Versión Estenográfica de las comparecencias de las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora María del Pilar Ortega Martínez.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de poder designar al titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, dentro de la hoy Procuraduría General de la República.
Por ello, en esta ocasión se hizo una convocatoria abierta a quienes decidieran presentar su postulación como aspirantes a esta importante función. Y a partir de ello, la Junta de Coordinación Política estableció, con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, diversos requisitos que los aspirantes tendrían que cumplir; y de la misma manera para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, previo también la entrega de la documentación a que se refiere el punto 3º de la citada convocatoria.
Se solicitó también a los aspirantes, la realización de un ensayo con un máximo de 10 cuartillas, a efecto de expresar dentro del mismo su visión sobre distintos temas en materia de procuración de justicia y persecución en materia de delitos electorales.
Conforme a dicha convocatoria, se estableció que la Junta de Coordinación Política verificaría que los documentos recibidos acreditaran los requisitos a que se refiere la propia convocatoria, y que se incluyeran los documentos referidos en la misma. Una vez que esto sucediera, la Comisión de Justicia debería acordar el formato y metodología para la evaluación de las y los candidatos.
Conforme también a la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Justicia recibiría los expedientes de aquellos candidatos, candidatas que hayan cumplido con lo antes mencionado. Y la Comisión de Justicia remitirá una vez que concluya el proceso de valoración y de recepción de estas comparecencias, mediante dictamen fundado y motivado, el listado de las y los candidatos que cumpliendo con los requisitos de la convocatoria, considere que reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; y la fecha que establece como plazo para que nosotros como Comisión podamos hacer entrega de tal dictamen, vence el próximo 8 de diciembre.
De tal manera, la Comisión de Justicia generó un acuerdo a través de su Junta Directiva, en donde se establece el formato en que se llevarán a cabo estas comparecencias.
La determinación de la Junta Directiva de esta Comisión, determinó que este formato fuera en un Parlamento abierto. Las comparecencias se desahogarán de acuerdo al número de folio registrado de las y los candidatos, y el formato mediante el cual se llevará a cabo la comparecencia es el siguiente:
Los candidatos, los aspirantes tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para realizar una exposición sobre el ensayo que presentó, de conformidad como la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política y también se referirá a los puntos siguientes: los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo; las propuestas más importantes planteadas para combatir la comisión de delitos electorales, de acuerdo al sustento legal de las facultades de la institución.
Transcurrido este tiempo, las y los senadores y los representantes de las instituciones académicas podrán formular preguntas al aspirante, quien deberá desahogar las respuestas en una sola intervención de 10 minutos.
El lapso que tenemos contemplado para la exposición, preguntas y respuestas, es de 45 minutos. El orden de las preguntas se desahogará de la siguiente manera:
El primer turno corresponderá al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El segundo, al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En tercer lugar al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En cuarto al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en quinto lugar al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Finalmente, será el turno de una pregunta formulada por el representante que designen las instituciones académicas.
También se determinó que a las comparecencias, podrán acudir los senadores de la República que así lo deseen, y podrán formular preguntas dentro del turno de su grupo parlamentario, aun cuando no formen parte de la Comisión de Justicia.
Las comparecencias serán públicas y, en la medida de lo posible, serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso.
Cualquier asunto no resuelto en este acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión de Justicia.
También se determinó en este acuerdo, que los representantes de las instituciones académicas deberán ser profesionistas de reconocida trayectoria en materia electoral y de derecho penal; constituirán un cuerpo colegiado de seis representantes electos por la Comisión de Justicia.
Estos ciudadanos serán propuestos por instituciones académicas de reconocido prestigio, de acuerdo con la convocatoria que para ello emita la Comisión de Justicia.
El propósito de contar con representantes de las instituciones académicas, será colaborar con el Senado de la República en la mejor selección posible del titular de la Fiscalía Especializada.
Para ello, los académicos mencionados emitirán su opinión, como cuerpo colegiado, sobre los perfiles de las personas que se inscribieron como candidatas y candidatos al proceso de elección.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia, y dichos académicos, definirán el formato de evaluación.
Una vez acordado, el Comité Académico hará público este formato, transcurridas las comparecencias de las y los candidatos, previo al viernes 8 de diciembre del año en curso.
La evaluación remitida por los representantes de las instituciones académicas, no vinculará la deliberación y las decisiones de los órganos del Senado de la República.
También se determinó que sus opiniones se referirán a la correspondencia entre sus trayectorias y biografías.
Los representantes de las instituciones académicas llevarán a cabo su función, bajo el principio de imparcialidad, valorando a los contendientes por sus méritos objetivos y sobre la base de la información que juzgue necesaria para formarse un criterio compartido en aquellos rubros que, en su caso, exijan una valoración basada en aspectos subjetivos.
Esta participación está basada en la buena fe y en la búsqueda de la mejor colaboración posible con el Senado de la República para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.
De esta manera, se emitió la convocatoria para elegir al Comité Ciudadano, y finalmente se inscribieron 13 académicos, postulados por distintas instituciones académicas del país. Lamentablemente dentro de esos 13, ninguna mujer participó dentro de esta convocatoria.
Finalmente, la Junta Directiva decidió por consenso quiénes integrarían este Comité, mediante el cual hoy están con nosotros los mismos y participarán en estas comparecencias.
Los académicos que hoy están con nosotros, electos por esta Mesa Directiva, es:
El doctor Zarazúa Martínez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El doctor Flavio Galván Rivera, propuesto por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
El doctor José Antonio Caballero Juárez, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El doctor Hugo Saúl Ramírez García, propuesto por la Universidad Panamericana.
El maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, propuesto por la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Y el licenciado Rafael Edmundo Mateos Poumian, propuesto por la Escuela Libre de Derecho, perdón, teníamos una pequeña duda.
De esa manera quedó integrado este Comité de Acompañamiento Ciudadano, a quienes les damos el día de hoy la bienvenida, para iniciar los trabajos de estas comparecencias.
Y bueno, pues una vez que estamos ya en los tiempos, vamos a dar inicio a este ciclo de comparecencias, solicitando la presencia del primero de los aspirantes.
Recordemos que determinamos que la intervención de los mismos sería en el orden en que fueron registrados sus folios ante la Junta de Coordinación Política y, bueno, no sé si mis compañeros de la Comisión quisieran hacer algún comentario antes de dar inicio.
Perfecto, entonces le pediríamos a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños que pueda estar aquí, para efecto de que realice su intervención inicial.
Tiene usted 10 minutos para hacer su intervención inicial Héctor marcos Díaz-Santana Castaños.
HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA CASTAÑOS: Muy buenos días, muchas gracias.
En primer término, agradezco a esta soberanía, a ustedes, señores senadores, al Comité Académico, la oportunidad de estar en este proceso de selección como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
México y otros países del mundo., los procesos electorales cada día son más complejos, más competidos, ya de efervescencia política. Esto obliga que las instituciones electorales, que son los árbitros de la contienda, actúen con total imparcialidad, transparencia y certidumbre.
El proceso de transición democrática del país se sustentó en un eslabón que pretende y pretendió establecer las reglas de la competencia política.
México, en sistemas electorales comparados, tiene un sistema electoral fuerte, constituido por un trinomio de tres instituciones que tutelas el voto libre y secreto y en un momento dado garantizan esos procesos de democratización.
FEPADE es una de las instituciones que tiene una larga trayectoria. FEPADE ha transitado por cuatro procesos presidenciales y tiene una alta experiencia.
El ser de FEPADE se sustenta principalmente en una institución que busca, en un momento dado, custodiar y en un momento dado, tutelar la pulcritud de los resultados, es decir, los delitos electorales se constituyen en este andamiaje institucional como un eslabón que busca, en un momento dado, castigar todo tipo de conducta que afecte el voto libre y secreto y la certeza de los resultados.
En este proceso, se han construido y ha tenido un proceso de evolución en el que finalmente hemos visto que FEPADE llega ante un proceso electoral del próximo año, que parece y va a ser bastante competido.
¿Qué pasa? Tenemos el andamiaje institucional para hacerlo. La Fiscalía está preparada. La Fiscalía no solamente cumple la labor de castigar los delitos electorales, sino que también tiene un proceso de prevención.
Es cierto, es una tarea complicada. Estamos hablando que la Ley General de Delitos Electorales en 13 artículos considera 200 tipos penales diferentes.
Además, los delitos electorales, por su naturaleza, algunas veces es complejo perseguirlos, no dejan huella y tiene que ser una autoridad muy profesionalizada, efectiva, responsable, que tenga que, en un momento dado, sancionarlos.
Por tal motivo, yo le presenté un programa de trabajo que lo sustento en ocho ejes: el primero, la procuración efectiva de la justicia penal. Es decir, cuidado extremo en la integración de carpetas, conformación de grupos por tipos especializados.
Es decir, ministerios públicos, los tipos electorales son muy diversos; hay que tener ministerios públicos que sepan de financiamiento de uso de recursos públicos, de temas de acción del voto, agilidad para integrar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación.
Es decir, hay, comparando con la justicia electoral, hay dos rutas: la justicia electoral suele ser más rápida; la justicia penal electoral, suele ser más lenta. Y, sobre todo, una exigencia social es aumentar la efectividad de la judicialización y de las sentencias.
El segundo eje, es consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Esto, yo creo que representa una gran ventaja.
¿Por qué? Porque en materia electoral, una exigencia social es actuar con total transparencia. En materia del Sistema Acusatorio, una de las características peculiares es la oralidad, y la oralidad, cuando se hace pública.
Es decir, nosotros en un juicio, vamos a ver qué tan efectiva es la actuación del ministerio público, en la integración de la teoría del caso y, sobre todo, en la efectividad en la consignación.
El tercer paso, es la organización de los procesos de control de gestión.
La FEPADE, a la fecha, tiene más de 4 mil expedientes en rezago. Esto es grave, ¿por qué?, porque si consideramos que en el año 2006 existían 336, hay que poner en orden la casa.
Y, también, yo creo que es muy importante, hacer un compromiso para que el 80 por ciento de las denuncias se puedan desahogar en un término de seis meses. Y esto, a la vez, hablaría de la eficacia institucional.
Como ustedes saben, los sistemas de justicia penal, son integrales. Y es muy importante el tema de prevención y, sobre todo, la FEPADE tiene la obligación, y ya lo ha hecho, de generar una cultura de la denuncia. Es complicado.
Si no existe la denuncia, algunas veces la autoridad, que está obligada a conocer los asuntos por oficio, es difícil conocer de este tipo de casos.
¿Qué estamos planteando? Hacer una campaña en tiempo oficiales, que regularmente se realiza, para que el ciudadano sea mucho más responsable.
A veces no se denuncia porque no se cree en las instituciones de procuración de justicia, se tiene temor, se cree que no sirve para nada, pero yo creo que es el momento de generar esa cultura de la denuncia para que, en un momento dado, tengamos aliados estratégicos y qué mejor que la sociedad civil.
El quinto tema: La Prevención del Delito.
Existen programas nacionales de Prevención del Delito Electoral.
En este tenor, es muy importante generar aliados estratégicos, trabajar con organizaciones sociales, con universidades, con la ciudadanía, con los medios de comunicación.
Un número importante de ciudadanos sabe lo que es un delito electoral, pero todavía hay veces que estos tipos penales, estamos hablando prácticamente casi de 200, no se conocen en su totalidad.
El sexto eje: Blindaje Electoral.
Una de las grandes demandas sociales es que los recursos públicos no se utilicen para fines electorales.
Es por eso que desde el año 2003 se construyó una estrategia de blindaje electoral en FEPADE, pero esa estrategia tiene que ser un proceso de comunicación constante.
Municipios, estados, Federación, todo mundo tiene que saber que no se deben de usar los recursos públicos para apoyar a partidos políticos y candidatos, y que esto constituye, por supuesto, un delito electoral.
Un tema importante, como séptimo eje, es un plan de acción para atender la campaña y la jornada electoral.
En estos procesos, son miles de denuncias que se presentan.
FEPADE tiene un servicio telefónico, tiene un servicio de Internet, y es necesario que estas denuncias que hace la ciudadanía, darle la atención precisa.
De nada nos va a servir decirle a un ciudadano que denuncie los delitos electorales si no tiene una respuesta inmediata por parte de la autoridad.
Y, por último, el último eje que planteo es la participación de FEPADE en el proceso electoral, cumpliendo con los cánones absolutos de la institucionalidad democrática. Es decir, FEPADE es una institución que debe actuar con responsabilidad, con energía, con apego al derecho, como una base de la razón de Estado.
Y en este proceso, no hay mejor aliado estratégico que darle confianza a la ciudadanía, de que una institución va a actuar con responsabilidad.
Señoras y señores senadores:
Ser el titular de la FEPADE, representa una oportunidad histórica. En mi vida profesional y académica, me he dedicado al tema de los procesos electorales y sobre todo a las prácticas que afectan el voto libre y secreto, la transparencia y la equidad de la competencia política.
Vivimos en un proceso de consolidación democrática, y en esto todas las instituciones tienen que abonar en la materia. El reto inmediato de la FEPADE para el año 2018, es posicionarse como un área estratégica, de cercanía social y de efectividad institucional, por su competencia en materia de justicia penal.
La FEPADE no debe desarrollarse bajo el principio de una sola persona. Es una institución prácticamente de casi 300 servidores públicos, que todos ellos deben hablar por la institución. La dotación de confianza es un elemento básico en un marco global de mejora de la procuración de justicia penal electoral.
La ruta para combatir las prácticas ilícitas en materia electoral, debe realizarse de manera contundente.
Mi compromiso con ustedes es aplicar con energía la ley, sin distinciones partidistas, sin temores y con eficacia. Un paso en falso en la FEPADE, podría abonar a la crispación del ambiente político. Un paso en firme, debería fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral.
Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas que gusten hacer.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias por su participación a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños.
Pasaríamos ahora a la etapa de preguntas. Creo que no tenemos todavía la presencia de senadores del Partido Verde Ecologista, entonces le cedo la palabra a la senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidenta.
Bienvenido al Senado de la República.
Usted menciona en su ensayo, entre otras cosas, que es importante fortalecer a la FEPADE, incluso ahora en su resumen lo plantea como un reto que FEPADE se fortalezca, incluso usted mencione estructuralmente.
Sabemos lo complejo que este nombramiento conllevará, porque justamente tendría un término, como lo plantea la Constitución, y lo primero que evoco al escucharle es si dará tiempo, efectivamente, a hacer una reforma estructural que desde mi punto de vista muy modesto, tiene que darse en el contexto de la institución de la que forma parte FEPADE; es decir, el tránsito de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República.
Y FEPADE, junto con otras instituciones, otras fiscalías o unidades administrativas, tendrían que estar inscritas en este cambio estructural profundo, que comparto con usted totalmente, tiene que darse para que se pueda responder a la exigencia de la sociedad mexicana.
En ese sentido y a partir, insisto, de lo que usted nos mencionaba, me parece muy importante, interesante decir aquí en esta Tribuna, que además usted lo argumenta en función del nuevo sistema de justicia penal, invocando por supuesto la importancia de la capacitación de los policías en delitos electorales, y particularmente que puedan tener un conocimiento para litigio oral en los tribunales.
Y entonces, en función de esto mi pregunta es, ¿cómo contribuye la actuación de la policía, la procuración de justicia en el ámbito electoral, si la Fiscalía y las instancias judiciales no actúan de manera autónoma e independiente con respecto del Ejecutivo o con alguno de los partidos políticos.
Y eso lo pregunto además, en el marco de una de las discusiones más importantes y debates más importantes que están inscritos en la PGR, y particularmente en la FEPADE también, respecto del caso Odebrecht.
¿Qué haría usted, si usted es electo para estar en esta Fiscalía?
¿Continuaría las investigaciones de manera transparente para que México finalmente entre en esta dinámica de exigibilidad, de procuración de justicia, de investigación criminalística, en el caso de Odebrecht, que lo han hecho todos los demás países en la región?
Esa sería mi pregunta.
HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA CASTAÑOS: Muchísimas gracias, muy interesante su pregunta.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Perdón al aspirante.
Recuerden que cuando iniciamos las comparecencias, les referí cuál fue el acuerdo de la Mesa Directiva y, en ese sentido, daríamos la intervención a cada uno de los senadores y al Comité Ciudadano para que formulen sus preguntas, y al final el aspirante tendrá 10 minutos para contestar todas las preguntas.
Pasaríamos, a continuación, con el senador Luis Humberto Fernández, del Partido del Trabajo.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Buenos días. Antes que nada, agradecer al Comité de Acompañamiento su participación.
Doctor Héctor Marcos Díaz-Santana, sin duda es un académico formado, tiene un texto claro, bien escrito y con aparato crítico, lo que siempre se valora.
Por lo tanto, no voy a entrar en los detalles de su solidez académica o de la estructura de su trabajo, pero sí no deja de llamar la atención que alguien con sus credenciales se inscriba a este proceso de tan corta duración.
¿Por qué alguien –y no deja de despertar cierta, hasta sospecha– alguien de sus credenciales busca un cargo tan corto?
Decía algún abogado panista que para tener un Procurador, había que buscar un buen abogado con prestigio dispuesto a perderlo.
¿Usted está dispuesto a pagar los costos que se han visto?
O sea, ¿usted está dispuesto a pagar el costo de la independencia?
Y, ¿por qué apostar todo su prestigio y trayectoria a una función?
¿Cuál es su cálculo para hacer esto, sobre todo después de las tristes experiencias que hemos visto en el caso de la FEPADE?
El punto más importante, reitero, es: ¿está usted dispuesto a pagar los costos, como lo señalaba la senadora Angélica de la Peña, de investigar a Odebrecht?
¿Está usted dispuesto a enfrentar a los factores de poder? Porque bueno, si no, no tendría ningún sentido.
Muchísimas gracias, Presidenta.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Bien, formularé la pregunta en el turno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
A mí me gustaría preguntarle lo siguiente:
Al día de hoy, como usted sabe, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, depende todavía de la Procuraduría General de la República y éste, a su vez, del Ejecutivo Federal.
Como bien sabemos, tras la reforma de febrero del 2014, en la cual se transita hacia una autonomía del ministerio público de la federación, está todavía inconclusa porque no se ha podido avanzar hacia el nombramiento del titular de la Fiscalía General.
Sin embargo, la propia Constitución previó el establecimiento de dos fiscalía especializadas que serían nombradas inicialmente por el Senado de la República, previendo que esta función, esta Fiscalía General tardara, no pensamos que tanto, en su designación.
Y ello tiene como trasfondo, y la propia exposición de motivos de la reforma de 2014 lo señala, tener justamente esta autonomía en la toma de decisiones, esta independencia, y sobre todo que no haya ningún interés de carácter político en estas fiscalías especializadas.
Me pudiera usted señalar si, de ser nombrado como titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, usted consideraría que, por su formación profesional, pero sobre todo por su historia de servicio previo, usted tendría esas atribuciones, es decir, ¿usted pudiera ser un fiscal autónomo en la toma de sus decisiones, si no estaría sujeto a alguna presión por parte de alguna fuerza política o del Ejecutivo federal?
¿Y si, además, me refiero un poco a la pregunta que ya hacía el senador Luis Humberto Fernández, tomando en consideración que este será un breve espacio que concluiría el 30 de noviembre de 2018, si, aun así, teniendo este breve espacio de tiempo, pero además mediante, bueno, atravesándose un proceso electoral de los más importantes en los últimos tiempos, usted garantizaría justamente esa autonomía?
Y de ser así, ¿por qué consideraría que usted no estaría sujeto a alguna presión en caso de ser Fiscal Autónomo?
Sería mi pregunta.
Le doy el uso de la palabra a la senadora Ivonne Álvarez, para que formule sus preguntas.
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ: Muchas gracias, pues bienvenido doctor Héctor, nos da mucho gusto que esté aquí, con nosotros, en la comparecencia.
Sus datos curriculares revelan que cuenta con una gran experiencia académica, laboral y de investigación y también por el desempeño que ha tenido en las diferentes instituciones en nuestro país.
Yo le quisiera preguntar ahorita, en la FEPADE, bueno, este es un tema que ahorita todo México está atento, para ver quién va a ser el mejor perfil para poder ocupar esta gran Fiscalía, una Fiscalía que tendrá que desarrollarse con autonomía, con institucionalidad, con apego a la ley y, lo más importante, con resultados, que es lo que está esperando la ciudadanía.
Y estas comparecencias sirven para poder conocer a cada uno de ustedes, cómo piensan, sus criterios, su capacidad, su experiencia y de ahí que el Senado pueda tomar la mejor determinación y hoy, con el acompañamiento que tenemos, por grandes académicos y especialistas en los temas electorales y penales, que va a servir también de gran medida esta opinión que vamos a hacer en conjunto.
Yo le quisiera preguntar cuáles considera usted que son los principales retos que tiene la FEPADE para poderse consolidar como una institución acorde a las transformaciones del país, pero también acorde a lo que está hoy exigiendo la ciudadanía.
¿Cómo, sí usted fuera nombrado Fiscal, va a contribuir con sus conocimientos y con su experiencia para poder que ésta así sea? ¿Cómo legitimar una gran institución, una gran Fiscalía y cuáles son los retos más importantes que tendría usted si fuera nombrado por este Senado de la República?
Por su respuesta, muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias senadora.
Es el turno ahora del representante del Comité de Acompañamiento, quien ellos designen para formular su pregunta.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias senadora.
Doctor Héctor Marcos Díaz-Santana, estamos en los tiempos de la información de la transparencia. A nivel constitucional se han llevado a cabo las modificaciones necesarias y que han derivado incluso en el establecimiento de instituciones del propio Estado Mexicano, encargado exprofeso de estos ámbitos.
Como todos sabemos, también a través de reforma constitucional, se ha incorporado, como principio rector, justamente la máxima publicidad en la materia.
En este sentido, el cuestionamiento es: la máxima publicidad es el principio rector constitucional en materia electoral, ¿cómo se aplica este principio en el ámbito de los delitos electorales? Concretamente esa es la pregunta.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias, ahora sí, le cedemos la palabra a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, para que formule sus respuestas, por 10 minutos.
HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA CASTAÑOS: Muchas gracias.
Interesantes todas las preguntas.
La reforma política del año 93 debatió muchísimo sobre qué tipo de Fiscalía se iba a integrar al Sistema Electoral.
Había algunas propuestas que decían que esta Fiscalía tenía que ser totalmente autónoma, al igual que el Instituto Nacional Electoral, no dependiente de los Tres Poderes del Estado.
En ese sentido, por la configuración constitucional, no era posible. Entonces se decidió que esta Fiscalía tuviera prácticamente algún tipo de características.
El primero, que fuera una Fiscalía Especializada. ¿Qué quiero decir?, una institución de carácter permanente que con el paso del tiempo acumulara esa experiencia y ese conocimiento para dar respuesta eficaz al tema de la atención oportuna de los delitos electorales.
Y es un tema importante. Se le daba el nivel de lo que llamaba autonomía técnica.
¿Qué quiere decir la autonomía técnica? Que las resoluciones que tomara la misma FEPADE, no deberían someterse al visto bueno del titular de la Procuraduría General de la República.
Es así como de cierta manera se trató de dar esta autonomía que requería y, un punto importante, la misma Reforma lo estableció, que esta Fiscalía tenía la obligación de informar, de manera mensual, al Instituto, en aquel entonces, Federal Electoral, sobre su desempeño. Entonces eso fue lo que se llevó a la práctica.
El cuestionamiento era: ¿esta Fiscalía, dependiendo de un Poder Ejecutivo, va a actuar con total imparcialidad?
Es decir, la Fiscalía, y hay que decirlo, la FEPADE depende orgánicamente de PGR, depende financieramente de PGR, y no solamente eso, para sus investigaciones se auxilia de la PGR.
Los peritos son de PGR, la Policía de Investigación, son de PGR, FEPADE, por el número de personas que tiene, son 290, 280, no tiene ni siguiera el personal para tener una persona por distrito electoral.
Es por eso que las denuncias se reciben en las delegaciones y en las subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.
Entonces no podemos, en un momento dado, separarla, pero la garantía de FEPADE es que actuaba con total autonomía y en un momento dado, en lo que cabe, con transparencia.
Ahora, esta pregunta de la senadora De la Peña, es muy interesante. ¿Por qué?
Porque yo creo que el gran reto de FEPADE, inmediato, es atender con eficacia el proceso electoral 2018.
¿Pero qué va a pasar si esta Reforma, de la Procuraduría General de la República, se va a Fiscalía? Van a tener forzosamente que trabajar en doble vía, y eso va a implicar un esfuerzo adicional.
¿Por qué? Estamos hablando de, FEPADE, a la fecha, ha recibido como 20 mil denuncias electorales. Una media de mil 100 denuncias por año. Y en procesos electorales pueden llegar hasta 3 mil denuncias por año.
¿Qué quiere decir? Que FEPADE requiere de toda su energía para atender con eficacia el proceso electoral, pero tampoco puede descuidar la Reforma Constitucional de permutar de Procuraduría a Fiscalía y tiene que actuar, en un momento dado, con total apertura, y sobre todo buscando los puntos de oportunidad que mantengan esas garantías de cierta autonomía y profesionalización de la Procuraduría General de la República.
El segundo tema, decía el senador Fernández: Por qué poner en riesgo un prestigio.
Y esa es una pregunta que varias personas la hicieron. Ser titular de FEPADE no es una cosa sencilla.
La Fiscalía Electoral, no trata de delitos tradicionales. Es decir, el derecho penal tutela la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas.
Los delitos electorales, prácticamente están en el ámbito de la libertad. Es decir, muchas veces, y en algunas investigaciones que hacíamos, hay veces que las personas cuando se les compra el voto, ni siquiera parece que es un delito.
¿Pero qué quiere decir? Esta complejidad aumenta porque si consideramos a los delitos electorales como los derechos difusos y colectivos, que nacen sobre todo del tema ecológico y ponen un ejemplo muy práctico: si la gente empieza a aventar basura en el río, a los cuatro, cinco años el río se va a contaminar; ¿y quiénes son los responsables? No se sabe.
Los delitos electorales tienen una naturaleza similar. Si dejamos que en un momento dado se vea la compra, la coacción, la manipulación, el uso de recursos públicos como una manera natural; lo que estamos afectando es el sistema democrático en su conjunto.
Y en este tema, para no desviarme, lo más importante es para mí, participar en uno de los procesos electorales que va a ser muy competido, que va a ser histórico. Me ha tocado participar como observador y como consultor internacional en otros países, y sobre todo he visto cómo después del día de las elecciones, se pone en riesgo la gobernabilidad democrática porque algunas autoridades electorales actuaron, uno, con imparcialidad; actuaron de manera irresponsable.
Es muy importante para el próximo año que las tres instituciones del país pasen la prueba de las urnas, que actúen no solamente apegadas a los cánones democráticos, al derecho; sino a la confianza social, que es la legitimidad.
Entonces, en ese sentido creo que mi contribución y mi energía y mi trabajo va a ser eso, para tratar de que la FEPADE rinda buenas cuentas y contribuya a este ambiente de gobernabilidad democrática, que mucho lo necesita el país.
México no está, en un momento dado, para poner en riesgo a las instituciones. No está, digamos, preparado para generar una inestabilidad política que pueda tener un alto costo. Creo que todos somos responsables de que en las elecciones del próximo año se garantice la voluntad popular y sobre todo, que las instituciones se puedan actuar con total legitimidad y transparencia.
En la otra pregunta, que es sobre qué hacer con las presiones de los poderes fácticos, que hay que decirlo, existen, y sobre todo esta es la gran pregunta: un fiscal que depende de la Procuraduría General de la República, que a su vez depende del Ejecutivo Federal, ¿será capaz de que algunos miembros del Gabinete o algunas personas ligadas a procesos políticos, actuar con energía?
Yo creo que sí, y de eso estoy seguro. El debate no se debe de dar en los medios de comunicación; el debate, de actuar con energía sobre todo en la Fiscalía, se tiene que dar en los tribunales.
¿Cuál es la responsabilidad?
Uno, integrar muy bien las carpetas de investigación. Dos, poner a los mejores investigadores o fiscales para que construyan la autoría del caso y presenten las evidencias. Tres, actuar sin distinciones. Cuatro, eso sí hay que decirlo, el sistema acusatorio exige dos cosas: el debido proceso y la presunción de inocencia.
¿Esto qué implica? Que la discusión pública se tendrá que dar en los tribunales.
Ahí es donde en un momento dado podrán ver qué tan profesional es la institución, qué tan preparados llegaron los fiscales y cualquier persona puede presenciar una audiencia de juicio oral y valorar si se está actuando respetando la ley, si se está actuando en un momento dado bajo los principios de la gobernabilidad democrática y sobre todo si no existe esa imparcialidad que en un momento dado tiene que ser criticada, y tiene que ser sancionada.
Un Fiscal Electoral que proteja intereses y que no actúe en el estricto apego a la ley, debe también de ser sancionado y existen los mecanismos para hacerlo.
El otro tema, creo que importante, ¿cómo le va a hacer FEPADE para atender prácticamente el cúmulo de denuncias que se puedan presentar? Y digo lo que la senadora de la Peña señalaba: miren, es muy importante para la Fiscalía Electoral, no solamente sancionar delitos electorales; yo creo que una pieza fundamental es prevenirlos.
Es necesario trabajar con todos los cuerpos de seguridad y justicia del país.
Los primeros respondientes son los policías municipales, y con ellos se puede trabajar en dos sentidos:
El primero, FEPADE tiene estos procesos de recepción de denuncias. Una cosa muy efectiva es inhibirlo.
Cuando uno trabaja como observador electoral, una de las funciones no solamente es redactar cuáles fueron las circunstancias por las que se desarrollaron esos procesos electorales, sino también inhibir la violencia y en un momento dado evitar ciertas prácticas ilícitas. En esta materia tenemos que hacer lo mismo.
Los cuerpos de policía del país, a la hora de recibir una denuncia, se tiene que actuar de manera muy rápida para evitar la comisión de delitos y tienen que estar capacitados, porque en estas exigencias del sistema acusatorio es muy importante la actuación del primer respondiente.
¿Qué quiere decir? Tienen que actuar en el marco de la ley, si se tiene una persona leerle los derechos, ser los responsables, detener de una manera eficaz lo que le llaman “la cadena de custodia”.
¿Pero cómo lo van a hacer, si estamos hablando que existen prácticamente 200 tipos de tipos penales si no los conocen? Tenemos que trabajar y tenemos que capacitarlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la FEPADE son menos de 300 funcionarios, con los cuerpos de policías del país, podemos prácticamente llegar a 400 mil personas, 400 mil personas de cuerpos policiacos es todo un ejército.
Los retos de FEPADE. Yo creo que los retos de FEPADE son prácticamente tres:
El primero, actuar con total apego a la Ley General de Delitos Electorales y desarrollarse con eficacia.
Número dos, muchas personas consideran que el evento de hace meses por el que transitó la FEPADE, podría afectar su imagen pública.
Yo creo que este evento representó una oportunidad. A diferencia del INE y del Tribunal Electoral, la FEPADE es la institución menos conocida.
¿Qué quiere decir? Este suceso puso a la FEPADE en el escenario nacional, y esto representa que la ciudadanía va a estar vigilante de una actuación eficaz.
Yo creo que ese es el segundo reto: que responda ante esta ciudadanía de manera legítima, imparcial, transparente y actuando totalmente apegado a los cánones democráticos.
Y el tercer reto de FEPADE, no tiene que ver ni con la prevención del delito, ni con la procuración de justicia penal. Yo creo que tiene que ver más con un ámbito de gobernabilidad democrática y de razón de Estado.
¿Qué quiere decir? FEPADE debe ser una institución que deba no solamente cumplir los preceptos para los que fue creado, sino que tenga que ser una institución que con arrojo, que contemple, que con eficacia contribuya a mejores condiciones del proceso electoral.
Yo creo que esa es una de sus grandes funciones, ¿por qué? Porque algunas de las estrategias en estos ocho pasos que señalé, ya se hace, simplemente hay que ponerlas en operación.
Pero este tema, de ser una institución que pueda contribuir a la paz social, a la transparencia y a mejores condiciones del proceso electoral, yo creo que será su mayor virtud.
Es cierto, es un proceso muy corto. También es cierto que prácticamente, estamos hablando de 11 meses de nombramiento, pero estamos hablando de seis meses para preparar un proceso electoral que tenga una institución prácticamente lista para ello.
Existe el capital humano, el personal de FEPADE tiene muchos años de experiencia, y lo único que requerimos para dar esta certidumbre durante el proceso electoral, es que tengamos muy claro cuáles son nuestros retos y cómo lo queremos desarrollar.
No sé si tengan alguna pregunta adicional, ah, me faltó la pregunta que hace el Comité Académico.
Miren, el tema de máxima publicidad, en materia de delitos electorales, implica una disyuntiva. ¿Por qué una disyuntiva? Aquí los expertos en materia electoral lo saben, una de las mayores cualidades y mayores exigencias de una autoridad electoral es actuar con total transparencia.
Para el desempeño institucional de las agencias electorales no puede haber secretos. Es por eso que México, si lo comparamos con otros parámetros, tiene una de las instituciones electorales con mayor personal y mayor presupuesto del mundo, mayores reglamentos.
Estajos hablando de una experiencia prácticamente de una justicia electoral que ha conocido en ocho años 140 mil casos. ¿Y qué pasa? Todo esto se debe de realizar con toda la transparencia.
Pero en materia penal, esa dualidad que tiene la institución, también existen parámetros internacionales sobre garantía de derechos humanos y una garantía de derechos humanos es la presunción de inocencia.
Entonces, hasta allende la Fiscalía Electoral va a actuar, en su desempeño, con total apertura, bajo la óptica del escrutinio público y que, en un momento dado, puede denotar que no existe esa parcialidad o que está actuando con total profesionalismo.
Y esto es muy claro en el Sistema Acusatorio. El Sistema Acusatorio establece cuáles son las faces que no se pueden hacer públicos los sucesos, por ejemplo, ustedes saben en los medios de comunicación, cuando se tiene una persona en flagrancia no se puede exponer su imagen ni tampoco se puede dar su nombre.
En esta materia tenemos que respetar estos cánones que establecen los principios del derecho penal acusatorio y yo creo que la garantía para la máxima publicidad, podría ser cuando se llegue a una instancia un proceso de juicio oral, donde se podrá apreciar el desempeño institucional.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias por su participación en estas comparecencias y bueno, pues a nombre de la Comisión de Justicia agradecemos el tiempo y su participación.
HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA CASTAÑOS: Muchísimas gracias, yo soy el que tiene que agradecerles.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias.
Primero que nada, comentarles que la siguiente comparecencia que estaba prevista a cargo del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, el mismo no ha llegado a la sede del Senado.
También comentarles que previamente el doctor Eduardo de Jesús Castellanos había solicitado que se llevara a cabo su comparecencia a través de Skype, en virtud de que está fuera del país.
En estos casos, como me refería hace un momento, pues lo que no está previsto en estos casos, lo resuelve la mesa directiva de la Comisión de Justicia, de tal manera que la solicitud del doctor Castellanos fue evaluada por la Mesa Directiva y determinamos que, por un principio de equidad con el resto de los participantes y al ser ésta una función tan delicada, que no se concedía esa solicitud que hizo el aspirante, de tal manera me imagino que por esas razones él nos e encuentra aquí, al estar fuera del país, de tal manera que pasaríamos al siguiente de los aspirantes a ocupar la titularidad de la FEPADE, que es el abogado Tomás Cantú López.
También comentarles, antes de darle el uso de la palabra, que conforme a la convocatoria que emitió la Junta de Coordinación Política, uno de los requisitos para participar es la formulación de un ensayo de máximo 10 cuartillas, letra Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales, y bueno, señalar que en estos términos, el ensayo no fue presentado, hay un documento, pero que no reúne los requisitos de un ensayo y sin embargo no le podemos negar la garantía de audiencia y le damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
LICENCIADO TOMÁS CANTÚ LÓPEZ: Con la venia. Buenos días.
Presidente de la Comisión Política, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. Con la venia.
Rectifico. Corrijo: Comisión de Justicia.
Mi nombre es Tomás Cantú López; no estoy jubilado, sigo sirviendo a México, por eso no quiero retirarme, y estar en servicio activo a México.
Tengo 82 años, soy abogado, con 60 años de experiencia, soy profesor de la Escuela Normal, con 60 años de ser profesor, normalista.
En la UNAM estudié licenciado en derecho, especializaciones tengo dos: ciencias penales y maestría en derecho laboral.
Estoy en servicio activo todavía y quiero dar lo mejor que pueda de la experiencia que se adquiere con la edad, para mejorar a México, que tanto necesita de todos los mexicanos.
Para combatir el problema de la deshonestidad en los comicios electorales, se necesita, como en el caso concreto, con teoría y práctica en materia penal.
Porque hay sujetos que no respetan el procedimiento electoral y por ello se necesita combatir la delincuencia electoral.
Y creemos y estamos con testes es que se debe de combatir eficazmente estas conductas ilícitas e ilegales de los que están mal dirigidos hacia una votación en que el pueblo tenga la voz primordial y no ganar el voto a través de medios que están relacionados con toda la temática en materia penal.
Por tanto, debe de aplicarse eficazmente la Ley Electoral, sobre todo en materia del procedimiento electoral, ahora conocido por FEPADE.
Estoy en espera de, si desean hacer preguntas, para contestarlas.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Parece que no hay ninguna pregunta. Agradecemos mucho la participación. ¿Alguien va a preguntar? Adelante.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Agradecer mucho su presentación. Revisamos los documentos que usted nos hizo favor de presentar y creemos que, con base en ello, tenemos los elementos y sí queríamos cumplir con el derecho de usted, de conocer sus puntos de vista que nos ha expresado.
Le agradecemos mucho su participación.
LICENCIADO TOMÁS CANTÚ LÓPEZ: En este momento me permito entregar documentación relativa al apoyo ciudadano hacia un servidor. Se la entrego a la Presidenta.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Agradecemos mucho la participación de Tomás Cantú López en este proceso y pasaríamos con el siguiente participante.
También comentarles que hemos tenido algunos problemas en el ingreso, pero parece que, vamos a checar si ya está presente el siguiente participante.
Bien, pasaríamos a la comparecencia de Mario Enrique Velasco Torres de la Vega.
Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, bienvenido al Senado de la República. Como usted sabe, conforme a la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política en este proceso de comparecencias y el acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, iniciaríamos con una presentación inicial de su parte, de 10 minutos; y comentarle que en los dos extremos de esta sala hay un reloj donde usted puede consultar, para que revise el tiempo que tiene y pedirle también que estemos ajustados a este tiempo.
Posteriormente participaremos los senadores y el Comité Ciudadano, formulando las preguntas en una sola ocasión, y posteriormente usted dará respuesta a las mismas, también por un tiempo de 10 minutos.
Adelante.
MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE LA VEGA: Señora senadora Presidenta de la Comisión de Justicia.
Señoras senadoras y senadores.
Señores miembros del Comité asesor que acompañan.
Señoras y señores:
Comparezco ante esta soberanía para exponer cuáles son mis argumentos para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Este es uno de los ejes fundamentales del sistema electoral mexicano, conformado también por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. La idónea persecución de estos delitos específicos, así como la debida integración de las carpetas de investigación de los diversos casos; constituyen de igual forma una de las grandes certezas que requiere el sistema político mexicano y en realidad toda la sociedad en su conjunto.
Por supuesto que las conductas que encuadren en los tipos penales específicos, han evolucionado con el paso del tiempo. Las nuevas tecnologías que permiten verificar la información en tiempo real, la portabilidad en mano de gran cantidad de datos, así como la transmisión de los mismos; han hecho posible que evolucionen los métodos delictivos que impactan en lo electoral.
Los mecanismos para cometer ilícitos en la esfera de los comicios, como en todos, se van sofisticando; lo cual proporcionalmente requiere de técnicas de investigación y análisis más precisas. Incluso, las triangulaciones de recursos de procedencia ilícita, son más difíciles de rastrear, lo cual demanda de una nueva perspectiva que complemente la persecución de los delitos electorales tradicionales.
Insisto, se requieren mecanismos de inteligencia más elaborados para recabar datos y pruebas que coadyuven a la debida integración de las carpetas de investigación a la hora de presentar ante los tribunales.
Se combaten los delitos electorales porque estos alteran la voluntad de los ciudadanos y contravienen el sistema democrático, en el que se sustenta nuestro Estado nacional. Si no se combatiesen se generaría un efecto demostración negativo, que daría paso a que muchos individuos al ver que existe una impunidad total, verían una oportunidad en la comisión de este tipo de delitos que buscan cambiar la decisión de los electores.
Su combate es de modo tal, esencial para las democracias, para nuestra democracia.
Hasta hace algunas décadas, estos ilícitos florecían con rapidez debido al caldo de cultivo que se producía por la ignorancia de importantes segmentos de la sociedad.
Hoy, a pesar de que estos delitos se sigue cometiendo, e insisto, con la sofisticación que permite el avance tecnológico, la sociedad se encuentra más enteradas e informada de este tipo de delitos, paradójicamente también debido al avance tecnológico, así como de los derechos que tienen como sufragantes a la hora de manifestar su voluntad, y también, del mismo modo, de las posibilidades para denunciar.
El incremento de denuncias presentadas ante FEPADE en los distintos años, son una prueba fehaciente del interés de la sociedad por denunciar.
Regresando un poco al tema de los incentivos para cometer delitos electorales, vale la pena reflexionar acerca de que no son delitos graves muchos de ellos.
Al ser objetos de una fianza, por la razón anterior, se considera que los delincuentes electorales toman en cuenta el factor de poco riesgo para la comisión de los mismos. Es decir, tienen contemplada la poca sanción como parte del costo de oportunidad, por lo que es necesario incrementar sanciones y penas.
Insisto, en la mayor parte de los delitos electorales existe la posibilidad de salir bajo fianza.
Diversos autores, y sobre todo desde el año 2000, insisten en que las zonas de alta marginalidad económica, son también las más vulnerables para que se lleven a cabo los delitos electorales, sobre todo aquellas que son rurales, así como las periferias de las zonas urbanas, sumado al gran desinterés de los comicios de grandes segmentos sociales, demostrado esto en los altos índices de abstención que se verifican elección tras elección, casi el 50 por ciento del padrón.
Además, existe la percepción, también en un importante número de electores, que su voto poco o nada puede hacer para modificar la situación en la que se encuentran, por lo que el desinterés se geometriza.
Es así que el clientelismo y la manipulación del voto se mueven mejor entre una sociedad decepcionada de los procesos democráticos que encuentran, además, sumamente onerosos.
La denuncia de estos hechos se encuentra desmotivada o se considera inútil por diversos segmentos, pese al patente incremento de denuncias ante señalado, y el delincuente electoral encuentra un espacio más amplio para operar y cometer los ilícitos.
Además, el delincuente electoral sabe que entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, se encuentran las mayores posibilidades de planear a implementar sus acciones delictivas.
La falta de satisfactores económicos en las franjas más lastimadas, hacen que éstas tomen cualquier prebenda, a cambio del compromiso por votar a favor de tal o cual candidato o partido.
Es aquí donde viene a colación uno de los delitos más comúnmente cometidos: el uso de programas sociales en beneficio de un personaje o partido.
Cabe mencionar que, además de ser uno de los delitos más comunes, es también uno de los más indiciados y repudiados por la opinión pública, por el hecho de que lucra con la necesidad y la desigualdad sociales.
Y es que se considera que la razón de ser de estos programas sociales, es precisamente su impacto positivo entre los sectores más desfavorecidos de la población, y que su manipulación entorpece y obstaculiza que esos recursos públicos cumplan con el fin de lograr una mejor inversión social, más allá de gobiernos e ideologías.
En un sentido general, los delitos electorales buscan, en el fondo, alterar la voluntad ciudadana.
Es, en realidad, un atentado a la democracia misma, la coacción del voto, insisto, ya sea mediante su compra, o bien, la utilización de los programas sociales antes mencionados para lograr alterar un resultado electoral. Es un hecho reprobable, pero también una acción punible.
Esta manipulación del sufragio es, de igual forma subrayo, uno de los más comunes delitos electorales, en el cual pueden intervenir dos sujetos: el que ofrece o el que solicita.
Es aquí donde se pueden encuadrar diversas conductas en el tipo penal, ya que también aquel que solicita dádivas o recursos, ex ante, el día de la votación o durante cualquier parte del proceso, puede ser sujeto de responsabilidad penal.
Acerca de las sanciones, un tema relevante es, de nuevo recalco, el de las sanciones. Al no ser considerados como graves, los delitos electorales no tienen un carácter inhibitorio y, por lo tanto, quienes se dedican a delinquir para provocar determinados resultados comiciales, pueden encontrarse incluso incentivados para su comisión.
Estas consideraciones han sido reiteradas por funcionarios de procuración de justicia, académicos e incluso legisladores de la Cámara de Senadores, quienes han presentado iniciativas para que los delitos electorales sean considerados como graves.
Y es que las sanciones vigentes no inhiben la comisión de los delitos electorales, al contrario, incluso la FEPADE ha realizado diagnósticos de ese asunto, que han probado que no existe temor alguno por quienes cometen delitos electorales.
Es decir, la cárcel no es una posibilidad real para los delincuentes electorales. No obstante, es del conocimiento tanto de quien busca alterar el sentido de la votación como aquél individuo o individuos que ofrezcan su o sus votos a cambio de alguna dádiva, prebenda o privilegio, y evidentemente saben que el castigo es poco o hulo y actúan en consecuencia.
Y es entonces que se provoca el efecto demostración anteriormente referido, incentivos para delinquir, también es de este modo que se nutre más la impunidad.
Es necesario que se discuta sobre la imperiosa necesidad de que los delitos electorales sean considerados graves.
Acerca del entorno electoral, quiero comentar que la competencia política, sobre todo desde 1994, ha hecho que los comicios para elegirá autoridades a cualquier nivel de gobierno, en un estado de la República o región, sean frecuentemente muy cerrados, donde la disputa se dé incluso por décimas de diferencia.
En una esfera democrática ideal, pensaríamos que los puntos de ventaja se ganasen mediante la calidad de las propuestas de los candidatos, por los candidatos o por las plataformas de los partidos que contemplan las opiniones plurales, ya sea de sus militantes, simpatizantes o de los ciudadanos, académicos y especialistas que participan a través de los diversos espacios de discusión que contemplan en sus estatutos.
Sin embargo, en ocasiones los puntos que resuelven las ventajas y posteriores triunfos, en las contiendas electorales, muchas veces nacen de estrategias de movilización de cuestionable operación, coacción del voto o cualquier otro tipo de maniobras que van más allá de las violaciones administrativas, incurriendo en delitos electorales.
En un nivel comparado, acerca de los procesos electorales en el mundo, podemos localizar que partidos y candidatos emplean diversos procedimientos legales, sí, legales, para ganar simpatizantes adeptos o, en su caso, movilizar a sus votantes duros.
Estas pueden ser llamadas telefónicas para recordar en qué casilla deben emitir su sufragio o bien si pueden colocar propaganda del candidato o partido en su domicilio o negocio.
También hacen uso recurrente del trabajo voluntario por parte de sus adherentes, miembros o simpatizantes, quienes aportan labores, como repartir propaganda o visitas domiciliadas para entregar algún utilitario de parte del candidato o mensaje propagandístico.
Al respecto de esto, los ejemplos mencionados no incurren en ninguna violación de normatividad o ley alguna, así como menos aún un delito electoral.
En el caso de México verificamos que los partidos políticos y sus candidatos realizan estas actividades que, insisto, no encuadran en ningún tipo penal y son legales, no fruto de ninguna laguna jurídica.
No obstante, y siguiendo el tema del trabajo propagandístico de puerta en puerta, si estos promotores reciben algún salario o emolumento, comienzan a incurrir en los gastos de campaña, los cuales deben justificarse plenamente ante el Instituto Nacional de Elecciones, para así verificar su no exceso.
Esta institución que exige incluso informes y preinformes de campaña para verificar los gastos, los cuales abarcan ya las denominadas precampañas.
En este caso incurren en multas y los informes no coinciden o bien, si la unidad técnica de fiscalización del INE encuentra anomalías y/o discordancias entre lo presentado y lo verificado.
En estos casos, incluso ante un rebase en los montos establecidos se puede anular la elección. En este ejemplo encontramos que existen sanciones, incluso trascendentes, pero que no entran en la esfera de lo penal.
No obstante, el INE o FEPADE pueden identificar conductas que sí encuadran en los tipos penales electorales.
Por ello, es preciso que se tenga una estrecha coordinación e intercambio constante de información entre el INE y, a mi juicio, sus dos órganos clave como la Unidad Técnica de Fiscalización y el Registro Federal de Electores.
Retomando lo que se refiere a un entorno de alta competencia política, reiteramos la importancia de verificar lo que ocurre en sitios y zonas alejadas, donde los delincuentes electorales pueden obtener los puntos que marquen la diferencia en el resultado de los procesos competidos.
Quisiera, si me permiten, solamente anunciar las propuestas que tengo para la Fiscalía, aprovechando nada más unos…ya las leyeron, ¿me permite leerlas?
Para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, propongo:
1.- La actuación mesurada del Fiscal, alejamiento total de los reflectores.
2.- Las actividades necesarias de difusión ante los temas que incumben a la Fiscalía, serían apegadas a la ley y a los principios éticos que debe tener el Titular.
3.- Mantener escrupulosamente el apego al debido proceso, teniendo en cuenta en todo momento, la confidencialidad que deben guardar las carpetas de investigación.
4.-Fortalecer la relación con los otros dos ejes del Sistema Nacional Electoral, el INE y el TRIFE, para lograr una justicia electoral eficaz y acorde a las exigencias ciudadanas.
5.- Ampliar y fortalecer el intercambio de información con otras áreas del Gobierno Federal, con el fin de detectar la penetración de recursos ilegales e indebidos a las campañas. De la misma manera, perfeccionar y adecuar convenios de colaboración con las procuradurías estatales y sus unidades especializadas en delitos electorales.
6.- Convocar a los partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones no gubernamentales, a denunciar delitos electorales que tengan lugar en cualquier momento de los procesos.
7.- Diseñar cuadernos de divulgación que informen a los ciudadanos, de los delitos electorales, de sus sanciones y de la importancia de denunciar.
8.- Actualización constante de la página de la FEPADE, para informar y captar denuncias que puedan ser ratificadas. En caso de que se encuentre en implementación esta propuesta, mejorar los sistemas que contemplen la secrecía o, en su caso, la seguridad del denunciante.
9.- Trabajar con esta Soberanía, para modernizar el marco legal, no sólo en cuanto al incremento de las penas, sino a los elementos, nuevos y exactos, que permitan la adecuación de la conducta a la norma.
10.- Contemplar el debido proceso en todo momento, integrando la debida integración de las carpetas de investigación, ante los jueces de control.
11.- Mejor capacitación para los ministerios públicos encargados de integrar las carpetas, con el propósito de cumplir, también, con el debido proceso.
12.- Mayor capacitación a las policías federales ministeriales, para que la cadena de custodia de las pruebas sean implicables desde el comienzo.
13.- Diseñar operaciones encubiertas que sorprendan infraganti a los delincuentes electorales.
14.- Propiciar ante las instancias competentes, una retabulación de los salarios de los trabajadores de la FEPADE, para incentivar más al personal.
Muchas gracias. Estoy a sus órdenes senadora.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias por su participación, Mario Enrique Velasco Torres de la Vega.
Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para que formule sus cuestionamientos.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muchas gracias Presidenta.
Bienvenido, abogado. Gracias por la confianza, a usted, y participar.
Varios temas muy sencillos. El primero, nos gustaría mayor claridad, mayor claridad en varios sentidos:
Cuando habla de diversos estudios en diversas instituciones, sería puntual, sería conveniente, sobre todo por la naturaleza, ver cuáles son esos estudios y en qué universidades.
Después, en su currículum habla de también saludaríamos la claridad de coordinador y consultor jurídico en capacitación partidista.
Sería muy interesante ver qué es lo que hacía y para quién trabajaba en estos casos.
El siguiente, también, que sería en abono de la claridad. Si bien vimos que leyó completo su documento, cuál es la tesis de su trabajo y cuál sería la diferencia entre una monografía y un ensayo.
En lo personal, sí debo decir que extrañamos un aparato crítico, extrañamos la estructura tradicional del ensayo en los términos que hacen en el 100 por ciento de las escuelas.
Por su respuesta, muchísimas gracias abogado.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me gustaría hacerle las siguientes preguntas:
Gracias senador, y bienvenida la senadora Dolores Padierna.
Los delitos electorales, entendidos como conductas de acción u omisión cuya consecuencia es un daño al desarrollo adecuado de la función electoral, o del ejercicio libre del voto, y que, analizado desde la teoría del delito, lo más importante dentro de la parte procesal, es la parte de valoración de la prueba, los requisitos formales.
Es decir, para el ministerio público es esencial investigador, darle formalidad, acreditar elementos y llevarlo ante el juez para que sea sancionado.
Sin embargo, quisiera preguntarle qué pasa con la política criminal, si es la adecuada en este momento dentro del aparato de procuración de justicia y enfocada a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales; ¿usted considera que esta política criminal es adecuada o cuáles son las transformaciones que se necesitan para que esta funcione?
También me gustaría preguntarle ¿cómo usted entiende a un gobierno abierto en materia o el concepto de justicia abierta en el ejercicio de la función de la FEPADE?
Creo que debe haber un equilibrio entre una secrecía que debe conllevar los procesos de investigación, pero también el derecho a la información de los ciudadanos; y sobre todo en el afán de generar esquemas de transparencia, más en un proceso electoral en donde los minutos y las horas son definitivas y que muchas veces la comisión de una conducta delictiva en el ámbito electoral, requiere ser perseguida de manera muy eficaz y muy rápida, porque de otra manera tal vez ya sea demasiado tarde para poder enderezar este proceso.
Entonces, me gustaría, usted hizo un comentario dentro de sus propuestas refiriéndose a este tema. Entonces, la segunda pregunta sería justamente cómo equilibras este principio de transparencia y qué entiende usted por justicia abierta y gobierno abierto.
Muchas gracias por sus respuestas.
Y le doy la palabra también al senador José María Tapia, del Partido Revolucionario Institucional, para que formule su pregunta.
SENADOR JOSÉ MARÍA TAPIA: Muchas gracias.
Saludo a las senadoras y senadores integrantes de esta Comisión y agradezco al aspirante a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales.
Y solamente va a ser una pregunta muy sencilla, que creo que cualquiera de los aspirantes debiera tener conocimiento; ¿cuántos delitos electorales se persiguen dentro de la legislación electoral federal?
Y segundo, si conoces la estadística de las incidencias de estos delitos electorales. Si sí, que nos pudieras enumerar en el mayor orden los delitos que recurrentemente son cometidos, del más cometido al menor cometido, por favor, por lo menos los primeros cinco a nivel estadística de delitos electorales en los últimos procesos electorales.
Muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, senador.
Daremos la palabra al Comité de Acompañamiento Ciudadano, para que formule sus preguntas.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias.
Un comentario general, yo había leído su ensayo, veo que ahora nos lo repite. Y entonces no alcancé a ver respuesta a los tres puntos que la Comisión pedía sobre un proyecto y un esquema de visión de la FEPADE más hacia adelante.
Entonces, me voy a colgar de la pregunta del senador, que acaba de hacer, porque en su ensayo usted menciona que uno de los delitos más recurrentes en materia electoral es el uso indebido de programas sociales; igual que menciona otros anteriormente. Y con base en esto me gustaría hacer una pregunta:
Hay un gran debate sobre lo que tiene que hacer la FEPADE después de los últimos acontecimientos y se nos ocurría en el Comité preguntar, desde su punto de vista, ¿cuál debiera ser la actuación de la FEPADE, ante denuncias que se presentan en el Instituto Nacional Electoral y en otras instancias de infracciones a los párrafos 7º y 8º del 134 constitucional?
Ha sido un gran debate qué es lo que le toca hacer al INE, qué es lo que tiene que finalmente sentenciar el Tribunal, pero la pregunta a usted es, en este sentido, cuando se presentan este tipo de denuncias de infracción, ¿qué le corresponde hacer a la FEPADE?
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.
Le damos la palabra para que formule sus respuestas. Le pedimos sea respetuoso con el tiempo, hasta 10 minutos.
Muchísimas gracias.
MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE LA VEGA: Gracias, senadora.
Senador, gracias por su pregunta.
Usted se refería a en qué ensayos me he basado. Si bien es cierto, es un ensayo hecho con cierta premura y falta de citas, no por ello deja de ser un ensayo, pero he coordinado yo, y lo presenté ante esta Soberanía, ante la Comisión, presenté los libros y revistas que yo he coordinado en temas electorales.
He escrito en la revista Voz y Voto, he coordinado bastantes revistas, cerca de cinco, y he coeditado otros libros sobre temas electorales.
Puse las portadas debidamente acreditadas con el notario. De los trabajos que he coordinado, he coordinado trabajos de personas que ahora uno es consejero electoral, analistas políticos, analistas electorales, todo está debidamente acreditado en los documentos que presenté, y está debidamente también certificado por el notario.
En estos trabajos he encontrado muchos de los puntos que yo he tenido la oportunidad de mencionar aquí.
Me preguntaba usted que puse en mi currículum que he sido coordinador y consultor jurídico en campañas electorales. Lo he sido para distintos partidos políticos y distintos candidatos de diversos partidos como actividad privada.
Lo he hecho para el Partido Revolucionario Institucional, lo he hecho para el Partido Acción Nacional, lo he hecho para, alguna vez me contrató un candidato del Partido de la Revolución Democrática, cuando se estaba constituyendo el Partido MORENA, algunas personas integrantes de ese partido también me pidieron alguna consulta. Lo que sería en su momento el Partido Nueva Alianza, lo que es ahora el Partido Nueva Alianza.
Y en este momento, consejero, doy consejo y doy consulta jurídica a candidatos independientes. Incluso hace dos años, en Sala Superior ubicada en Las Flores, tuve oportunidad de litigar en la sala. Estaba la magistrada Otálora, hoy presidenta del Tribunal Electoral. Tuve la oportunidad de litigar un asunto de un candidato independiente, el cual se nos negó el registro para el Distrito Federal.
Como profesional, he dado consulta a distintos candidatos de distintos partidos políticos.
Su tercera pregunta me la hacía en términos, de… Me podría repetir acerca de la cuestión del Senado, me preguntaba usted algo, señor senador.
SENADOR LUIS HUBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: ¿De qué, perdón?
MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE LA VEGA: Me hacía usted un tercer punto acerca de algo que tenía que ver aquí con el Senado.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: (Fuera de micrófono)
MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE LA VEGA: Ah, muy bien. Mi hilo argumental, es que se tiene, uno, que mejorar la justicia electoral, pero para eso los partidos se tienen que poner de acuerdo en hacer que los delitos sean más graves.
Creo que sí es una labor de los legisladores hacer que los delitos electorales sean más graves. De no hacerlo, y lo he visto también en muchas campañas políticas, al ver, uno les dice o señala cosas indebidas o que no se deben de hacer, o lo escuchan a uno pero luego después se encuentra tiempo después datos en periódicos donde se hicieron otro tipo de cuestiones.
No sirve de nada el marco legal si éste no tiene mayor severidad, a mi juicio. Creo que esa es una labor que corresponde a los legisladores, y con la que yo explicaría la transversalidad en mi ensayo.
Señora senadora, me preguntaba usted que si es adecuada la política criminal: No, en términos electorales no.
Vamos muy atrasados, como en el resto de procuración de justicia, vamos muy atrasados con respecto a otros temas, como pueden ser ciberdelitos, pese a que hay leyes que están al respecto.
En los temas electorales se ha sofisticado mucho la forma de delinquir. Creo que la política criminal no es adecuada.
Creo que se debe valorar la profesionalización de los ministerios públicos especializados en cada tema, así como lo es en el tema de anticorrupción, por supuesto en lo que se refiere al tema de los delitos electorales.
Creo que hizo alguna vez un comentario en una entrevista la doctora Fromow, que fue una persona que abonó mucho para la modernización de la FEPADE, que dijo que la FEPADE era el “patito feo” de la PGR.
No creo que siga siendo el patito feo, pero los delitos electorales no son prioridad en este país.
Creo que sí es muy importante este sistema de justicia abierta, creo que tiene que participar la sociedad civil, pero la sociedad civil es un abstracto, la sociedad civil se transforma en especialistas, en consultores jurídicos, en académicos, en profesores, en gente que tiene una experiencia muchas veces desperdiciada.
Creo que esa justicia abierta se debe dar a través de una dialéctica intensa con los ciudadanos, pero los ciudadanos expresados a través de los diversos especialistas que no tiene partido ni tienen preferencia, pero sí conocen del tema y lo actualizan día a día.
¿Cuáles son los delitos más comunes? Señor senador, como yo lo expresaba, es el uso de programas sociales con fines electorales, el cual también tiene un hilo conductor y no es en perjuicio del delito que comete un servidor público por hacer mal uso de su posición, esos son temas de anticorrupción.
En perjuicio de esa mala función de un mal funcionario en el ámbito electoral se traduce o se traslada al mal uso de los programas sociales.
Otro delito recurrente es el pedir o solicitar las credenciales de elector y/o su falsificación. Recientemente incluso, en módulos del Instituto Nacional Electoral se reportaron que había funcionarios de esos módulos que estaban vendiendo por cuatro y cinco mil pesos credenciales de elector apócrifas.
Por supuesto que eso además impacta en temas que tienen que ver con fraudes o delincuencia organizada, quienes pueden utilizar esa documentación falsa.
También está el tema de que sí, creo y un poco relacionado con la pregunta que me hacía el Grupo Académico de Acompañamiento, sí creo que se debe, el Instituto Electoral debe mejorar sus sistemas internos de lo que se llama el complainbus, el cumpleaños o el cumplimiento de las normas éticas internas; mejorar sus procedimientos administrativos.
Por eso yo decía en mi exposición que la FEPADE que yo visualizo, es una FEPADE que tiene una gran intensidad de comunicación con el Instituto Nacional de Elecciones y sus dos partes más neurálgicas, que son el Registro Federal de Electores y la Unidad Técnica de Fiscalización.
Entonces, tenemos que el primer delito electoral más recurrente es el mal uso de programas sociales, el cual tiene su vaso vinculante con temas de corrupción.
El segundo es el robar, el usar, el solicitar o el falsificar las credenciales de electores.
Tercero, cuarto y quinto, que ya no son tan recurrentes, son más delitos de hace 20, 25 años, es impedir que se instale una urna, es provocar algún desaguisado en el centro de votación o bien engordar o rellenar las urnas con votos falsos o bien, falsificar las actas.
Yo identificaría eso como algunos de los delitos electorales más recurrentes.
Señor senador, no sé si esté yo o quisiera usted agregar algo.
SENADOR JOSÉ MARÍA TAPIA: Perdón abogado, fueron dos preguntas en una sola.
La primera fue, ¿cuántos delitos electorales están tipificados?
No me los diga, nada más dígame cuantos están enumerados como delitos electorales. Está claro cuántos delitos hay y la segunda, los delitos que usted menciona no son parte de la estadística.
Yo le pregunté si conocía la incidencia de delitos o la estadística de incidencias en los delitos electorales y si es así, cuáles eran los primeros cinco.
De los primeros cinco usted solamente me dio uno y en diferente orden, pero quisiera conocer cuáles son, si conoce usted cuántos delitos electorales están tipificados en nuestra legislación electoral en la materia.
MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE LA VEGA: Delitos electorales son aproximadamente entre 14 y 16 delitos electorales, de los que yo tengo conocimiento, quizá me equivoque.
La estadística, señor senador, no la tengo, pero yo le expresé que el primer delito, el más recurrente, es el mal uso de programas sociales y, segundo, el mal uso de la credencial de elector, con todas las derivaciones que tiene éste, como puede ser el robo, la solicitud de esta credencial, el mal uso de ella, todas esas conductas son lo que desemboca en los delitos subsiguientes al mal uso de los programas sociales.
Y, por supuesto, el uso de recursos públicos -desafortunadamente me comí el tiempo-, el uso de recursos públicos para las campañas electorales, no solamente el manejo de los programas, sino el canalizar los recursos.
Pero además de esa canalización, insisto, no pude terminar mi ensayo, no pude terminar por la premura del tiempo, mi exposición, pero aparte de ello, también, lo que es la introducción de dinero indebido a las campañas, el cual puede ser lícito, pero no por su licitud, dejar de ser un posible delito, máxime si proviene de la delincuencia o del crimen organizado.
Esos serían los delitos electorales más recurrentes de ahora. Los demás que le expresaba, forman parte de la recurrencia del pasado.
Ya el robo de urnas, el ratón loco y ese tipo de cosas, ya son más difíciles de hacer.
Acerca del Grupo de Acompañamiento:
La relación que debe de haber con el Instituto Nacional de Elecciones, el Tribunal, la FEPADE, entiendo que es la relación entre estas tres organizaciones.
Yo creo que el INE tiene muchas posibilidades como organizador de las elecciones, tiene muchas posibilidades de poder identificar algunas conductas que pueden caer en delitos, por supuesto también el Tribunal Electoral.
Pero creo que la FEPADE a veces actúa aisladamente de estos organismos.
Creo que la FEPADE debe tener unos vasos comunicantes tanto con ellos como otras organizaciones, como apéndices de la Secretaría de Hacienda, como la Unidad de Delitos Fiscales, o la de la PGR, o respectivamente, o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, yo creo que el delito más sensible de detectar es el uso indebido de recursos en las campañas, sea de procedencia lícita y, con mayor razón, de ilícita.
Creo que se debe de dar, con las procuradurías locales, unos convenios mucho más perfeccionados.
Actualmente, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, tiene una Unidad de Delitos Electorales, y hace convenios para apoyarse recurrentemente en uno u otro tema. Si son federales, apoya a veces la Procuraduría del D. F., y viceversa.
Pero creo que esos convenios deben de tener mucho mayor perfeccionamiento y deben de estar en colaboración mucho más estrecha y permanente; no actuar aisladamente y luego solamente pasarse algunos datos.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su participación a Mario Enrique Velasco Torres de la Vega.
Miren, les quisiera compartir la problemática que tenemos en el ingreso a la sede del Senado de la República, derivado de las manifestaciones que están circundando el edificio.
Varios de nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Justicia, simplemente no pueden ingresar. Mi Coordinador, por ejemplo, está también en la calle y no puede ingresar.
Varios de los aspirantes, estamos detectando que la mayoría están ya afuera, sin que hayan podido ingresar a este Recinto. Seguimos intentando ayudar para que puedan hacerlo.
Sin embargo, lo que determinamos con ustedes el día de ayer, es que, si sucedieran algunos de estos imprevistos, pasaríamos al siguiente y al siguiente.
De hecho, está por aquí Laura Angelina Borbolla Moreno, cuyo turno es hasta las 16:31, pero ya está presente.
Entonces pedirles, a los integrantes de la Comisión, si no tienen inconveniente, pudiéramos continuar con la comparecencia de la misma, en tanto vemos si hay condiciones para que el resto de los comparecientes puedan ingresar al recinto del Senado.
¿Sí?
Entonces le pediríamos a Laura Angelina Borbolla Moreno, si pasa.
¿Tampoco? Perdón, tampoco está.
Bien. Entonces lo que procedería, sería hacer un receso de media hora, ¿les parece?, para ver si podemos lograr que ingresen.
Sin en media hora vemos que las condiciones son complicadas, pues ya tomaríamos otra determinación.
Muchísimas gracias.
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