Federal, que Guerrero es un asunto y se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

Voy a darles algunos datos para dimensionar lo que Guerrero enfrenta todos los días:

Más de dos mil homicidios en el presente año, colocan a mi estado en un penoso primer lugar nacional.

Extensas zonas son disputadas todos los días por bandas criminales, por el control del territorio.

Bandas que se multiplicaron por la fragmentación de los llamados “carteles tradicionales o históricos”.

El país es el tercer mayor productor de amapola del mundo, y Guerrero produce la mitad de lo que se produce en la nación.

Esta condición alarmante a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que se sufre en mi estado.

No hay que olvidar, señoras y señores, que los Estados Unidos y en los Estados Unidos especialmente se vive el Boom de la heroína.

No hay que descartar también lo que he mencionado, de la gran cantidad de armas que existen en el país.

Los cuatro mil policías del estado de Guerrero son insuficientes para cubrir el territorio. Sin embargo, he de reconocer también el esfuerzo que se hace en el estado por cada uno de los integrantes de la policía del estado.

En el orden municipal, hay cerca de cinco mil policías municipales. Son policías municipales, en su mayoría, ausentes.

La lucha que se enfrenta todos los días por parte de la policía del estado, sería impensable sin la presencia que han manifestado las Fuerzas Armadas.

Por ello, resulta una imperiosa necesidad darle un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen.

En Guerrero, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México han sido leales con el pueblo de Guerrero, y han sido también respetuosos de los derechos humanos.

En Guerrero, quienes violan los derechos humanos son los delincuentes; son los delincuentes quienes buscan someter a pueblos y a autoridades. Por ello, la necesidad de la existencia de la Ley de Seguridad Interior.

Por eso estamos convencidos de que la seguridad debe considerarse un derecho humano, en el que todas las instituciones del país debemos contribuir.

Por ello, resulta de la mayor importancia y relevancia este diálogo que sostenemos con el Senado de la República, para fortalecer y para enriquecer la minuta que ha llegado de parte de la Cámara de Diputados.

Como gobernador de Guerrero, considero que es procedente aprobar el dictamen en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órganos de gobierno en tareas de seguridad.

La Ley de Seguridad contempla temporalidad. Me parece que es un tema muy importante que es necesario difundir más.

Considero también que, en su momento, el Congreso Nacional debe superar, debe colaborar para superar las limitaciones presupuestales en el tema de seguridad en el país.

En Guerrero, siendo una entidad que ha vivido una situación de incidencia delictiva desde hace varios años, el Ejército Mexicano y la Marina y la Policía Federal han estado presentes, pero creo que es importante darles certeza jurídica.

Finalmente, reitero, como gobernador de Guerreo, planteo ante ustedes, con el respeto a sus facultades e investidura, que es procedente para nosotros que esta minuta pueda ser considerada por ustedes y aprobada.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Astudillo.

Agradecemos también la participación del senador Joel Ayala, secretario de la Comisión de Defensa Nacional; del senador Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación, y de mis amigos y compañeros senadores Esteban Albarrán, miembro de la Comisión de Gobernación y Sofío Ramírez.

Sean todos bienvenidos.

Tiene la palabra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador por el estado de Jalisco.

GOBERNADOR JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ: Muchas gracias.

Primero, reconocer la convocatoria, ampliar esta discusión, debate, que a todos los mexicanos nos interesa, siendo una prioridad en cada uno de los estados nacionales.

Y que se nos escuche a los distintos ámbitos de gobierno, sociedad civil, distintos actores de la sociedad, es fundamental para el fortalecimiento de la República y sobre todo resolver un problema grave, en el ámbito de la seguridad.

Por ello, acudo a esta Alta Tribuna, con la convicción de que mi voz no tiene más motivo que exponer la visión de una entidad que durante los últimos cinco años ha hecho frente a una, la que sin duda es la principal problemática de nuestro tiempo: el crimen organizado.

En un principio, dedicado al tráfico de estupefacientes y desde fechas recientes, a otros diversos delitos que amenazan la estabilidad del Estado Mexicano.

Sabemos lo que es enfrentar este lastre de forma, digamos aislada, con la mera fuerza estatal, y lo que es hacerlo con el apoyo de nuestras fuerzas armadas.

Por eso, tengo claro que de momento es imprescindible una estrategia conjunta de todos los Órdenes de Gobierno, en la que la presencia del Ejército Mexicano, y la Marina Armada de México, esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.

No quisiera ahondar mucho en el caso de Jalisco, pues estoy cierto de que la problemática remite por supuesto a un asunto de primera importancia a nivel nacional.

Baste decir que en el Estado del que provengo, desde el año 2014, se implementó un formato híbrido de mando único, que nos permitió hacer frente a un grupo delictivo de alta peligrosidad y capacidad de fuego.

Ese grupo, hoy considerado el más gravoso para el país, encabezó severos ataques a las fuerzas estatales, agrupadas en torno a lo que denominamos Fuerza Única, lo que devino en una numerosa baja de efectivos de la corporación.

No fue sino hasta el año 2015, luego del ataque a la unidad aérea del Ejército Mexicano en la zona sur del Estado, en aquel 1° de mayo, cuando con el apoyo de nuestras fuerzas armadas logramos finalmente replegar al grupo delictivo, que al ver limitado su alcance en Jalisco, expandió sus actividades criminales a otras entidades del país, dejando a su paso una ola de violencia causada por grupúsculos que afines al cártel y ante la ausencia de sus líderes principales, terminaron por desencadenar una guerra entre sí.

Menciono este relato porque me gustaría dejar clara mi postura como gobernador de una de las entidades preponderante en número, dinámica económica, desarrollo tecnológico, actividad turística, tradición y cultura del país, en el sentido de que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las fuerzas armadas seguir colaborando con las entidades federativas, en un marco en el que tanto la sociedad militares, tengan derecha sobre sus derecho, facultades, limitaciones y alcances.

Es preciso señalar que, bajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las fuerzas armadas en las entidades federativas, se da en el marco de un vacío legal.

Este vacío no tiene más que generar incertidumbre. A los gobiernos estatales les da la opción de evadir su responsabilidad, de brindar seguridad con sus fuerzas civiles.

A los militares, les genera angustia, pues caminan a ciegas, haciendo frente a una batalla en la que ellos no pidieron estar, mientras que a la sociedad tampoco le brindan certeza respecto a quienes están al mando y asumen la responsabilidad de su seguridad.

A la luz de este vacío, de esta falta de regulación se abre la puerta a posibles violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, permítanme ser reiterativo.

Se genera el incentivo a los jefes del Ejecutivo Estatal, a dejar de lado su responsabilidad constitucional, indilgando responsabilidad de seguridad pública a las fuerzas armadas.

Ello explica por qué en muchas entidades son militares quienes cumplen las labores de policía de proximidad preventiva, y por absurdo que parezca, hasta de tránsito y vialidad.

Y es que en el marco de este debate debe de quedar absolutamente precisado que ninguna ley puede eximir a los ejecutivos locales de lo que es y seguirá siendo nuestra responsabilidad, garantizar la seguridad de nuestras entidades, a partir de la depuración constante y permanente de nuestras fuerzas de seguridad civil.

Es mucho lo que desde lo local se ha dejado de hacer en los últimos 11 años.

La presencia del Ejército y Armada en labores de seguridad, se dio bajo la premisa de que las policías estatales debían de reformarse, a fin de que en corto plazo pudieran hacerle frente al crimen organizado. Y esto hay que decirlo claro: no se ha logrado.

Muchos ejecutivos estatales han renunciado a su obligación de brindar seguridad, a partir del fortalecimiento de sus instituciones policiacas, y eso es sencillamente inaceptable.

No hay ley capaz de subsanar la ausencia del compromiso de terminación por parte de quienes encabezamos un gobierno subnacional.

Lo primero que tendría que establecer antes de entrar de lleno en el debate del proyecto de ley que se encuentra aquí en el Senado de la República, es la necesidad de que los gobiernos estatales cumplamos con lo que marca la norma y establezcamos tiempos precisos para llevar a la conclusión la depuración de las corporaciones locales, y así asumir cabalmente y en corto plazo la responsabilidad de la seguridad pública en nuestras entidades.

Si establecemos tiempos para que esto suceda, entonces también podría ya, en el marco de la discusión de este Dictamen de Ley, dar certeza a la sociedad de que en el momento que nuestras fuerzas armadas, ante la presencia de cuerpos policiales civiles, estatales, sólidos, depurados y fortalecidos, podrán regresar a sus cuarteles a cumplir sus funciones constitucionales.

El término que marca el proyecto de ley de un año, dependiendo de cada eventualidad, está claro respecto al caso específico, pero es poco preciso respecto a la estrategia general.

La sociedad debe tener certeza sobre cuánto tiempo más se extenderá la presencia de las fuerzas armadas en esta lucha, en la que fueron habilitados.

En este orden de ideas y tratando de embarcar la discusión en algo que vaya un poco más allá del debate de este proyecto de ley, estimo pertinente hacer un llamado a los legisladores a retomar la discusión de la propuesta del Mando Único, que fue enviado por el Ejecutivo Federal, ya hace algunos años.

Me parece fundamental que, en aras de dar certeza a los ciudadanos respecto a la responsabilidad de los gobiernos estatales de asumir la seguridad pública de su entidad, contar con el respaldo normativo que permita consolidar las instituciones policiales más fuertes y menos dispersas.

Aparejado de esto y retomando la línea preventiva que por nada debe de ausentarse en la discusión de una estrategia integral, estimo conveniente alzar la voz para que, luego de desahogada la discusión respecto a la Ley de Seguridad Interior, dé inicio el necesario debate a la legalización de algunas substancias.

Es imprescindible para llevar a cabo este debate, sin tabúes, respecto a la necesidad de atacar lo que es principal remanente de la problemática que enfrentamos.

Lo he dicho en otros espacios y hoy me permito reiterarlo: lo que mata a nuestros jóvenes es la violencia que subyace al trasiego ilegal, no el consumo.

Si queremos darle integralidad a nuestro accionar, es obligatorio abrir el debate.

Criminalizar a las personas, buena parte de estos jóvenes, por una adicción, no es la ruta, y 11 años lo constatan.

Por último, no puedo dejar de referirme a los apuntes que han hecho diversos representantes de la sociedad civil y organismos autónomos respecto al debate que hoy nos convoca.

Estimo necesario despejar cada una de sus preocupaciones, porque estas decisiones deben de contar no solamente con la participación activa de la sociedad civil, sino con la evidencia de que sus postulados no nada más son escuchados, sino que permiten, en los hechos, modificar, rectificar y mejorar la labor de los poderes constituidos, en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo Federal.

Hay inquietudes, como el Artículo Nueve del Dictamen de esta Ley, respecto al cual advierte que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, lo que restringirá el derecho que tiene la ciudadanía de saber sobre los asuntos públicos.

Estimo conveniente, a la luz de este proyecto, que sea aprobado y cuente con la legitimidad suficiente frente a la ciudadanía y de quienes observan más allá de nuestras fronteras.

Finalmente, concluyo. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, son instituciones que siempre han estado a la altura de su deber patrio.

Durante más de una década, han hecho labores que no les corresponden, con el fin de salvaguardar la seguridad del interior.

No son ellos los que se arrogaron esta función, fue el Estado el que se las encomendó. Desde entonces su actuar ha sido brumoso en lo legal.

Mucho hemos dicho respecto a lo riesgoso de este vacío de cara a las obligaciones, que muchos ejecutivos estatales dejamos de cumplir, pero poco es el riesgo que enfrentan nuestros militares desplegados a lo largo y ancho del país, que enfrentan cada día que tienen que encarar una situación de combate.

Detrás de cada uniformado, hay un mexicano, una mexicana de carne y hueso, ávido de cumplir a su país, pero incierto respecto a la mejor forma de hacerlo.

Una Ley de Seguridad Interior, disipará la bruma en el actuar cotidiano de nuestras fuerzas armadas, en la lucha emprendida hace más de una década.

Una lucha heredada, que tengo que decirlo, tiene que revisarse y abordarse de manera distinta, porque no se trata solamente del uso de la fuerza, sino de un modelo de seguridad integral que nos permita atacar las causas y no solamente los efectos.

En esta línea, un abordaje con regulación clara y concisa, es un primer paso. Como Gobernador Constitucional de una entidad que forma parte de esta Federación, subrayo:

La labor de seguridad pública, debe de seguir siendo responsabilidad de los estados.

La Ley de Seguridad Interior, tiene que ser una nueva y acaso la última oportunidad de trabajar a fondo con las policías estatales, para depurarlas, renovarlas y ponerlas en marcha.

Más allá de salvaguardar la inversión en seguridad pública estatal que establece el Dictamen de Ley, el Marco Normativo debe poner énfasis en que el incentivo no sea la presencia indefinida de las fuerzas armadas en las entidades, sino la impostergable labor de los ejecutivos locales.

La presencia de militares en muchas entidades del país, en todas las entidades para ser más preciso, es necesaria y además bien valorada.

Pero también es cierto, y lo digo no solamente como Gobernador sino como habitante de la segunda urbe más importante del país, que la presencia de las fuerzas armadas en las zonas urbanas, genera un efecto contrario, no el de seguridad, sino el de preocupación y zozobra.

Esto por supuesto no es atribuible a la valerosa labor de nuestros militares sino, repito, a la ausencia de policías estatales civiles que den certeza plena de seguridad a su población.

Hoy, precisamente hoy, se cumplen 11 años de que se anunciara el operativo conjunto Michoacán, que marcó el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Puede ser también hoy, el día en que esa ruta, eminentemente y absurdamente bélica, tome otro cauce, por el beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente de CONAGO. Bienvenido al Senado.

Y agradecemos, también, la presencia del senador Miguel Barbosa, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y de Marina.

Tiene en estos momentos, la palabra nuestro amigo, el gobernador Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Muchas gracias, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Compañeras, compañeros senadores, sobre todo los que van a dictaminar esta Ley de Seguridad Interior, muchas gracias por invitarnos, la cual nosotros fuimos parte, aquí el Gobernador Aispuro, de esta LXII Legislatura. Nos da mucho gusto regresar y ahora a pedirles, de favor, retomen, discutan y voten, lo más rápido, esta Ley de Seguridad del Interior.

Igual que el compañero Gobernador de Durango, traemos la voz del Gobernador de Baja California Sur, del Gobernador de Tamaulipas, y del Gobernador de Aguascalientes, haciéndoles la misma petición, y que también los tres fueron de esta LXII Legislatura.

Por supuesto, como se ha dicho aquí, yo no voy a abundar más.

La Constitución Política de cada Estado, y en el caso de Querétaro, no rehuimos a garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, de las queretanas y de los queretanos.

Todo lo contrario. En Querétaro estamos echados, andados, hoy cumplimos ya con el 98 por ciento del control de confianza de las policías estatales, somos un estado de paz, hoy nos preparamos con un centro de inteligencia y análisis para darles herramientas a nuestros policías estatales, municipales, investigadores, a una fiscalía autónoma, en la que toma sus decisiones y maneja sus propios recursos y hace sus propias estrategias.

Pero, ya como se ha dicho aquí, una cuestión es la seguridad pública, pero cuando necesitamos de una seguridad del interior, necesitamos de dotar de certeza jurídica a nuestras fuerzas armadas.

Estas fuerzas armadas que han sido leales con el país, que han sido leales con las entidades federativas, y leales con el estado de Querétaro, cuando se ha necesitado: les pedimos encarecidamente lo hagan.

Yo lo que quiero poner en dos artículos, en donde, con todo respeto, yo le pediría al Senado que diga, porque ustedes tienen la Minuta, en dónde dice que se va a militarizar el país; en ningún lado.

Y dos artículos que, para mí, en lo que he escuchado de la sociedad civil, en opinar en el tema de los derechos humanos.

Yo quiero leer tal cual, como dice el Artículo Séptimo: “Los actos realizados por las autoridades con motivo de aplicación de esta Ley, preservar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos, sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Y también quiero poner el Octavo: “Movilización de protesta social o las que tengan motivo político electoral, que se realicen pacíficamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia, serán consideradas como amenaza a la seguridad del interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad del interior”.

Yo sé que podrá haber muchísimas interpretaciones, a mí me ha tocado ser legislador en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, yo tengo mis propias interpretaciones, y aquí dice: “se salvaguarda los derechos humanos”; aquí se salvaguardan las protestas o las manifestaciones de cualquier tipo de movilización civil o electoral.

Así que, a mí no me queda más que seguir pidiéndoles que, a nombre de las queretanas y los queretanos, por el bien de las 32 entidades federativas, nos ayuden a ponerle certeza y tengamos seguridad del interior.

Yo no quiero que el estado de Querétaro sufra lo que algunas entidades de mi país sufren, o de cuestiones que ya empezamos a ver, como los chupa ductos, que si no tenemos a las fuerzas militares no podemos nosotros enfrentar a lo que hoy fuertemente están enfrentando vecinos del estado de Querétaro, porque por ahí pasan los ductos de PEMEX, y en el estado de Querétaro no nos queremos ver vulnerables y siempre vamos a pedir la fuerza de las Fuerzas Armadas, a las cuales desde aquí hay un agradecimiento, en lo personal, como gobernador del estado de Querétaro.

Yo no tengo más, Presidenta. Por mi parte, es cuanto.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Francisco Domínguez.

Tiene la palabra el doctor Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí.

GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ: Muchas gracias.

Agradeciendo igualmente a la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

A la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Y, bueno, evidentemente agradeciendo también que estuvo con nosotros unos momentos, el senador Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Y a todas las señoras y señores senadores que nos están acompañando.

Muchas gracias por la invitación.

Hay algunos privilegios, después de que ya hablaron varios, para no repetir lo mismo.

Me parece que, yo quiero ser muy puntual, yo creo que aquí estamos hablando de dos temas muy importantes.

Uno. El fortalecimiento del Estado de Derecho.

Me parece que el hecho de que podamos ir a través de una coordinación que existe, al menos yo creo que en todos los estados, con todas las fuerzas federales, estamos hablando sí del Ejército, de la Armada, pero también de la Policía Federal, de todos, que es un esquema que deriva inclusive de nuestra Constitución.

Yo creo que la palabra clave aquí siempre ha sido la coordinación por vivir en un régimen federal.

Y entonces, me parece que el hecho de poder tener una mejor coordinación ante lo que es, ya se dijo aquí por varios compañeros, una de las demandas más importantes que tenemos en los estados, y en regiones de nuestros estados donde tenemos índices delictivos altos, es la principal demanda de la ciudadanía.

Los gobernadores somos el eje de esas coordinaciones en materia de seguridad pública, y en materia también de esquemas delictivos que sobrepasan al fuero común, y la clave ahí siempre ha sido la coordinación tanto con los municipios para poder integrar a las fuerzas policiales municipales, con las carencias que ya se hayan mencionado aquí; pero por el otro lado es muy necesaria también la coordinación con la Federación.

En este caso, yo sí quiero decir el tema, no nos podemos dar el lujo, ese sería el segundo punto, de no tener el mejor esquema posible para poder fortalecer tanto la seguridad pública como la seguridad interior.

No seré yo quien le diga al Poder Legislativo cómo hacerlo. Entiendo muy bien que este es un órgano plural y que seguramente hallarán la manera de conformar el mejor esquema dentro de nuestro régimen constitucional para poder dar esas certezas, pero hay que hacerlo.

Me parece imprescindible, lo digo cotidianamente, nosotros trabajamos de manera cotidiana. Es imprescindible contar con los mejores elementos que tengamos en nuestro país a la mano, para poderle brindar esa certeza a la ciudadanía.

Siguiendo un poco el trámite parlamentario que se utiliza en las cámaras de nuestro país, digamos, estamos a favor.

Seguramente en el Senado hallarán la manera de hacerlo, porque sin duda va a ser un avance; es un avance en el país para poder tener estos elementos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por supuesto que el fortalecimiento del Estado de derecho implica el respeto y la garantía de los derechos humanos, pues sí, ni modo que no.

El tema es también cómo haces para fortalecer los esquemas de la seguridad que puedan generar, tanto en seguridad pública como en seguridad interior, esta certeza a la ciudadanía, y que pueden llevar a cabo el resto de sus actividades en paz y sin violencia.

Simplemente pongo el ejemplo, en un momento dado no todos los esquemas delictivos que se presentan en un estado tienen que ver con hechos que se generan en ese estado. Muchas veces son organizaciones delincuenciales que tienen territorios mucho más amplios y, en ese sentido, es sin duda un paso muy importante para poder participar todos de manera más coordinada con mayores elementos de inteligencia, con los mejores elementos que se tengan para poderlos combatir.

Muchísimas gracias por la invitación, y estoy seguro, lo digo a nombre del pueblo de San Luis Potosí, que el Senado de la República estará a la altura para poder generarle esta confianza a la ciudadanía en el fortalecimiento del Estado de derecho y también en el fortalecimiento de los elementos necesarios para poder seguir consolidando una mejor seguridad para todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Juan Manuel Carreras.

Tiene la palabra el gobernador de Tlaxcala, el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez.

GOBERNADOR MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ: Gracias, senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, a quien saludo con todo aprecio, y gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación, la senadora Ana Lilia Herrera.

Saludo con todo aprecio también a las presidentas y presidentes de las comisiones dictaminadoras y a sus integrantes, las senadoras y senadores presentes, así como a mis compañeros gobernadores.

Quiero comentar tres cosas de manera muy puntual.

El primer punto, es que ha habido suficiente tiempo de deliberación de este tema tan importante; no únicamente en materia de esta minuta, que ahora se encuentra ya en el Senado, aprobada ya por la Cámara de Diputados, sino a lo largo de los últimos cerca de diez años, en los cuales los conceptos de seguridad nacional, de seguridad pública y de seguridad interior se han venido discutiendo, platicando, opinando.

Ha habido un amplio rango en materia de tiempo y de apertura para conocer opiniones, que ha permitido una deliberación adecuada.

Ha sido suficiente el tiempo de deliberación, se han escuchado todas las voces. Está aprobada la Ley en Cámara de Diputados y, por ende, en minuta se encuentra ya en el Senado, y es indispensable que contemos con esta ley.

Es el momento y, en términos categóricos, como gobernador de Tlaxcala me pronuncio por el hecho de que la podamos tener a la brevedad.

El segundo punto es que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley van a estar cotidianamente en las calles.

La ley establece claramente los procedimientos y los protocolos que se deben cumplir para que las Fuerzas Armadas respalden tareas de seguridad pública.

Conocemos entonces cuáles son las etapas, los momentos, las causales, que hacen que sea claramente conocido y legitimado el hecho de que las Fuerzas Armadas participen respaldando las tareas de seguridad pública.

Y al mismo tiempo, hace que los estados tengamos que reforzar nuestra responsabilidad de profesionalizar nuestras policías; de modo que encontramos este doble componente en el hecho de que la ley se apruebe, tanto por parte del funcionamiento del propio Estado mexicano, como de las responsabilidades de cada una de las entidades federativas.

Y finalmente, número tres, la ley misma establece la base de legalidad sobre la que deben actuar las autoridades del Estado Mexicano en esta materia tan importante, no únicamente de las Fuerzas Armadas, sino las autoridades del Estado Mexicano.

La solidaridad con la que las Fuerzas Armadas han participado de modo complementario, supletorio en varios casos en materia de seguridad pública no es suficiente. Necesitamos un marco legal que vaya más allá de esa solidaridad de las Fuerzas Armadas, para que se pueda actuar de un modo plenamente cierto en materia legal.

Y ese marco legal, esa certeza legal en este momento para las Fuerzas Armadas no existe, y lo necesitamos.

Es momento de tener esta ley. No hay consenso, es evidente, pero en términos mayoritarios y en términos de su impacto favorable para el país, tanto para la ciudadanía como para el funcionamiento del propio Estado Mexicano, la requerimos y es inaplazable su aprobación.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Marco Antonio Mena.

Tiene la palabra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Migue Ángel Mancera, además presidente de CONAGO.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Muchas gracias, Presidenta.

Muchas gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, por la convocatoria.

Quiero saludar a todos los distinguidos senadores y senadoras de la República; a todos mis compañeros gobernadores que están aquí acompañándonos.

Al presidente municipal de Ciudad Juárez, también los saludo con mucho gusto.

A nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación.

Primero, déjenme referirme en mi carácter de Presidente de la CONAGO, que acudimos con toda convicción y con mucha disposición al llamado del Senado de la República, porque en el seno de las discusiones de la CONAGO hemos hablado muchas veces de la realidad del país, y de la tarea que desarrollan las Fuerzas Armadas en cada una de las regiones, de la realidad que vive hoy México, que no es una realidad que nosotros deseáramos pero es un hecho. Es algo que todos los días está acompañando las tareas de seguridad en los diferentes territorios.

En mi carácter de Presidente de CONAGO, reitero la disposición que se ha generado en el propio seno de la organización, para reconocer a las Fuerzas Armadas, para reconocer a nuestro Ejército, para reconocer a la Marina Armada, a la Fuerza Aérea, en todo el apoyo que brindan en el territorio nacional, y ese reconocimiento siempre será reiterado por todos y cada uno de nosotros, que estamos en el día a día viviendo exactamente o que hay que trabajar, lo que hay que enfrentar.

Y ya como se ha dicho en varias ocasiones, no es lo mismo ser borracho que cantinero, así que cuando nos toca a nosotros estar en la realidad de lo que se enfrenta en el territorio, pues se vuelve una problemática muy diferente de lo que pudiera estar en cualquier documento escrito.

Sin embargo, también en mi carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quiero emitir algunas opiniones específicas respecto de esta nota, respecto de esta minuta de proyecto de decreto.

En el antecedente, decirles que las Fuerzas Armadas han planteado la necesidad de contar con un marco normativo que le dé certeza a su actuación prácticamente en todos los territorios.

En la Ciudad de México no tenemos patrullaje, pero basta ir a cualquiera de los territorios para advertir que es una realidad que las Fuerzas Armadas federales o bien el Ejército y la Marina están en el patrullaje de las calles, están en las tareas de seguridad, a manera de seguridad pública, haciendo una función que no les corresponde, pero que si hoy se retiraran de estas tareas, se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad no solamente de un territorio, sino considero del país.

Eso es algo que sucede y las Fuerzas Armadas han dicho que, si no cuentan con este marco normativo, se van a retirar. Por supuesto que esto es preocupante para cualquier territorio, es preocupante para todo el país.

Yo creo que hay que ahcer algo, soy un convencido de que hay que dar este marco de legalidad a su actuación. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas.

Me parece que hay que dejarlo señalado, porque desde el artículo uno se establece con toda precisión que el objeto de esta ley es establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación y hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad.

Me parece que eso es colocar en un riesgo, incluso a la soberanía de los propios estados, me parece que eso va más allá de lo que incluso están pidiendo también las Fuerzas Armadas.

Yo creo que no es algo que estén buscando nuestro Ejército ni las Fuerzas Armadas realizar cuando se habla de identificar o prevenir cualquier tipo de amenaza y usar cualquier tipo de mecanismo, porque eso incluso es extranormativo.

Ya no se está regulando, sinos e está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal. Yo creo que no es el espíritu que se ha planteado y me parece que ahí estaríamos mucho más allá de esta tarea.

Se habla de que las fuerzas federales tendrán preferentemente la tarea de acuerdo con esta ley. La realidad que hoy vive nuestro país es que hay cuando menos 400 municipios que no tienen policía, que después tenemos a los que sí tienen policía y no tienen armamento.

Entonces, si nosotros vamos a suplir toda la tarea de seguridad pública con las Fuerzas Armadas, no va a alcanzar, porque nada más las fuerzas federales, con 3 mil o 3 mil 500 elementos no darían para el propio espíritu de la ley; inmediatamente tendríamos que irnos a hablar del Ejército y de la Marina, si no, no se podría complementar la tarea.

Entonces, es claro que tendrá que haber una participación integral, pero de lo que se habló es que nosotros, los gobernadores, solicitáramos el apoyo de las fuerzas para tareas específicas y aquí de lo que se está hablando y me parece verdaderamente algo delicado, es, por ejemplo, cuando se establece en el artículo 11, la fracción segunda, que dice que se puede dar esta declaratoria de protección cuando se origine por falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas o municipios.

¿En qué momento se va a determinar que hay una falta o insuficiencia de colaboración?

Eso ya no es el espíritu de lo que se planteó, eso incluso es descalificar la actuación de un propio estado o de un propio municipio, es decirle, tú no estás haciendo nada y entonces yo voy a hacer una declaratoria para imponer la seguridad en el territorio.

Me parece que eso va mucho más allá de lo que se ha planteado originalmente. No me queda claro tampoco, según quién se van a poder dar estos supuestos; según quién se va a comprometer la capacidad efectiva de una autoridad municipal o estatal, para poder llegar a esta declaratoria.

Entonces, me parece que hay varias disposiciones, en donde se rompe lo que originalmente se planteó, que fueron el artículo 13 y el artículo 14; eso fue el espíritu original.

Hablar de peticiones de entidades federativas, hablar de un procedimiento para que las autoridades federales, léase Fuerzas Federales, Ejército o Marina, Fuerza Aérea, tuvieran una temporalidad y tuvieran una tarea específica en estas tareas de seguridad, y por supuesto darle certeza y certidumbre.

A mí me parece también impostergable que se cuente con un marco normativo que cumpla con lo que están solicitando las Fuerzas Federales, pero no puedo dejar de mencionar que hay excesos que además están haciendo refritos, porque el artículo 16 de esta norma, de esta ley, es un refrito de lo que alguna vez se dio en un debate muy acalorado allá en la Cámara de Diputados, cuando se habla de aquellos casos en que las amenazas de seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas, el funcionamiento de las instituciones.

El Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias o entidades sin perjuicio de emisión de la declaratoria que se hará posteriormente.

Esto ya se intentó una vez, causó un debate muy acalorado y me parece que es vulnerar la propia ley, porque establecemos todo un procedimiento y después hacemos la excepción en la propia norma, colocando en una situación que me parece que no cumple.

Esto no están pidiendo las Fuerzas Armadas, esto no es lo que está pidiendo el Ejército, parece que es ir mucho más allá.

Es una ley, como yo he platicado con la propia Presidenta de la Junta de Coordinación, perfectible, y se trata de que nosotros pudiéramos aportar algunas de las notas que puedan señalar con toda precisión o cercanos a la mejoría de la norma que siempre es perfectible, algo que dé seguridad a todo mundo.

Pero yo creo que era necesario simplemente señalar esto, porque en varios de los artículos se habla de prevención y atención a riesgos y que de estas acciones, por ejemplo, el artículo 26 en el párrafo segundo, dice: “Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, son de carácter permanente y no requieren la emisión de declaratoria de protección de seguridad interior”.

¿Pues entonces para qué hacemos la ley? Digo, hay una Ley de Seguridad Interior que da un marco, que da un asidero. Perdónenme, pero esto es reiterar algo que ya se ha intentado en otras ocasiones y que no ha pasado y que va mucho más allá.

Esto no es lo que nos está pidiendo el Ejército ni la Marina. Ellos nos están pidiendo básicamente lo que dice en el artículo 13 y 14, que lo pidan las entidades.

En el caso de la Ciudad de México, nosotros le pedimos al Ejército nos ayudaran en el patrullaje de la zona del Ajusco, que rebasa nuestra capacidad y competencia territorial. Es una petición expresa del Jefe de Gobierno y es un punto expreso.

Lo mismo en la zona de Chalco y lo mismo en la zona de Tlalnepantla, y ellos no dicen: Oye, un marco normativo que justifique que yo te estoy apoyando aquí el tiempo que te tengo que apoyar aquí para que yo tenga certeza. Pero no es un marco que permita que hagas las investigaciones que quieras, utilizando los métodos que quieras, como quieras y ni siquiera se requiera la propia declaratoria.

Yo creo que eso rebasa, y me parece más grave aún ese artículo que señala que se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, porque en qué posición va a quedar aquel gobernador que lo señalen así, o que se origine por falta o insuficiencia de colaboración de las entidades federativas o municipios.

Estaría básicamente cometiendo un delito el gobernador, o el presidente municipal que cayera en este supuesto.

A mí me parece que eso es delicado y es cuánto yo quisiera señalar en torno a esto.

Me parece que es una oportunidad para que se pueda corregir esto y darles a nuestras fuerzas armadas lo que están pidiendo, que es certeza a la petición expresa que le formulamos muchos de nosotros para poder complementar tareas de seguridad interior, que es el espíritu de la propia Ley.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Por favor senador, le pido, hay un orden aquí nada más. Ahorita yo les doy la palabra a los senadores, por favor. No, no grito señor.

Solamente tenemos un orden, por favor, para llevar.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: …votar a favor o en contra.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Por favor le pido, senador Miguel Barbosa, de verdad tenemos un orden, que les vamos a dar la palabra a los senadores.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: ¿Va a votar a favor o en contra el Jefe de Gobierno?

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Compañero: la senadora Cristina Díaz, está conduciendo la reunión.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Senador: sigue la siguiente etapa, que son los senadores. Usted tendrá el derecho a participar. Hay un orden que ya pidieron.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Moderación.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Lo estoy haciendo con moderación, por favor, senador. Usted también respete cómo hemos acordado llevar la reunión; es que llevamos un orden. Siguen los senadores de participar; de participar los senadores.

Ha pedido la palabra el senador Javier Lozano, y después la tendrá usted. ¿Le parece? Perfecto.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Presidenta.

Saludo a todos los gobernadores aquí presentes.

El gobernador Tony Gali, de Puebla, me ha pedido que, además de saludarlos, y no le fue posible estar en esta reunión.

Hoy cumple Puebla, la capital de Puebla, 30 años de haber sido declarada como Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad.

Pero sí me pidió enviar este mensaje, que es muy concreto.

Primero. Un agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Federal, a las fuerzas armadas en particular y a la Policía Federal, por toda la colaboración que han venido realizando con el gobierno de Puebla.

Eso ha dado buenos resultados, sin lugar a dudas, al tiempo que el gobierno de Puebla también está haciendo su trabajo por fortalecer en todos los ámbitos a la policía estatal.

Segundo. Es absolutamente necesario, urgente, impostergable, imprescindible, dotar de la certidumbre jurídica que requiera la actuación de las fuerzas armadas en auxilio a la policía estatal y municipales en el estado de Puebla y en el país entero, como aquí se ha dicho.

Tercero. Creemos que estos principios que señala el proyecto, la minuta de Ley de Seguridad Interior en cuanto a proporcionalidad, gradualidad, oportunidad, temporalidad, subsiriaridad, son acertados y que vinculan muy bien con la Ley de Seguridad Nacional, por cierto.

Ya lo destacó el gobernador de Colima y también el gobernador de Durango.

Creo que no debemos pasar por alto que la Fracción Sexta del Artículo 89 de la Constitución, ya habla de la atribución que tiene el Ejecutivo Federal, de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior.

Lo que no tenemos es una legislación secundaria que precisamente, que regule esa actuación, pero el concepto de seguridad interior, que es distinto al de seguridad nacional y al de seguridad pública, como aquí también se ha dicho, es lo que se tiene que regular, porque hoy existe ya esa participación y esa colaboración, pero me temo que, en un marco realmente insuficiente, donde sí se va a abrir a la discrecionalidad y donde sí puede haber entonces excesos.

De lo que se trata es de acabar con esa discrecionalidad, darle orden, protocolos y, por cierto, esta declaratoria de protección a la seguridad interior, siempre se tiene que hacer haciendo del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se hace en aislado.

Y luego, lo que nosotros no compartimos, el gobernador de Puebla no comparte, y me pidió que lo exprese como tal, no se está militarizando al país, no hay un demérito a los derechos humanos en lo absoluto, no se están agregando atribuciones o facultades en sustitución de responsabilidades de la autoridad local.

Los contrapesos que tiene el Ejecutivo Federal, se mantienen intocados; las reglas de transparencia también están ahí y explícitamente se excluye, como amenazas, la protesta y movilización social, y los asuntos de carácter político electoral.

Y la verdad es que lo que pensamos es que si hay dudas sobre supuestos vicios de constitucionalidad, que yo no aprecio, y lo digo ya como abogado y como senador, pero si los hay, para eso también están los instrumentos de actuación que tienen, tanto cámaras de Diputados como de Senadores, el Procurador de la República, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente, para acudir en acción de inconstitucionalidad y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en última instancia, quien resuelva si es viable un pronunciamiento de esa naturaleza.

Pero por lo demás, y con esto concluyo, y agradezco mucho la oportunidad, es que el gobernador de Puebla está totalmente a favor de proceder a la aprobación de esta Minuta, que está en la Cámara de Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.

Tiene la palabra el senador Miguel Barbosa.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta.

A ver, yo he escuchado con atención las reflexiones de los señores gobernadores.

Sin duda que ellos tienen una posición a favor de que las cámaras del Congreso de la Unión aprueben esta propuesta, esta construcción de esta propuesta de la Ley de Seguridad Interior.

Y desde luego ellos tienen una posición de gobernantes, de responsables de la seguridad pública.

Yo tengo presente, y ellos también lo deben de tener, que el concepto de seguridad pública, es un concepto definido de nuestra Constitución, que tiene un desarrollo en el Artículo 21 Constitucional y de otros artículos, y que se encarga a instituciones de carácter civil.

En los Tres Órdenes de Gobierno, ministerio público, a instituciones de carácter civil. Solamente eso deben de tener presente, para un poco deliberar y concluir sobre la constitucionalidad.

La otra, es el 129 Constitucional; y la otra, es la naturaleza de una Ley Federal, que establece atribuciones, competencias, distribuye, y que una Ley Federal no puede contener ese tipo de contenido, no puede tener esos contenidos.

Evidentemente, es una propuesta inconstitucional y hay mecanismos, como dice Javier, que revisarán, en caso de que se ejerzan por quienes tienen interés y personalidad para presentar esa acción de control constitucional. Eso se verá si hay el número de firmas para poder hacerlo.

Lo que está ocurriendo es sustituir el concepto de seguridad pública por el de seguridad interior.

Se abate el concepto de seguridad pública y se desarrolla el concepto de seguridad interior. Es un asunto, de verdad, muy riesgoso.

Pero yo me hago una pregunta política. ¿Por qué este gobierno, al final de su periodo, por qué este gobierno que termina frente a la opinión pública en condiciones de enorme debilidad, por qué impulsa esto?

¿Por qué no se espera a la legitimidad de la renovación de los poderes públicos en el 2018? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa decisión de que el Ejército esté preocupado; advierta que se puede retirar? No. El Ejército y la Marina reciben órdenes, se preocupan, pero reciben órdenes, no pueden tomar la decisión de retirarse voluntariamente.

Hay una decisión aquí rara de la cual se empezará a escribir, se empezará a hacer afirmaciones, incluso hasta se podrán aportar elementos de prueba de dónde viene esta decisión; de dónde viene esta decisión.

Pero desde luego, ya se nos olvidó a los mexicanos, lo que antes de los 40 existía. Un Ejército que no tenía controles constitucionales, o si los tenía, no los respetaba.

Y esta ley sí permite tener un Ejército mucho más accionante en la vida cotidiana de la sociedad, mucho más.

Y ustedes como autoridades civiles, debieran preocuparse por ello. Sí, claro que sí.

Cuando todo el costo del despliegue del Ejército va a ser descontado de los presupuestos estatales, municipales, de órganos autónomos, de entidades públicas, no va a haber recursos para la profesionalización de las policías y del sistema policial.

Fue una decisión del Poder, y creo que los involucra a ustedes, el haber abandonado lo que en el Senado hicimos sobre la propuesta de Mando Mixto, llamada Mando Mixto; la Reforma Constitucional que ustedes mismos impulsaron en su momento.

Que de Mando Único pasó a Mando Mixto, pero que satisfizo, creo yo, lo que habría sido un nuevo modelo de Seguridad Pública y un nuevo modelo del Sistema Policial.

¿Por qué lo pararon? Yo siempre lo entendí, por falta de recursos, por falta de dinero por el costo; pues esto va a ser igual de costoso.

La carrera de las armas ya no va a ser carrera de las armas ¿eh?, también va a ser una carrera policial.

Al Ejército y a su naturaleza, como carrera de las armas, se le va a deformar.

No va a ser a partir de que esta ley se apruebe cuando empiece el Ejército a actuar y la Marina, ya llevan 12 años de manera formal en las calles.

Ya llevan 12 años, sin un marco legal, desde luego. Ya llevan 12 años, no han ganado la guerra contra el crimen organizado ¿eh? Y se va a deformar todo este tema de las relaciones entre los órganos del Estado, los órganos coercitivos del Estado y la sociedad. Es muy riesgoso.

El tema de los derechos humanos, desde luego, aunque no lo diga esta ley, tendrá que ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales.

¿Por qué no lo metieron? ¿Por qué metieron que sujetarse a los protocolos, me explico, Cuando son protocolos los que va a presentar el comandante designado por el Ejército y la Marina para regresar a sus operaciones?

¿Por qué le permiten al Ejército de manera permanente establecer acciones?

¿No se dan cuenta de eso? Sí se dan cuenta de eso, señores gobernadores, acciones permanentes para poder identificar, investigar, prevenir amenazas, riesgos sobre la seguridad interior. A partir de ese artículo van a permitirse muchas cosas.

Sin duda que tenemos posiciones diferentes. Respetamos sus posiciones, las veo yo en la lógica del ejercicio del Poder Ejecutivo y de la responsabilidad que tienen frente a su pueblo, frente a su sociedad en los temas de seguridad pública, y desde luego escucho.

Y cierro mi intervención preguntándole al señor Jefe de Gobierno de manera muy breve:

Escuchamos y coincidimos en todo lo que dijo sobre los defectos de la ley, y entonces, así como los gobernadores han dicho después de sus reflexiones que apoyan la minuta, yo le preguntaría al Jefe de Gobierno, si está a favor o está en contra.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Yo creo que he abundado en todos y cada uno de los puntos en los cuales advierto un riesgo, de quedar así la ley.

He sido también informado de la posibilidad de que se hagan las modificaciones correspondientes, y yo estoy a favor de que las Fuerzas Armadas tengan un marco normativo, como lo han solicitado. Lo que no creo que deba quedar aprobado es todo lo que señalé.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: El dictamen como está.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Eso no. Yo creo que como está es un exceso.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Por eso (inaudible)

INTERVENCIÓN: Voy a pedir una moción.

Se nos invitó a dar un plantemiento. Si va a haber un debate entre senadores y gobernadores, abrámoslo entonces así.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Abrámoslo entonces.

INTERVENCIÓN: Porque entonces la situación del parlamento y, de acuerdo a su reglamento…

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Usted es invitado, gobernador.

INTERVENCIÓN: …no hay una discusión.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Usted es invitado.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A ver, senador Barbosa, permitamos… Senador Barbosa, permitamos al gobernador que se exprese.

Senador Barbosa, por favor, permita… Senador Barbosa.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, compañeros, por mantener el orden y el respeto en esta reunión de trabajo.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: (Inaudible)

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador Barbosa.

Continuamos, senadora, por favor con el Orden del Día.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene el uso de la palabra, por favor senador Barbosa, le pedimos por favor el respeto en la reunión de trabajo.

Senador Barbosa, hemos tenido reuniones anteriores y aquí hay muchos testigos de presidentes de comisiones y senadores, y aun cuando hay puntos de vista diversos y plurales, hemos mantenido el orden.

Le pido por favor que respetemos a nuestros invitados, están en nuestra casa.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Conmine al señor invitado a mantener el orden.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Él pidió…

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: No, él viene a querer sugerir procedimientos que no puede sugerir, ¿de acuerdo?

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: No, discúlpeme senador, por favor, mantengamos el orden.

Senador Barbosa…

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Les pido por favor a todos, senador Barbosa, vamos a respetar a los señores gobernadores que tuvieron la mejor…

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Senador Barbosa, por favor.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Les pido a todos orden.

Invitamos y acudieron a nuestra convocatoria los gobernadores, y es del mayor interés para todos llevar con respeto y con orden esta reunión.

Le pido, Presidenta, que pueda continuar, por favor.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra el senador Manuel Bartlett, quien además es el coordinador del Grupo Parlamentario PT-MORENA.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Desde luego que nos parece muy importante la presencia de los gobernadores en el Senado de la República.

Hay que situar esta presencia en la situación de hoy.

El Presidente de la República, recibió una serie de señalamientos graves en relación con la ley, una y otra vez.

En una reunión de seguridad, la señora Morera le dijo la situación en la que se encontraba el país y que tenía que revisar todo lo que estaba diciendo.

En la entrega de un premio de derechos humanos, se lo dijo el premiado, que la Ley de Seguridad era peligrosa para el país, un enorme peligro.

Aquí estuvieron representantes de Naciones Unidas, los encargados precisamente de derechos humanos, y estuvieron totalmente en contra de la ley y lo que representa.

Y estuvieron otra serie de organizaciones que, por cierto, fueron regañadas por un general que sentaron ahí y que se puso a intimidar a los participantes.

Eso es lo que motivó que el Presidente abriera una mayor discusión en la participación general de la sociedad civil, dijo.

Los gobernadores están aquí precisamente porque fueron impulsados, con todo respeto, por el Presidente de la República, para apoyar la ley. Esa es la circunstancia en la que estamos.

Afortunadamente aquí hemos oído análisis detallados de la ley, que hacen que no respete, dice el doctor Mancera, el principio que se estaba buscando, porque esta ley no está resolviendo o no está buscando resolver el problema de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, que es seguridad nacional, si nos está manteniendo para siempre, no es cierto que tenga temporalidad, aquí ya lo señaló con toda claridad el doctor Mancera.

Esta ley está hecha para garantizar la presencia del Ejército en México y eso significa la militarización, porque los temas para los cuales está invitado el Ejército a participar son todos temas de seguridad pública, y como no tiene ningún freno, ninguna limitación, van a estar para siempre, es la permanencia del Ejército.

Y claro que es militarización, hay que leer la ley, está por encima de ustedes, gobernadores. El Ejército está en esa ley por encima de los gobernadores.

Están claudicando de sus responsabilidades que aquí han venido a señalar, y eso de borracho y cantinero, yo fui gobernador también. Yo también fui gobernador y lo sé.

Sí es difícil, pero es un tema que corresponde a los gobernadores.

Y meter al Ejército a realizar funciones de los gobernadores, pues es simplemente romper la estructura política del país, romper la estructura política del país y establecer un régimen militar en México.

Pero claro, ya lo señalaron aquí, hay una serie de vericuetos para vejar al Ejército y a la Marina de policías en este país, en detrimento de los gobernadores que aquí están; en detrimento, porque no hay, y nos conocemos bien aquí nosotros, no hay ninguna limitación, ninguna.

Y eso de “vamos a darnos tiempo para fortalecer las policías, los responsables civiles” es mentira. Y es mentira, se los voy a decir con toda franqueza, con el gusto de que estén ustedes aquí para platicar del tema, es mentira porque todo el tiempo, desde que Calderón impulsó esto y aquí está el señor senador Zuarth, que seguramente lo defenderá con toda energía, desde que Calderón estableció la guerra contra las drogas es un acuerdo con Estados Unidos, no se les olvida.

Es el Plan Mérida, ¿ya se les olvidó? Ustedes creen que se está dando este paso obligado en estos momentos que ya se está yendo el Presidente, porque sí, no, es el Plan Mérida, ustedes lo conocen.

El Plan Mérida es un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, con la posición hegemónica de Estados Unidos, aquí está Homeland Security, aquí están todas las agencias internacionales.

Tenemos centros de fusión en donde están Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio nacional, en combinación con las policías.

¿Qué no nos damos cuenta? Primero liquida a la estructura federal, sin duda alguna, con el deseo que los municipios no tengan policía alguna, porque ahí es donde se va a dar la explotación petrolera, minera, etcétera.

Es el Plan Mérida, es el ASPAN, son acuerdos del Presidente, que son públicos, sin decir cuál y a qué se refieren, pero acuerdos con el Presidente de los Estados Unidos.

No sólo es la militarización, sino es la hegemonización de los Estados Unidos en México, vía militar. Y no lo estoy diciendo yo, hay estudios con toda claridad.

Estados Unidos, después de las torres gemelas, cambiaron su patrón de seguridad e hicieron que la OEA, todos los países, entre ellos nosotros, muy obedientes, porque ahora somos obedientes a la OEA, aceptamos cuáles son los riesgos que tiene nuestro país.

Y ya no son los riesgos externos, esos ya no existen, somos socios, no, los riesgos fueron definidos por la OEA y esos riesgos que definió la OEA son de seguridad pública, no son de seguridad interior ni de seguridad nacional, son de seguridad pública y es suplantar la estructura política de México por el Ejército y la Marina, vinculados ya a los estados Unidos a través del Comando Norte y el Comando Sur. ¿Qué no los han visto actuar?

Ya se militarizaron los puertos, que es una demanda norteamericana para moverse libremente. Los puertos ya no están manejados por la marina Mercante, están manejados por la Marina.

Los pasos que se van dando, los agentes de migración norteamericanos están en el sistema de migración mexicana. Eso es lo que está ocurriendo.

Van a ser desplazados en esta ley definitiva y formalmente los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, para establecer en este país una policía militar, el Ejército y las Fuerzas Armadas, vinculados a los intereses de seguridad norteamericana. Eso es lo que está pasando.

Además de que la ley, lo dice Mancera y tiene toda la razón, la ley no garantiza nada. La ley le garantiza al Ejército que no los metan a la cárcel en algún cambio político que existe, porque están preocupados, porque están actuando fuera del marco constitucional y esa garantía que les están dando es permanente y ya está en los artículos que podríamos ver con todo cuidado.

Yo considero que los gobernadores son la esencia de la política de este país, no son empleados del Presidente de la República. Los gobernadores son representantes de sus pueblos y tienen que garantizar la seguridad de sus pueblos, los gobernadores, y no cederla al Ejército y a la Marina; ya estamos militarizados.

Me preocupa y quiero comentar el caso de Astudillo, también amigo nuestro y compañero y legislador. Él dice que no se puede, que el estado de Guerrero está totalmente dominado por las fuerzas criminales.

Vamos a pensar que es cierto lo que estamos viviendo. Está el artículo 29, gobernador, está la suspensión de garantías. Esos problemas se pueden atender, el de Guerrero, con suspensión de garantías, porque están suspendidas prácticamente, pero la suspensión de garantías, artículo 29, establece un control del congreso y temporalidad definitiva, no ficticia.

Vamos a pedir que haya suspensión de garantías, pero el congreso va a estar cuidando que no se militarice el país, uno; dos, si el Ejecutivo no sea duelo del Ejército y lo use para lo que quiera.

Si no ha habido crecimiento en las policías es porque no han querido. Llevamos 12 años, aquí se dijo, en esa militarización permanente, pero derrotada, por cierto, derrotada, 12 años y no hace más efecto que haber más violencia, más muertos, más violencia en todos lados, desplazamiento de población, desaparecidos, control del estado y regiones completas en donde van a estar las explotaciones norteamericanas.

Es algo muy grave, no ha querido ni Calderón ni Peña Nieto reforzar la seguridad pública, les han dejado caer a los gobernadores los recursos, porque tienen la obligación de fortalecer al Ejército y la Marina.

Miles de millones se han gastado fortaleciendo a la Marina y al Ejército, en lugar de fortalecer a las policías, porque ese es un mandato norteamericano, démonos cuenta, este es un asunto de la nación, del salvamento de la soberanía nacional.

La presencia del Ejército y la Marina en estas condiciones es una amenaza a la soberanía nacional, la presencia de ellos. tenemos que fortalecer a las policías y esta ley no garantiza que se vaya el Ejército a los cuarteles.

El gobernador de Jalisco, creí que se iba a ir por un lado y se nos fue por el otro, pero sus palabras han sido importantes aquí, sí, tienen que tomar el mando de sus estados.

No pueden permitir que sea el Ejército el que los haga gobernadores, es una violación de sus propios compromisos con sus estados ya demás de eso, de que la militarización es lo más peligroso que ha habido en Latinoamérica siempre y no se debe permitir nunca.

El poder civil tiene que fortalecerse por encima del poder militar. El poder militar está para servir al poder civil, no lo olvidemos. El riesgo que ha ocurrido en toda Latinoamérica con esos pasos absolutamente necesarios.

Sí, vamos a ayudar al gobernador de Guerrero, vamos a aplicar el artículo 29, bajo control del Estado, del Congreso. Esta ley no tiene control del congreso.

¿Saben ustedes cuál es el control, señores gobernadores? Es avisarle a una comisión ahí entre diputados y senadores, le avisan. El artículo 29, que es histórico, establece el control del congreso para evitar la militarización permanente y evitar el exceso de poder del Presidente de la República.

Yo les pediría que reflexionáramos, el Presidente no es nuestro jefe, ni de ustedes ni de nosotros. La patria está en riesgo, la soberanía está casi entregada, no sigamos adelante con estas leyes que van quitándole a la nación la estructura política que hemos construido con un gran esfuerzo.

Muchas gracias.


SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.

Tiene la palabra la senadora Dolores Padierna y después la tendrá, lo ha pedido, el gobernador Francisco Domínguez, de Querétaro ya sí también usted en un momento.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenidos señores gobernadores, señor Jefe de Gobierno.

En efecto, como aquí se ha mencionado, este debate lleva varios años, prácticamente 12, desde que Felipe Calderón tomó esta decisión, este modelo de seguridad militarizada y tenemos todos estos años dando ese debate.

Esperábamos, desde luego, una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que retomara todos los comentarios que se han dado a lo largo de estos años, por los humanistas, por las organizaciones de expertos, expertas y muchísima gente que ha venido opinando, que realmente todos nos encontramos en una situación de muchísima preocupación, porque esta ley pareciera que parte de cero, no retoma la experiencia, no retoma las opiniones de nadie.

Pero quisiera, en primer lugar, decir que, en 2006, cuando Felipe Calderón toma esta decisión, dijo muy claramente que era para inhibir la violencia, para disminuir los índices delictivos y lo que se ve es lo contrario.

Si uno revisa, porque también esta ley no parte de un análisis, ni estadístico, ni operativo, ni un diagnóstico territorial, delincuencial, de inteligencia, nada, o sea, parte de cero y no ayuda a lo que se pretende conseguir.

Pero decía yo que cada año es el más violento del anterior. Es decir, la violencia se ha venido incrementando en forma exponencial, cuando se suponía que venía a disminuir el índice delictivo de aquel tiempo.

Yo quisiera decir que Calderón, incluso llamó que venía a parar la ola de violencia, y de acuerdo a las estadísticas del propio Sistema Nacional de Seguridad, el año 2006 era, dentro de todos los 12 años, el más bajo. Comenzó entonces la ola de violencia después de ese año.

Ha venido uno que otro año bajando, pero en realidad el índice de homicidios, etcétera, ha venido en incremento de manera exponencial.

Otro elemento que ustedes mencionan, que es el fortalecimiento institucional de las policías, pues se vino a debilitar aún más.

Si uno revisa el diagnóstico del fortalecimiento institucional en materia de seguridad en el año 2006, y en el que tenemos ahora, se ve un debilitamiento muy fuerte de las policías.

Antes era uno que otro municipio, uno que otro Estado; ahora son muchísimos, son 400 municipios que ni policía ya tiene y antes esta situación no existía.

De tal manera que diríamos, y yo estoy de acuerdo con el gobernador de Jalisco, que él propone, muy certeramente, que entremos a ese plan.

Primero, debemos de tener un plan de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ponerle fecha de término y en ese momento tomar algunas decisiones para que verdaderamente esto sea temporal.

Eso es cumplir con la norma, como bien él lo señala, depurar las policías, darles un tiempo a los gobernadores para el fortalecimiento institucional en todas las tareas de prevención. De otra manera, es la sustitución del Ejército por las policías.

Y entonces pareciera una actitud cómoda, y en ese sentido tiene mucha razón el senador, porque pareciera entonces que los gobernadores adoptan la actitud cómoda de que el Ejército haga las tareas que les corresponden a los gobernadores.

Yo, por último, diría tres asuntos rápido: no se puede mantener al Ejército de manera permanente. Eso es inconstitucional.

Esta ley está violentando, muchos artículos constitucionales, ya los constitucionalistas, aquí, han demostrado cómo llevan al menos 18 artículos de la Constitución.

Nosotros no podríamos apoyar una ley de esta naturaleza, tiene que revisarse, tiene que componerse porque los expertos y la Constitución señalan que la presencia del Ejército debe de ser a respuesta de una actividad extraordinaria, temporal, específica, pero de ninguna manera permanente, y de ninguna manera, como esta ley lo sugiere, de manera ambigua, a petición del Ejecutivo Federal, el Presidente por encima de los gobernadores, sin una coordinación adecuada, y todo lo que aquí se está viendo en esta ley.

Simplemente nos quedamos con las cifras alarmantes de la violencia. No podemos admitir que la violencia, entonces, sea el statu quo normal.

Ya tenemos 12 años así y normalizar, legalizar un fracaso como modelo de seguridad, no parece la mejor opción.

El modelo de seguridad militarizada, es un error, es la respuesta que dio Calderón, la que copió Peña Nieto, la que han aceptado la mayoría de los gobernadores, el fracaso está a la vista, simplemente de las estadísticas que da el INEGI y el propio Sistema Nacional de Seguridad.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias senadora.

Tiene la palabra el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Muchas gracias.

Primero, sí sabemos que los gobernadores estamos invitados, pero también acordarnos que cada entidad federativa tiene tres senadores que representan a nuestros estados.

Creo que sí tenemos todo el derecho de opinar aquí; les agradecemos.

Y, también, conociendo el ámbito legislativo, sabemos que este es un Proyecto de Dictamen, que ya fue aprobado en Cámara de Diputados, pero de ninguna forma les venimos a decir aquí que no quiten comas y puntos.

Nosotros esperamos que aquí exista un debate en Comisiones, en todas las dictaminadoras, en el Pleno, y que nos va a dar, no a los gobernadores, a todos los mexicanos, la mejor ley del interior.

Lo que sí venimos a pedir abiertamente, a nosotros no nos cabildeó el Presidente de la República, ¿eh?, que quede clarisísimo. Lo hacemos personalísimo; sí queremos certeza jurídica para el Ejército. En sus manos está.

Y tenemos la confianza que esta LXII Legislatura, que van a sacar una excelente Ley del Interior.

Y tampoco rechazo, rotundamente, que los gobernadores rehuimos a nuestra facultad constitucional, obligación constitucional, en hacerle frente a la seguridad pública.

Y si alguien quiere debatir en ese tema, yo en lo personal, por Querétaro, y como gobernador de Querétaro, tengo todo lo contrario, tengo los números, se los acabo de decir, 98 por ciento de pruebas de confianza, basado en la policía estatal, incremento de policías estatales, incremento en infraestructura.

A mí me entregaron un gobierno sin policía judicial, la tuve que hacer en estos primeros dos años. Pero tengo que seguir preparándola y fortaleciéndola.

Pero de ninguna manera, nadie nos va a decir que no estamos haciendo nuestra tarea constitucional, obligatoria, los gobernadores.

Por lo pronto, yo pienso que mis compañeros tendrán, cada quien su palabra, pero de ninguna manera nadie me puede descalificar de que no hacemos frente a nuestra tarea constitucional.

Y, por último, para terminar, estamos en manos del Senado de la República, o sabemos, pero también hay tres senadores por entidad federativa.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Francisco Domínguez.

Señalamos que, en esta reunión, como hemos venido celebrando otras, se exponen los puntos de vista, no entramos al debate, el debate se va a dar en las Comisiones.

Aquí, en estos momentos, estamos escuchando opiniones importantes, diversas y plurales, pero no hay debate.

Tiene la palabra, la pidió el senador Ernesto Ruffo.

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Qué tal señores gobernadores. Sean ustedes bienvenidos.

Aprovecho, claro, la oportunidad de aclarar situaciones, experiencias, al haberme tocado la experiencia de haber sido gobernador de Baja California, y ser testigo de que la estrategia de Seguridad Pública Nacional ha sido un fracaso, desde hace muchos años.

No hemos atinado a encontrar rumbo que dé efectividad y eficiencia a nuestros asuntos de seguridad.

Esto, creo que se vio agravado desde las decisiones de federalizar algunos tipos de delito, como es el crimen organizado.

Porque eso nos fue quitando la capacidad, en municipios y en estados, de cómo combatir, dado el conocimiento que se tiene de la localidad y de la región, estos asuntos de estos lamentables negocios de crimen organizado, y fueron concentrados en decisiones federales.

Y ahora estos asuntos de seguridad pública nacional están realmente en un hoyo negro porque hay impunidad, hay policías mezclados.

Esto nunca se aclara y trasciende nuestros mandatos como alcaldes o como gobernadores.

Yo no tengo duda alguna de que necesitamos un marco que ampare la presencia de las fuerzas militares en nuestra actividad de seguridad pública.

La coordinación que se debe de ejercer al mando estatal, es una responsabilidad ineludible en nuestros mandatos como gobernadores, ahora yo hablo como representante ante la unión, como senador de Baja California.

Creo que la coordinación es la esencia de la salida a una buena estrategia de seguridad.

Más sin embargo los excesos que bien señalara el jefe de la Ciudad de México, Mancera, me hacen temer, me preocupan porque se ve una absolutización de lo que yo coloquialmente le llamo el hoyo negro, no nos vaya a llevar a asuntos como Venezuela y Cuba.

De manera que este asunto que se venía discutiendo en el seno de la Cámara de los Diputados, que es el Mando Mixto, y que fue desechado en Comisiones, quita el mecanismo del protocolo en cómo los gobernadores podrían, de una forma transparente, coordinarse con las fuerzas armadas, ahora va a recaer sólo con la Ley de Seguridad Interior, en lo que decide el Presidente de la República, a través de las órdenes que les dé, y se verá limitada la soberanía de los estados.

Es por ello la trascendencia de esto, por lo que yo apelo a esta búsqueda de transparencia, en sí la efectiva coordinación de las fuerzas de seguridad pública, federales, estatales y municipales, más no sin embargo en un marco excesivo que si bien ampara la presencia de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública, provee espacios para excesos que podrían llevarnos a una pues extremada presencia de decisiones centralizadas en el Presidente de la República, y que dadas las circunstancias políticas nacionales, no me sorprendería ir avanzando hacia una especie de dictadura.

Así que apelemos a que sea precisamente la separación de los Poderes y las responsabilidades de los gobernadores, cada uno de ustedes en sus regiones, para que haya, efectivamente, una buena estrategia y no se vaya quedando en uno solo de los Poderes de la Unión, con el absolutismo de las decisiones. Y mi respeto a las fuerzas armadas.

Gracias.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidenta.

Bienvenidos señores gobernadores.

Desde que surgió la idea de escucharlos, pensamos muchos que era no solamente necesario escuchar su punto de vista sobre la ley, sobre los problemas que viven sus entidades federativas en materia de seguridad, sino lo que podemos hacer para resolverlos.

Por aquí se hizo una afirmación hace unos momentos, en el sentido de que el Ejército y la Marina no han podido con el crimen organizado.

Yo creo que hay que corregir esa afirmación. Es el Estado Mexicano el que ha fallado en el combate y contención del crimen organizado.

El Estado Mexicano en sus desdoblamientos locales, también en la respuesta federal, en nuestra incapacidad de construir instituciones sólidas, de formar policías, ministerios públicos, resolver el problema, la grave crisis penitenciaria que vive nuestro país.

Yo creo que deberíamos de empezar nuestras reflexiones, asumiendo que quien ha quedado a deber es el Estado Mexicano en su conjunto, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, pero también en las distintas expresiones del Poder Público.

Me gustaría aprovechar su presencia, porque hay algo que no se ha puesto sobre la mesa y que está en el fondo del problema.

Hemos reducido esta conversación a una dicotomía que, a mi juicio, es falsa o por lo menos es incompleta: Militares en la calle o militares en los cuarteles.

Esa dicotomía es absolutamente falsa, porque por lo menos en los últimos 30 años, las Fuerzas Armadas han adquirido funciones permanentes que no se corresponden o que son un poco más complejas que las tareas de seguridad pública, o el viejo modelo de defensa exterior frente a una invasión de los Estados Unidos, o responsabilidades asociadas simplemente a la estricta disciplina militar.

Han adquirido, a lo largo del tiempo, desde que estas reflexiones se iniciaron, han adquirido funciones permanentes y no es posible prescindir de las Fuerzas Armadas.

Voy a poner algunos ejemplos: Hay 3 mil instalaciones estratégicas en el país, el 47 por ciento corresponden a PEMEX.

¿Quién cuida las instalaciones estratégicas de este país? Las Fuerzas Armadas.

¿Quién realiza la función de Policía Marítima en el mar y aguas territoriales mexicanos? La Armada de México, no tenemos una Guardia Costera. Los servicios de guarda costa, dice la ley, corresponden a la Armada de México.

El Ejército Mexicano es autoridad administrativa que aplica la regulación de armas de fuego y explosivos, esa es una función permanente. No solamente eso, no solamente da los permisos de producción, de portación o de acceso a las armas, sino también tiene responsabilidades de impedir que, por ejemplo, circulen armas en un mercado ilegal. Es su responsabilidad y la ha sido desde hace mucho tiempo.

La primera vez que discutió este país sobre los alcances, sobre la relación entre el poder militar y el poder civil, fue en 1857, a propósito de las comandancias militares fijas.

La discusión era: ¿Deben estar los militares teniendo funciones de carácter permanente en instalaciones militares en sus estados? Y la respuesta del constituyente del 57 fue que sí.

En el 17, de nueva cuenta discutimos la relación poder civil-poder militar.

Durante los largos periodos de institucionalización de las Fuerzas Armadas, se revisó cuáles iban a ser las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas y se dijo son dos: la misión uno, seguridad interior; la misión dos, defensa exterior.

Son funciones permanentes de las Fuerzas Armadas, que están previstas en leyes, descritas en leyes.

Pero sucedió algo en el país, que es lo que está en el fondo de nuestra problemática actual. Decía el senador Ruffo, la federalización de la delincuencia organizada; no solamente eso, dijimos que el crimen organizado era no un problema de seguridad pública sino un problema de seguridad nacional.

Y a partir de 2004-2005, el crimen organizado es una responsabilidad no solamente federal sino también se combate desde los instrumentales del régimen de seguridad nacional.

Y por eso las Fuerzas Armadas también tienen funciones permanentes asociadas al crimen organizado, porque este país decidió en los años 90´s y 2000, que nos enfrentaríamos al problema del crimen organizado desde un instrumental distinto al de la seguridad pública.

No solamente le quitamos la potestad a estados y municipios y la concentramos en la Federación, sino hicimos un régimen especial desde la Constitución en materia de seguridad nacional, con regímenes especiales, no solamente de investigación sino también de tipología de delitos y de formas de colaboración.

La materia de la delincuencia organizada es una materia federal, y el problema que tenemos en el país en este momento es que ni los estados pueden con la delincuencia organizada ni la federación asume por completo la responsabilidad de la delincuencia organizada, porque hoy ya prácticamente toda realidad de seguridad pública se entiende como delincuencia organizada, desde los homicidios hasta los delitos que están previstos en la propia Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Detrás de la problemática sobre la presencia de las Fuerzas Armadas, está esta zona gris de delincuencia organizada que no hemos sabido resolver en términos de qué parte le corresponde a la Federación y qué parte le corresponde a las entidades federativas.

Y desde la emisión de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se dijo claramente que los estados y los municipios tienen deberes de colaboración en materia de seguridad nacional, y específicamente en cuanto al crimen organizado, deberes de colaboración.

Por eso la minuta insiste en eso, porque las entidades federativas y los municipios, por lo menos desde hace 20 años tienen deberes de colaboración. No son responsables directos sino colaboran y contribuyen a la contención del crimen organizado.

Y llevamos 12 años en el discurso político institucional aventándonos la bolita entidades federativas y municipios, y la Federación.

Es crimen organizado, te corresponde a ti; es narcotráfico, te corresponde a ti o me corresponde a mí; es homicidio, no es homicidio, atraje el caso, no atraje el caso. Eso está en el fondo de esta discusión.

En el fondo de esta discusión está claramente distinguir los ámbitos de competencia y de responsabilidad del combate al crimen organizado.

Por eso, en la evolución de la discusión de seguridad interior, se abandonaron las clausulas abiertas de cualquier tipo de daño que se pueda provocar a la población, o cualquier tipo de fenómeno criminal. Y se redujo, por lo menos así entiendo el modelo, se redujo a los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Nacional.

¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que resolver.

Las Fuerzas Armadas no deben estar haciendo tareas de seguridad pública, pero sí tienen tareas de seguridad nacional, y la función de seguridad interior es una función, una vertiente –ha dicho la Suprema Corte– de la seguridad nacional, nada tiene que ver con la seguridad pública.

El problema es que hoy en día, como la facultad del Presidente es absolutamente discrecional, se utilizan Fuerzas Armadas para resolver todo tipo de problema, incluso las de seguridad pública.

Lo que motiva la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, es reducir esa discrecionalidad y que el Presidente de la República sólo pueda ordenar el uso de Fuerzas Armadas para resolver los problemas que le corresponden a la Federación, específicamente y especialmente delincuencia organizada y no solamente las otras atribuciones que tiene la Federación.

No podemos estar más militarizados ya; 27 entidades federativas tienen presencia permanente de las Fuerzas Armadas, el 87 por ciento del territorio nacional.

¿Por qué? Porque la facultad no está reglamentada.

Desde 1996, la Corte nos dijo: Esa función exclusiva del Presidente disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior en el ámbito de la seguridad nacional, debe hacerse fundando y motivando su ejercicio. Es decir, razones de hecho y de derecho motivan el ejercicio de esa facultad.

Hoy, como no existe ningún procedimiento que obliga a ello, basta una llamada telefónica o una orden de un funcionario público para que las Fuerzas Armadas se desplieguen de manera inmediata, y se despliegan sin saber a dónde ni por qué ni por cuánto tiempo ni para qué. Eso es lo que tenemos que resolver.

Y el gran problema que tiene el país, insisto, es crimen organizado, y donde no nos podemos poner de acuerdo es qué vamos a hacer cada quien con esa parte, cuál es nuestra responsabilidad federación, estados y municipios en ese problema.

Pero mientras seguridad nacional, mejor dicho, mientras delincuencia organizada sea seguridad nacional, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad directa. El problema es que lo hacen sin ningún margen de certidumbre jurídica.

Tenemos dos opciones: O dejamos las cosas como están, dejando la facultad y discrecionalidad al Presidente de la República de utilizar Fuerzas Armadas para todo, o revisamos el modelo de seguridad nacional y sacamos a las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad.

Porque mientras estén ahí en esas prescripciones legales la responsabilidad de nuestros militares y marinos, las Fuerzas Armadas no pueden decir que no.

Se ha instalado la idea en nuestro país que es una ocurrencia de un Presidente de la República. Señoras y señores, desde los años 90’s, mejor dicho, desde los años 40’s, la tarea de erradicación de cultivos las vienen desarrollando las Fuerzas Armadas.

En el Programa Nacional de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas describen esas tareas permanentes que van, insisto, desde entrar a Guerrero a destruir un cultivo de amapola, hasta controlar y cuidar nuestro espacio aéreo de las aeronaves que vienen con droga de otros países, o las lanchas rápidas que cruzan nuestro mar territorial.

Insisto, el dilema es: no militares en los cuarteles o militares en las calles. Ese es un dilema absolutamente falso. No hay una razón histórica institucional que nos pueda llevar a esa conclusión.

Si las Fuerzas Armadas van a participar en seguridad nacional y específicamente en crimen organizado, cuáles son las condiciones de certidumbre jurídica para que lo hagan, en el entendido de que es materia federal, y en el entendido de que las entidades federativas tienen responsabilidades concretas de colaboración a las Fuerzas Armadas y específicamente a la autoridad federal.

Concluyo diciendo que ojalá no se instale entre nosotros la idea de suspensiones de garantías, es el peor de los mundos.

La suspensión de garantías, además de que tiene restricciones convencionales, solamente se puede utilizar para guerra, peligro público o amenazas que impacten a la seguridad e independencia del Estado, y convencionalmente no está autorizado utilizar sus previsiones de garantías para fenómenos criminales como delitos de trasiego de drogas y demás, no está convencionalmente autorizado.

Pero más allá de eso, lo que puede instalar en nuestro país estas microsuspensiones de derechos humanos, hoy Guerrero, mañana Tamaulipas, pasado mañana Veracruz. Pero peor aún, puede instalar en nuestro país el populismo de la mano dura.

Yo quiero ver un congreso que no le autorice a un gobernador la suspensión de garantías cuando hay un riesgo latente de seguridad.

Ojalá no nos instalemos en esas rutas, hay soluciones mejores; y la solución, por lo menos la de corto plazo, es que ningún Presidente de la República tenga libre disposición de las Fuerzas Armadas para tareas que no le corresponden, y eso se hace a través de una ley que le fije las condiciones de procedencia, el procedimiento y, sobre todo, los resultados que debe buscar esa intervención.

Por su atención, muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador Roberto Gil.

Tiene la palabra el gobernador Astudillo y posteriormente el senador Héctor Flores.

GOBERNADOR HÉCTOR ASTUDILLO FLORES: Pues muchas gracias.

Ha sido en verdad muy interesante, cuando se recibió la invitación entendimos o entendí que era un asunto de venir a presentar nuestras reflexiones y las reflexiones se han venido a presentar con datos.

Los datos que he dado, de ninguna manera presentan una renuncia a mis responsabilidades, y yo creo que ningún gobernador viene con ese propósito.

Creo que mi estado, Guerrero, vive problemas muy serios, muy graves, pero no son de ninguna manera para que se coloquen bajo el supuesto del artículo 29, porque en Guerrero se llena de turismo, don Manuel; hay turismo en Zihuatanejo, en Acapulco y hay tránsito normal. Hay clases en todas las escuelas en este momento, después del sismo, y hay labores burocráticas normales.

No aceptaría yo, con todo respeto, que se nos enfocara bajo el 29 constitucional.

Porque díganme ustedes en este momento dónde no hay problemas del tema de seguridad; en todo el país. Es un problema del país, por eso estamos aquí con ustedes que son los representantes del Pacto Federal.

Yo agradezco mucho todas las aportaciones.

Yo coincido que en el uso de sus facultades, ustedes revisen esta minuta.

Yo creo que es su responsabilidad hacerlo, y lo digo con todo respeto, porque yo vengo al Senado con respeto y agradezco mucho a quienes nos tratan con respeto. Porque ya fui senador, y luego cuando uno es senador piensa que uno puede regañar a todos. No, no, ser senador es un ser humano normal, y cuando fui senador de veras que traté de ser siempre un hombre muy educado, porque hay que darle nivel al Senado.

Yo les agradezco mucho la oportunidad, don Manuel, usted fue gobernador, nada más que usted fue gobernador entre el 92 y el 99; vivimos otro tiempo muy diferente a la circunstancia que usted vivió. Y lo digo también con todo respeto, siempre lo he respetado y además le profeso una gran estimación.

Creo que el dilema del Senado, es mi conclusión, son dos cosas: Una, dejar las cosas como están, arreglar esa minuta y sacar una buena ley en beneficio de los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Astudillo.
Tiene la palabra el senador Héctor Flores y posteriormente el gobernador Sandoval.

SENADOR HÉCTOR FLORES ÁVALOS: Muchas gracias, senadora Presidenta.

Simplemente voy a tratar de ser muy breve y resumir algunos argumentos, pero sobre todo aprovechar la presencia de ustedes para compartirles esta reflexión y desde luego buscar alguna salida alternativa.

Yo parto de una idea, la primera es reconocer que estamos enfrentando un problema extraordinario. En mi opinión, la confección de una ley propositiva, buena, saludable para la República, tendría que partir de dos premisas.

La primera, de reconocer una problemática existente, la situación real que se vive y la segunda, la de aspirar a resolverlo con el mejor modelo posible.

Si no se toma en cuenta ninguno de estos extremos, creo que estaríamos cayendo en un error, si solamente nos fijamos en la problemática que tenemos en la profundidad y en la gravedad de la problemática, pero no aspiramos a resolverlo de una forma benéfica, de una forma jurídicamente sostenible, creo que estaríamos cayendo en un error.

Efectivamente, el problema que hoy enfrentamos, este problema que ha referido anteriormente algunos de mis compañeros, particularmente el senador Roberto Gil, es un problema que es profundo y grave y que relata desde luego una competencia de la Federación, que es una competencia que ya se explicó y creo que se explicó muy bien, respecto de las facultades que derivan del artículo 89 de la Constitución a favor del Presidente.

Sin embargo, pienso que la redacción deja algunos aspectos en duda y que han motivado una creciente inconformidad por parte de la sociedad y de algunos sectores, específicamente identificados con defensa de derechos humanos o con aspectos relacionados con seguridad pública y seguridad nacional.

Yo quiero referirme a dos de ellos, simple y sencillamente para mostrar, en la opinión de un servidor, la gratuidad de estos problemas, porque creo que no es algo que está buscando ni las Fuerzas Armadas ni el Gobierno Federal y creo que simple y sencillamente transita por ahí, estamos perdiendo la capacidad de resolverlo.

Miren, el primero tiene que ver con el artículo séptimo. Si ustedes lo revisan, hace referencia a una preservación de los derechos humanos y dice innecesariamente de conformidad con los protocolos que expidan las autoridades.

Eso, primeramente, es gratuito, no tiene ni que estar en una ley de esta naturaleza, es una obligación de carácter constitucional y, segundo, pareciera ser que la preservación de los derechos humanos queda subordinada al cumplimiento de los protocolos, lo cual es evidentemente un despropósito.

Eso es algo que es fácilmente arreglable y ustedes, señores gobernadores, tienen desde luego influencia y capacidad de operar a través de sus senadores y a través de sus diputados federales.

La siguiente parte que me preocupa es el artículo octavo, donde hace referencia a otro tema que ha generado una enorme inconformidad en la sociedad y que tiene que ver con el tratamiento de estas manifestaciones de carácter político-electoral.

No hay necesidad de incluir la palabra pacíficamente, este es un tema que ha sido aquí abiertamente discutido, pero no hay necesidad. En ningún momento se ve la intención, entiendo yo, por los diálogos que tuvimos con los representantes de las Fuerzas Armadas, de tomar un camino en ese sentido.

Pero es abiertamente inconstitucional el derecho a la manifestación y a la libre expresión de las ideas, está consagrado en el artículo sexto constitucional y no prevé este requisito.

Esto es algo abiertamente inconstitucional.

De manera que simple y sencillamente, concluyendo, pidiéndoles esa reflexión y esa oportunidad para que podamos, a través de acciones muy sencillas y muy concretas, perfeccionar este texto y tener un ordenamiento con el que yo, en lo fundamental, coincido, en la necesidad de regular, no solamente la parte que tiene que ver con la solicitud de los gobernadores y de las legislaturas locales, para atender un problema de esta naturaleza, como también para resolver la problemática que refería hace un momento mi compañero, que es desplegar una facultad eminentemente federal, en coordinación con los estados y bajo protocolos establecidos que hoy no tenemos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias senador Héctor Flores.

Tiene la palabra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Posteriormente el senador Romero Hicks, el senador Benjamín Robles y concluiríamos con el senador Héctor Larios.

Tiene usted la palabra.

GOBERNADOR JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ: Primero, de nueva cuenta reconociendo la convocatoria a esta alta tribuna, hacer el planteamiento y por supuesto señalar que nosotros venimos en representación de una soberanía.

Por eso pedimos, exigimos respeto, como también nosotros lo habremos de plantear, atentos a sus consideraciones, plantear en el esquema que nosotros hemos referido, la situación es un problema por supuesto nacional, no de ahora, se vienen agravando los insumos ante el crimen organizado, que se dan a diario, provienen del tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas.

Del vecino país del norte reconocemos que el consumo sigue ampliando. Debemos de revisar a fondo un análisis de una política integral, un sistema modelo que efectivamente, coincidiendo con algunos senadores, una cosa es lo que debe ser, otra cosa es lo que es.

Cientos de mexicanos salen a las calles dispuestos a arriesgar su seguridad, su integridad física, por salvaguardar la nuestra y la de nuestras familias; ante ello, mi reconocimiento.

Las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano no pidieron estar ahí, ha sido el problema de una situación en un esquema social que hoy los obliga a estar ahí; qué les dicen a ellos, que caminan a diario ante el vacío legal que sigue siendo una realidad a casi 12 años.

Debemos actuar de inmediato. Yo por eso repito: debemos de ahcer el análisis de cómo integramos, desde la base social, la estructura social, porque esta lucha solamente la podemos ganar del lado de la sociedad civil organizada.
Dos, el respeto a los derechos humanos es irrestricto y está establecido en la propia Constitución. No abandonemos la discusión de la iniciativa que se dio de mando único.

Más de 2 mil 400 municipios donde solamente 300 de ellos tienen capacidad real, vayamos entonces a la discusión, a la depuración. Muchos de estos municipios aislados se encuentran corrompidos, infiltrados por el crimen organizado, pero que tienen gran parte del territorio.

Muchas de nuestras instituciones, ninguna se escapa a ello, en eso es donde estamos trabajando. Yo sí puedo hablar por mi estado, por el estado de jalisco, hemos trabajado mucho en la depuración, hemos tomado el control de policías municipales, donde nos ha pedido el alcalde o la alcaldesa, no esperamos a que llegue la fuerza federal, actuamos inmediatamente, asumiendo nuestra responsabilidad de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y lo que nos confirió, la confianza, el pueblo de Jalisco.

Pero ante distintas variables que no han surtido el efecto que aspiramos, uno de ellos es la falta de capacitación, depuración de los cuerpos policiales municipales y estatales, a lo que yo me refiero en mi atribución o en mi esfera de responsabilidad.

Son muchos los esfuerzos, pero hay estados y hoy escapó a ellos esta realidad. Ahí tenemos que darle certeza al militar y por supuesto al ciudadano, de qué es lo que puede y no debe de hacer, de cómo capacitar al militar que no está capacitado para salir a la zona urbana.
De cómo referirnos a qué tipo y qué protocolos se deben de respetar. Asumir con responsabilidad la discusión del artículo cuarto, cuáles son las causas, para las causas. Asumir con responsabilidad la discusión del artículo octavo, del noveno, en materia de transparencia.

Del onceavo, cuándo y cómo, eso lo habrán de discutir ustedes con el profesionalismo legislativo, la responsabilidad que ustedes tienen y seremos respetuosos.

Nosotros actuamos a diario porque allá tenemos la responsabilidad, en el ámbito de impartición de justicia, de procuración de la misma, de la reinserción.

Hoy estamos entrando en una nueva era, en el nuevo Sistema Adversarial Acusatorio Penal. Cierto es que hay muchas fallas de las personas, no del sistema.

Cierto es que entramos de manera acelerada. En Jalisco, cuando llegamos, éramos el último lugar, no había ningún tipo de avance. Tuvimos que invertir, atender, capacitar.

Muchos quieren seguir actuando a la vieja usanza. Hoy el sistema es bueno, pero debemos encargarnos entonces de capacitar y de dotar de mejores herramientas, de perfeccionar el modelo, pero ante la realidad que vivimos.

Y repito: hoy lo que está matando a nuestros jóvenes no es la adicción o el consumo, es el tráfico de estupefacientes. Vayamos a discusiones de fondo y serias, para poder legalizar algunas de éstas y poder entonces, desde una visión de Estado, de salud, resolver el problema que va a seguir creciendo.

Si seguimos sólo pensando en la fuerza, es como un árbol que vamos a estar podando y más inversión, más recursos, más en el ámbito policial y militar.

Por eso esta es la última oportunidad. Debemos ser un referente y lo que pedimos es que se analice esta ley, en la minuta que tienen, artículo por artículo, darle certeza a la sociedad civil, darle certeza a organismos internacionales para que nuestras familias puedan crecer en un ambiente armónico, de paz, donde su desarrollo pueda alcanzar el entorno y la felicidad, que es la obligación de los que representamos algún cargo en los distintos ámbitos de gobierno en la República.

Por ello vuelvo a convocar a que en la reflexión se defina temporalidad, capacidades, límites y también en un esquema con el gobierno federal, como resolveremos, desde el ámbito municipal, la depuración, capacitación y evitar la infiltración del crimen organizado.
El tema mando único sigue pendiente, no es solamente la Ley de Seguridad Interior la que va a resolver el problema, si es darle claridad, especificidad., para que podamos nosotros concretar y avanzar en un marco integral, sin dejar de acudir a lo que nuestra responsabilidad nos conmina y decirles que, por supuesto, nuestro único jefe, en mi caso, es el pueblo de Jalisco y es a quien atendemos a diario.

Y que nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a dar el debate y nuestro punto de vista. Los responsables hoy de que esto se apruebe o no se apruebe, son ustedes, los senadores, en quien está la confianza para que en la discusión sea respetado tanto a favor o en contra, pero que podamos enriquecer la discusión para resolver el problema que nos exigen miles, millones de familias mexicanas que se enfrentan a él a diario.

Gracias por su atención.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Presidenta, si me permite, queremos agradecer la participación de los gobernadores, por supuesto que, si desean permanecer aquí, son muy bienvenidos, pero algunos de ustedes ya nos manifestaron que tienen problemas de agenda.

Llevan tres horas aquí los gobernadores y tenemos alcaldes que tienen que irse, que es la siguiente reunión que tenemos. Entonces, yo pediría a mis compañeras y compañeros senadores, su comprensión para que esta reunión se vaya agilizando y podamos dar pie particularmente al alcalde de Juárez, que tiene dos horas aquí con nosotros y tenía alguna complicación también de agenda, que pudiéramos abrir el espacio para su participación.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a los gobernadores.


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