SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2017.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO.

 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (13:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se encuentran en este momento 110 Senadores, señor Presidente. 

 

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 5 de octubre correspondiente al Primer Período Ordinaria de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en Gaceta de este día. 

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. 

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Es aprobada el acta, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Compañeras y compañeros Senadores: 

 

A partir de la ratificación del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad; y del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, este día tomaremos las protestas de ley correspondientes. 

 

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Jorge Luis Lavalle Maury, Jorge Aréchiga Ávila, Salvador Vega Casillas, Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Óscar Román Rosas González y Tereso Medina Ramírez, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta. 

 

(La comisión cumple)

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Ruego a los presentes ponerse de pie. 

 

(Todos de pie)

 

La Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana, les solicito dar un paso al frente. 

 

Les informo que en la sesión pasada el Senado los nombró como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad; y Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, respectivamente. 

 

En consecuencia, les pregunto: 

 

“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y desempeñar legal y patrióticamente los cargos que se les han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?” 

 

Los CC. Consejeros Independientes Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana: ¡Sí, protesto!

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”

 

(Aplausos)

 

Felicidades, señor Luis de la Calle y Octavio Pastrana.

 

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo. 

 

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Consejeros cuando deseen retirarse del salón. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, Presidente. 

 

En la oportunidad de este asunto del cual se está tomando protesta de los Consejeros Independientes de Pemex y CFE, en la misma sesión, la cual no concluyó por falta de quórum, en los términos que todos conocemos, faltan tres dictámenes, dos que se refieren a Órgano Regulador de Energía y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

Ambas designaciones se regulan de acuerdo a la ley específica, la ley de la materia de cada uno de estos órganos, pero como son nombramientos que el Senado de la República tiene que ratificar, bueno, se vota entre tres ternas, una terna por cada cargo. 

 

Aquí se dijo: “Que como el Senado, al 30 de septiembre no había alcanzado procesar en su Pleno la votación de dicho dictamen, de dichas ternas, ya era facultad del Ejecutivo”. 

 

Le he entregado hoy en su oficina, Presidente, una opinión de los Senadores y las Senadoras del grupo Parlamentario del PT-Morena, donde de manera muy clara acreditamos que el plazo que el Senado tiene para resolver vence el 20 de octubre, porque los días son días hábiles. 

 

Entonces, para que no se creé la condición de que hasta el 20 de octubre el Senado pueda comunicar que no se procesó su designación ¿Sí? Y esto nos lleve a la interpretación de que ya el Ejecutivo tiene que designar, dentro de los integrantes de la terna, que puede ser una posibilidad o alguna intención ahí. Bueno, para que no ocurra esto es por lo que presentamos esta opinión y pedimos que la Mesa Directiva lo analice. 

 

Hay conocedores del procedimiento, pero perfectamente claro que son días hábiles y que la ley aplicable es el Reglamento del Senado y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de manera supletoria. 

 

Le pido atienda, por favor, este planteamiento que hicimos las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT-Morena.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias. 

 

En el mismo sentido.

 

No puede haber vencido el plazo del nombramiento del titular de una dependencia, cuyo cargo vence hasta diciembre de 2017. Cómo puede estar vencido un nombramiento sin ni siquiera el tiempo al frente del cargo para el que fue electo se venció, primero. 

 

Es una gran farsa que se hizo, y al menos yo no me quiero sumar a eso. 

 

Y segundo, hay otro, como bien decía el Senador Barbosa, que se mide en días hábiles, no puede tomarse sábados y domingos, para que muy forzadamente digan ya se venció el plazo, ya no nombramos. 

 

Y por último, haría la reflexión.

 

¿Por qué no? 

 

¿Por qué vamos a abdicar a una facultad que tenemos como Senadoras y Senadores, cuál es el problema? Hay una mayoría, ya se sabe, no pasa nada si se cumple con el Reglamento del Senado. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Padierna. 

 

Les informo que lo que establece la ley correspondiente habla de 30 días improrrogables, no habla de días hábiles, con mucho gusto recibiremos sus consideraciones y las discutiremos en la Mesa Directiva. 

 

Debo decirles que la Mesa Directiva, el martes 3 de octubre, suscribió tres acuerdos que corresponden a las ternas que el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Cámara el pasado 30 de agosto para la elección de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

 

Los acuerdos son para comunicar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del plazo marcado por el artículo 6 de la Ley de Órganos Reguladores, coordinados en materia energética, sin que el Senado hubiese resuelto, con lo que se actualiza el supuesto ahí previsto, pero les ofrezco recibir su documento, Senador Barbosa, revisarlo con atención y que la Mesa Directiva se vuelva a reunir para discutir este tema. 

 

Por favor, sonido en el escaño del Senador Barbosa. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo estoy seguro, Presidente, que así va a ser, tengo mucha confianza en la conducción que ustedes hacen de los procedimientos acá en el Senado de la República. 

 

Yo estoy seguro que así va a ser. Solamente le doy la referencia, efectivamente, las leyes específicas de estos órganos reguladores establecen que son 30 días, no me es nuevo decirlo, por favor, son 30 días, distinto a la anterior ley que ahí sí hablaba de 30 días naturales, ahí dice 30 días. 

 

Entonces, la interpretación es si son hábiles o si son naturales, y cuándo empieza el plazo para contarlos, para nosotros en el razonamiento es 5 de septiembre, que es cuando se dio cuenta a las comisiones de estas ternas que envió el Ejecutivo, y vence hasta el 20 de octubre. Ahí están las leyes, que no se preocupe Servicios Parlamentarios porque ahí no se va a resolver, yo estoy perfectamente claro que lo van a hacer debidamente. 

 

Y la consecuencia de que el Ejecutivo nombre antes de que el plazo del Senado venza el término para haberlo hecho, es que el nombramiento va a estar afectado para todos los actos que ellos hagan de nulidad, es un nombramiento que va a provenir de parte del Ejecutivo de manera ilegal y todo lo que hagan va a ser nulo, ese es el procedimiento, entonces, revísenlo, yo estoy seguro que vamos a llegar a un buen entendimiento jurídico. 

 

Gracias, Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa. 

 

Le ofrezco que serán atendidas sus consideraciones con mucha responsabilidad y precisión en la reunión de la Mesa Directiva. 

 

Se recibieron las siguientes comunicaciones. 

 

Una, de la Comisión para la Igualdad de Género. 

 

Una, de la Comisión Jurisdiccional. 

 

Una, del Senador Manuel Cárdenas Fonseca. 

 

Y una, del Senador Jesús Priego Calva, con las que se remiten sus respectivos informes y actividades correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de esta LXIII Legislatura. 

 

Y una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con la que se remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio, ambos de la actual Legislatura. 

 

La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones. 

 

Pasamos al siguiente asunto. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a todas las comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial. 

 

Pasamos al siguiente asunto. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como el Foro de Negocios que se celebró en la Ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas de la compañía china Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, todo, del 2 al 6 de septiembre del 2017. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada. 

 

Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

Pasamos al siguiente asunto. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron doce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta. 

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

Pasamos al siguiente asunto. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. 

 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Protección Civil, en materia de cooperación en casos de desastre. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente. 

 

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: 

 

Es innegable poder soslayar todo el tema que nos ha traído en este mes de septiembre de los desastres naturales, a todos nos ha llegado esta penosa situación y que nos ha dolido en el alma, en el corazón, lo que ha estado pasando en nuestros estados, yo particularmente les voy a hablar del estado de Morelos, donde miles de familias se han visto afectadas por estos desastres naturales que han dejado sin casa, sin vivienda, sin familia, sin trabajo, y que hoy más que nunca requerimos de una conciencia humana, social, pero también de carácter legislativa. 

 

En nuestro país estos desastres naturales y sucesos que nos tienen latente y nos tienen lastimados y nos desespera, nos desalienta, pero que tenemos que tener un control y una medida a efectos de que estos cambios que hoy hemos vivido de clima, que hemos enfrentado una variedad de fenómenos naturales que amenaza la integridad de su población, como estos fenómenos geológicos, erupciones de volcanes, sismos, lo que ha pasado en las últimas semanas, así como en nuestras leyes de protección civil que necesitamos seguir reforzando, como la Ley del 2012 que se ha mejorado en medidas de preparación tanto de instituciones como de operaciones para el manejo de eventos perturbadores, esto en asociación con actores tanto a nivel federal como estatal y municipal; sin embargo, aún se puede hacer más para evitar estas pérdidas futuras. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que México se ha beneficiado de una mejor coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias de una colaboración efectiva con la comunidad científica y la creación de sistemas de alerta temprana, la creación de fondos que forman parte de una infraestructura financiera e innovación de clase mundial; sin embargo, manifestó que México debe hacer más para reducir los daños de desastres futuros, así como para colocar a la prevención al mismo nivel que la respuesta ante emergencias y avanzar hacia una gestión integrada de riesgos, señalando que se deben impulsar cambios en todos los niveles de gobierno, aprovechando las oportunidades que brinda la Ley General de Protección Civil del 2012.  

 

Lo anterior requiere de la implementación de medidas para reducción de riesgos de desastre, tales como la regulación para el suelo, planes de desarrollo urbano e inversión e infraestructura de mitigación.

 

No obstante ello, se considera que también debe existir una coordinación efectiva entre sociedad y gobierno, tanto en materia de prevención, como en atención al momento de atender una emergencia o desastre provocado por algún fenómeno perturbador de la naturaleza o del hombre.

 

Este 19 de septiembre, en este sismo que se reportó, de esta magnitud de 7.1, el cual fue sentido fuertemente en el centro del país, ocasionando graves y muy lamentables afectaciones en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Morelos, desde la pérdida de vidas humanas, hasta desastres de viviendas, escuelas, centros de salud, negocios, vías de comunicación en diversos poblados, daños que siguen contabilizándose para iniciar una reconstrucción de cada entidad federativa.

 

A pesar de lo anterior después de este sismo, se hizo evidente la valentía, la solidaridad, la entereza de pueblo mexicano, cuyos ciudadanos se comenzaron a movilizar para brindar apoyo en las actividades de rescate, recolecta y repartición de víveres, movilización de escombros, etcétera, pero también se evidenciaron fallas en la organización y vinculación entre las autoridades y la sociedad civil, así como medios de comunicación, las cuales se manifestaron en la desinformación, en los actos de rapiña, la precaria cultura de prevención y la incapacidad de reacción, así como el oportunismo político, según lo señalado por diversos medios de comunicación, yo qué les puedo decir, evidente prueba lo que sucedió en el estado de Morelos.

 

Es por ello que se propone en  esta iniciativa, para que dentro de las atribuciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de  Gobernación, se contemple la promoción e instrumentación de mecanismos y acciones de carácter permanente entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para que en caso de emergencia o desastre, pueda reaccionar de forma organizada e informada. Es decir, para evitar la mala administración de los víveres, la falta de identificación de las necesidades en las zonas afectadas, la desconfianza de la sociedad civil en el gobierno, por lo que se deberá fomentar una participación activa antes, durante y después del siniestro.

 

Es así como se propone esta reforma al artículo 19, que establecería en una fracción XIX. “Promover y, en su caso, instrumentar mecanismos permanentes de cooperación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones internacionales, institutos académicos, sector privado, grupos de voluntarios y sociedad civil, para que éstos se encuentren debidamente informados y capacitados al momento de participar en la atención de los efectos derivados de los fenómenos naturales y humanos”.

 

Ésta sería la presente iniciativa, la cual me gustaría que pudiesen acompañar, porque es básicamente un tema que tiene que ver con organización de método y con ser más eficiente, tanto en los recursos humanos como materiales.

 

Por su atención muchas gracias. 

 

Y que la fe y la solidaridad sigan moviendo a México.

 

Gracias.

 

(Aplausos)

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, en materia de tarifas de estímulo de energéticos agropecuarios.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso ciudadana Presidenta.

 

Muy buenos días, amigas y amigos Senadores:

 

Comparezco ante esta Asamblea para proponer reformas al artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, con el objetivo de que los beneficiarios de los programas de precios y tarifas de estímulo a los energéticos en materia agropecuaria cuenten con mayor información sobre el uso, comprobación y las devoluciones fiscales correspondientes de los mismos, al tenor de los siguientes considerandos:

 

El sector agropecuario comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y tiene un gran impacto en nuestra economía, ya que es el pilar de la seguridad y de la soberanía alimentaria de nuestro país, razón por la cual se han realizado diversos esfuerzos para garantizar mejores condiciones para su desarrollo, crecimiento y estabilidad, entre las cuales destacan el otorgar estímulos fiscales para la adquisición de combustibles, trátese de gasolina, diésel o biocombustibles, mismos que constituyen insumos básicos e indispensables para las operaciones del sector agropecuario. Estos apoyos son otorgados a través de Sagarpa o a través de Semarnat.

 

Cabe destacar que desde el año 1990, en México se han venido otorgando estímulos fiscales a la actividad agropecuaria, y el impacto que ha detonado este apoyo a esta actividad ha sido muy significativo.

 

Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico social, especialmente ante una situación de desventaja o desigualdad, algunos estímulos fiscales carecen de relevancia impositiva, debido a que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos del tributo, razón por la cual no trascienden a la contribución, ya que no miden, ni gradúan la capacidad contributiva, mientras que por otra parte existen estímulos que sí tienen relevancia impositiva, y esto es cuando forman parte de los elementos esenciales, o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva, aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar a los contribuyentes.

 

Cuando imaginamos a los productores, sobre todo a aquellos pequeños productores que reciben estos tipos de apoyo, resulta complejo ante la falta de claridad e información, considerar que tienen  los conocimientos de todos los procesos que en obvio de tiempo no menciono, y mucho menos realizan las acciones necesarias para la obtención de estos recursos.  De ahí lo delicado del tema, que muchas veces no logran, a pesar de que tienen estos beneficios, incluirlos en los costos de sus operaciones.

 

Asimismo, en la Ley de Energía para el Campo, se encuentra establecido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará los precios y tarifas de estímulos de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional, pero no acredita ninguna responsabilidad a las Secretarías otorgantes, es decir, Sagarpa y Semarnat, para brindar toda la información básica correspondiente a los procesos relacionados con temas fiscales, razón por la cual  algunos productores al referirse a esta ley, desconocen la posibilidad de efectuar estos procesos para la comprobación y devolución de los impuestos, situación que genera inconformidades, injusticias y confusión.

 

Derivado a lo antes expuesto, la presente iniciativa propone modificar el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, con el único objetivo de especificar que las dependencias otorgantes de los precios y tarifas de estímulo serán las responsables de brindar toda la información básica correspondiente sobre los mecanismos, los procedimientos de los apoyos a cada uno de los beneficiarios, con lo cual estos programas de energéticos agropecuarios tendrán los conocimientos indispensables, me refiero pues, a los productores para hacer el uso correcto de los mismos y, sobre todo, identificar que existe la posibilidad de la comprobación y devolución de los impuestos correspondientes, lo cual permitirá generar una mejor estabilidad en su actividad productiva. 

 

Es importante también considerar el enriquecer esta iniciativa exhortando al Ejecutivo Federal a invertir en fuentes alternativas de energía limpia como la solar, la eólica y la hidráulica, para con ello, beneficiar en los costos, y desde luego con los consiguientes ahorros de energía, para todo el agro mexicano. 

 

Por todo lo anterior, someto a la consideración  de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa. 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, para agregar un último párrafo. 

 

Y cito: “La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán las responsables de informar  a los beneficiarios de los precios y tarifas de estímulo, sobre la posibilidad de  acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y con ello obtener mayores beneficios a los estímulos fiscales”.

 

Por su atención, muchas gracias. 

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito. 

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Rosas. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente. 

 

Sólo para pedirle al Senador López Brito, si me permite adherirme a la iniciativa que hoy acaba de presentar. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Concedido por el Senador López Brito.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Enseguida, se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 constitucional, en materia de eliminación de la vagancia como causal de supresión de derechos políticos. 

 

El Senador David Monreal Ávila: Gracias. 

 

Con el permiso, Presidente. 

 

Los derechos ciudadanos  son producto de un largo y complejo proceso histórico. 

 

Por tanto, resultan fundamentales para la consolidación de un Estado democrático, de derecho, que se apegue al contexto social, político y económico del país. 

 

Hablar del ciudadano, inmediatamente conlleva, tratar temas como nacionalidad y ciudadanía, siendo la primera un vínculo jurídico que tenemos con el Estado y la segunda una cualidad o estatus de inclusión y pertenencia que conlleva al reconocimiento de diversos derechos y deberes, los cuales nos facultan para tomar parte de la vida pública. 

 

En nuestro país, ambos conceptos se relacionan íntimamente, puesto que la Constitución vigente, en primer lugar, establece que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, posteriormente el texto constitucional apunta en su Capítulo IV los ciudadanos mexicanos, del Título Primero, que para ser ciudadano de la República es requisito ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. 

 

Una vez que se tiene la calidad de ciudadano, la Carta Magna otorga diversos derechos de entre  los cuales destaca votar y ser votado, el de asociación de petición, el de iniciar leyes y votar en consultas populares, de igual forma se imponen algunas obligaciones que en general se traduce en compromisos con la sociedad y el país. 

 

De lo anterior, se infiere que ser ciudadano va más allá de una calidad o estatus, pues también implica ser sujeto de derechos y obligaciones. 

 

Para el caso de los derechos o prerrogativas del ciudadano, la Constitución Federal no omite prever casos en los que se puede ser suspendido. 

 

El artículo 38, objeto de la presente iniciativa, enmarca la hipótesis por las cuales le podrían ser suspendidos los derechos a un ciudadano. 

 

Sin embargo, de entre las seis fracciones que contiene, hay una que resulta obsoleta, ambigua e incluso, violatoria de derechos humanos, se trata de la fracción IV, la que dispone que le podrán ser suspendidos los derechos al ciudadano por vagancia o ebriedad habitual, declarada en los términos que prevenga  la ley. 

 

Como puede notarse, la redacción de esta fracción, obedece a un contexto distinto a lo que se vive en la actualidad. 

 

Cabe destacar que el artículo 38 vigente, ha perdurado intacto desde su promulgación en la Constitución de 1917, lo que implica que su elaboración obedecía a que la vagancia o ebriedad justificada, la suspensión de los derechos. 

 

La vagancia, significaba que la persona carecía de un modo honesto de vivir, situación que contravenía a uno de los requisitos de la ciudadanía. 

 

Por su parte, la ebriedad  frecuente se traducía en la suspensión de derechos, debido a la incapacidad del individuo para conducirse  por padecer de una grave adicción. 

 

En algún pasaje de la historia, la vagancia llegó a ser tipificada en nuestro Código Penal Federal y fue hasta 1991 cuando se derogó dicha disposición. 

 

Es oportuno decir que en la actualidad la llamada vagancia es en gran parte, es producto de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social que lamentablemente impera en el país, las cuales  evidentemente dejan en estado de vulnerabilidad el desarrollo de las personas. 

 

No es una casualidad encontrar personas viviendo en las calles, sin empleo ni recursos, más bien es una de las tantas consecuencias de un estado que ha fallado  en garantizar los derechos sociales, al trabajo, a la educación y a la cultura. 

 

Tan sólo en la Ciudad de México, resultados preliminares de un censo realizado en el presente año, arrojan que 4 mil 354 personas viven en situación de calle, mientras que en el resto del país no hay datos certeros, debido a que no existe voluntad de las autoridades para dimensionar la magnitud de este problema. 

 

Por otro lado, la ebriedad como tal no puede ni debe ser considerada un argumento para suspender los derechos del ciudadano, puesto que actualmente el uso nocivo del alcohol es considerado un problema de salud pública que contribuye a las disparidades sanitarias entre los países, y a nivel personal a la pobreza y al aislamiento social.

 

Cabe decir que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones en México aproximadamente un 6.2 % de la población total tiende a tener dependencias al consumo del alcohol.

 

De hacerse efectiva la absurda fracción IV del artículo 38 constitucional a todas estas personas les serían suspendidas injustamente sus derechos ciudadanos.

 

La Constitución y los tratados internacionales son claros al prohibir de forma contundente la discriminación, incluida la motivada por la condición social, económica o por condiciones de salud.

 

Por lo anterior, tomando en consideración que la mal llamada vagancia hoy en día es una condición económico social y que la ebriedad frecuente, o mejor dicho el alcoholismo es una condición de salud, no es posible permitir que el texto constitucional conserve disposiciones discriminatorias y mucho menos que éstas sean motivo para suspender los derechos de un ciudadano.

 

Es inadmisible que se sancione a quienes de por sí son víctimas de la incapacidad de un estado apático, que poco se ha preocupado por erradicar, efectivamente, las deplorables condiciones de pobreza y marginación social.

 

Suspender los derechos y prerrogativas no puede sostenerse con una causal que a todas luces discrimina y que por ende atenta contra la dignidad de las personas.

 

La discriminación no tiene cabida en un marco de consolidación de los derechos humanos, ni en una Constitución de corte garantistas.

 

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es derogar la fracción IV del artículo 38 constitucional, a fin de perfeccionar y adecuar el texto de la Carta Magna, acorde al principio de no discriminación.

 

Disposiciones de este tipo deben pasar a la historia en aras de adecuar el marco jurídico a las condiciones que rige la dinámica social y económica de la actualidad.

 

Reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que a todo ciudadano de la República le asisten debe ser una tarea que respete y garantice los principios democráticos y la legalidad.

 

Es aceptable que por su naturaleza exista la posibilidad de limitarlos de forma justa en ciertos casos, siempre y cuando no se violenten los derechos fundamentales.

 

La efectiva protección a las personas no sólo se logra a través de los cambios normativos, es una realidad que el Estado está obligado a realizar toda clase de acciones para materializar los derechos humanos, pues de lo contrario persistirían las condiciones de desigualdad y marginación social que incentivan disposiciones discriminatorias como la confusa, ambigua e insensata fracción que se propone derogar.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Monreal.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de León, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

 

Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.

 

Sean ustedes bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en materia de aportaciones al Fondo de Desastres.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores:

 

En esta circunstancia de crisis en la que hemos estado atravesando en nuestro país pudiéramos decir que “muerto el niño se trata de tapar el pozo”, y hoy hay un conjunto y una lluvia de iniciativas que tratan de compensar y tratar de obtener recursos para reparar los daños que en nuestro país hemos sufrido, y esto evidencia que hay solamente un oportunismo y una falta de planeación en el ejercicio público federal.

 

Por eso, aunque tenemos normadas en las leyes cosas, los alcances de la responsabilidad a veces es necesario tener que estar insistiendo en que la ley está para que se cumpla y no para que se viole y sea una letra muerta.

 

Para el grupo parlamentario del PRD, en mi caso, tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa que pretende modificar el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

 

Ustedes saben que ha sido un punto de, un talón de Aquiles lo que hemos vivido en el ejercicio de los gobiernos de los estados, pero, finalmente, se estableció una ley que pretende poner orden.

 

La presente iniciativa forma parte de una agenda que hay que impulsar para fortalecer y reformar el actual andamiaje institucional de prevención y atención en casos de desastres naturales y no restringirse sólo a la protección civil y a mecanismos sólo de corto plazo.

 

Es necesario que los tres órdenes de gobierno establezcan las salvaguardas presupuestales para garantizar la protección de la vida de nuestra población frente a fenómenos naturales que no controlamos.

 

El Poder Legislativo no puede ser reactivo a un fenómeno que es cíclico y cada vez más poderoso, de la fuerza de la naturaleza.

 

Nuestro deber es generar condiciones y viabilidad financiera para garantizar la seguridad de nuestra población después de la destrucción de los huracanes y los sismos registrados en el mes de septiembre.

 

Estamos obligados a revisar todo el marco jurídico que regula las actuaciones del Estado mexicano y la participación ciudadana desde la prevención hasta la reconstrucción, a fin de dotar de mejores instrumentos y coordinación entre los niveles de gobierno con los ciudadanos.

 

El contenido de la iniciativa busca incrementar el monto destinado de los gobiernos estatales para la prevención y atención de desastres, que de acuerdo a la indisciplina financiera de las entidades federativas y municipios se ubica en el 10 % de su presupuesto para constituirse hasta el año de 2020.

 

Pero hay un ejemplo que hoy podemos decir salva una conducta que la excepción hace que volteemos los ojos y veamos cómo fue oportuno que en el Distrito Federal se pudiera contar con un fondo de catástrofes que el gobierno del DF estableció y que es la única entidad que lo tiene y que ese va a permitir resolverle sin esperar a que se activen los mecanismos federales, la llegada de recursos para los pobladores de la Ciudad de México.

 

El artículo 9 establece que: “el Presupuesto de Egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales”.

 

Sin embargo, el transitorio quinto establece que el porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de la aportación del fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 % para el año 2017; 5 % para el año 2018; 7.5 % para el año 2019, y a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el citado artículo.

 

En  el Congreso de la Unión, en las últimas semanas se han manifestado cómo poder entregar recursos a las entidades para garantizar la reconstrucción y reactivación económica de las diversas entidades que padecieron estos fenómenos.

 

Sin embargo, también es la oportunidad para rediseñar las finanzas públicas para mejorar la participación de las entidades federativas y la fiscalización de la sociedad para dimensionar cómo mejorando la transparencia de las finanzas estatales se puede mejorar la confianza del gobierno.

 

Javier Duarte, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que presentó 52 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, desvió un total del presupuesto de 45 mil millones de pesos.

 

Hoy el Presidente de la República ha hablado que inicialmente el costo de empezar con los trabajos de reconstrucción, es de 38 mil millones de pesos.

 

Quiere decir que había un excedente ahí para poder entender esta circunstancia.

 

De los 17 gobernadores que tienen denuncias penales por desvío de recursos públicos hay un monto arriba de 260 mil millones de pesos que ocupan esta parte de desvío de recursos y de corrupción que ha afectado a nuestro país.

 

Tendríamos que decir que los 25 desastres más costosos ocurridos entre el año 2000 y 2015 en México han ocasionado pérdidas por 248 mil millones de pesos, cantidad que representa el 64.34 % del costo total que han dejado todas las catástrofes de este período.

 

En ese lapso han ocurrido 6 mil 174 catástrofes naturales humanas y epidemiológicas. En México las pérdidas son por 411 mil millones de pesos; además, los desastres más costosos han dejado un saldo de 27 millones 653 mil 768 personas damnificadas.

 

Hay un marco jurídico como el que estábamos señalando y requerimos por ello actualizar a partir del artículo 9, esta circunstancia que se requiere de dotar recursos a los ciudadanos para enfrentar ese tema.

 

Es un tema que se aleja de la demagogia, que se aleja del oportunismo y que busca con responsabilidad que podamos prever las circunstancias de emergencia en el país. 

 

La emergencia total que vivimos fue prevista dentro de la discusión de la Ley de Disciplina Financiera, donde además de poner orden a la contratación de deuda estableció la obligación a los estados para generar ahorros en caso de desastres naturales.

 

Hoy vivimos las consecuencias de no cumplir con la ley, y estamos en la obligación de establecer previsiones para futuros desastres.

 

Esta tragedia y la situación de vulnerabilidad para quienes viven en circunstancias de pobreza, que son miles de familias, ante la pérdida de su patrimonio y de sus seres queridos, nos debe obligar a no sólo cumplir con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera, sino incrementar los recursos y concentrar los esfuerzos a  los actores políticos gubernamentales y a la sociedad civil en la administración inmediata y ordenada de dichos recursos.

 

Lo que sabemos es que dichas aportaciones no se han realizado y deben formar parte de esta nueva cultura de prevención, frente a los desafíos de la naturaleza.

 

Por ejemplo,  quiero citar una cifra, el total de los recursos para las entidades federativas en el año 2017 fue de 1.8 billones de pesos; si se hubiera asignado el 5 % de ese presupuesto, tendríamos en los fondos de desastres de entidades federativas 92 mil 424 millones de pesos, sin caer en la demagogia, habría para iniciar la reconstrucción.

 

Si se destinara el 8.5 % habría 157 mil 121 millones de pesos; como ahora si se propusiera el 10 % habría 184 mil848 millones de pesos, solamente con el 10 % de esto.

 

Y lo que propone esta iniciativa es que destinemos el 12.5 % para que podamos obtener 231 mil 060 millones de pesos.

 

Esto es posible, porque se ha demostrado en la práctica que hay un pillaje en las entidades federativas que es superior a lo que aquí estamos señalando.

 

Por eso, hoy solamente los recursos del Fonden tendrían en 2017, 6 mil millones de pesos.

 

Compañeros, llamo a que reflexionen sobre esta circunstancia de prevención, y a que en esta iniciativa nos estamos alejando del oportunismo, de la demagogia y entrar en una situación irresponsable de planeación y de prevención de recursos para atender los desastres naturales.

 

Por su poca atención, muchas gracias compañeras y compañeros.

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González:   Gracias, Senador Pedraza.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

En otra ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversas Senadores un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 constitucional, en  materia de repatriación de migrantes.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. 

 

“La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor”, Ban Ki-Moon.

 

Presidenta de la Mesa Directiva. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Las iniciativas que hoy propongo a su consideración tienen como finalidad proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, y que el Estado  mexicano oriente sus políticas públicas a la repatriación de éstos.

 

Para ello consideramos necesario plantear un principio, una reforma constitucional que reconoce dicha circunstancia al tiempo que la ley se determine los mecanismos para orientar las políticas públicas con dicha visión para fomentar los derechos de  los mexicanos en el extranjero, así como atender y facilitar su retorno al territorio nacional.

 

Como sabemos, en materia migratoria México es un referente a nivel  mundial, dado que comprende una multiplicidad de factores y perspectivas de la migración, es país de origen, tránsito y destino para miles de migrantes todos  los años.

 

De acuerdo con estadísticas del instituto de los mexicanos en el exterior, hay alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en el extranjero.

En este sentido, dadas las dimensiones de este fenómeno social resulta indispensable fortalecer el marco jurídico que nos permita garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes.

 

Si bien es cierto existen diversos programas de asistencia y apoyo a los mexicanos residentes en el extranjero, no obstante como legisladores de la República tenemos la importante tarea de hacer de la protección de los derechos de los migrantes una verdadera política de Estado, una política en donde converjan todos  los sectores gubernamentales y no depender de políticas itinerantes y disímbolas entre los diferentes niveles de gobierno, esa es la pretensión fundamental de la iniciativa.

 

México como país respetuoso de las decisiones de los países democráticos debe estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio que pueda haber en aquellos países en donde las comunidades mexicanas puedan verse afectadas por diferencia en las políticas que decidan tomar sus gobiernos.

 

Es por ello, que esta iniciativa que hoy pongo a su consideración propone lo siguiente:

 

Primero. Reconocer constitucionalmente a todas las personas su derecho a decidir de manera libre y responsable el cambio de su residencia fuera del territorio nacional.

 

Segundo. Establecer la obligación que tiene el Estado de proteger y promover los derechos de toda persona mexicana residente en el extranjero.

 

Tercero. Facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, así como facilitar su retorno a territorio nacional. 

 

Y finalmente. 

 

Cuatro. Propongo la creación de un consejo que coordine a las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, ONG´s y sector empresarial para crear juntos programas con políticas públicas integrales, no sólo para proteger y ayudar a los mexicanos que se encuentran en el exterior, sino también a los que pretenden regresar a territorio mexicano logrando una integración exitosa dentro de la sociedad mexicana. 

 

Compañeros legisladores: 

 

No olvidemos que tenemos un compromiso pendiente con los migrantes. Con la reforma propuesta y expedición de una ley, estaremos generando un marco de referencia jurídica que atienda decididamente el retorno de nuestros connacionales que viven en el exterior. 

 

Les solicito que acompañen esta iniciativa, y que juntos podamos deliberar la importancia que en ella radica para reconocer, que aun estando fuera del territorio nacional, los connacionales son sujeto de derecho y por tanto de la protección total del Estado mexicano. 

 

Honremos a todos aquellos mexicanos que por diversos motivos se han visto obligados a abandonar a nuestro país, y que no obstante ello han trascendido fuera de nuestras fronteras. 

 

Finalmente, solicito a la Mesa Directiva que las dos iniciativas. Una, en materia de derecho constitucional sea turnada, respectivamente. 

 

Pero que la reglamentaria, pongo a consideración de la Presidencia de la Mesa, sea turnada a la Comisión de Gobernación, conforme a lo que corresponde. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ERNESTO CORDERO ARROYO

 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Daremos turno a las dos iniciativas presentadas por la Senadora Díaz. 

 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle a la Senadora Cristina ¿si me permite que me sume a su iniciativa? 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Senador. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien. 

 

Daremos turno a las dos iniciativas presentadas por la Senadora Díaz. 

 

El proyecto de Reforma Constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

El Proyecto…

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente. 

 

Le solicito turne a la Comisión de Derechos Humanos,  la iniciativa presentada por la Senadora Díaz, si es tan amable. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿El proyecto de Reforma Constitucional, Senadora?

 

¿Lo podríamos turnar para opinión de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora?

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, para opinión, si es tan amable. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien. 

 

Se le concede turno, para opinión, también a la Comisión de Derechos Humanos, en el caso del proyecto de Reforma Constitucional. 

 

El proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; Asuntos Migratorios; y Estudios Legislativos, Primera. 

 

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley sobre la Celebración de Tratados, en materia de seguimiento a tratados de límites y aguas. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña. 

 

Me permite un momento, Senador Blásquez 

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Adelante, señor Presidente.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, Presidente, también de la Ley Reglamentaria. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se obsequia también turno para opinión a la Comisión de Derechos Humanos, en el segundo caso del Proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. 

 

Adelante, Senador Blásquez

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

 

Con el permiso de los compañeros Senadores. 

 

México está perdiendo, paso a paso, gramos a gramo, su soberanía por un puñado de dólares, incluso “Pagando con Cuerpo” (pongo esto entre comillas), estamos cediendo uno de nuestros principales recursos naturales, me refiero a la insensata actuación de la representación mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas. 

 

En 1944, nuestro país y el vecino del norte suscribieron un tratado con el objeto de distribuir las aguas de los ríos que tenemos con ellos en cuencas compartidas. El tratado se ocupa, básicamente, de las aguas superficiales y subterráneas.  

 

Se hace el reparto estableciendo lo que corresponde a cada nación, también se regulan los casos de sequías, así como de casos excepcionales. 

 

Como en cualquier otro país o región del mundo que pretende regular aguas compartidas, el criterio fundamental es la equidad y el respeto mutuo. 

 

Sin embargo, consistentemente la representación mexicana de la CILA, se ha encargado de romper la equidad y fracturar la soberanía nacional. 

 

El Comisionado de la Sección Mexicana remitió a la sede de Relaciones Exteriores el Acta 323 relativa a las aguas del Río Colorado. Esta acta consintió la venta de aguas que corresponden a las y los mexicanos, incluso, con cifras: 32 millones de dólares en infraestructura a cambio de agua. 

 

La enajenación quedó disfrazada, en esta minuta, bajo el rótulo de “Programa de sustitución de infraestructura”. 

 

Por incurrir en excesos, en primer lugar, el Comisionado de la Sección Mexicana de la CILA ha de ser separado de su cargo y sometido a las consecuencias jurídicas relacionadas. 

 

En cuanto a este Senado, a lo que concierne a nosotros, es importante recordar que la facultad de suscribir tratados y, en su caso, modificarlos, corresponde al Presidente de la República con la aprobación de esta Cámara. 

 

La venta de agua a los Estados Unidos a cambios de obras hidráulicas en nuestro suelo, nunca fue pactada en el Acuerdo de 1944, y así como conocemos a los vulgares ladrones de combustible, como huachicoleros, tendríamos que decirle al Comisionado de la CILA: “aguachicolero”, porque se roba, porque obsequia oficiosamente el agua que es de lo mexicanos. 

 

De ahí que este comisionado haya invadido en la esfera de competencia que corresponde, tanto al Titular del Ejecutivo Federal como a esta Cámara. 

 

Por ello presento ante ustedes una iniciativa cuyo propósito es actualizar la Ley sobre la Celebración de Tratados. 

 

El primer paso consiste, precisamente, en que la Cámara de Senadores conozca y apruebe los acuerdos a que se llegue en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. 

 

Qué caso tiene que el Senado apruebe un tratado de distribución de aguas, y un funcionario menor de Relaciones Exteriores, a través de una minuta, de manera unilateral puede modificar el tratado en perjuicio de nuestro país y de nuestros ciudadanos. 

 

En los últimos años, por fortuna, ambos poderes: El Ejecutivo y el Legislativo han podido unir esfuerzos, prueba de ello es el Grupo Plural de Senadoras y Senadores en torno de la negociación del Tratado de Libre Comercio. 

 

Hoy, en un escenario internacional adverso, es importante rescatar, conservar y fortalecer los principios normativos de nuestra política exterior. 

 

La concesión, que sobre pasando al tratado, hizo el comisionado, priva a miles de productores, a miles de ciudadanos de este recursos hídrico. Ellos son habitantes, tanto del Valle de Mexicali, en Baja California, como de San Luis Río Colorado, Sonora. 

 

Se afecta su derecho a la salud y al desarrollo, pues pone en riesgo el agua destinada al consumo humano, así como para el riego. 

 

En defensa de la soberanía nacional y en particular para proteger a los habitantes del Valle de Mexicali y del norte de Sonora, propongo, como se puede apreciar en el proyecto de decreto, que Relaciones Exteriores antes de ratificar el contenido de las actas de la CILA, la remita para su estudio, análisis y aprobación al Senado. 

 

Previo dictamen de las comisiones correspondientes habremos de verificar que no haya afectaciones sustanciales al Tratado  y, consecuentemente, a la soberanía nacional. 

 

Al aprobar el acta 323 y ratificarla en Relaciones Exteriores, nunca se consultó a los productores y  habitantes del Valle de Mexicali ni a los de San Luis Río Colorado, hay que evitar estos despojos y estas injusticias. 

 

Por ello, compañeros, planteo a este Senado que se haga del conocimiento de los posibles afectados sobre los acuerdos para tomar en cuenta su opinión, la consulta, propongo, se debe realizar a través de los Senadores, de las Senadoras, de los estados fronterizos  involucrados y que están en contacto con la sociedad organizada. 

 

Con el propósito de modernizar nuestra ley sobre la celebración de tratados, de reconocer las nuevas realidades geopolíticas en el ámbito de las relaciones internacionales y, principalmente, ampliar nuestra vida democrática estableciendo la consulta a las comunidades interesadas, me permito poner a su consideración esta iniciativa que está a disposición de ustedes en Servicios Parlamentarios. 

 

Es la cuenta, señor Presidente. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Blásquez. 

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Les informo que está inscrito en el orden del día, para su primera lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéreo Mexicanos, en materia de cuerpo de policía militar. 

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura. 

 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de acuerdo que propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

El dictamen está publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos. 

 

Sonido en el escaño del Senador Raúl Morón. 

 

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Presidente, estaba enlistado para plantear una iniciativa sobre el tema de adultos mayores desde el martes, entiendo que ahora estaba también enlistado, nada más poner a su consideración la posibilidad de presentarla. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le propongo algo, Senador Morón, y le pido una disculpa, porque efectivamente estaba usted listado. 

 

Nos permite continuar con la votación de esta importante integración del Consejo Consultivo, e inmediatamente después usted presenta su iniciativa, o si usted prefiere que sea el primero que presente en la siguiente sesión, como usted me diga. 

 

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) En la siguiente sesión, Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura a los resolutivos. 

 

Acuerdo. 

 

Único.- En atención a lo dispuesto por el artículo XV transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada el 3 de enero del 2017, en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las siguientes personas: 

 

Carlos Alberto Cruz Santiago. 

 

Liz Ivette Sánchez Reina. 

 

Luis Enrique González Araiza. 

 

Irma Leticia Hidalgo Rea. 

 

Juan Manuel Estrada Juárez. 

 

Norma Librada Ledezma Ortega. 

 

Guillermo Osorno Covarrubias. 

 

Juan Pablo Girault Ruiz. 

 

Laura Adriana Bautista Hernández. 

 

Que son a favor y votadas, y firmadas, por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación. 

 

La Senadora Cristiana Díaz Salazar: Con su venia, Senador Presidente. 

 

Honorable Asamblea: 

 

El presente dictamen hace referencia a la elección de los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo XV transitorio de la Ley General de Víctimas, que dispone que por única ocasión para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva corresponde al Senado de la República elegir, por las dos terceras partes de los presentes, en sesión ordinaria a sus integrantes. 

 

No omito manifestar que el día 7 de abril del presente, se remitió a este Senado de la República una primera propuesta por parte del Comisionado Ejecutivo de la CEAV, respecto a la integración de la Asamblea Consultiva; sin embargo, toda vez que en este procedimiento no se observó el principio de máxima publicidad ni una integración regional de todos los estados de la República, esta Asamblea acordamos exhortar al Comisionado Ejecutivo a la reposición del procedimiento y expedir una nueva convocatoria.

 

Esta nueva propuesta de aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva a juicio de las Comisiones de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, primero garantiza la perspectiva de género. 

 

Segundo.- El enfoque diferencial y especializado.

 

Y tercero.- En atención a criterios de regionalización que representan a todas las víctimas del país. 

 

Debo destacar que la Asamblea Consultiva servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva, su integración es referente de un avance importante para la participación ciudadana en materia de víctimas, tal como lo establecen los artículos 84 Ter y 84 Octies de la Ley General de Víctimas, la Asamblea Consultiva será un órgano de consulta y vinculación de la CEAV con las víctimas y la sociedad. 

 

Es relevante señalar que esta integración es fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, toda vez que cuatro de sus miembros integrarán también la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva, lo cual tiene implicaciones relevantes para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones de ese órgano colegiado. 

 

Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su encargo cuatro años y podrán ser ratificados por un período igual en los términos que dispone la ley. 

 

Finalmente quiero reconocer que las nueve propuestas que se presentan ante esta soberanía se han distinguido, primero, por su amplia experiencia; segundo, por conocimiento aprobados en la materia y, por tanto, los Senadores consideramos que resultan idóneas para brindar aportes representativos de las víctimas y así cumplir sus funciones dentro de la Asamblea Consultiva. 

 

Por lo tanto, solicito su apoyo al presente dictamen en los términos de lo siguiente. 

 

Acuerdo. 

 

Único.- En atención a lo dispuesto por el artículo XV transitorio de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las siguientes personas: 

 

Carlos Alberto Cruz Santiago. 

 

Liz Ivette Sánchez Reyna. 

 

Luis Enrique González Araiza. 

 

Irma Leticia Hidalgo Rea. 

 

Juan Manuel Estrada Juárez. 

 

Norma Librada Ledezma Ortega. 

 

Guillermo Osorno Covarrubias. 

 

Juan Pablo Girault Ruiz. 

 

Y Laura Adriana Bautista Hernández. 

 

Es cuanto, señora Presidenta. 

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias…

 

(Sigue 9ª parte)

 

Juan Pablo Girard Ruiz y Laura Adriana Bautista Hernández.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Presidenta.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. 

 

Con su venia, señora Presidenta.

 

Como están ustedes informadas e informados, el proceso se restituyó, a propuesta de las cuatro Comisiones, para que la Comisión de Atención a Víctimas reiniciara una nueva convocatoria que garantizara la participación de distintas organizaciones, reflejando la pluralidad en el país.

 

Como lo acaba de mencionar la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, la Comisión de Atención a  Víctimas, publicó en diarios de circulación  nacional, garantizó que esta convocatoria estuviera en todos los estados de la República, para que finalmente quienes se inscribieran para formar parte de esta Asamblea Ciudadana, que por primera ocasión y por única ocasión, las nueve propuestas son enviadas a este Senado de la República por la Comisión de Atención a Víctimas. 

 

Y que hoy estamos concluyendo este proceso a partir de la presentación de un listado de nueve  organizaciones, de nueve personalidades, de nueve organizaciones que desde el punto de vista, la inquietud reflejada por las Comisiones, está siendo atendida. Eso es muy importante.

 

La segunda cuestión que es importante también señalar, es que ciertamente las nueve propuestas reflejan pluralidad, es muy importante la atención que tomó para que ninguna de esas tres personalidades estuvieran involucradas en la exigibilidad, como víctimas y pudieran tener algún conflicto con la CEAV, en la exigencia de reparación del daño, sobre todo las organizaciones que representan a víctimas. 

 

Eso es muy importante que la CEAV haya cuidado, y nos parece y estuvo pertinente desde el punto de vista de las comisiones, haber cuidado esa preocupación.

 

La tercera cuestión que es importante señalar, es que ciertamente las nueve personalidades son cada una de ellas en sus expertises, también reflejan la diversidad de las materias que tienen que ser atendidas, desde la Comisión de Atención a Víctimas.

 

Creo  que es importante destacar que encontraremos una presencia muy importante de mujeres que representan a sus organizaciones, de nueve, cinco son mujeres, todas con una gran trayectoria y por supuesto reflejando, insisto, esta pluralidad y también la diversidad de las materias que seguramente van a permitir que se garantice lo que la propia ley señala, respecto de las características de esta Asamblea Ciudadana.

 

La Asamblea Ciudadana es un ente importantísimo, a partir de las reformas que impulsamos a la Ley de Atención a Víctimas, que tiene un papel relevante de acompañamiento de la CEAV, como expresión de las víctimas, como expresión de quienes son también víctimas de violaciones a los derechos humanos, no solamente víctimas del delito, y que van a fortalecer, porque ése fue el cometido de las reformas de la Ley de Atención a Víctimas, van a fortalecer los trabajos de la CEAV, representando como organizaciones de la sociedad civil, también la voz de estas organizaciones.

 

Pero además, como también aquí se señaló en la presentación formal del dictamen por parte de la Senadora Díaz, cuatro de estas nueve personalidades tienen que formar parte de la Junta de Gobierno.

 

Recordemos que la Junta de Gobierno es una nueva figura acorde a la Ley de Entidades Paraestatales, que hoy forma parte de la  Comisión de Atención a Víctimas, con una característica muy importante que es necesario destacar aquí.

 

En primer lugar la Junta de Gobierno no va a involucrarse en las decisiones que tengan que ver con la reparación, en cualquiera de sus modalidades, el del daño para víctimas de delitos o víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

De tal manera que no va a haber una intromisión por parte, principalísimamente, porque ésa fue una preocupación manifestada por las organizaciones, por parte de funcionarias o funcionarios, cuatro de ellos que forman parte de esta Junta de Gobierno. Es muy  importante destacarlo.

 

Sin embargo, la Junta de Gobierno además de tener a estas cuatro personalidades de diversas Secretarías, también tiene una quinta presencia, que es quien está al frente de la CEAV, y además cuatro más que tienen que surgir precisamente de este órgano, de esta Asamblea Ciudadana, cuyo dictamen hoy estamos presentando ante ustedes. De estas  personalidades, 4 tendrán que salir, tendrán que ser electas entre ellos y ellas, para que formen parte de la Junta de Gobierno.

 

De tal  manera que con este proceso que hoy estamos poniendo a su consideración, que ratifica la propuesta que es enviada por la Comisión de Atención a Víctimas, cerraríamos los pendientes, derivados de la implementación de las nuevas reformas de la Ley de Atención a Víctimas, que tienen que trabajar para lograr cumplir el objeto de la creación de esta ley.

 

Esta ley, como ustedes saben, surge de un gran movimiento, un gran movimiento  de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos que finalmente logran su concreción como ley, justamente cuando nosotros iniciamos en 2012-2013, este Senado de la República.  

 

Pero las perfecciones que hicimos a la propia ley, con las reformas de hace pocos meses, también toman en consideración la experiencia de la aplicación de esta nueva ley, que quiero finalmente expresarlo, para terminar mi intervención, también constituye una novedad para nuestro país.

 

No teníamos, en el espectro del marco jurídico de nuestro país una ley con estas características, de tal manera que el proceso de reforma de la propia ley deriva precisamente de la implementación de la propia experiencia que se tiene en la implementación de esta nueva ley novedosa en el marco jurídico de nuestro país, y que ahora, hoy en este momento, con esta votación que tendremos de parte de ustedes, para apoyar, para aprobar este dictamen que estamos poniendo a su consideración, las distintas comisiones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, que me honro en presidir, terminaremos una primera fase importante de lo que tiene que ser la garantía de la implementación de esas reformas. 

 

Con esta nueva figura de la Asamblea Ciudadana que es importante esté integrada con estas características, nos parece que es conducente a las comisiones, aceptar la propuesta que viene en la CEAV, en sus términos, para que pueda seguir su funcionamiento.

 

Lo que hago con mi intervención, como pueden observar, simplemente es hacer alguna complementación a la intervención formal de presentación del dictamen que acaba de hacer nuestra compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, que junto con la Comisión de Justicia que preside la Senadora Pilar Ortega, hemos seguido dando curso a esta importante materia para nuestro país, que por desgracia ha tenido que legislar para atender, tanto a víctimas de delitos en su exigencia de reparación integral del daño que han sufrido, como a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Muchas gracias a ustedes, por su atención.

 

Es cuanto. 

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senadora. 

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia. 

 

La Senadora María del  Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta. 

 

Señoras y señores Senadoras, Senadores: 

 

La Ley General de Víctimas fue reformada  mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de enero del 2017, con el propósito de establecer las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos. 

 

Dicha reforma incorpora una Asamblea Consultiva materializada a través de la participación activa de nueve representantes  de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos en las decisiones que tomará el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

El artículo 84 Ter de la Ley General de Víctimas señala que la Comisión Ejecutiva contará con una junta de gobierno y un comisionado ejecutivo para su administración así como en una Asamblea Consultiva como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y con la sociedad. 

 

De acuerdo con el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctima, la Ley la Asamblea Consultiva será un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva y estará integrada por nueve representantes en los términos que señalé anteriormente. 

 

Éstos serán electos por la Junta de Gobierno y su cargo tendrá carácter honorífico, a su vez, establece la comisión de emitir convocatoria pública que atienda cuando menos a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia ,verdad y reparación integral de víctimas, desempeño destacado en actividades profesionales de servicio público, sociedad civil o académicas, así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en materias a fines a la Ley General. 

 

Esto atendiendo a criterios de representación regional, rotativa, de cuando menos una institución, organización colectivo por grupo o región. 

 

Sin embargo en términos del artículo 15 transitorio, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero del 2017, se estableció que por única ocasión, y ya lo señalaron quienes me antecedieron en la palabra  para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies de la citada Ley, el Comisionado Ejecutivo de Atención  a Víctimas enviará las propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión ordinaria. 

 

Es decir, una decisión que corresponde a la Comisión Nacional de Víctimas, por única ocasión, de manera excepcional, tal y como lo señala el transitorio, hoy será puesto a consideración del Senado de la República, a partir de la propuesta enviada por la propia comisión. 

 

En este tenor, el pasado 25 de septiembre de 2017, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, emitió a la Mesa Directiva del Senado de la República nueve propuestas  de aspirantes a integrar  la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Estas postulaciones, de acuerdo con estas consideraciones esgrimidas por el Comisionado, eran idóneas, tomando en consideración su experiencia en materia de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas, así como por su experiencia laboral y de conocimientos especializados a fines a la Ley General de Víctimas. 

 

Posteriormente, las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia,  a partir de las sesiones que realizamos en las mismas comisiones, nos dimos a la tarea de revisar esta propuesta  que congrega a una participación ciudadana que atiende a estos criterios de regionalización, de diversificación y tras un análisis de las mismas, las comisiones hemos concluido que los aspirantes remitidos por la  propia Comisión, cumple con los requisitos que el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas exige, lo que implica que no existe impedimento legal para que sean propuestos al Senado de la República, para ejercer dicho encargo. 

 

Otro aspecto importante en esta conformación, pues es que se atendió también a criterios de perspectiva de género. 

 

Es tal que hoy estamos ya en el final del procedimiento de esta decisión importante, dado que como ya lo hemos señalado, cuatro de estos integrantes formarán parte de la Junta de Gobierno y también fortalecerán la actuación de la Comisión Ejecutiva de Víctimas para dar seguimiento  a la labor tan importante que esta Comisión Nacional de Víctimas ejerce en favor de las víctimas. 

 

Era un tema que estaba pendiente y que  finalmente se resolviera. 

 

En consecuencia, esta propuesta está en sus manos  y se someto ante ustedes la elección de los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora. 

 

Está a discusión. 

 

Esta Presidencia  recibe el posicionamiento del Senador David Monreal Ávila, sobre este asunto y se integrará al Diario de los Debates. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, quien desea hacer uso de la palabra, desde su escaño, Senadora. 

 

Sonido en el escaño de la Senadora Sansores. 

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Queremos procesar que nosotros nos vamos a abstener como una protesta, no contra las personas que se están proponiendo, algunas de las cuales reconocemos que tienen una gran calidad moral, un compromiso con la causa, sino por los procesos desaseados que se dan en este Senado y que se  coleccionan aquí como trofeos. 

 

Llámese la elección de los integrantes de esta Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llámese ministros, llámese consejeros independientes de Pemex, lo vivido para elegir al Comisionado Presidente de Ifetel. 

 

Este Senado no tiene precedente, aquí exigimos que también sabemos de urnas embarazadas, de operación tamal y de todos los malabares que se exhibieron la ocasión pasada. 

 

Nosotros creemos que estos procesos deben de ser ya modificados, si queremos darle transparencia, credibilidad y donde debe de ser la participación mucho más amplia, y que cuando se llega a determinados niveles de preparación de idoneidad, bueno, a lo mejor cabe la insaculación, no, éstos se han cometido por lo regular en repartos de botín, en fichas partidistas contra lo cual nos hemos opuesto sistemáticamente.  

 

Es por ello, que en esta ocasión, por respeto a valiosas personas que están propuestas, nos vamos a abstener, pero nuestra posición permanente es en contra de una propuesta contra los órganos de gobierno de este Senado, no es contra las personas, sino cómo se manipulan aquí, incluso un puñado define prácticamente por la mayor parte de los Senadores, que solamente saben seguir la línea. 

 

Esa es nuestra posición. 

 

Gracias. 

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Sansores. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra  la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para dar su posicionamiento a favor. 

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes a todas, a todos. 

 

Primero, quiero decir que este trabajo tiene bastante  tiempo y que además se cubrió con toda la necesidad de que teníamos que contar con esta Asamblea Consultiva de la CEAV.

 

¿Ustedes sabe cuántas organizaciones pidieron su ingreso y cómo escrupulosamente se fue revisando cada una de estas organizaciones?

 

Pero además vimos cómo estas organizaciones tuvieron un acompañamiento, o sea, no eran organizaciones de la sociedad civil sueltas, sino gente que ha padecido desaparición forzada, feminicidio, violencia en contra de las mujeres, secuestro, bueno, una serie de organizaciones que han sido víctimas las que la conforman, y que esto dio lugar a seleccionar nueve de 46 organizaciones.

 

A mí me parece que poco a poco hemos ido construyendo un, no solamente la mejora a la Ley de Víctimas, sino esta Asamblea que va a tener opinión, que va a poder coadyuvar, que va a poder investigar la problemática en los diferentes aspectos que tiene que ver con las víctimas.

 

Pero además tiene un ingrediente muy interesante, el tema paritario, que hay la participación también de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.

 

Yo por eso felicito mucho a las comisiones participantes por el trabajo que hicieron de manera tan comedida, tan profesional para alcanzar esta Asamblea Consultiva que es fundamental para la buena marcha de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

El dictamen lo dice y expresa cada uno de los pasos que se desarrollaron y cómo de manera conjunta las Comisiones de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Gobernación, de Justicia pudieron participar activamente para poder tener un dictamen tan al nivel de la necesidad que tiene este país para la atención a víctimas.

 

Por eso el voto de mi grupo parlamentario será a favor.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senadora Gastélum.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para expresar su posición a favor.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

 

El dictamen que hoy se somete a consideración de este Pleno es el resultado de un proceso de trabajo, de evaluación y de selección en el que participaron y se interesaron diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas, investigadores, activistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones conformadas por víctimas, quienes se postularon para ser considerados como parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que, sin lugar a dudas, le dota de un carácter de legitimidad especial al presente dictamen.

 

Cuando discutimos la reforma integral a la Ley General de Víctimas uno de los aspectos novedosos y que generó una discusión importante fue precisamente el que la integración de esta Asamblea Consultiva como órgano integrado en su totalidad por personas de la sociedad civil ajenas a la administración pública y al ejercicio, ya que por propia naturaleza administrativa de la CEAV la constitución de esta asamblea representaba un reto en términos legales.

 

Sin embargo, encontramos la forma legal para poderla integrar en la ley y para poder establecer una asamblea ciudadana y civil con la cual la persona titular de la CEAV tuviera que consultar, informar, cuestionar, diseñar y planear las políticas y programas de atención para las miles de víctimas que se registran diariamente en nuestro país.

 

De acuerdo al Inegi y a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017, durante 2016 hubo 24.2 millones de víctimas del delito mayores de 18 años en todo el país.

 

Si a este cifra le sumamos el registro de las personas que presuntamente sufrieron una violación a sus derechos humanos, registro que por cierto no está consolidado a nivel nacional entre todos los organismos estatales o del sistema Ombudsman, tan sólo en su informe de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que tan sólo en ese año se habían recibido, atendido y orientado a más de 32 mil personas, quienes se quejaban y dolían de la actuación irregular de alguna instancia o alguna gente del Estado, por lo que si hacemos una proyección a nivel nacional el universo de presuntas víctimas y de víctimas reconocidas aumentaría considerablemente.

 

La creación de la CEAV y el funcionamiento del esquema anterior, que se encontraba en la ley, no permitió que estas miles de víctimas fueran atendidas adecuadamente. Aún al día de hoy hay muchos procesos burocráticos y de registros administrativos que se convierten en verdaderos actos de revictimización al interior de esta instancia.

 

Sin embargo, con el nuevo marco normativo que hemos aprobado recientemente, en donde se inserta precisamente la Asamblea Consultiva que hoy votamos, se abre un nuevo espectro de posibilidades para mejorar la atención y las medidas de intervención para todas las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en México.

 

Las funciones de la Asamblea Consultiva son: fungir como un órgano de opinión y asesoría de las acciones políticas, de políticas públicas, programas, proyectos que desarrolle la comisión ejecutiva.

 

Y bajo esa premisa la persona titular de la CEAV, así como la Junta de Gobierno deberán tomar en cuenta la experiencia, opiniones y propuestas que emanen de esta figura ciudadana novedosa, pues por primera vez se faculta a un grupo netamente ciudadano para que pueda incluir la visión y la experiencia en la atención a víctimas, precisamente una instancia especializada para ello.

 

Yo votaré, votaremos muchos a favor de este dictamen.

 

También porque las personas e instituciones que han sido seleccionadas son representativas del Movimiento Nacional de Víctimas, del espectro de defensa de los derechos humanos y de la academia especializada en la defensa y protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

 

Tenemos confianza de que las personas que participarán en esta Asamblea Consultiva realizarán una tarea profesional y comprometida velando en todo momento por la mejor protección, garantía y respeto de los derechos de las víctimas.

 

Hoy damos un paso importante en la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; hoy recuperamos de manera simbólica, pero significativa, a la CEAV, y abrimos un nuevo capítulo en donde la sociedad civil y las víctimas tendrán un papel fundamental en el diseño e implementación de las políticas públicas especializadas para su atención.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras, compañeros.

 

Con su venia, compañera Presidenta.

 

Es importante que este tema le pongamos toda la atención debida, ojalá y me ponga atención el ciudadano Presidente de este Senado, que está en la chorcha igual que otros compañeros.

 

Tratándose de un tema tan trascendental es verdaderamente inaceptable, primero, que haya ausencia de tantos Senadores; segundo, que los que están, no pongan atención a un debate que tiene trascendencia nacional, pero sobre todo, tiene trascendencia en un asunto que tiene que ver con las personas que son víctimas de diferentes atropellos tanto del gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales y sus dependencias.

 

Lamento  mucho que haya compañeros y compañeras que se justifiquen en el tema del procedimiento para designar, una justificación con mucho respeto que no se puede aceptar si no se revisa quiénes integran, y se les da el beneficio de la duda sobre todo por el curriculum que tienen.

 

Aquí hemos estado insistiendo en que no podemos votar a favor de un comisionado independiente porque lo tocó el Presidente de la República, se justifica porque esas personas  no garantizan la independencia como individuos y tampoco garantizan que van a mantener la autonomía del órgano al cual pertenecen. 

 

Pero no es el caso, no es el caso, hemos revisado con atención el curriculum de cada uno de ellos, cómo rechazar a un compañero que trabaja desde hace 17 años en acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad en el estado; quién mejor para que al integrar este órgano consultivo de la comisión ejecutiva podrá poner el dedo en la llaga en situaciones que lastimen a este tipo de personas que están en riesgo de vulnerabilidad. 

 

Cómo rechazar a una compañera que se ha destacado en actividades de acompañamiento a mujeres en situación de violencia y trata de personas.

 

Es absurdo, es absurdo que alguien pretenda por el prurito de que el procedimiento o por el prurito de que no quedó mi candidato, rechazar a alguien que se ha preocupado por lo que no nos  preocupamos muchos en este Senado de la República de atender a las verdaderas víctimas de tragedias que ocurren todos  los días en el territorio nacional.

 

Cómo rechazar, cómo rechazar a una persona, a una compañera que forma parte de una amplia y reconocida red nacional de familiares de víctimas, de desaparición de personas. No nos hemos venido aquí a desgarrar las vestiduras para hablar de las desapariciones forzadas, y ahorita que se cuela una persona a una cuestión  tan importante como este que vamos a votar ahorita.

 

Entonces, dicen, me voy a abstener; me salgo del Pleno.

 

Compañeros: Enfrenten su responsabilidad. 

 

El pueblo de México requiere un órgano independiente, y hoy se los podemos dar. 

 

El pueblo de México requiere personas con reconocida capacidad profesional y con reconocida autoridad moral para integrar este órgano, y hoy se lo podemos dar.

 

¿Qué, no pudieron entrar todos? Pues es imposible.

 

Pero las credenciales que presentan todos los que están aquí, son cien por ciento aceptables.

 

Cómo rechazar al Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 por su defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes victimizados.

 

¿Cómo?, vengan a argumentar aquí, ¿por qué rechazan?

 

No rechacen en automático, los que van a rechazar, cómo rechazar a la fundadora de justicia para nuestras hijas en el 2002, galardonada con diversos premios nacionales e internacionales por su destacada trayectoria como defensora de los derechos de las víctimas del feminicidio, trata de personas y otros hechos victimizantes en un estado tan golpeado por los feminicidios como en Chihuahua.

 

Los que van a rechazar vengan a argumentar, cuando menos, porque no están de acuerdo con estos compañeros y estas compañeras.

 

¿Cómo rechazar a un defensor al derecho de la libertad de expresión?

 

Y la protección de periodistas en riesgo.

 

¿No hemos aquí alzado la voz hasta  lo  más alto para decir que en este país han asesinado más personas que en países como Irak que está en guerra?

 

Que México es uno de los países donde más periodistas se han asesinado en el mundo, y ahora que se cuela un compañero que se caracteriza por defender a los periodistas, aquí más de uno va a votar en contra, y pone en riesgo la posibilidad de que por dos tercios no salga.

 

Lo que le puede garantizar al pueblo de México, que las víctimas sean atendidas de  manera  pronta y expedita.

 

Cómo rechazar a alguien que se ha destacado en la defensa jurídica, apoyo psicológico a víctimas de homicidio, secuestro, violación y extorsión.

 

No entiendo. Sinceramente no entiendo en los comentarios que he escuchado ahí en radio pasillo, sus argumentos para rechazar, no los entiendo.

 

Eso se llama irresponsabilidad frente a un tema que es toral para el desarrollo de este país, y no sólo serán sancionados por las víctimas, también serán sancionados todos aquellos que van a rechazar esto, por la historia, porque la historia no los va a absolver a los que voten esto en contra.

 

Cómo rechazar,  termino, Presidenta, cómo rechazar a una consultora y perita en impacto psicosocial de víctimas de violencia sexual, comunitaria, familiar y feminicidio, que ha sido acompañante de víctimas de violencia comunitaria y sexual en comunidades indígenas en Oaxaca y en toda la Península de Yucatán.

 

Compañeros, compañeras Senadoras y Senadores: 

 

Les hago un fraterno llamado a su espíritu patriota; les hago un fraterno llamado a su espíritu solidario con las víctimas; les hago un fraterno llamado para que atendiendo el curriculum de quienes van a integrar esta asamblea consultiva, votemos, votemos por unanimidad estos nombramientos, y el que no lo haga, el juicio histórico será implacable con ellos.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, pasaremos a votar, de manera económica, el dictamen por el que se propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

Posteriormente realizaremos votación por cédula para la elección de sus integrantes.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

 Aprobado, señora Presidenta.

 

Registramos el voto del Senador Barbosa, en abstención.

 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González:   Gracias, aprobado el dictamen.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos votación por cédula para elegir a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Les pido su atención para conocer las acciones que acordó la Mesa Directiva para ejecutar la votación por cédula, con el único objetivo de procurar condiciones de orden que garanticen su adecuado desarrollo. 

 

Se les distribuirán papeletas en un sobre rotulado. Cada papeleta tiene la firma de los Secretarios de la Mesa Directiva que actúan en esta sesión. 

 

Es importante que acudan a depositar su voto, una vez que escuchen su nombre al realizar el pase de lista. 

 

Si por alguna razón no cuentan con su sobre al momento de ser nombrados, les pido acudir a esta Presidencia para que aquí se les entregue personalmente. 

 

Una vez que se extraigan los votos de la urna y se inicie su escrutinio no se recibirá ningún otro voto. 

 

Contaremos con una grabación fija de todo el proceso de la votación. 

 

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las Senadoras y los Senadores. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo para ver qué dispone usted. 

 

¿Si le entrego mi boleta al Senador Demédicis, que es de absoluta confianza o me manda usted a algún Secretario para que se la entregue? 

 

Cuestiones de movilidad, usted entiende. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece que el Senador Demédicis es de absoluta confianza. 

 

Entonces, todos entendemos que el Senador Demédicis depositará el voto del propio Senador y el voto del Senador Barbosa. 

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Por aquello de los videos. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto, Senador. Que quede claro. 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo. 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Muchas gracias. 

 

Yo creo que se debe seguir perfectamente el Reglamento, para que no sucedan cosas como la vez pasada. 

 

Ahí nada más deben estar Senadores, no debe de estar ningún otro que no sea del Senado, para evitar suspicacias, y que cuenten dos Senadores, como debe ser. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador. 

 

Me permito informarle, Senador, que la vez pasada no pasó más que una votación honesta, transparente y limpia. 

 

(Aplausos)

 

Me permito leerle el artículo número 70 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso dice: “Los Secretarios de la Cámara, con el apoyo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, asisten al Presidente de la Cámara en los actos relacionados con la conducción de las sesiones ordinarias del Pleno y tendrán las siguientes atribuciones, dispone de varias atribuciones, y una de ellas es recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva”. 

 

De manera que si el personal de Servicios Parlamentarios ha auxiliado en todas las votaciones de esta legislatura a esta Mesa Directiva, se hace en estricto apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. 

 

¿Ya estamos listos?

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo. 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo digo. Para evitar este tipo de problemas, porque quedan dudas. 

 

Acuérdense que en este país se hace trampa hasta en La Reina de la Primavera de un Kínder. 

 

Entonces, aquí en el Senado debemos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. 

 

Sigan gritando, no hay problema.

 

Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos una responsabilidad muy grande, y que pase cada quien a poner su voto, salvo en el caso del Senador Barbosa, que tiene situación de impedimento. 

 

Aquí también muchos mandan su voto con alguien. Así es que hay que cumplir con el Reglamento. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Y aquí siempre cumplimos con el Reglamento, Senador. 

 

El Senador José María Martínez Martinez: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Martínez Martínez 

 

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez Martínez.

 

El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias. 

 

La verdad es que ya no se puede permitir este nivel de suspicacia con la que se conducen algunos de mis compañeros, y lo digo con absoluto respeto, puesto que la Mesa Directiva, al margen de las diferencias que se pueden tener en los grupos parlamentarios, representan la institución, y como tal me parece que debemos enaltecer la confianza, porque es la conducción de una de las instituciones más importantes del Senado. 

 

(Aplausos)

 

Y, en particular, del doctor Garita y de la gente de Servicios Parlamentarios, han contribuido a darle certidumbre a las mesas directivas, independientemente del partido que las presida o las encabece. 

 

Por tanto, más allá de un voto de confianza, debe ser un hasta aquí. No se puede dejar ya de lado que alguien pretenda estar metiendo suspicacia en torno a la institución que representamos en el Senado de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Martínez Martínez. 

 

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia. 

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Verónica Martínez, por favor. 

 

Sonido en el escaño de la Senadora Martínez.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Sólo para pedirles, por favor, que se desocupen los pasillos, porque no nos permiten llegar a tiempo cuando nos llaman ustedes, sí, por favor. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. 

 

En atención a la petición de la Senadora Martínez, le pediría al personal de resguardo que desaloje los pasillos centrales y laterales de este Senado para poder llegar con prontitud a la urna. 

 

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Presidente.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Romo. 

 

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Con el interés de ratificar, de apoyar lo expresado por el Senador Martínez. 

 

El grupo parlamentario del PRI lo afirmó en la sesión del martes. Hoy nuevamente hace esa misma expresión de ratificación en la plena confianza, en la absoluta confiabilidad de la Mesa Directiva de este Senado de la República. 

 

Qué bueno que ha imperado, finalmente, la legalidad que prevalece en este cuerpo colegiado legislativo, y no solamente para cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva, sino también incluyo al personal de Servicios Parlamentarios que auxilian a esta mesa, personas profesionales, de muchos años y de muchas legislaturas, que se han conducido en ese mismo sentido. 

 

Por eso nos congratulamos y debemos de tener justamente esa ratificación, hoy como Senado de la República, frente a la ciudadanía. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias. 

 

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras y señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. 

 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores, pasen a depositar su voto, al momento de escuchar su nombre. 

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador ¿me permite un momento? 

 

Senador Luis Sánchez.

 

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente. 

 

Compañeras y compañeros: 

 

En la sesión pasada hubo un señalamiento, en efecto. Sin embargo, asistimos los coordinadores de las fracciones parlamentarias a ser testigos de la revisión del video para constatar que los votos que se depositaban en la urna fuesen los mismos que se cantaron al final del cómputo, y así fue. 

 

Encontramos en el video 110 votos. 

 

Había dos espacios en el video, donde no se cubría la cámara la urna, pero fue aclarado posteriormente con un voto de otro compañero, y después conocimos que el Senador Demédicis depositó su voto y el voto del Senador Barbosa, y ahí fueron los 112 votos. 

 

Entonces, creo que no hay lugar a dudas. 

 

Me parece que además el procedimiento que establece hoy, Presidente, pues va a facilitar que esto pueda ser de la mejor manera. 

 

Entonces, vamos adelante. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Sánchez. 

 

Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia de las señoras y los señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. 

 

Le solicito al personal de la Secretaría Administrativa despejar el área donde está colocada la urna, a los asistentes que no son Senadores les solicito colocarse en los pasillos laterales y no obstruir la vista y el desplazamiento de los Senadores para verificar el correcto desarrollo de la votación. 

 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores, pasen a depositar su voto, al momento de escuchar su nombre. 

 

(Pasa lista)

 

(Depositan su voto por cédula)

 

(Votación y escrutinio)

 

El Secretario  Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Señor Presidente conforme al resultado de la votación se designa.

 

Hay un universo de 87 votos.

 

El ciudadano Carlos Alberto Cruz Santiago con 75 votos en pro, 11 abstenciones y uno en contra.

 

La ciudadana Liz Ivette Sánchez Reyna, 76 votos en pro, 10 abstenciones y uno en contra.

 

El ciudadano Luis Enrique González Araiza, 75 votos en pro, 11 abstenciones y uno en contra.

 

La ciudadana Irma Leticia Hidalgo Rea, 76 votos en pro, 10 abstenciones y uno en contra.

 

El ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez, 60 votos en pro, 23 abstenciones y 4 en contra.

 

La ciudadana Norma Librada Ledezma Ortega, 75 votos en pro,11 abstenciones y uno en contra.

 

El ciudadano Guillermo Osorno Covarrubias, 76 votos en pro,10 abstenciones y uno en contra.

 

El ciudadano Juan Pablo Girault Ruiz, 75 votos en pro, 11 abstenciones y uno en contra.

 

La ciudadana Laura Adriana Bautista Hernández, 75 votos en pro,11 abstenciones y uno en contra.

 

Señor Presidente, todos reunieron dos terceras partes.

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Secretario.

 

Conforme al resultado de la votación se designa integrantes de la asamblea consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las siguientes ciudadanas y ciudadanos:

 

Carlos Alberto Cruz Santiago.

 

Liz Ivette Sánchez Reyna.

 

Luis Enrique González Araiza.

 

Irma Leticia Hidalgo Rea.

 

Juan Manuel Estrada  Juárez.

 

Norma Librada  Ledezma Ortega.

 

Guillermo Osorno Covarrubias.

 

Juan Pablo Girault Ruiz.

 

Laura Adriana Bautista Hernández.

 

Comuníquese.

 

La protesta correspondiente se realizará en sesión posterior.

 

Compañeros senadores: 

 

La Junta de Coordinación Política nos ha remitido un acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional electoral de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México.

 

El documento está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus resolutivos.

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy cuenta, señor Presidente. 

 

Convocatoria.

 

Primera. Se convoca a las personas interesadas para cubrir las siguientes vacantes generadas en el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional electoral de los estados que a continuación se indican. 

 

Baja California Sur, un magistrado.

 

Campeche, un magistrado.

 

Colima, un magistrado.

 

México, dos magistrados.

 

Guanajuato, un magistrado.

 

Guerrero, un magistrado.

 

Jalisco, dos magistrados.

 

Michoacán, dos magistrados.

 

Morelos, un magistrado.

 

Nuevo León, un magistrado.

 

San Luis Potosí, un magistrado.

 

Sonora, un magistrado.

 

Tabasco, un magistrado.

 

Yucatán, un magistrado.

 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, un magistrado.

 

Total, 18 magistrados.

 

Segunda. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los interesados a participar en el proceso de selección que destinen reunir los requisitos constitucionales y  legales podrán presentar en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030 a partir del 9 de octubre del 2017 y hasta el 13 de octubre de 2017 en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en días hábiles; la solicitud respectiva acompañada por duplicado de la documentación siguiente:

 

1.- Curriculum Vitae, acompañado con fotografía actual.

 

2.- Copia certificada de los siguientes documentos:

 

Acta de nacimiento. 

 

Título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de 10 años.

 

Cédula profesional.

 

Credencial para votar con fotografía, y documentos que corroboren el curriculum vitae.

 

3.- Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir  verdad lo siguiente: 

 

a).- No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión.

 

b).- Haber residido en entidad federativa de que se trate durante el último año.

 

c).- No haber sido de la entidad de que se trate: Gobernador, Secretario, Procurador, Senador, Diputado Federal o Local, en los últimos cuatro años. 

 

d).- No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 

 

e).- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años. 

 

f).- No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos seis años. 

 

g).- En  el caso de que  sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, y en caso de respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y si se ha dictado resolución en el sentido de la misma. 

 

4.- Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 

 

5.- Ensayo con extensión máxima de cinco cuartillas en hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo sobre alguno de los siguientes temas: 

 

I.- Análisis del derecho a ser votado desde el enfoque de la paridad de género a la luz de los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

II.- Cómo deben los tribunales electorales locales tutelar los principios de equidad y de neutralidad en los casos en que los servidores públicos locales se postulen para ser reelectos en sus cargos de elección popular. 

 

III.- Análisis del régimen jurídico de las candidaturas independientes a la luz del principio de equidad frente a los candidatos partidistas en la contienda electoral. 

 

IV.- Análisis del sistema electoral local de representación proporcional a la luz de los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

6.- Todos los documentos deberán estar firmados en su margen derecho. 

 

Las cartas bajo protesta de decir verdad deberán también contar con firma autógrafa de los candidatos. 

 

7.- Un disco compacto que contenga exactamente lo mismo de todos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF. 

 

Tercera.- Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria, y a más tardar el 18 de octubre del 2017, los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República, y la falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse. 

 

Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Cuarta.- Con la intención de brindarle máxima publicidad y objetividad a la presente convocatoria, esta deberá ser publicada en dos periódicos de circulación nacional, el 6 y 7 de octubre de 2017, y en la Gaceta del Senado, en la página oficial del Senado de la República y el micro sitio de la Comisión de Justicia durante todo el procedimiento. 

 

Quinta.- La Comisión de Justicia será la encargada de metodología para la evaluación de los candidatos. 

 

Sexta.- La Comisión de Justicia remitirá a la Junta de Coordinación Política mediante dictamen fundado y motivado el listado de los candidatos que cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria considere que reúne condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado Electoral para integrar el órgano jurisdiccional de los estados referidos en la base primera de la presente convocatoria a más tardar el 6 de noviembre del presente año, lo cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado de la República. 

 

Séptima.- Una vez recibidas las listas de los candidatos en los términos de la base que antecede en la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores, a los candidatos que considere reúnen las condiciones de elegibilidad para cubrir las vacantes de referencia por el lapso de siete años, indicando el período por el cual son elegidos en términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Octava.- Dicho acuerdo será presentado al Pleno para su consideración y votación respectiva en los términos que establece el artículo 116, fracción V, Inciso c) párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Novena.- La elección como Magistrado Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de los estados señalados en la base segunda de la presente convocatoria, se realizará mediante votación por cédula. 

 

Décima.- Los Magistrados Electorales que resulten electos por el Pleno, rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

Décima Primera.- En caso de que alguna de las personas propuestas no reúnan la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción IV, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente otra propuesta según se requiera para que se proceda a una nueva votación. 

 

Décima Segunda.- La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comunicará a los gobernadores, a los presidentes de los congresos y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de los estados a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria, así como al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Décima Tercera.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 5 de octubre del 2017. 

 

Firman al calce los representantes de la Junta de Coordinación Política. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Secretaria. 

 

Está a discusión el acuerdo. 

 

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo. 

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea no asiente)

 

Es aprobado el acuerdo, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. 

 

Publíquese en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta y en la página Web del Senado, así como en el micro sitio de la Comisión de Justicia. 

 

Compañeras Senadoras y Senadores: 

 

Les informo que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo para incorporar una Secretaría a la Mesa Directiva. 

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Acuerdo. 

 

Único.- Se designa Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de octubre del 2017. 

 

Y firman al calce todos los integrantes de la Mesa Directiva, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. 

 

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo. 

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado el acuerdo, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el acuerdo. 

 

En consecuencia, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva, a quien le tomaremos protesta en sesión posterior. 

 

Compañeros Senadores: 

 

Les informo que la Mesa Directiva, en su reunión de este día, acordó hacerles una aclaración respecto de la votación por cédula para elegir al Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizada en la sesión del martes 3 de octubre. 

 

El texto se insertará en el Diario de los Debates de la sesión de hoy. 

 

Daremos cuenta de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana. 

 

Solicito a la Secretaría dé cuenta. 

 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Les informo que se amplió el turno a los siguientes asuntos: 

 

A la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado el 6 de septiembre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 

 

Y al punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentado el 26 de septiembre del 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría. 

 

Hago ahora de su conocimiento la rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada esta día para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Asimismo, damos turno directo al proyecto de decreto para reformar el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, presentado por los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

Ahora, a partir de la solicitud del Senador Raúl Morón Orozco, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de decreto para reformar la Ley General de Protección Civil, presentada el 20 de marzo del 2014. 

 

Asimismo, a petición de la Senadora Angélica de la Peña, se remiten a la Cámara de Diputados su solicitud sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional; y otro en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional. 

 

Las proposiciones referidas a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 se turnarán directamente a la Cámara de los Diputados. 

 

Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates. 

 

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 10 de octubre, a las 11:00 horas, en la que se recibirá la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Sonido en el escaño del Senador Rosas. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, Presidente. 

 

Debido a la importancia de los acontecimientos relacionados con los sismos registrados y los recursos económicos entregados por parte del gobierno federal, presenté un punto de acuerdo que se encuentra en la lista que está a su alcance, en el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y la Profeco instrumente un programa regional emergente de fijación, verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, con vigencia hasta el 31 de enero de 2018, así como también de utilizar y realizar los esfuerzos institucionales a su alcance para generar acuerdos con las distintas cámaras, organizaciones y asociaciones de comercio en aras de mantener los precios de los bienes de consumo general canasta básica y materiales de insumo para la construcción en los niveles ofertados hasta el 19 de septiembre de 2017. 

 

Le exhorto, por favor, que las comisiones que reciban este punto de acuerdo lo analicen y lo puedan resolver lo más pronto posible. 

 

Gracias, Presidente. 

 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Estoy seguro que así lo harán, Senador. 

 

Se levanta la sesión. 

 

Se levantó la sesión a las 16:58 horas.

 

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